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El consumo de tabaco le cuesta al sistema de salud más de $196 millones por año

La cifra surge de un modelo matemático realizado por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), afiliada a la Facultad de Medicina de la UBA. El estudio calculó que, si se aumentaran los impuestos a los productos del tabaco, incrementando su precio 50%, la Argentina obtendría un beneficio económico de $ 590.674 millones, por ahorro en los costos del sistema de salud.

Fumar mata a 123 personas por día y le cuesta al sistema de salud más de $ 196 millones por año para la atención médica de las patologías que provoca, reveló un estudio de modelo matemático realizado por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS).

El tabaquismo es la primera causa de muerte prevenible a nivel mundial y sus efectos negativos también se trasladan a la economía.

Al respecto el equipo de investigación del IECS, una institución académica afiliada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), también calculó que, si se aumentaran los impuestos a los productos del tabaco, incrementando su precio 50%, la Argentina obtendría un beneficio económico de $ 590.674 millones, proveniente principalmente del ahorro de costos en el sistema de salud y la mayor recaudación fiscal.

Es un monto con el cual se podrían construir, por ejemplo, 1.750 escuelas.

«El tabaquismo es un problema mayor de salud pública y nuestro objetivo es proveer de evidencia para que los gobiernos y sistemas de salud adopten políticas públicas más efectivas y eficientes que permitan combatirlo», explicó el director ejecutivo del IECS, doctor Andrés Pichon-Riviere.

Pichon-Riviere, magister en ciencias y en Epidemiología Clínica de la Universidad de Harvard, indicó que «en la Argentina, la recaudación por impuestos al tabaco solo cubre 26% de lo que el país gasta por los daños y costos directos e indirectos que produce«.

El tabaquismo es la primera causa de muerte prevenible a nivel mundial y sus efectos negativos también se trasladan a la economía.

Por su parte el economista Alfredo Palacios, coordinador de Economía de la Salud del IECS y autor principal del estudio, sostuvo que «a pesar de los progresos alcanzados en materia de impuestos en los últimos años, la carga de enfermedad por tabaquismo sigue siendo muy alta en Argentina, así como los costos directos e indirectos que implica».

«Los cigarrillos en Argentina son baratos -subrayó- y hay un margen para aumentar impuestos. Para la Organización Mundial de la Salud, aumentar el precio de los cigarrillos a través de impuestos es la mejor medida para reducir los impactos de esta epidemia», señaló Palacios

Se estima que en nuestro país el 29,6% de los hombres y el 20,4% de las mujeres fuma. Y eso no es gratuito para la economía y la sociedad.

Los investigadores del IECS estimaron que el cigarrillo produce cada año en el país:

  • 101.736 casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC),
  • 61.470 de enfermedades cardíacas,
  • 32.650 de neumonías,
  • 11.374 de accidente cerebrovascular (ACV)
  • 19,178 de cánceres, incluyendo 9.513 de pulmón.

Asimismo, es responsable de:

  • 9.972 muertes anuales por enfermedades cardíacas;
  • 9.153 por enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC);
  • 8.593 por cáncer de pulmón;
  • 5.757 por otros cánceres;
  • 5.144 por tabaquismo pasivo y otras causas;
  • 3.915 por neumonía;
  • 2.182 por accidente cerebrovascular (ACV).
  • En conjunto, estas cifras representan el 14% de las muertes anuales en el país.

Palacios explicó que en el estudio consideraron un argumento habitual de la industria tabacalera, que busca disuadir las políticas de aumento de impuesto al tabaco señalando el potencial incentivo del comercio ilícito de cigarrillos.

«No vale la pena que los legisladores pierdan tiempo en eso. Aún en un escenario pesimista de potencial comercio ilícito el país va a obtener enormes beneficios si se aumenta el impuesto al tabaco», aseguró.

De acuerdo con lo reportado por el estudio, aún, considerando un escenario pesimista de potencial comercio ilícito, incrementar un 50% el precio de los cigarrillos a través de impuestos podría salvar 17.440 vidas en 10 años; evitar 74.040 enfermedades; y producir beneficios económicos totales de $ 547.659 millones.

Los resultados forman parte de una investigación en la que colaboraron más de 40 investigadores y centros de investigación e instituciones públicas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú.

