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El consumo de tabaco le cuesta al sistema de salud más de $196 millones por año

La cifra surge de un modelo matemático realizado por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), afiliada a la Facultad de Medicina de la UBA. El estudio calculó que, si se aumentaran los impuestos a los productos del tabaco, incrementando su precio 50%, la Argentina obtendría un beneficio económico de $ 590.674 millones, por ahorro en los costos del sistema de salud.

Fumar mata a 123 personas por día y le cuesta al sistema de salud más de $ 196 millones por año para la atención médica de las patologías que provoca, reveló un estudio de modelo matemático realizado por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS).

El tabaquismo es la primera causa de muerte prevenible a nivel mundial y sus efectos negativos también se trasladan a la economía.

Al respecto el equipo de investigación del IECS, una institución académica afiliada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), también calculó que, si se aumentaran los impuestos a los productos del tabaco, incrementando su precio 50%, la Argentina obtendría un beneficio económico de $ 590.674 millones, proveniente principalmente del ahorro de costos en el sistema de salud y la mayor recaudación fiscal.

Es un monto con el cual se podrían construir, por ejemplo, 1.750 escuelas.

«El tabaquismo es un problema mayor de salud pública y nuestro objetivo es proveer de evidencia para que los gobiernos y sistemas de salud adopten políticas públicas más efectivas y eficientes que permitan combatirlo», explicó el director ejecutivo del IECS, doctor Andrés Pichon-Riviere.

Pichon-Riviere, magister en ciencias y en Epidemiología Clínica de la Universidad de Harvard, indicó que «en la Argentina, la recaudación por impuestos al tabaco solo cubre 26% de lo que el país gasta por los daños y costos directos e indirectos que produce«.

El tabaquismo es la primera causa de muerte prevenible a nivel mundial y sus efectos negativos también se trasladan a la economía.

Por su parte el economista Alfredo Palacios, coordinador de Economía de la Salud del IECS y autor principal del estudio, sostuvo que «a pesar de los progresos alcanzados en materia de impuestos en los últimos años, la carga de enfermedad por tabaquismo sigue siendo muy alta en Argentina, así como los costos directos e indirectos que implica».

«Los cigarrillos en Argentina son baratos -subrayó- y hay un margen para aumentar impuestos. Para la Organización Mundial de la Salud, aumentar el precio de los cigarrillos a través de impuestos es la mejor medida para reducir los impactos de esta epidemia», señaló Palacios

Se estima que en nuestro país el 29,6% de los hombres y el 20,4% de las mujeres fuma. Y eso no es gratuito para la economía y la sociedad.

Los investigadores del IECS estimaron que el cigarrillo produce cada año en el país:

  • 101.736 casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC),
  • 61.470 de enfermedades cardíacas,
  • 32.650 de neumonías,
  • 11.374 de accidente cerebrovascular (ACV)
  • 19,178 de cánceres, incluyendo 9.513 de pulmón.

Asimismo, es responsable de:

  • 9.972 muertes anuales por enfermedades cardíacas;
  • 9.153 por enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC);
  • 8.593 por cáncer de pulmón;
  • 5.757 por otros cánceres;
  • 5.144 por tabaquismo pasivo y otras causas;
  • 3.915 por neumonía;
  • 2.182 por accidente cerebrovascular (ACV).
  • En conjunto, estas cifras representan el 14% de las muertes anuales en el país.

Palacios explicó que en el estudio consideraron un argumento habitual de la industria tabacalera, que busca disuadir las políticas de aumento de impuesto al tabaco señalando el potencial incentivo del comercio ilícito de cigarrillos.

«No vale la pena que los legisladores pierdan tiempo en eso. Aún en un escenario pesimista de potencial comercio ilícito el país va a obtener enormes beneficios si se aumenta el impuesto al tabaco», aseguró.

De acuerdo con lo reportado por el estudio, aún, considerando un escenario pesimista de potencial comercio ilícito, incrementar un 50% el precio de los cigarrillos a través de impuestos podría salvar 17.440 vidas en 10 años; evitar 74.040 enfermedades; y producir beneficios económicos totales de $ 547.659 millones.

Los resultados forman parte de una investigación en la que colaboraron más de 40 investigadores y centros de investigación e instituciones públicas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú.

Fuente: Télam

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    Las condenas fueron unánimes y para ambos juzgados los jueces dispusieron el cumplimiento de prisión en un establecimiento carcelario. Ya había sido condenado por formar la misma red el ex fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad.

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    Quien en este mismo trámite está imputado como jefe de asociación ilícita es el senador santafesino Armando Traferri, que no llegó a esta etapa del juicio aún porque durante cuatro años mantuvo los fueros legislativos ya que la mayoría de sus pares se negaron a levantarlos. La condena a Serjal por asociación ilícita deja a Traferri en el umbral de una resolución semejante.

    Los fundamentos de los jueces reconocen la legalidad de la investigación que llevaron contra Serjal y Traferri los fiscales que inicialmente tuvieron el caso y a quienes las autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) corrieron del control del trámite cuando fueron señalados, incluso por fiscales colegas, de haber cometido delitos en el curso de la investigación para perjudicar a Traferri. Esa idea los jueces Nicolás Foppiani, Hebe Marcogliese y Facundo Becerra la descartaron.

    «Detrás de esta sentencia hay todo un equipo de trabajo que hizo la investigación preparatoria y que se desempeñó de manera excelente ya que el tribunal avaló cada una de las pruebas», dijo la fiscal Marisol Fabbro, quien impulsó junto a su colega José Luis Caterina la acusación en el juicio que terminó este viernes.

