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El consumo de tabaco le cuesta al sistema de salud más de $196 millones por año

La cifra surge de un modelo matemático realizado por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), afiliada a la Facultad de Medicina de la UBA. El estudio calculó que, si se aumentaran los impuestos a los productos del tabaco, incrementando su precio 50%, la Argentina obtendría un beneficio económico de $ 590.674 millones, por ahorro en los costos del sistema de salud.

Fumar mata a 123 personas por día y le cuesta al sistema de salud más de $ 196 millones por año para la atención médica de las patologías que provoca, reveló un estudio de modelo matemático realizado por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS).

El tabaquismo es la primera causa de muerte prevenible a nivel mundial y sus efectos negativos también se trasladan a la economía.

Al respecto el equipo de investigación del IECS, una institución académica afiliada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), también calculó que, si se aumentaran los impuestos a los productos del tabaco, incrementando su precio 50%, la Argentina obtendría un beneficio económico de $ 590.674 millones, proveniente principalmente del ahorro de costos en el sistema de salud y la mayor recaudación fiscal.

Es un monto con el cual se podrían construir, por ejemplo, 1.750 escuelas.

«El tabaquismo es un problema mayor de salud pública y nuestro objetivo es proveer de evidencia para que los gobiernos y sistemas de salud adopten políticas públicas más efectivas y eficientes que permitan combatirlo», explicó el director ejecutivo del IECS, doctor Andrés Pichon-Riviere.

Pichon-Riviere, magister en ciencias y en Epidemiología Clínica de la Universidad de Harvard, indicó que «en la Argentina, la recaudación por impuestos al tabaco solo cubre 26% de lo que el país gasta por los daños y costos directos e indirectos que produce«.

El tabaquismo es la primera causa de muerte prevenible a nivel mundial y sus efectos negativos también se trasladan a la economía.

Por su parte el economista Alfredo Palacios, coordinador de Economía de la Salud del IECS y autor principal del estudio, sostuvo que «a pesar de los progresos alcanzados en materia de impuestos en los últimos años, la carga de enfermedad por tabaquismo sigue siendo muy alta en Argentina, así como los costos directos e indirectos que implica».

«Los cigarrillos en Argentina son baratos -subrayó- y hay un margen para aumentar impuestos. Para la Organización Mundial de la Salud, aumentar el precio de los cigarrillos a través de impuestos es la mejor medida para reducir los impactos de esta epidemia», señaló Palacios

Se estima que en nuestro país el 29,6% de los hombres y el 20,4% de las mujeres fuma. Y eso no es gratuito para la economía y la sociedad.

Los investigadores del IECS estimaron que el cigarrillo produce cada año en el país:

  • 101.736 casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC),
  • 61.470 de enfermedades cardíacas,
  • 32.650 de neumonías,
  • 11.374 de accidente cerebrovascular (ACV)
  • 19,178 de cánceres, incluyendo 9.513 de pulmón.

Asimismo, es responsable de:

  • 9.972 muertes anuales por enfermedades cardíacas;
  • 9.153 por enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC);
  • 8.593 por cáncer de pulmón;
  • 5.757 por otros cánceres;
  • 5.144 por tabaquismo pasivo y otras causas;
  • 3.915 por neumonía;
  • 2.182 por accidente cerebrovascular (ACV).
  • En conjunto, estas cifras representan el 14% de las muertes anuales en el país.

Palacios explicó que en el estudio consideraron un argumento habitual de la industria tabacalera, que busca disuadir las políticas de aumento de impuesto al tabaco señalando el potencial incentivo del comercio ilícito de cigarrillos.

«No vale la pena que los legisladores pierdan tiempo en eso. Aún en un escenario pesimista de potencial comercio ilícito el país va a obtener enormes beneficios si se aumenta el impuesto al tabaco», aseguró.

De acuerdo con lo reportado por el estudio, aún, considerando un escenario pesimista de potencial comercio ilícito, incrementar un 50% el precio de los cigarrillos a través de impuestos podría salvar 17.440 vidas en 10 años; evitar 74.040 enfermedades; y producir beneficios económicos totales de $ 547.659 millones.

Los resultados forman parte de una investigación en la que colaboraron más de 40 investigadores y centros de investigación e instituciones públicas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú.

