El Intendente Marcelo Orazi y el Secretario de Gobierno Guillermo Carricavur participaron esta tarde de la presentación del Proyecto de Renovación Integral de terminales de ómnibus del Ministerio de Transporte de Nación.
Recordemos que en marzo pasado, el jefe comunal firmó con el gobierno nacional el convenio que contempla la remodelación de la terminal reginense por un monto superior a los $65 millones.
Se trata de un programa federal que tiene como objetivo alcanzar un estándar de prestación de servicios óptimo, equitativo e inclusivo sustentado en tres ejes orientadores como el desarrollo sostenible, la perspectiva de género y la accesibilidad.
Durante la presentación virtual estuvo presente además el arquitecto Guido Jaquet, quien estuvo a cargo de la elaboración del proyecto junto a Juan López.
Luego de la reunión grupal en el que participaron otros municipios, se realizó el encuentro individual en el que se analizaron los aspectos específicos del proyecto reginense.
El juez federal Ernesto Kreplak procesó a las ex funcionarias Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó en la causa que investiga unas 90 muertes por la administración hospitalaria de fentanilo contaminado producido en los laboratorios HLB y Ramallo.
El magistrado impuso una inhibición y embargo sobre los bienes de la directora de la ANMAT y la ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) hasta cubrir los 500.000 millones de pesos, y también dictó una serie de medidas que las imputadas deberán cumplir para permanecer en libertad, entre ellas, no salir del país y presentarse ante las autoridades una vez al mes.
Para la investigación penal, Bisio y Mantecón Fumadó fueron «partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales».
«A partir de las probanzas colectadas a lo largo de la pesquisa, es posible concluir que las imputadas Mantecón Fumadó y Bisio realizaron un aporte concreto y necesario a la lesión del bien jurídico salud pública protegido por los artículos. 200 y 201 bis CP así como al bien jurídico integridad personal resguardado por el delito de lesiones leves previsto por el art. 89 CP, a raíz de su decisión de no adoptar las medidas preventivas y correctivas oportunas y eficaces contempladas por la normativa aplicable ya explicadas», explicó Kreplak en su resolución, a la que accedió LPO.
En la resolución aparece el rol del ministro de Salud Mario Lugones en el entramado que terminó con un escándalo. «A lo largo de la investigación llevada adelante, diversos elementos de convicción permiten poner en escena al Dr. Lugones», dice Kreplak y destaca los descargos efectuados por Mantecón y Bisio donde asoman coincidencias respecto del rol del ministro.
Por caso, Bisio afirmó que «Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar».
Al ser indagada respecto de una reunión realizada en la sede de la ANMAT el 14 de enero pasado, Bisio dijo: «Yo le avisé al Ministro, ‘van a venir, ¿qué hago?, ¿sigo con lo mismo?’, ‘sí, cerrá, cerrá'».
Ese día, Bisio y Fumadó mantuvieron un encuentro con Ariel García Furfaro y otras dos personas de la empresa en «Avenida de Mayo», tal como se la denomina a la sede de la ANMAT. Para esa fecha, Bisio y Fumadó contaban con un informe realizado por inspectoras de la ANMAT en los últimos días de 2025. En el texto alertaban sobre la situación del laboratorio y recomiendan prohibir la producción y retirar del mercado las drogas elaboradas.
Las dos funcionarias le ofrecen no avanzar contra los laboratorios a cambio de que presenten un plan de acción.
En el gobierno existe extrema preocupación por el caso. Saben que Lugones podría quedar formalmente involucrado en el expediente durante el transcurso de la investigación. Incluso trascendió que su hijo, Rodrigo Lugones, le habría sugerido que renuncie a su cargo de ministro.
En una estrategia insólita, desde el gobierno libertario buscaron culpar a los ministros de Salud del gobierno de Alberto Fernández -Carla Vizzoti y Ginés González García- argumentando que tanto Bisio como Mantecón Fumadó ya eran funcionarias por entonces. El problema es que los hechos ocurrieron durante la presidencia de Javier Milei.
Mantecón Fumadó dijo que previo a firmar la carta de advertencia dirigida a los laboratorios lo consultó a Bisio. «Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. Le pedí a Agustina (Bisio) que consultara con el Ministro cómo quería manejar esta situación, en función de si se inhibe por carta de advertencia todo el laboratorio o si inhibían otras líneas productivas. Y el Ministro, después de unos días, informó a Agustina que contestó ‘vaya para adelante pero con cautela'».
