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El consumo de tabaco le cuesta al sistema de salud más de $196 millones por año

La cifra surge de un modelo matemático realizado por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), afiliada a la Facultad de Medicina de la UBA. El estudio calculó que, si se aumentaran los impuestos a los productos del tabaco, incrementando su precio 50%, la Argentina obtendría un beneficio económico de $ 590.674 millones, por ahorro en los costos del sistema de salud.

Fumar mata a 123 personas por día y le cuesta al sistema de salud más de $ 196 millones por año para la atención médica de las patologías que provoca, reveló un estudio de modelo matemático realizado por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS).

El tabaquismo es la primera causa de muerte prevenible a nivel mundial y sus efectos negativos también se trasladan a la economía.

Al respecto el equipo de investigación del IECS, una institución académica afiliada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), también calculó que, si se aumentaran los impuestos a los productos del tabaco, incrementando su precio 50%, la Argentina obtendría un beneficio económico de $ 590.674 millones, proveniente principalmente del ahorro de costos en el sistema de salud y la mayor recaudación fiscal.

Es un monto con el cual se podrían construir, por ejemplo, 1.750 escuelas.

«El tabaquismo es un problema mayor de salud pública y nuestro objetivo es proveer de evidencia para que los gobiernos y sistemas de salud adopten políticas públicas más efectivas y eficientes que permitan combatirlo», explicó el director ejecutivo del IECS, doctor Andrés Pichon-Riviere.

Pichon-Riviere, magister en ciencias y en Epidemiología Clínica de la Universidad de Harvard, indicó que «en la Argentina, la recaudación por impuestos al tabaco solo cubre 26% de lo que el país gasta por los daños y costos directos e indirectos que produce«.

El tabaquismo es la primera causa de muerte prevenible a nivel mundial y sus efectos negativos también se trasladan a la economía.

Por su parte el economista Alfredo Palacios, coordinador de Economía de la Salud del IECS y autor principal del estudio, sostuvo que «a pesar de los progresos alcanzados en materia de impuestos en los últimos años, la carga de enfermedad por tabaquismo sigue siendo muy alta en Argentina, así como los costos directos e indirectos que implica».

«Los cigarrillos en Argentina son baratos -subrayó- y hay un margen para aumentar impuestos. Para la Organización Mundial de la Salud, aumentar el precio de los cigarrillos a través de impuestos es la mejor medida para reducir los impactos de esta epidemia», señaló Palacios

Se estima que en nuestro país el 29,6% de los hombres y el 20,4% de las mujeres fuma. Y eso no es gratuito para la economía y la sociedad.

Los investigadores del IECS estimaron que el cigarrillo produce cada año en el país:

  • 101.736 casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC),
  • 61.470 de enfermedades cardíacas,
  • 32.650 de neumonías,
  • 11.374 de accidente cerebrovascular (ACV)
  • 19,178 de cánceres, incluyendo 9.513 de pulmón.

Asimismo, es responsable de:

  • 9.972 muertes anuales por enfermedades cardíacas;
  • 9.153 por enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC);
  • 8.593 por cáncer de pulmón;
  • 5.757 por otros cánceres;
  • 5.144 por tabaquismo pasivo y otras causas;
  • 3.915 por neumonía;
  • 2.182 por accidente cerebrovascular (ACV).
  • En conjunto, estas cifras representan el 14% de las muertes anuales en el país.

Palacios explicó que en el estudio consideraron un argumento habitual de la industria tabacalera, que busca disuadir las políticas de aumento de impuesto al tabaco señalando el potencial incentivo del comercio ilícito de cigarrillos.

«No vale la pena que los legisladores pierdan tiempo en eso. Aún en un escenario pesimista de potencial comercio ilícito el país va a obtener enormes beneficios si se aumenta el impuesto al tabaco», aseguró.