Fuente: Télam

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  • Nuestra tierra

     

    Tres novedades en la política argentina cobraron fuerza en las últimas horas. Primero: el activismo organizado y manifestado masivamente en redes logró hacer retroceder al gobierno en su ímpetu legislativo arrasador. Después de decenas de marchas y movilizaciones multitudinarias que no parecían surtir los efectos deseados, por fin estamos ante un efecto político potente, resultado de la respuesta colectiva y organizada. Y que —aquí lo nuevo— impacta antes de llegar a la movilización en la calle. Segundo: una sensibilidad nacional transversal, distinta de otras formas de nacionalismo o el patriotismo a secas, que parece tener una raíz en el vínculo afectivo con la tierra misma, con el paisaje y el lugar común que habitamos, vivimos y somos capaces de defender. Un sentimiento nacional que se ha expresado de manera transversal a los partidos y las ideologías, incluso y especialmente entre sectores que se autoperciben apolíticos o despolitizados. Y ese sentimiento común —con lo que cuesta encontrar lo común en nuestra Argentina agrietada, atomizada y de a ratos sumida en el sálvese quien pueda— parece haberse configurado como un límite concreto para el proyecto libertario de destrucción del Estado y entrega de los bienes públicos en beneficio de los negocios del capital extranjero. Tercero: una fuerza pop que empuja y aglutina de manera masiva a públicos difíciles de imaginar políticamente movilizados. Si fue Lali una de las primeras grandes figuras que convocó a marchar, después se sumaron María Becerra, Emilia Mernes, Trueno, Tini, Nicki Nicole, y la Joaqui. Ocupando el lugar que el rock simbolizó por décadas, la vanguardia ante la embestida de la ultraderecha la encarnan hoy nuestras reinas del pop. 

    Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei, que se jacta de no levantar el pie del acelerador ni siquiera en las curvas —en línea con el postulado explícito de Santiago Caputo en X: attack, attack, attack, never defend—, tuvo que retroceder ante la masiva campaña digital por la defensa de la Ley de Tierras. Una campaña que también fue empujando al rechazo clave de gobernadores y aliados circunstanciales del oficialismo. La Libertad Avanza cedió y extirpó el capítulo vinculado a la extranjerización de la tierra del temario de este 6 de agosto para salvar el resto del proyecto. 

    Una sensibilidad nacional transversal configura un límite al proyecto libertario de destrucción del Estado y entrega de los bienes públicos al capital extranjero.

    La campaña ganó una batalla clave en la esfera digital y hoy marcha por la caída del proyecto entero, que amenaza con reformar, entre otros frentes, la Ley de Manejo del Fuego del que depende, por ejemplo, la protección de los bosques patagónicos constantemente incendiados. Al calor de la manifestación, ¿cómo podemos pensar la dimensión del costo político que se sintió en las bases de sectores tan diversos sin que siquiera pisemos las calles? ¿Qué despertó esa sensibilidad popular en los aliados del oficialismo? ¿Qué voces y narrativas fueron fundamentales para que el reclamo atravesara las fronteras de los ámbitos tradicionales de resistencia? 

    Diferentes coaliciones políticas, organizaciones ecosociales, territoriales, de derechos humanos, obispos, artistas de todos los campos y personalidades diversas se manifestaron bajo el eslogan #LaPatriaNoSeVende. Es difícil encontrar antecedentes. Las multitudinarias movilizaciones en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario lograron presionar para algunos acuerdos parciales. O aquella movilización de 2017 contra el dos por uno a los represores de la última dictadura cívico-militar. En ambos casos, con centenas de miles en la calle. En este caso, la amenaza de una masividad igual o mayor, aún inmaterial, doblegó anticipadamente la voluntad del partido del 1% a través de su fantasma: el aislamiento. Porque esta respuesta además de masiva fue, ante todo, transversal. La rotura de silos ideológicos y el atravesamiento de una historia que, aún en la diferencia, podemos percibir común.

     Una fuerza pop empuja y aglutina de manera masiva a públicos difíciles de imaginar políticamente movilizados.

    La escritora Selva Almada esbozó un ejercicio en las redes donde podría estar la clave de lo que ha significado esta masiva interpelación que produjo el intento de derogación de la Ley de Tierras. En su cuenta de Instagram, la autora publicó textos ilustrados que contaban los vínculos con sus ancestros y las tierras que habitaron —el abuelo peón de la estancia de “Los Castro”, a su abuela y su madre que se inclinaban sobre el suelo para hacer surcos donde tiraban semillas; los sitios donde enterró a sus seres queridos, humanos o no-humanos—. Son las historias que unen a nuestra memoria con este suelo las que nos hacen querer defenderlo. Así narrada, la patria deja de ser un ente abstracto de frase nacionalista y pasa a inscribirse en el terreno de la experiencia afectiva, territorial y biográfica. 

