La cifra surge de un modelo matemático realizado por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), afiliada a la Facultad de Medicina de la UBA. El estudio calculó que, si se aumentaran los impuestos a los productos del tabaco, incrementando su precio 50%, la Argentina obtendría un beneficio económico de $ 590.674 millones, por ahorro en los costos del sistema de salud.
Fumar mata a 123 personas por día y le cuesta al sistema de salud más de $ 196 millones por año para la atención médica de las patologías que provoca, reveló un estudio de modelo matemático realizado por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS).
El tabaquismo es la primera causa de muerte prevenible a nivel mundial y sus efectos negativos también se trasladan a la economía.
Al respecto el equipo de investigación del IECS, una institución académica afiliada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), también calculó que, si se aumentaran los impuestos a los productos del tabaco, incrementando su precio 50%, la Argentina obtendría un beneficio económico de $ 590.674 millones, proveniente principalmente del ahorro de costos en el sistema de salud y la mayor recaudación fiscal.
Es un monto con el cual se podrían construir, por ejemplo, 1.750 escuelas.
«El tabaquismo es un problema mayor de salud pública y nuestro objetivo es proveer de evidencia para que los gobiernos y sistemas de salud adopten políticas públicas más efectivas y eficientes que permitan combatirlo», explicó el director ejecutivo del IECS, doctor Andrés Pichon-Riviere.
Pichon-Riviere, magister en ciencias y en Epidemiología Clínica de la Universidad de Harvard, indicó que «en la Argentina, la recaudación por impuestos al tabaco solo cubre 26% de lo que el país gasta por los daños y costos directos e indirectos que produce«.
El tabaquismo es la primera causa de muerte prevenible a nivel mundial y sus efectos negativos también se trasladan a la economía.
Por su parte el economista Alfredo Palacios, coordinador de Economía de la Salud del IECS y autor principal del estudio, sostuvo que «a pesar de los progresos alcanzados en materia de impuestos en los últimos años, la carga de enfermedad por tabaquismo sigue siendo muy alta en Argentina, así como los costos directos e indirectos que implica».
«Los cigarrillos en Argentina son baratos -subrayó- y hay un margen para aumentar impuestos. Para la Organización Mundial de la Salud, aumentar el precio de los cigarrillos a través de impuestos es la mejor medida para reducir los impactos de esta epidemia», señaló Palacios
Se estima que en nuestro país el 29,6% de los hombres y el 20,4% de las mujeres fuma. Y eso no es gratuito para la economía y la sociedad.
Los investigadores del IECS estimaron que el cigarrillo produce cada año en el país:
101.736 casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC),
61.470 de enfermedades cardíacas,
32.650 de neumonías,
11.374 de accidente cerebrovascular (ACV)
19,178 de cánceres, incluyendo 9.513 de pulmón.
Asimismo, es responsable de:
9.972 muertes anuales por enfermedades cardíacas;
9.153 por enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC);
8.593 por cáncer de pulmón;
5.757 por otros cánceres;
5.144 por tabaquismo pasivo y otras causas;
3.915 por neumonía;
2.182 por accidente cerebrovascular (ACV).
En conjunto, estas cifras representan el 14% de las muertes anuales en el país.
Palacios explicó que en el estudio consideraron un argumento habitual de la industria tabacalera, que busca disuadir las políticas de aumento de impuesto al tabaco señalando el potencial incentivo del comercio ilícito de cigarrillos.
«No vale la pena que los legisladores pierdan tiempo en eso. Aún en un escenario pesimista de potencial comercio ilícito el país va a obtener enormes beneficios si se aumenta el impuesto al tabaco», aseguró.
De acuerdo con lo reportado por el estudio, aún, considerando un escenario pesimista de potencial comercio ilícito, incrementar un 50% el precio de los cigarrillos a través de impuestos podría salvar 17.440 vidas en 10 años; evitar 74.040 enfermedades; y producir beneficios económicos totales de $ 547.659 millones.
