La cifra surge de un modelo matemático realizado por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), afiliada a la Facultad de Medicina de la UBA. El estudio calculó que, si se aumentaran los impuestos a los productos del tabaco, incrementando su precio 50%, la Argentina obtendría un beneficio económico de $ 590.674 millones, por ahorro en los costos del sistema de salud.
Fumar mata a 123 personas por día y le cuesta al sistema de salud más de $ 196 millones por año para la atención médica de las patologías que provoca, reveló un estudio de modelo matemático realizado por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS).
El tabaquismo es la primera causa de muerte prevenible a nivel mundial y sus efectos negativos también se trasladan a la economía.
Al respecto el equipo de investigación del IECS, una institución académica afiliada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), también calculó que, si se aumentaran los impuestos a los productos del tabaco, incrementando su precio 50%, la Argentina obtendría un beneficio económico de $ 590.674 millones, proveniente principalmente del ahorro de costos en el sistema de salud y la mayor recaudación fiscal.
Es un monto con el cual se podrían construir, por ejemplo, 1.750 escuelas.
«El tabaquismo es un problema mayor de salud pública y nuestro objetivo es proveer de evidencia para que los gobiernos y sistemas de salud adopten políticas públicas más efectivas y eficientes que permitan combatirlo», explicó el director ejecutivo del IECS, doctor Andrés Pichon-Riviere.
Pichon-Riviere, magister en ciencias y en Epidemiología Clínica de la Universidad de Harvard, indicó que «en la Argentina, la recaudación por impuestos al tabaco solo cubre 26% de lo que el país gasta por los daños y costos directos e indirectos que produce«.
El tabaquismo es la primera causa de muerte prevenible a nivel mundial y sus efectos negativos también se trasladan a la economía.
Por su parte el economista Alfredo Palacios, coordinador de Economía de la Salud del IECS y autor principal del estudio, sostuvo que «a pesar de los progresos alcanzados en materia de impuestos en los últimos años, la carga de enfermedad por tabaquismo sigue siendo muy alta en Argentina, así como los costos directos e indirectos que implica».
«Los cigarrillos en Argentina son baratos -subrayó- y hay un margen para aumentar impuestos. Para la Organización Mundial de la Salud, aumentar el precio de los cigarrillos a través de impuestos es la mejor medida para reducir los impactos de esta epidemia», señaló Palacios
Se estima que en nuestro país el 29,6% de los hombres y el 20,4% de las mujeres fuma. Y eso no es gratuito para la economía y la sociedad.
Los investigadores del IECS estimaron que el cigarrillo produce cada año en el país:
101.736 casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC),
61.470 de enfermedades cardíacas,
32.650 de neumonías,
11.374 de accidente cerebrovascular (ACV)
19,178 de cánceres, incluyendo 9.513 de pulmón.
Asimismo, es responsable de:
9.972 muertes anuales por enfermedades cardíacas;
9.153 por enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC);
8.593 por cáncer de pulmón;
5.757 por otros cánceres;
5.144 por tabaquismo pasivo y otras causas;
3.915 por neumonía;
2.182 por accidente cerebrovascular (ACV).
En conjunto, estas cifras representan el 14% de las muertes anuales en el país.
Palacios explicó que en el estudio consideraron un argumento habitual de la industria tabacalera, que busca disuadir las políticas de aumento de impuesto al tabaco señalando el potencial incentivo del comercio ilícito de cigarrillos.
«No vale la pena que los legisladores pierdan tiempo en eso. Aún en un escenario pesimista de potencial comercio ilícito el país va a obtener enormes beneficios si se aumenta el impuesto al tabaco», aseguró.
De acuerdo con lo reportado por el estudio, aún, considerando un escenario pesimista de potencial comercio ilícito, incrementar un 50% el precio de los cigarrillos a través de impuestos podría salvar 17.440 vidas en 10 años; evitar 74.040 enfermedades; y producir beneficios económicos totales de $ 547.659 millones.
Los resultados forman parte de una investigación en la que colaboraron más de 40 investigadores y centros de investigación e instituciones públicas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú.