Fuente: Télam

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    Renunció Cordero Fabbri: se cae otro engranaje del escándalo de las coimas de Karina en la ANDIS

     

    La salida de Ernesto Camilo Manuel Cordero Fabbri de la Oficina Anticorrupción profundiza la crisis que gira en torno a las presuntas coimas del 3% para Karina en la ANDIS. El funcionario, ya señalado en una investigación de Noticias La Insuperable por su vínculo con Miguel Ángel Calvete, presentó su renuncia en medio de un clima que huele cada vez más a encubrimiento, armas, listas manuscritas y negocios turbios con fondos destinados a personas con discapacidad.

    Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable

    Un renunciante que ya venía manchado

    La renuncia de Cordero Fabbri no cayó del cielo. Hace apenas unos días, Noticias La Insuperable expuso su nombre dentro de la lista manuscrita que manejaba Miguel Ángel Calvete, acusado de ser el operador central del denominado “choreo a los discapacitados” que dejaba un 3% para Karina. Con ese dato, Rodolfo Tailhade encendió todas las alarmas: el funcionario aparecía no solo en la lista de recaudadores sino también como abogado personal de Calvete en la causa donde este último terminó condenado por facilitación de la prostitución.

    Esa doble condición —funcionario de la Oficina Anticorrupción y defensor del jefe del entramado— ya era, de por sí, un escándalo institucional.

    La OA, la lista del “Tuco” y un cargo imposible de sostener

    Según expuso Tailhade, la lista incautada a Calvete incluía nombre, apellido y rol de Cordero Fabbri, que desde 2014 integraba un área clave de la OA: Coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias. El mismo que debía recibir denuncias de corrupción aparecía, según la investigación, vinculado a quienes las cometían.

    Como si esto fuera poco, su declaración jurada de 2021 consignaba ingresos patrimoniales en 1969, casi veinte años antes de haber nacido. Un registro absurdo, pero asentado oficialmente.

    Mientras tanto, ni Alejandro Melik (titular de la OA) ni Mariano Cúneo Libarona (Justicia) movieron un dedo. Cordero Fabbri siguió en su cargo como si nada.

    Hasta hoy.

    Finalmente, la renuncia

    En las últimas horas se confirmó que Camilo Cordero Fabbri dejó su puesto en la OA. Según trascendió, presentó su renuncia luego de que se multiplicaran los pedidos de explicaciones por su rol en el caso. El funcionario representaba jurídicamente a Calvete en la causa donde el operador recibió una pena de cuatro años de prisión por explotación de la prostitución ajena.

    La presión mediática, política y judicial hizo imposible sostenerlo. La renuncia, sin embargo, no aclara nada: solo muestra que el gobierno intenta despegarse del escándalo cuando el agua ya llegó al cuello.

    El caso ANDIS aprieta: Picardi avanza

    El fiscal Franco Picardi investiga a Calvete, al ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo y a otros 14 implicados por integrar una organización que direccionaba las compras de las Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), un área especialmente sensible porque maneja tratamientos quirúrgicos complejos y medicamentos biológicos para enfermedades raras.

    Es decir: plata para las personas con discapacidad.

    La acusación es clara: una estructura aceitada que recaudaba retornos, direccionaba compras y filtraba negocios para unos pocos. Y que, según las revelaciones ya conocidas, dejaba un 3% para Karina.

    La caída de un engranaje no desarma la máquina

    La renuncia de Cordero Fabbri puede leerse como un intento desesperado de Milei por despegarse de uno de los capítulos más oscuros de su gestión. Pero la estructura denunciada por Tailhade no depende de una sola persona: involucra funcionarios, operadores, abogados, ex directores y relaciones que vienen de años.

    Como ya había mostrado Noticias La Insuperable, Calvete movía su red con total impunidad. Que uno de sus defensores fuera funcionario clave de la OA no fue un accidente, sino parte del mismo entramado.

    La pregunta que queda flotando

    Si un funcionario de la Oficina Anticorrupción aparece en listas de recaudación ilegal, tiene un patrimonio inexplicable, porta un arsenal de armas y oficia de abogado de quien lideraba el “choreo” en la ANDIS…

    ¿Quién controla a los que supuestamente controlan?