Los resultados forman parte de una investigación en la que colaboraron más de 40 investigadores y centros de investigación e instituciones públicas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú.
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La condena por cobro de sobornos al jefe de fiscales de Rosario Patricio Serjal, dictada hace tres semanas, hizo pasar casi desapercibida una sentencia que lo favoreció en otro acto de corrupción aparente, en la que de manera incomprensible perdonó al empresario Sergio Taselli por uno de los mayores casos de contaminación ambiental en la provincia de Santa Fe, el envenenamiento de 23 hectáreas por derramamiento de gas cloro comprobado a Petroquímica Capitán Bermúdez.
Es un asunto sensible y estratégico para Santa Fe, en tanto implica un daño del ecosistema constatado por múltiples pericias en una zona densamente poblada, a cinco kilómetros de Rosario, donde está en juego además de la salud pública el destino de tierras multimillonarias sobre el río, que el Estado provincial podría recuperar.
Pero es muy sensible también para las instituciones de Santa Fe que hicieron todo para que este caso quedara impune con resoluciones polémicas, de dudoso valor jurídico y hasta inentendibles, que involucra a actores de peso. Hasta el día que asumió como ministro de Justicia de la Nación, el abogado de Taselli, acusado por la contaminación, fue Mariano Cuneo Libarona. Los fiscales de este caso dijeron en audiencia no tener dudas de cuál fue el motivo por el cual Serjal, condenado por cobrar coimas para proteger a un capitalista de juego clandestino, ordenó el fin de la investigación a este grupo empresario ni bien comenzaba.
Taselli dirigió desde 2004 una veintena de empresas que explotan la generación de energía, metalurgia como Aceros Zapla, maquinaria agrícola y sector agropecuario La situación que termina con el perdón al empresario y al ex fiscal regional Serjal, que había dado la orden de renunciar a perseguirlo, fue una batalla a cielo abierto en el que la Corte Suprema de Santa Fe tuvo un papel controvertido en extremo que sigue en discusión.
Petroquímica Capitán Bermúdez.
Lo que pasó ahora es que el camarista penal Tomás Orso resolvió que el caso estaba prescripto. Esto en concordancia con el fallo de la Corte Santafesina que de una manera muy polémica aceptó un recurso de los nuevos defensores de Taselli, que de manera temprana, sin que hubiera lo que se llama gravamen irreparable porque la causa estaba empezando, dijo que correspondía revisar el caso y sostuvo luego que el tema no podía avanzar porque era cosa juzgada, contra todos los tribunales inferiores que opinaron lo contrario. Todo eso la Corte lo hizo dirimiendo un empate con un conjuez convocado en forma oscura.
La discusión judicial de este caso derrapó al bochorno y el escándalo. Pero lo que no resuelve la estructura jurídica que perdona a todos es el problema real, extraordinariamente grave, que es el de la contaminación comprobada que dejó la empresa de Taselli, el derrame del gas cloro. El caso judicial termina, nadie es culpable. Pero la grave crisis ambiental con acuíferos comprometidos perdura como problema escasamente atendido por las autoridades.
Los estudios de suelo realizados hace algo más de un año, pasados casi nueve de que una organización civil advirtiera el derrame, confirman niveles de polución graves originados por el tratamiento negligente de químicos altamente contaminantes en Petroquímica Capitán Bermúdez. Lo realizaron ingenieros de la UTN de San Nicolás.
El dictamen consta en el expediente 02102 0010468-8 de la cartera provincial de Medio Ambiente. Se consignan en el tomo quinto los exámenes sobre las muestras tomadas los días 16 al 31 de agosto de 2023 y las conclusiones de expertos de esa universidad. Indica que la fábrica elaboró durante años una gran cantidad de productos en base a cloro, solo o combinado, lo que en este caso último recibe el nombre genérico de compuestos organoclorados, que son muy persistentes para el medio ambiente y con altos niveles de toxicidad para el ser humano y el ecosistema.