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La irrupción de Javier Milei en la política argentina no puede explicarse únicamente como un fenómeno electoral ni como el simple ascenso de una nueva derecha. Hay algo más profundo ocurriendo en el modo en que el poder se legitima, organiza el lenguaje público y redefine quién merece reconocimiento dentro de la comunidad política. Allí es donde una lectura atravesada por las categorías de Michel Foucault adquiere una potencia singular: no para reducir el mileísmo a una fórmula académica, sino para comprender cómo un discurso de ruptura moral puede transformarse en una tecnología eficaz de gobierno.
El núcleo de esa construcción no es económico. Tampoco estrictamente ideológico. Es moral.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Milei no llegó al poder solamente prometiendo bajar la inflación o destruir regulaciones estatales. Llegó construyendo un antagonismo ético absoluto entre “la casta” y “los argentinos de bien”. Ese lenguaje, repetido hasta el agotamiento mediático, terminó produciendo algo mucho más relevante que un slogan: fabricó una identidad social.
Porque “argentino de bien” no funciona como una descripción objetiva. No existe un criterio verificable que permita determinar quién pertenece realmente a esa categoría. Su eficacia reside precisamente en su ambigüedad. El concepto opera como una consagración moral difusa donde cada adherente puede reconocerse a sí mismo como parte de un grupo virtuoso amenazado por enemigos internos.
Allí aparece uno de los mecanismos centrales del poder contemporáneo: la administración de legitimidades.
La pureza como herramienta de poder
Foucault entendía que las sociedades modernas no se organizan únicamente mediante leyes o coerción física. El poder necesita producir discursos verdaderos, clasificar sujetos y establecer qué formas de vida son consideradas normales, productivas o deseables. Gobernar implica también ordenar moralmente la sociedad.
En la Argentina de Milei, esa lógica aparece de manera descarnada.
El “argentino de bien” es presentado como alguien que trabaja, paga impuestos, soporta sacrificios y rechaza cualquier forma de mediación colectiva asociada al Estado. Del otro lado emerge una masa difusa de sospechosos: sindicalistas, militantes, empleados públicos, movimientos sociales, periodistas críticos, universidades, artistas subvencionados, organismos de derechos humanos o cualquiera que cuestione el nuevo orden moral libertario.
No se trata simplemente de adversarios políticos. Se los construye discursivamente como sectores parasitarios, degenerados o moralmente inferiores.
Ese desplazamiento es decisivo. Porque cuando la política abandona el terreno del conflicto democrático y pasa a estructurarse sobre categorías morales absolutas, el opositor deja de ser alguien con quien se disputa el poder para convertirse en alguien cuya existencia misma aparece como ilegítima.
En otras palabras: ya no hay diferencias políticas; hay sujetos “sanos” enfrentados a elementos contaminantes.
La obsesión mileísta con palabras como “parásitos”, “zurdos de mierda”, “empobrecedores” o “casta” no responde solamente a un estilo agresivo. Constituye una forma de clasificación social. Una maquinaria simbólica destinada a dividir la población entre quienes merecen reconocimiento y quienes pueden ser humillados públicamente sin costo moral.
El outsider y la ficción de la excepción
La fuerza inicial de Milei provino de una promesa de exterioridad. Su legitimidad surgía de aparecer por fuera del sistema político tradicional, incluso cuando rápidamente comenzó a tejer alianzas con actores históricos del poder económico, mediático y judicial argentino.
Pero el outsider moderno no necesita estar realmente afuera del sistema. Le alcanza con conservar la narrativa de la excepción moral.
Ahí reside una de las grandes paradojas del mileísmo contemporáneo. Incluso frente a denuncias, escándalos, negociaciones opacas o evidencias de privilegios dentro del propio gobierno, parte importante de su electorado sigue interpretando esos hechos como secundarios frente a una supuesta batalla histórica contra enemigos mayores.
Ese fenómeno revela algo incómodo sobre el funcionamiento real de las democracias contemporáneas: los ciudadanos no adhieren solamente a programas racionales; adhieren a sistemas emocionales de interpretación del mundo.
Cuando un gobierno logra construir una identidad moral fuerte, la evidencia objetiva pierde centralidad. Los hechos dejan de evaluarse en sí mismos y pasan a interpretarse según quién los denuncia y desde qué lugar político se enuncian. Por eso la corrupción puede relativizarse. No porque deje de existir, sino porque el discurso oficial logra reorganizar su significado. Si el líder continúa siendo percibido como quien combate a “los verdaderos corruptos”, entonces las contradicciones internas pueden absorberse dentro del relato épico de transformación nacional.