De acuerdo con lo reportado por el estudio, aún, considerando un escenario pesimista de potencial comercio ilícito, incrementar un 50% el precio de los cigarrillos a través de impuestos podría salvar 17.440 vidas en 10 años; evitar 74.040 enfermedades; y producir beneficios económicos totales de $ 547.659 millones.

Los resultados forman parte de una investigación en la que colaboraron más de 40 investigadores y centros de investigación e instituciones públicas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú.

Fuente: Télam

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  • Cómo romper un gobierno en seis meses

     

    La convulsión social escala en Bolivia. Van tres semanas seguidas de protesta social. Se movilizan fabriles, mineros asalariados, choferes, magisterio y sectores campesinos. El gobierno, aunque mediáticamente se muestra predispuesto al diálogo, en los hechos difunde narrativas que amenazan con endurecer la represión. La Paz y El Alto están prácticamente cercadas. Según los reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras, hay bloqueos activos en La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, principalmente impulsados por organizaciones campesinas y la Central Obrera Boliviana. Todos los sectores tienen demandas diferentes pero coinciden en una: piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que lleva apenas seis meses en el poder. Es el mandatario de las nuevas derechas latinoamericanas que más rápido perdió legitimidad, y enfrenta un levantamiento popular cuyas causas hay que entender en las primeras medidas de gobierno, en su débil estructura política y en las características emancipatorias de los movimientos populares bolivianos.

    La fragilidad del gobierno desde su origen

    Hay que ir al momento de las elecciones. Paz no tenía probabilidades reales de acceder a la presidencia, pero jugó un inesperado as bajo la manga: sumar como candidato a la vicepresidencia a Edman Lara: excapitán de la Policía e influencer, se hizo conocido en 2023 por sus videos en TikTok denunciando corrupción en las fuerzas de seguridad. Es una figura mediática y viral que coquetea con las discursividades de mano dura de Nayib Bukele (el partido político que intentó fundar antes llevaba el mismo nombre que el del salvadoreño) y maneja una retórica “anticasta”, similar a la que impulsó en sus inicios Javier Milei en Argentina. Esta alianza capturó un voto popular que, de otra forma, Rodrigo Paz jamás habría obtenido. Pero Lara es torpe e inexperto en el campo de la política tradicional, una figura incómoda para cogobernar. 

    Por eso, a semanas de la asunción, el quiebre Paz-Lara fue inminente: hoy ni se dirigen la palabra.

    El presidente profundizó esta fractura con medidas muy concretas para neutralizar a su vice: dictó el Decreto Supremo 5515 que lo habilitó a gobernar de forma digital desde el extranjero, impidiendo que Lara asuma el mando temporal cuando Paz se ausenta del país. También le quitó presupuesto a la Vicepresidencia. Estas tensiones demuestran la fragilidad institucional que desencadenan los «taxipartidos»: siglas desgastadas, cáscaras vacías que se alquilan —como el Partido Demócrata Cristiano (PDC) que usó Paz— para postular a candidatos sin estructura política ni territorial.

    Las “traiciones” de Paz

    Una vez en el poder, Rodrigo Paz tomó una serie de medidas drásticas y antipopulares que desembocaron en su rapidísima pérdida de legitimidad. Aunque las clases populares aceptaron con resiliencia la quita de las subvenciones a los combustibles, que implicó un rápido encarecimiento del costo de vida, el gobierno comenzó a importar gasolina de pésima calidad con gestiones opacas, que dañaron miles de vehículos de trabajo sin que existieran resarcimientos efectivos. Después, impulsó ante el Legislativo la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas y empezó a gobernar abiertamente a favor de las élites. Le dio la espalda a sus votantes y se alió con los grupos empresariales, e incluso con sectores de la política que lo acusaron de fraude —como Samuel Doria Medina, el multimillonario que perdió en primera vuelta pero terminó encajando varios hombres de su confianza al actual gabinete. El ministro más poderoso del Gobierno de Rodrigo Paz, José Luis Lupo, fue el candidato a vicepresidente de Doria Medina.