El informe que recoge el dictamen técnico indica que el acuífero Pampeano, que se encuentra a una profundidad de 20 metros, «se encuentra severamente comprometido por presencia de compuestos organoclorados en concentraciones que superan lo reglamentado».
Petroquímica Capitán Bermúdez.
Esto es un problema actual que no resuelve el definitivo despegue de responsabilidad que realiza el camarista Orso. Que también favoreció a Patricio Serjal al desvincularlo del delito de encubrimiento, por el cual también estaba acusado el fiscal de Estado adjunto del gobierno del socialista Miguel Lifschitz, Gustavo Luzzini. Esto porque Luzzini consintió el cierre de la causa sin protestarla cuando tenía órdenes de Lifschitz de investigar a fondo e impulsar acciones contra los responsables del desastre ambiental.
Mariano Cuneo Libarona fue hasta asumir como ministro el abogado de Taselli, favorecido por la Justicia de Santa Fe.
Lo que dijo Orso básicamente es que no puede proseguir la investigación contra los tres responsables de Petroquímica-Sergio Taselli, su hijo Máximo Taselli y el directivo Matías Gallegos- ya que el fiscal Serjal ordenó archivarla lo que lo convirtió en cosa juzgada. Sin embargo jamás fueron juzgados los empresarios ni tampoco los funcionarios acusados de encubridores. Nunca nadie fue imputado ni hubo una investigación agotada. Y la sospecha es que eso, una contaminación enorme que persiste que le fue comprobada a una empresa poderosa, es porque como dijeron los fiscales en las audiencias corrió dinero para eso.
El camarista entendió que como hay una propuesta para remediar el daño ambiental en base a una conciliación entre la empresa denunciada y la provincia de Santa Fe la respuesta no debe ser meramente punitiva como pretendieron los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.
Orso tomó como válida la salida que dio Serjal al caso que es cerrarla con un principio de oportunidad que significa prescindir de la persecución penal. Es polémico porque Serjal tuvo esa discrecionalidad cuando está, como en este caso, comprometido el interés público, lo que prohíbe esa salida. Pero el camarista lo avaló cuando había un decreto de un gobernador que pedía investigar el caso hasta las últimas consecuencias.
En 2015 una organización no gubernamental y el gobierno santafesino advirtieron que Petroquímica Capitán Bermúdez operaba en instalaciones deterioradas, no aptas para la manipulación de esos químicos. Hubo inspecciones que evidenciaron falta de mantenimiento en accesorios, cañerías y tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas que se derramaron. Detectaron bombonas de cloro desgastadas a la intemperie, estructuras que contenían material peligroso para la salud deterioradas, tanques rotos donde se guardaban sustancias químicas como benceno, amianto y mercurio, y derramamiento de estos elementos químicos en tierra.
Un daño que no cesa
La compañía fabricaba gas cloro como principal producto, un gas venenoso con cualidades muy corrosivas. Su inhalación en pequeñas cantidades afecta las vías respiratorias. En el predio había presencia de sustancias altamente tóxicas en niveles 50 veces más altos que los tolerables para la salud de las personas. Un perito oficial, el ingeniero Andrés Salum, verificó bombonas de cloro desgastadas a la intemperie, estructuras que contenían material peligroso para la salud deterioradas, tanques rotos donde se guardaban sustancias químicas como benceno, amianto y mercurio, y derramamiento de estos elementos químicos en tierra.
Serjal ordenó renunciar a la persecución al fiscal actuante para dar a los empresarios un criterio de oportunidad, lo que el juez Juan José Tutau, ante ese pedido, concedió. Otro magistrado, Carlos Gazza, consideró más tarde que ese fallo fue injustificable y lo anuló, lo que resultó avalado después por unanimidad por los camaristas rosarinos Georgina Depetris, Alfredo Ivaldi y Carolina Hernández.