La pregunta deja de ser “¿hubo corrupción?” y pasa a ser “¿quién está denunciando y con qué intención?”.
La batalla cultural como disciplina
Uno de los aspectos más sofisticados del fenómeno Milei es haber convertido la confrontación permanente en una forma estable de gobierno. La agresión constante no constituye una anomalía comunicacional ni una pérdida de control emocional. Funciona como una pedagogía política.
Cada ataque presidencial contra periodistas, economistas, artistas o dirigentes opositores produce un efecto disciplinador sobre el resto de la esfera pública. El mensaje implícito es transparente: cualquiera que cuestione el relato oficial puede ser expuesto, ridiculizado o transformado en enemigo colectivo.
Foucault estudió precisamente cómo el poder moderno ya no depende exclusivamente del castigo físico espectacular. El control más eficiente es aquel que induce autocensura, vigilancia mutua y adaptación preventiva. Las redes sociales radicalizaron ese mecanismo hasta niveles inéditos. El ecosistema digital mileísta opera muchas veces como una estructura de disciplinamiento distribuido donde miles de usuarios reproducen hostigamientos, campañas de señalamiento y persecuciones simbólicas contra figuras disidentes. El resultado es un clima político donde la violencia verbal deja de ser excepcional y pasa a constituir la atmósfera cotidiana del debate público.
En ese contexto, la idea de “argentinos de bien” cumple una función central: ofrece legitimidad moral anticipada para la agresión. Si el adversario es presentado como corrupto, degenerado o enemigo de la nación, entonces la violencia discursiva aparece justificada como una forma de defensa social.
El sacrificio como virtud
Otro rasgo distintivo del mileísmo es la moralización del sufrimiento económico. En condiciones normales, una caída abrupta del salario, el consumo o el empleo debería erosionar rápidamente la legitimidad gubernamental. Sin embargo, Milei logró transformar el ajuste en una prueba ética.
El sacrificio ya no aparece como consecuencia de una política económica concreta, sino como evidencia de madurez social. “Había que pasarla mal”. “No hay plata”. “Estamos pagando décadas de populismo”. El dolor se resignifica como purificación. Ese mecanismo conecta profundamente con la subjetividad neoliberal contemporánea: el individuo debe aceptar precariedad, pérdida de derechos y deterioro material como demostración de responsabilidad personal.
El ciudadano deja entonces de percibirse como sujeto de derechos colectivos y comienza a entenderse como emprendedor moral de sí mismo. Aguantar se vuelve una virtud. Resistir el ajuste se convierte en signo de pertenencia identitaria.
La política ya no promete bienestar inmediato. Promete redención futura a cambio de obediencia presente.
La nueva legitimidad autoritaria
Quizás el aspecto más inquietante de la experiencia argentina actual sea que gran parte de estas transformaciones ocurren dentro de procedimientos democráticos formales. No hace falta clausurar elecciones para producir dinámicas autoritarias. Basta con erosionar sistemáticamente la legitimidad de toda institución intermedia capaz de limitar el poder presidencial.
La demonización del periodismo, el desprecio por el Congreso, el ataque permanente a las universidades, la ridiculización de organismos científicos y la construcción de enemigos internos constantes forman parte de una lógica más amplia: vaciar de autoridad simbólica cualquier espacio que pueda disputar la producción de verdad oficial.
Allí aparece una intuición foucaultiana fundamental: el poder más eficaz no es necesariamente el que prohíbe, sino el que logra que una sociedad naturalice sus propias formas de sometimiento. Tal vez por eso el fenómeno Milei no pueda analizarse solamente como una anomalía argentina ni como una excentricidad mediática. Expresa una mutación más profunda de las democracias contemporáneas: la transición desde sistemas políticos organizados alrededor de consensos institucionales hacia regímenes de legitimidad emocional, identitaria y moral.
En ese nuevo escenario, la verdad importa menos que la pertenencia. La coherencia menos que la fidelidad. Y la corrupción menos que la capacidad de seguir convenciendo a millones de personas de que, pese a todo, continúan formando parte de “los buenos”.
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