    * * *

    Esa reafirmación de un nosotros argentino también tiene algo de impulso malvinero en el último mundial. Cuando el 15 de julio, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Giovanni Lo Celso desplegó la bandera que había recibido desde la tribuna, difícilmente pudo dimensionar el alcance que tendría su gesto. Quizás era consciente de la potencia del reclamo de soberanía por nuestras Islas Malvinas, a segundos de remontar una semifinal épica contra Inglaterra en la semifinal de una Copa del Mundo. Lo que no podía imaginar era que esa imagen circularía horas antes de que el gobierno argentino presentara una ley para desregular la venta de tierras a extranjeros, y que ese ícono terminaría convirtiéndose en la chispa de una renovada defensa del territorio.

    Malvinas sigue siendo un reclamo diplomático vigente, pero también un símbolo cultural que reaparece en canciones mundialistas, en banderas de todos los clubes y en una memoria compartida. Esa sábana blanca pintada con marcador en uno de los eventos más vistos del planeta inspiró remeras, intervenciones y hasta la inédita creación de Malvinas Sans, una tipografía opensource diseñada por Juan Manuel Pelillo para que cualquiera pudiera apropiarse de ese símbolo y multiplicarlo. 

    Cuando la rebeldía parece haberse vuelto de derecha, el glitter de la resistencia se amplifica y parece dar bríos a nuevas formas más comunitarias, inclusivas y amorosas de pensarnos, enunciarnos y defendernos.

    Contrariamente al lema del personaje humorístico filonazi Micky Vainilla, creado por Diego Capusotto y Pedro Saborido, que dice sólo hacer “pop para divertirse”, en este caso podemos pensar en un “pop para resistir”. 

    En primer lugar, porque hay pocos artefactos más pop que un símbolo simple, universal y replicable. Más allá de sus infinitas versiones y apropiaciones, la imagen volvió a poner en primer plano una herida compartida: la persistencia de un enclave colonial británico en pleno siglo XXI. Y desde allí renació, una vez más, la posibilidad de reconocernos en un nosotros. En tiempos de individualismos liberales y progresismos identitarios, cuando las pertenencias parecen fragmentarse, ese ícono recordó que existen causas capaces de reunir sensibilidades muy distintas. La coincidencia entre esa ofensiva extranjerizante y la épica performance mundialista hizo visible, quizás como pocas veces, que todavía hay símbolos capaces de recordarnos que tenemos mucho más en común de lo que solemos creer.

    Además, porque fue la primera línea de la música pop local la que tuvo un rol fundamental en el trasvasamiento generacional, cultural y hasta de género de esta efervescencia nacionalista que se constituyó como un límite posible al gobierno libertario. Nuestra bestia pop viene haciéndolo hace rato. No sólo respondió las bravuconadas del Presidente  con el arte que desplegó en su canción Fanático, sino que en cada show de Lali se canta “el que no salta votó a Milei”. Y seguro que hay gente que lo votó —y por eso es incluso más importante para interpelarnos mutuamente—. 

    Esta semana, Lali fue una de las principales convocantes a la marcha del 6A, y lo hizo desde la ola de atención de haber anunciado su tercer River del año sólo un día antes. Sorprendieron también otras artistas de la talla, como Nicki Nicole, que no sólo difundió la nota de Florencia Gómez en Revista Anfibia, sino también los puntos de convocatoria en todo el país. Incluso Emilia Mernes, otra mujer artista exitosa cuestionada por si se posiciona o no políticamente, compartió la publicación de Amnistía Internacional que, con música e imágenes épicas de distintas geografías nacionales, clamaba: “Defender la tierra es defender los derechos humanos”. 

    Cuando la rebeldía parece haberse vuelto de derecha, el glitter de la resistencia se amplifica y parece dar bríos a nuevas formas más comunitarias, inclusivas y amorosas de pensarnos, enunciarnos y defendernos.

    Por fin estamos ante un efecto político potente, resultado de la respuesta colectiva y organizada. Lo nuevo: impacta antes de llegar a la movilización en la calle.

