El consumo de tabaco le cuesta al sistema de salud más de $196 millones por año

 La crisis financiera de Granja Tres Arroyos ya suma varios meses y ahora derivó en el cierre por tiempo indeterminado de la planta La China, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. La empresa venía atravesando problemas graves, como anticipó LPO, y terminó pagando salarios cuotas. Los últimos acuerdos con los trabajadores preveían 10 cuotas para completar la quincena.

Joaquín de Grazia es el dueño de Granja Tres Arroyos y una de las espadas empresarias que defiende el modelo de Javier Milei y fue un acérrimo defensor de la reforma laboral que impulsó en gobierno y que está frenada en la justicia.

 El grupo avícola le atribuyó la decisión de cerrar la fábrica a los «continuos conflictos sindicales» y a medidas de fuerza que, según denunciaron, paralizaron la operación y rompieron la cadena productiva de la región.

[El mayor frigorífico avícola del país quedó al borde del cierre por la importación de pollo brasileño]

Sin embargo, la compañía venía arrastrando desde hacía meses una fuerte crisis financiera que afectó a todas sus plantas, con deudas a proveedores, criadores de pollos y trabajadores. La situación llegó a un punto crítico cuando las quincenas comenzaron a pagarse primero en dos cuotas, luego en cinco y finalmente en 10 veces y con incumplimientos permanentes en los cronogramas acordados.

«Se pactaba una fecha de pago y cuando llegaba el día la plata no aparecía», contó un trabajador del grupo que habló con LPO. La crisis también obligó a reducir jornadas laborales en distintas plantas de manera rotativa y los días que estaban parados, esa jornada se pagaba al 60% del convenio.

 La crisis también obligó a reducir jornadas laborales en distintas plantas de manera rotativa y los días que estaban parados, esa jornada se pagaba al 60% del convenio. 

El deterioro financiero de Tres Arroyos arrastró también a las plantas de la ex Cresta Roja que integran el grupo. La empresa ya había cerrado y desmantelado la Planta 1 de Ezeiza para concentrar toda la producción en Esteban Echeverría.

 [La crisis en Granja Tres Arroyos arrastra a la ex Cresta Roja, que bajó 30% su producción]

Cresta Roja llegó a tener unos 3500 trabajadores cuando comenzó su crisis en 2015. Hoy, en toda la cadena productiva que incluye producción de huevos, incubación, granjas de cría, molinos y frigoríficos, no llegan a 800 empleados.

En el sector atribuyen buena parte de la crisis a la apertura de importaciones de pollo brasileño, que golpeó con fuerza el mercado interno en un contexto de caída del consumo y pérdida de competitividad para la industria local, como adelantó LPO.

  A eso se sumaron las restricciones para exportar a principios de año por los problemas derivados por un brote de gripe aviar, que afectó a la producción destinada al mercado internacional. Ahora, el tema sanitario está resuelto, pero continúa el problema financiero que generó, dijeron a LPO fuentes que conocen bien la estructura productiva del grupo.  

 En el sector atribuyen buena parte de la crisis a la apertura de importaciones de pollo brasileño, que golpeó con fuerza el mercado interno en un contexto de caída del consumo y pérdida de competitividad para la industria local 

En el comunicado difundido este miércoles, la empresa admitió además atravesar una «delicada situación financiera» producto de la caída exportadora, la pérdida de competitividad y el deterioro económico del sector.

En el comunicado, la empresa sostuvo que debió ingresar en un proceso preventivo de crisis, implementar retiros voluntarios y afrontar pagos salariales «de manera escalonada y en cuotas».

De todos modos, la compañía responsabilizó principalmente al gremio por el cierre de la planta de Concepción del Uruguay y denunció «paros constantes», «trabajo a desgano», ausentismo y situaciones de bloqueo contra empleados que querían continuar trabajando.

«Luego de agotar todas las instancias posibles de diálogo y ante la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad para operar, la compañía se vio forzada a tomar la difícil decisión de cerrar la planta por tiempo indeterminado», señaló la firma.

Patricia Bullrich fue arrinconada este jueves por los senadores dialoguistas, que amagaron con voltear la sesión cuando se enteraron que el gobierno había modificado el articulado del proyecto del pago a los holdouts de Attestor y Bainbridge. 