    En las últimas semanas, acorralado por los conflictos, Paz pactó una alianza con algunos actores del cooperativismo minero, uno de los grupos económicos más poderosos, ricos y violentos en el escenario político boliviano. Un sector denunciado por sus dinámicas extractivistas, depredadoras y explotadoras. Mediante el Decreto Supremo 5618, Paz eliminó las fiscalizaciones y deudas coactivas que dos cooperativas auríferas mantenían con la Caja Nacional de Salud desde 2016, dejando un grave hueco financiero en la seguridad social de corto plazo, que podría afectar a buena parte de la fuerza laboral boliviana.

    Pero, poco antes, fue la Ley 1720 de Conversión de Pequeñas Propiedades Agrarias la que activó las primeras movilizaciones. Por Constitución, la pequeña propiedad es inembargable en Bolivia; la nueva ley pretendía convertirlas en medianas, forzándolas a ser usadas como activos financieros. Este proyecto responde a una histórica demanda de los sectores agroindustriales: fue reintroducido en el Legislativo por el senador Branko Marinkovic, político y empresario cruceño que se atribuye la propiedad de más de 33 mil hectáreas en su departamento.

    Otro punto de quiebre simbólico se dio al nombrar como viceministro de Seguridad Ciudadana al excomandante policial Rodolfo Montero, investigado y detenido preventivamente por su rol en la cadena de mando durante las masacres de Sacaba y Senkata de 2019 —que después del golpe de Jeanine Añez dejaron al menos 20 muertos y cientos de heridos, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH— algo que el pueblo leyó como una bofetada y una traición abierta al transitorio apoyo popular que tuvo Rodrigo Paz.

    La narrativa del gobierno y sus limitaciones

    Rodrigo Paz se planteó durante la campaña como una alternativa al MAS, pero también a los políticos de derecha. Cuando llegó al poder le dio la espalda al pueblo que lo llevó a la presidencia y optó por gobernar de la mano con los que estaban en contra de su candidatura. Ahora el gobierno apuesta a una narrativa donde Evo Morales, el MAS y el narcotráfico estarían detrás de las movilizaciones. 

    Pero lo cierto es que esto es un intento de deslegitimar una protesta masiva asociándola a grupos vinculados a figuras que han perdido legitimidad y están políticamente debilitadas. Uno de ellos es Evo Morales. El expresidente lleva meses atrincherado en el Chapare. Hace pocos días salió un mandamiento de aprehensión, lo declararon en rebeldía por el caso de trata y tráfico que tiene detrás. Sigue siendo un personaje público y gravitante, pero el suyo no es de los sectores protagónicos de las protestas contra el Gobierno de Paz. En realidad, la palestra que le ofrece el Gobierno es funcional al debilitamiento y la estigmatización de la revuelta popular y permite que las narrativas de estigmatización sean mucho más fácilmente digeribles: muchas personas se resisten a apoyar los bloqueos porque se los tilda de masistas, erróneamente.

    Pero las protestas responden a una dinámica abigarrada, de múltiples protagonistas y no pueden atribuirse únicamente al evismo. Esa es, precisamente, una de las narrativas más porfiadas y obtusas de la derecha boliviana en los últimos años: no entender la complejidad del entramado social al que se enfrentan. 

    La tradición boliviana de negociar en la calle

    El historiador Eric Hobsbawm desarrolló el concepto de «negociación colectiva mediante la revuelta”, una categoría sumamente pertinente para analizar el caso boliviano. Frente a un Estado que históricamente no escucha a los sectores populares, y ante un gobierno que llega al poder gracias al voto del pueblo para luego gobernar con los grupos de poder económico, se impone la idea de que la única vía posible para negociar es la presión en las calles.

    Esto ya ocurrió durante el mandato de Evo Morales, aunque con otros actores y en otro escenario, luego de que el gobierno desconociera los resultados negativos del referéndum de 2016.