    En un gobierno donde Milei grita que lucha contra la casta, lo que surge aquí no es épica libertaria sino una trama de complicidades, favores cruzados y silencios funcionales.

    La renuncia de Cordero Fabbri no cierra el caso: lo agranda.

     

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    El Gobierno impulsa la “inocencia fiscal”: un blindaje para los dólares bajo el colchón y menos juicios por evasión

     

    En una jugada que vuelve a beneficiar a quienes manejan dinero no declarado, el Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley de “Principio de Inocencia Fiscal”, una reforma profunda del Régimen Penal Tributario que reduce controles, acorta plazos de investigación y prácticamente elimina la necesidad de justificar consumos personales.

    Por Roque Pérez para NLI

    El oficialismo volvió a mover el tablero impositivo: la iniciativa enviada al Congreso busca transformar el Régimen Penal Tributario, hoy central en la persecución de la evasión, para reemplazarlo por un esquema con umbrales mucho más altos, plazos más cortos y un régimen a medida para quienes manejan dólares no declarados.

    Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto tiene un objetivo explícito: “inyectar” al mercado los dólares que la gente guarda sin declarar, reduciendo así la posibilidad de investigaciones penales y facilitando el uso corriente de ese dinero. En otras palabras, un blanqueo encubierto que premia al evasor mientras recorta recursos del Estado.

    Un proyecto que cambia las reglas del juego

    El texto, bautizado como “Principio de Inocencia Fiscal”, establece cinco reformas clave:


    1. Aumento monumental del umbral para investigar evasión

    La reforma pega directamente en el corazón del Régimen Penal Tributario. Los montos mínimos para iniciar una causa penal se disparan a niveles inéditos:

    • Evasión simple: pasa de $1,5 millones a $100 millones.
    • Evasión agravada: sube de $15 millones a $1.000 millones.

    Con estos cambios, un universo enorme de contribuyentes quedaría automáticamente fuera de cualquier riesgo penal, tomando como piso cifras imposibles de alcanzar para la mayoría de los evasores comunes.


    2. Prescripción recortada: de 5 a 3 años

    Otro beneficio directo: el Estado, a través de ARCA, tiene solo 3 años para reclamar impuestos omitidos o iniciar denuncias, en lugar de los 5 actuales.

    Un plazo más corto significa menos tiempo para investigar, menos causas y más margen para que los incumplimientos prescriban sin consecuencias.


    3. Régimen especial para los “dólares bajo el colchón”

    Uno de los puntos más polémicos: se crea un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias para personas con ingresos menores a $1.000 millones y patrimonio inferior a $10.000 millones.
    Dentro de este sistema:

    • Ya no será obligatorio justificar consumos personales.
    • Las personas podrán usar dinero no declarado sin riesgo de que ARCA les exija demostrar de dónde proviene.

    Es, en la práctica, una invitación a mover plata negra con total libertad.


    4. Menos denuncias penales si se paga a tiempo

    El proyecto establece que ARCA no formulará denuncias penales si la persona cancela la deuda antes de que se realice la presentación judicial.
    Además, si paga todos los impuestos adeudados más intereses y un recargo del 50% dentro de los 30 días del inicio de la investigación, tampoco enfrentará consecuencias penales.

    Es decir: pagar después es más barato que cumplir siempre.


    5. Multas formales mucho más altas

    Para compensar —según el propio texto— la reducción de controles, el proyecto incrementa notablemente las multas por incumplimientos formales.

    • No presentar declaración jurada:
      • Personas: sube de $200 a $220.000.
      • Sociedades: pasa a $440.000.

    Aunque el aumento suena impactante, estos montos no reemplazan la capacidad investigativa perdida, ni compensan la relajación penal incluida en el resto del proyecto.


    El paquete, presentado como una modernización, representa otro paso en la estrategia del Gobierno de favorecer la desregulación tributaria, premiar el uso de fondos no declarados y despejar del horizonte judicial a grandes evasores.

    Mientras Milei continúa recortando recursos al Estado y reduciendo controles, la “inocencia fiscal” aparece como un nuevo paraguas para quienes más tienen y menos aportan.

     

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