La convocatoria al recinto había sido realizada para votar el pliego de Carlos «Coco» Mahiques, padre del ministro de Justicia, y darle estado parlamentario a los pliegos de los jueces de las provincias, además de sancionar el proyecto para saldar los últimos 171 millones de pesos con bonistas que no entraron a los canjes de deuda argentinos. Sin embargo, los cambios contrarreloj que metió el gobierno en el dictamen causó una revuelta el miércoles por la noche. 

Los senadores aliados detectaron entonces que el oficialismo quería imponer reformas y explicarlas a último momento. 

En efecto, la respuesta del bloque libertario ante la inquietud de los opositores fue casi ofensiva. «La traducción legalizada llegará mañana a la mañana porque se firmó después de las 15 y no se pudo legalizar hoy», se excusaron.

Por el efecto Adorni, a Bullrich se le complica el apoyo de los aliados en el Senado para los pliegos de los jueces 

Pero, además, la jugada revelaba una desprolijidad. «Fue un error de bonos, se arregló porque no son parte», admitió un libertario. 

A Bullrich le habría faltado cintura para resolver el entuerto. En la interlocución con los aliados, que no pasa por su mejor momento debido a la desordenada negociación de los pliegos de los jueces que reclaman los gobernadores, atinó a plantear: «Si quieren, mañana a la mañana Monteverde lo explica en 5 minutos». 

Gadano y Carambia.

Esa audacia desató la furia de los senadores radicales, los provinciales del peronismo disidente y los sin techo, como los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano. 

Por esa razón, la sesión se demoró este jueves, para desconcierto del interbloque de José Mayans. Mientras los legisladores libertarios iban llegando al recinto, Bullrich todavía lidiaba con el piquete de los dialoguistas. «Casi se cae la sesión», dijo un aliado a LPO. 

Las preguntas de los senadores eran sencillas y se activaron a partir de una adenda al Anexo A del acuerdo con Attestor. El gobierno alegaba que «se eliminaron del listado del Anexo A algunos bonos que no están en poder de los fondos y se agregó un nuevo bono que uno de los fondos tiene en su poder». 

Aunque el gobierno pretende que el grupo encabezado por Attestor informó que algunos de los bonos habían sido transferidos o liquidados después de la conciliación con Argentina, los aliados exigieron que el debate vuelva a realizarse en comisión.

La preocupación era que ese agregado genere un perjuicio para el país, pese a las explicaciones a destiempo del oficialismo. 

Según Bullrich, el monto del acuerdo se mantendría en USD104 millones. Aunque el gobierno pretende que el grupo encabezado por Attestor informó que algunos de los bonos habían sido transferidos o liquidados después de la conciliación con Argentina, los aliados exigieron que el debate vuelva a realizarse en comisión.

Pese al contratiempo, Victoria Villarruel pudo darle inicio a la sesión luego que Bullrich contuvo a los legisladores libertarios dispersos en el recinto. La resistencia de los aliados, tal como informó LPO, obedece al malestar que ya causó la tardanza de Juan Bautista Mahiques y Javier Milei para enviar los pliegos de los candidatos de los gobernadores para las vacantes del Poder Judicial.

Si quieren, Monteverde lo explica en 5 minutos.

Si bien el ministro de Justicia logró que la Casa Rosada mande las postulaciones de esos magistrados el martes pasado, los senadores empezaron a firmar los despachos después y se postergó para una próxima sesión su tratamiento en recinto. Fuentes judiciales dejaron la puerta abierta a la chance que el oficialismo y sus aliados acuerden un paquete de pliegos a aprobar contemplando las demandas de las provincias y las de Capital Federal y Buenos Aires.

El único límite tiene una dimensión reglamentaria y otra, política. En lo técnico, cualquier pliego al que se le da ingreso parlamentario requiere aviso público por Boletín Oficial y habilitación del período de recepción de impugnaciones, antes de llegar a la fecha de defensa en audiencia pública.

En general, ese procedimiento dura un mes, cuando apenas quedan 29 días para el inicio del campeonato Mundial de Fútbol. «Si llega el Mundial y los pliegos no se votaron, va a ser muy difícil que suceda después, cuando ya estén todos en campaña electoral», reumió una fuente al tanto de las discusiones.

El presupuesto oficial de $74.915.195, es aportado por el Gobierno Nacional, a partir de un convenio firmado con el Ministerio de Transporte. La obra tiene un plazo de ejecución de 9 meses e incluye la mejora del acceso a la planta alta del edificio, que en una segunda etapa, se convertirá en un centro de actividad…