    El martes, Martín Vidal Ramos, un maestro jujeño de escuela pública que vive en Buenos Aires, sacó su pancarta amarilla en el Movistar Arena que decía “La Patria No Se Vende”. Las 15 mil personas que estaban viendo a Rosalía siguieron la consigna y corearon el agite patriótico. Ramos se adjudica, mediante imágenes en Instagram, haber “desatado esa locura”. En el escenario, la joven de 33 años, graduada de la Escuela Superior de Música de Cataluña y artista total, desplegó uno de los gestos más argentinos de la felicidad: revolear un cacho’e tela. La Rosalía, absurdamente cuestionada de anti-argentina (aunque como mujer, artista y exitosa, podría haber sido acusada de cualquier otra cosa), unía sensibilidades de lo más diversas en torno a la defensa común de una patria que no se vende. 

    Tantas veces confrontados en la falsa dicotomía “desarrollo o proteccionismo”, los bienes naturales de este suelo lograron, por una vez, unirnos. Los glaciares, los bosques, la cordillera o los humedales quedaron, por fin, de “este lado” del nosotros. El antropocentrismo perdió una batalla. Pudimos considerar la relacionalidad de nuestra especie con lo que nos alberga y rodea. ¿Lo entendemos así? Ojalá. Lo que entendimos es que es nuestro: entendimos la soberanía, aún herida en las islas de nuestros mares del sur, valientemente recordadas en un campo de juego. Porque apelando a la construcción de una narrativa cercana a lo común que tenemos, nos movemos de la confrontación al imaginario de nuestras historias compartidas, y así da lugar a la resonancia. Primero conocemos, después amamos; entonces defendemos.

    La entrada Nuestra tierra se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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    Se venció otra privatización menemista: Milei inicia la transición y abre un camino de incógnitas sobre el futuro de las represas hidroeléctricas de Tucumán

     

    Después de 30 años terminó la concesión privada de las represas hidroeléctricas de Tucumán. Milei abrió una transición y crecen las incógnitas sobre su futuro.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    Treinta años después de haber sido entregadas en concesión durante la ola privatizadora del menemismo, las represas hidroeléctricas de Tucumán llegaron al final del contrato que las mantenía bajo administración privada. La decisión del Gobierno de Javier Milei de establecer un período de transición, en lugar de renovar automáticamente la concesión o anunciar una nueva licitación, abre un escenario de incertidumbre sobre el destino de un conjunto de activos estratégicos para la generación eléctrica y para el manejo del recurso hídrico de la provincia.

    El final de una concesión nacida al calor del modelo privatizador de los años 90

    La resolución de la Secretaría de Energía que puso en marcha la transición de las centrales El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo marca un nuevo capítulo en la larga historia de las privatizaciones argentinas, un proceso que comenzó a principios de la década del noventa y que transformó profundamente la relación entre el Estado y los servicios considerados estratégicos.

    Durante el gobierno de Carlos Menem, y luego de la sanción de la Ley de Reforma del Estado en 1989, la Argentina ingresó en una etapa de transferencia al sector privado de empresas y activos que durante décadas habían sido administrados por organismos estatales. Bajo la promesa de mejorar la eficiencia, atraer inversiones y reducir la participación estatal en la economía, el Gobierno nacional avanzó sobre sectores como telecomunicaciones, transporte, energía y servicios públicos.

    En ese contexto, la generación hidroeléctrica también fue alcanzada por el proceso privatizador. Muchas de las obras construidas durante décadas con financiamiento público fueron entregadas bajo esquemas de concesión a empresas privadas, que pasaron a administrar la explotación comercial de centrales que seguían teniendo una importancia estratégica para el sistema energético nacional.

    Así nació Hidroeléctrica Tucumán S.A., la empresa que recibió la concesión de los complejos hidroeléctricos El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, tres instalaciones fundamentales para la provincia. El contrato firmado en 1996 estableció un plazo de explotación privada de 30 años, período que comenzó formalmente el 30 de julio de ese año y llegó a su vencimiento en julio de 2026.

    La fecha de finalización no fue una sorpresa ni una decisión política tomada de manera repentina: estaba contemplada desde el inicio del contrato. Sin embargo, su llegada obliga ahora al Estado a definir qué hacer con un patrimonio energético que vuelve a quedar bajo su órbita después de tres décadas.