Pero la Corte de Santa Fe consideró que la orden de Serjal de favorecer a Taselli con un criterio de oportunidad significaba una salida justificada al trámite penal. La situación quedó trabada con tres votos por lado: los ministros Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi y Eduardo Spuler a favor del pedido de Taselli. Y sus colegas Mario Netri, Daniel Erbetta y Roberto Falistocco en disidencia. Hubo que convocar a un conjuez mediante un sorteo a puertas cerradas para dirimirlo. Se llamó al camarista Fernando Gentile Bersano. Con eso se desniveló en favor de lo que quería la empresa. La fiscalía que llevaba el caso no fue notificada ni de que se agregaba un votante al caso ni tampoco de lo resuelto.
Orso ahora dice que para el fiscal general Jorge Baclini, máxima autoridad al momento en que Taselli fue favorecido, le interesaba la remediación del ambiente más que la persecución penal. Esto generó la reacción en la apelación a la Corte Nacional del fiscal Schiappa Pietra. Este dice que no es cierto que para Baclini lo principal era la remediación y que no se puede omitir investigar a cambio de nada.
El hecho de que Orso destaque que el artículo 46 de la Constitución Nacional indica que el delito de daño ambiental genera prioritariamente la obligación de recomponer el ecosistema genera rechazo en los fiscales. Estos recordaron que un gobernador ordenó a los fiscales de Estado que denuncien un delito de contaminación ambiental en 2015. Que como consecuencia de eso se probó con técnicos del Ministerio de Medio Ambiente que el de Petroquímica Bermúdez es el pasivo ambiental más importante de la provincia y compromete el suelo, el agua y el aire de 23 hectáreas a la vera del río Paraná en una zona pre portuaria de alto valor geopolítico económico. Que esto está probado por lo que son hechos y que todas las remediaciones fueron fallidas por lo que fracasó cualquier intento de solución del caso por medios alternativos a la cuestión penal.
Ese fracaso, dicen, implicó la imposibilidad de arribar a un acuerdo remediatorio de las consecuencias dañinas para la salud que la contaminación del predio causa. Dicen los fiscales que unos artículos más arriba del que cita el camarista Orso la Constitución Nacional indica que los delitos de corrupción son equiparables a delitos de lesa humanidad. Y que por ello irán hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos si a nivel nacional el caso queda cerrado.
«Propuestas de remediación hubo en varios planes, lo que implicará trabajos de más de una década para intervenir en las vertientes del predio para que no desemboquen en el río, y también limpiar el terreno. Es algo muy costoso que es si duda fundamental para la solución del caso», le dijo a LPO el fiscal Schiappa Pietra. «Pero acá hay otro principio que es la reparación, económica y cómo es la salida punitiva. Nada de esto se discutió por lo que es irrelevante y equivocado jurídicamente pensar que porque hay remediación no se impulse la acción penal», dijo el fiscal contra el fallo del camarista Orso.
En la provincia de Santa Fe no están claras las acciones ni menos la energía política para resolver este pasivo ambiental que es el más importante en décadas. Desde la cartera de Medio Ambiente del gobierno de Maximiliano Pullaro, a cargo de Enrique Estévez indicaron a LPO que hay tres líneas de reparación ambiental en este momento que son el desmantelamiento edilicio en Petroquímica Capitán Bermúdez, el saneamiento del suelo y de las vertientes de agua en el terreno de la empresa.
El escándalo del caso Epstein vuelve a merodear cerca de Donald Trump. Los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron el miércoles correos electrónicos en los que Jeffrey Epstein escribió que el presidente Trump había «pasado horas en mi casa» con una de sus víctimas, entre otros mensajes que sugerían que el delincuente sexual creía que el presidente sabía más sobre sus abusos de lo que ha reconocido.
Pero el problema para Trump aparece por una teoría conspirativa de sus bases. Una de los idearios en el universo MAGA es la existencia de un listado con nombres poderosos que eran chantajeados por Epstein para preservar su poder.
Trump alimentó eso para usarlo en campaña, por ejemplo para vincular a Clinton y Obama con esas fiestas pero la realidad es que no indicios de existencia de ningún listado.