    En Bolivia, la calle se erige como el espacio principal de negociación política, sustentada en una larga y consolidada tradición de articulación social, barrial y comunitaria en diversas regiones del país. Actualmente, el pedido de renuncia de Rodrigo Paz es la única demanda que ha logrado aglutinar a los diferentes sectores, aunque sin un horizonte concreto ni liderazgos visibles para el día después. 

    Aunque es poco probable que la renuncia se concrete (el canciller Fernando Aramayo fue tajante al descartarla), esta presión social si podría obligar a una profunda reestructuración estratégica del gobierno y una recomposición de su gabinete, cuando menos. 

    Las protestas representan una fuerte advertencia: en Bolivia no se puede gobernar dándole la espalda al pueblo. Por eso la insurrección popular no fue neutralizada y continúa expandiéndose. Y esta expansión también podría ser un llamado de reorganización del descontento social a nivel regional, poniendo la negociación colectiva a través de la revuelta como contrapeso al autoritarismo militarista de derecha. 

    La entrada Cómo romper un gobierno en seis meses se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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  • Un dirigente de la UATRE denunció ante la Corte a la hija de Highton por vínculos con Toviggino

     

    El dirigente de la UATRE Eduardo Davico presentó este jueves una denuncia ante la Corte Suprema contra Elena Nolasco Highton, secretaria letrada del máximo tribunal e hija de la ex jueza Elena Highton de Nolasco, por sus vínculos con Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. La jugada se produjo luego que Santiago Caputo convenciera a Javier Milei de retirar los pliegos de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania de la comisión de Acuerdos del Senado, que debía dictaminar ambas postulaciones para la Cámara de Apelaciones del Fuero Penal Económico, donde terminarían tramitando las causas contra Claudio «Chiqui» Tapia por presunta evasión.

    Davico envió su escrito después que le dejaran un sobre anónimo en la puerta de su casa con información precisa sobre un vuelo privado que habrían compartido Nolasco Highton y Toviggino junto a Jorge Giani, esposo de la funcionaria judicial y presidente de la empresa Surco Seguros, conocida por negocios relacionados con el mundo del fútbol pero también la esfera sindical. Con un texto de 12 carillas, el sindicalista de Necochea sembró la inquietud sobre la cobertura que la hija de Highton podría facilitarle a la AFA en el cuarto piso de Tribunales.

    De hecho, LPO informó que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, asumió su cargo con el mandato de mitigar el apremio judicial de Tapia y Toviggino. Para eso, elevó no solo los pliegos que Milei decidió abortar sino también los de Rául Agustín Rubiero, Matilde Ballerini y Javier Cosentino, que falló en el juzgado Comercial N°8 a favor de la AFA en la causa de World Eleven. Los últimos tres siguen su camino en el Congreso.

    Santiago le recomendó a Milei que retire los pliegos de jueces que propuso Mahiques para cumplir con la AFA

    No es casualidad que Mahiques haya escalado desde la Procuración General de la Ciudad al gabinete presidencial, en un acuerdo entre Karina Milei y Daniel «Tano» Angelici. Pero el desembarco del ministro funcionó, además, como un lubricante en la relación de la Casa Rosada con el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, enfrentado ahora a Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. Por propiedad transitiva, la denuncia de Davico sugiere connivencia entre el gobierno, el Ministerio de Justicia, el máximo tribunal y la AFA.

    Nolasco, creen en la agrupación opositora de la UATRE, podría ser el dispositivo en las sombras para que en el Palacio Talcahuano terminen salvando a Tapia y Toviggino si las causas escalan desde los tribunales inferiores.

    Juan Bautista Mahiques.