    Esa reivindicación explícita del trabajo de Schiappa Pietra y Edery viene recubierta de significado político y jurídico. Ambos fueron apartados de la investigación con el pedido explícito de Traferri que prácticamente supeditó a esa condición la decisión de presentarse el año pasado y que lo hizo tras ser reelecto en su banca en 2023. Los nuevos fiscales con las mismas pruebas rendidas por sus antecesores, y despreciadas por el Senado para desaforarlo, lo imputaron a Traferri el año pasado y le agregaron asociación ilícita.

    Armando Traferri

    El tribunal convalidó toda la investigación. Lo que significa también descartar la idea de que hubo un armado de fiscales que actuaron al margen de la legalidad en una pesquisa viciada coordinada por el criminólogo Marcelo Sain cuando era ministro de Seguridad de Omar Perotti.

    El problema que tiene esta hipótesis, explicó la fiscalía y retomó el tribunal, es que el origen del caso aparece en 2017, cuando los fiscales Schiappa Pietra y Matías Edery no tenían ningún contacto con el asunto, y cuando Sain no tenía cargos en la provincia de Santa Fe. La detección de esta madeja de intereses, que incluye a Traferri y otros dirigentes políticos, está en una causa penal de Melincué. La llevaba quien ahora es fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, quien como testigo en este juicio defendió muy enfáticamente esta causa.

    Sobre la llamada «pata política», que fue llamada de esa forma por el tribunal, los jueces dijeron que para comprender cabalmente el alcance de la red en la que se enmarca la acción de los acusados, era importante entender que Serjal, Ugolini y Ponce Asahad actuaban bajo el paraguas de de estamentos con personas que aunque «no se encuentra en juzgamiento aquí fueron permanentemente aludidas durante el debate». Indicaron que esta implica la participación de funcionarios legislativos y políticos, «siendo el eje central el senador Armando Traferri».

    En el juicio el capitalista Peiti admitió al declarar que le había dado 200 mil dólares a Traferri para la campaña política.

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    «Se produjo prueba que acreditó la existencia de una asociación ilícita estable, jerarquizada y funcional, cuyo objeto principal fue usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juego de azar ilegal, y, concomitantemente, garantizar la impunidad de dicho negocio mediante una cobertura judicial penal». Señalaron que esa estructura también era integrada «por personas que no fueron traídas a este juicio».

    La fiscal Fabbro había dicho en su alegato final: «Este no es un caso de juego clandestino. Ni siquiera de «filtraciones» o incumplimientos funcionales aislados. Este caso traído a juicio es una investigación que pone sobre la mesa algo mucho más sutil y mucho más dañino: este caso versa sobre la impunidad. Este no es un caso sobre dinero, sino sobre lo que el dinero puede comprar. En esa posibilidad material que da el dinero combinada con ciertos contactos y con ciertas posiciones de poder, pudimos comprobar que ciertos funcionarios fueron efectivamente comprados por dinero».

    Otro punto culminante que complica al condenado es que la fiscal Marianela Luna detecta en 2017 que Serjal actúa de una manera muy extraña cuando ella inicia una causa contra Peiti. En 2018 Luna avisa a la regional que va a allanar locales de juego ilegal de Peiti. Cuando se concretan las requisas esos garitos estaban sorpresivamente desmantelados. Frente a semejante filtración que volvió negativos los procedimientos en la siguiente oportunidad Luna tomó un recaudo: no le avisa a Serjal y allana directamente. En este caso los 14 operativos dan positivo. Ante la afectación de los intereses de Peiti lo que hace Serjal es dictar una resolución traspasando a dos fiscales de Rosario las causas de juego clandestino en la jurisdicción. Le dijo a la fiscal Luna, según ella declaró en el juicio, que la decisión era concentrar el mismo las causas.

    El fiscal que acusó a los fiscales

    Una de los principales testigos de la defensa fue paradójicamente un colega de los acusadores, el fiscal Pablo Socca. Según declaró Socca, los primero fiscales del caso usaron a la testigo colaboradora sospechada de extorsión Mariana Ortigala para llegar al capitalista Peiti y a través de él a Serjal.

    Los jueces lo rechazaron remarcando que sus declaraciones connotaban «un conocimiento superficial del caso» que denunciaba. Hicieron eje en la declaración de la fiscal Bárbara Ilera que investiga al fiscal Edery por un supuesto hecho de omisión de investigación. Señalaron que la funcionaria «confirmó que no hay, hasta ahora, elementos que autoricen a presumir que hubo un acuerdo entre los fiscales Edery y/o su empleada Carla Belmonte con Ortigala para perjudicar al Sr. Serjal, y las apreciaciones en tal sentido del fiscal Socca no persuadieron por resultar genéricas y especulativas».

    Siguieron los jueces: «La afirmación defensiva, basada en el testimonio de Socca, en cuanto a que la investigación se habría originado a partir de la manipulación o utilización de terceros – específicamente Mariana Ortigala- para «llegar a Peiti y a través de él a Serjal», constituye una mera especulación sin correlato probatorio»

    Si Patricio Serjal resultaba condenado por asociación ilícita se sabía que el trance sería determinante en la causa de Traferri porque él está acusado de ser organizador de esa misma asociación.

    Aquí estuvo centrada la pulseada. Se notó mucho en el juicio en la estrategia de la defensa. Y se advierte con elocuencia en el terreno de la opinión pública. Dos medios de fuerte presencia en Rosario, con importante penetración, publicaron el mismo artículo periodístico, con distinciones mínimas de construcción pero de idéntico eje, centrado en el testimonio del fiscal Socca, que denunciaba a los fiscales Edery y Schiappa Pietra de haber direccionado la causa en contra de Serjal y Traferri. Esas publicaciones fueron a diez días de la declaración de Socca.

     

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