Trump y Epstein se distanciaron en 2004 en medio de una pelea legal por la tenencia de la Maison de l’Amitié, una mansión de estilo regencia francesa, situada junto al océano en Palm Beach. Trump salió vencedor, y la compró por 41,35 millones de dólares.
Lo cierto es que el New York Times afirma que los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dijeron que los correos electrónicos planteaban nuevas preguntas sobre la relación entre los dos hombres. En uno de los mensajes, Epstein afirmó rotundamente que Trump «sabía de las chicas», muchas de las cuales, según descubrieron posteriormente los investigadores, eran menores de edad.
En otro, Epstein reflexionó sobre cómo abordar las preguntas de los medios de comunicación sobre su relación a medida que Trump se convertía en una figura política nacional.
«Estos últimos correos electrónicos y correspondencia plantean preguntas evidentes sobre qué más está ocultando la Casa Blanca y la naturaleza de la relación entre Epstein y el presidente», dijo en un comunicado de Robert García, el principal demócrata del Comité de Supervisión.
El New York Times afirma que los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dijeron que los correos electrónicos planteaban nuevas preguntas sobre la relación entre los dos hombres. En uno de los mensajes, Epstein afirmó rotundamente que Trump «sabía de las chicas», muchas de las cuales, según descubrieron posteriormente los investigadores, eran menores de edad
Los tres intercambios de correos electrónicos separados publicados el miércoles datan de después del acuerdo de culpabilidad de Epstein en 2008 en Florida por cargos estatales de solicitar prostitución, en el que los fiscales federales acordaron no presentar cargos. Ocurrieron años después de que Trump y Epstein tuvieran un supuesto distanciamiento a principios de la década de 2000. Uno estaba dirigido a la confidente de larga data de Epstein, Ghislaine Maxwell, mientras que dos eran con el autor Michael Wolff.
En un correo electrónico de abril de 2011, Epstein le dijo a Maxwell, que posteriormente fue condenada por cargos relacionados con facilitar sus delitos: «Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump» y luego añadió que una víctima no identificada «pasó horas en mi casa con él, y nunca se lo ha mencionado». «He estado pensando en eso», respondió Maxwell.
Estos últimos correos electrónicos y correspondencia plantean preguntas evidentes sobre qué más está ocultando la Casa Blanca y la naturaleza de la relación entre Epstein y el presidente
Entre los correos publicados por el Times aparece uno de 2019, Epstein le escribió a Wolff sobre Trump: «Por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara». Los demócratas de la Cámara de Representantes, citando a un denunciante anónimo, dijeron esta semana que Maxwell se estaba preparando para pedirle formalmente a Trump que conmutara su sentencia de prisión federal.
Los correos electrónicos se proporcionaron al Comité de Supervisión junto con un lote mayor de documentos del patrimonio de Epstein que el panel solicitó como parte de su investigación sobre el financista y Maxwell, que cumple una condena de 20 años por cargos de tráfico sexual.
El personal del comité eliminó los nombres de las víctimas y cualquier información de identificación de los correos electrónicos. Debido a que no se ha publicado el conjunto completo de documentos, no estaba claro si los correos electrónicos se habían extraído de conversaciones más extensas que podrían haber proporcionado un contexto más completo.
Trump calificó las acusaciones en su contra como un «engaño» perpetrado por los demócratas y llamó a Epstein un «repugnante» y ha insistido en que nunca participó en ninguna irregularidad con él ni con Maxwell.
En mayo de este año, Elon Musk acusó a Trump de estar en los archivos del organizador de fiestas sexuales Epstein en medio de su salida del gobierno. El billonario dijo que su ex jefe debería ser destituido y amenazó: «La verdad saldrá a la luz».
Durante el 2020 la actividad comercial de Villa Regina no se detuvo de acuerdo a un informe del Departamento de Bromatología de la Municipalidad que indica que se registró un total de 204 altas de licencias comerciales, 296 renovaciones y 143 bajas. Si bien hay rubros que no pudieron retomar su actividad como consecuencia de…
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