    Según el documento de Davico, el trío de Nolasco, Giani y Toviggino viajó en un vuelo privado desde Miami al aeropuerto de San Fernando, en provincia de Buenos Aires, el 22 de julio de 2021, apenas 12 días después que el equipo de Lionel Messi levantara la Copa América en el Maracaná. Por entonces, regían en el país durísimas restricciones para la circulación por el rebrote del Covid19 y el segundo año de cuarentena, algo que torna más sospechoso el viaje de ida y vuelta en un día que compartieron los tres pasajeros entre Estados Unidos y Argentina.

    La aeronave que los transportó es una modelo Gulfstream G450, con matrícula LV-GTQ y número de serie 4147. Se trata de un avión de lujo, operado por la firma Alas del Fin del Mundo SRL, y habría sido utilizado para traslados oficiales, incluyendo viajes del ex presidente Alberto Fernández a Bolivia en 2020 y compromisos internacionales de la AFA.

    Nolasco, Giani y Toviggino viajó en un vuelo privado desde Miami al aeropuerto de San Fernando, en provincia de Buenos Aires, el 22 de julio de 2021, apenas 12 días después que el equipo de Lionel Messi levantara la Copa América en el Maracaná.

    Líder de la oposición a José Voytenco en la UATRE, Davico advierte en su denuncia sobre la proximidad entre Nolasco, Giani y Toviggino «mediante vuelos privados compartidos, relaciones personales reconocibles, coincidencias reiteradas y vínculos con actores insertos en estructuras sometidas a investigaciones públicas y judiciales». «No se afirma aquí que Nolasco haya intervenido indebidamente en expediente alguno ni que haya ejercido influencia concreta sobre decisiones jurisdiccionales pero tampoco puede ignorarse que el estándar institucional exigible a una funcionaria de la Corte Suprema obliga precisamente a evitar situaciones capaces de generar sospechas razonables acerca de posibles condicionamientos, accesos privilegiados o relaciones impropias», sostiene.

    El verdadero escudo defensivo de Chiqui Tapia y Toviggino es Giani, que mantiene negocios con la AFA y está casado con Nolasco, garante de la admisibilidad de una queja interpuesta por los dirigentes del fútbol ante la Corte Suprema en busca de impunidad.

    Fuentes al tanto de la situación indicaron a LPO que la sospecha es que «el verdadero escudo defensivo de Chiqui Tapia y Toviggino es Giani, que mantiene negocios con la AFA y está casado con Nolasco, garante de la admisibilidad de una queja interpuesta por los dirigentes del fútbol ante la Corte Suprema en busca de impunidad».

    En efecto, Giani sería socio de Julio Comparada, ex presidente del Club Atlético Independiente, en la aseguradora. Desde allí habrían cerrado una serie de contratos de seguro de los espectadores en estadios de fútbol y descuentos de aportes con sindicatos, sobre todo con aquellos ligados a Luis Barrionuevo.

    Por eso, la denuncia de Davico promueve la investigación para determinar si hay conflicto de interés a partir del vuelo privado, entre el tesorero de la AFA y el dueño de una empresa que tiene contratos con la misma entidad. «Legalmente, esto se vuelve relevante si hubo beneficios personales indebidos, en caso que el vuelo haya sido un ‘regalo’, y eso deriva en protección judicial hacia Toviggino», dijo un allegado al dirigente gremial.

    En el sindicato precisan que «lo que realmente importa jurídicamente, más que el vuelo en sí, es quién pagó el viaje, si hubo contraprestación, si se tomaron decisiones en la AFA que beneficiaron a Giani y si hubo intervención judicial donde exista conflicto».

     

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    “VINO PARA CUMPLIR UNA MISIÓN: SALVAR VIDAS” LEY JUSTINA

    Justina le dijo a su papá: «Hagamos algo no solo por mí, ayudemos a todos los que podamos», era su misión, ella nos estaba abriendo a un mundo de generosidad impresionante sin saber cuál era el final. Ese final, duro e inexplicable, nos golpeó, nos hirió. Pero, de a poco, también nos está ayudando a…

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