Bisio contó además que en las reuniones de gabinete convocadas por Lugones intervenían activamente abogados penalistas.
En marzo de 2025 Lugones ya estaba al tanto de los incumplimientos de HBL. La titular del Iname envía un informe sobre el laboratorio y en un chat, Bisio le consulta si ese texto es suficiente para cerrar las instalaciones. «Solo en dos palabras decime si esto da para cierre porque Mario pregunta. ¿Sólo eso o aún falta?», pregunta la titular de la ANMAT.
A fines de marzo, Mantecón Fumadó mantiene otra reunión con Furfaro. Tras ese encuentro Bisio le pide información precisa sobre la situación del laboratorio: «¿Podrías mandarme para que le dé al Ministro cuál es la implicancia de esto? Traducción a la práctica. Ej: No puede vender más. Insistir o informarnos sobre el retiro de mercado».
Kreplak advierte una discrepancia entre el sentido de la decisión política que bajaba del Ministerio con lo que efectivamente ocurría en el seno de ANMAT e INAME. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», dice el juez en su resolución.
El magistrado destaca que distinta es la situación de Bisio, quien «tenía la responsabilidad máxima sobre el cumplimiento de los cometidos legales y reglamentarios de ANMAT y sus órganos internos y, además, había sido investida políticamente como polea de transmisión de esas directrices políticas».
El obrar de la funcionaria fue el contrario. A pesar de que tenía conocimiento de las irregularidades de los laboratorios y que había recibido la decisión política de obrar, mantuvo una actitud pasiva y permisiva que culminó favoreciendo el accionar criminal de los laboratorios.
No sólo eso, sino que participó activamente en algunas de las acciones decisivas que permitieron al laboratorio continuar operando cuando lo correcto hubiese sido impedirlo.
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El Ministerio de Economía realizó este martes la apertura de las ofertas técnicas para la privatización de AySA y la disputa quedó entre el Grupo Roggio y un consorcio de empresas encabezado por Mauricio Filiberti.
El gobierno de Javier Milei venderá el 90% del paquete accionario de la empresa que provee agua potable y cloacas a 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Se estima que podría recaudar entre 450 y 500 millones de dólares, aunque todavía no se conocen las ofertas económicas ni hay precio base en el pliego.
Lo que quedó confirmado es que sólo dos grupos podrán avanzar a la siguiente etapa de la licitación, cuando se presentará la oferta económica.
El primer oferente es el Grupo Roggio, que opera el servicio de agua en Córdoba a través de la firma Aguas Cordobesas. El grupo presidido por Aldo Roggio está asociado en este caso con la israelí Mekorot y la japonesa Marubeni, que proveerían asistencia técnica.
Mauricio Filiberti
Competirán contra un consorcio encabezado por Transclor, la empresa de Mauricio Filiberti que es el mayor proveedor de AySA. Desde hace tiempo se descontaba que «El Rey del Cloro» sería uno de los jugadores de la licitación, aunque no estará asociado con José Luis Manzano como se suponía. Filiberti es socio de Manzano y Vila en Edenor.
En este caso, Filiberti está asociado con Rowing SA,
la constructora de Walter Román; el fondo de inversión neerlandés PHX y la brasileña Arcos que opera en Río de Janeiro.
Según el ministro Luis Caputo, quien gane la licitación tendrá la obligación de invertir 2 mil millones de dólares en cinco años. Durante esa etapa, el gobierno garantiza que las tarifas se mantendrán en términos reales, es decir que aumentarán según la inflación.
En el camino quedaron varios grupos internacionales que se habían interesado en quedarse con AySA, sobre todo a partir de que el gobierno de Milei aplicó un feroz ajuste de tarifas que acomodó los números de la firma que actualmente preside Alejo Maxit.
Desde un primer momento se había especulado con la posibilidad de una participación más fuerte de la israelí Mekorot (algo que incluso había celebrado el gobierno de Milei), aunque quedó afuera de la disputa por la cláusula «antichina» que impidió la participación de empresas controladas por otros Estados. De todos modos, Mekorot había aclarado que no podía comprar activos en el extranjero. Ahora, tendría un acuerdo de asistencia técnica a Roggio.
Tampoco finalmente jugará la francesa Veolia, que en 2022 compró el grupo Suez que fue concesionario de AySA hasta la estatización en 2026. El rumor era que Veolia podía participar a través de alguna de sus controladas, como reveló LPO. Otro de los interesados que no presentó ofertas es la brasilera Sabesp, que opera el servicio de agua en San Pablo.
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