    Qué decidió el Gobierno de Milei y por qué no implica una estatización

    La Resolución 168/2026 de la Secretaría de Energía publicada hoy en el Boletín Oficial, no dispuso una estatización de las represas ni anunció la creación de una nueva empresa pública para administrarlas. Lo que hizo fue activar el mecanismo previsto en el contrato de concesión para garantizar la continuidad operativa durante una etapa intermedia, evitando que el vencimiento del vínculo privado genere un vacío de gestión sobre instalaciones que requieren supervisión permanente.

    El Gobierno estableció un período de transición hasta el 15 de diciembre de 2026, durante el cual Hidroeléctrica Tucumán S.A. continuará operando las centrales bajo un régimen especial, mientras la autoridad energética nacional supervisará el funcionamiento de los complejos.

    Para esa tarea fue designada la Subsecretaría de Energía Eléctrica como veedor estatal, con la responsabilidad de controlar la operación, verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas y garantizar que las condiciones de seguridad de las represas permanezcan intactas. Además, se invitó a la Provincia de Tucumán a participar mediante la designación de un representante.

    La medida responde a una cuestión central: una central hidroeléctrica no puede simplemente cambiar de manos de un día para otro. Se trata de infraestructura compleja, vinculada no sólo a la generación de electricidad sino también al manejo del agua, la seguridad de las poblaciones ubicadas aguas abajo y la planificación energética de largo plazo.

    Por eso, aunque la concesión terminó formalmente, la operación continúa bajo un esquema transitorio mientras el Gobierno define el próximo paso.

    Los bienes vuelven al Estado después de 30 años

    Uno de los aspectos más relevantes del proceso es que el vencimiento de la concesión implica el retorno al Estado de los bienes afectados al servicio, tal como estaba establecido en el contrato original firmado durante la década del noventa.

    No se trata de una expropiación ni de una compra. La lógica contractual establecía que, al finalizar el período de explotación privada, las instalaciones, equipamientos y activos vinculados al funcionamiento de las centrales debían quedar nuevamente bajo control estatal.

    Ese punto resulta significativo porque muestra una diferencia entre el discurso político que acompañó las privatizaciones de los años 90 y la realidad jurídica de muchos de esos contratos: las concesiones privadas no implicaban una transferencia definitiva de la propiedad de los recursos estratégicos, sino un derecho temporal de explotación.

    Ahora, tres décadas después, el Estado vuelve a estar frente a la responsabilidad de decidir cómo administrar esos activos.

    La paradoja de un Gobierno que busca privatizar frente al vencimiento de una privatización

    El caso tucumano presenta además una particular contradicción política para la administración de Javier Milei.

    Desde su llegada al poder, el Gobierno libertario impulsó una agenda basada en la reducción del Estado, la apertura económica y la privatización de empresas públicas consideradas ineficientes. Sin embargo, en este caso específico, una concesión privada heredada de la década menemista llegó a su fin y obligó al Estado a asumir nuevamente un rol de supervisión directa.

    La administración nacional tenía distintas alternativas frente al vencimiento: extender la concesión, avanzar rápidamente hacia una nueva licitación o establecer un esquema transitorio. Finalmente optó por esta última opción, dejando abierta la definición sobre el futuro de las centrales.

    La resolución no determina si habrá una nueva privatización, si se buscará un esquema mixto con participación estatal y privada o si el Estado mantendrá algún tipo de control directo sobre las represas. Esa indefinición será uno de los puntos centrales del debate energético en los próximos meses.

    Un recurso estratégico que vuelve al centro de la discusión

    Más allá de la discusión contractual, las represas tucumanas representan un activo estratégico que excede la generación eléctrica. Los complejos de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo cumplen funciones vinculadas al almacenamiento y regulación del agua, al desarrollo productivo regional y a la infraestructura energética de la provincia.

    Por eso, la discusión sobre su futuro no es solamente empresarial: implica definir qué papel tendrá el Estado en la administración de recursos considerados esenciales y cuál será la relación entre la inversión privada y la planificación pública en áreas sensibles.

    La resolución publicada por el Gobierno marca el cierre formal de una etapa iniciada durante el menemismo, cuando una parte importante del patrimonio energético argentino pasó a manos privadas mediante contratos de concesión de largo plazo. Ahora comienza una nueva fase, todavía abierta, en la que deberá definirse si el final de aquella privatización será simplemente el comienzo de otra concesión o si representará un cambio más profundo en la forma de administrar la energía hidroeléctrica tucumana.

     

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