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EL CAPITAL ES LA CIENCIA

Tres semanas de paro en 57 universidades públicas del país, el reclamo salarial y presupuestario  ya no es reclamo, sino exigencia, lucha. El 30 de agosto habrá una marcha hasta las puertas del ministerio de educación en capital, y se acompañará con movilizaciones en distintos puntos del país con la intención de visibilizar los reclamos de la educación superior.

En la última semana se presentó una carta a la Honorable Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación Argentina firmada por 202 directores de Unidades Ejecutoras del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnica) y de directivos de organismos públicos en cuyos ámbitos trabajan investigadores de dicha institución, con la intención de instar a los representantes a tratar la problemática para tomar medidas urgentes para enfrentar la “inminente parálisis” y la “grave crisis” que sufre y amenaza la supervivencia del sistema científico tecnológico del país.

El gobierno nacional hizo eco del reclamo y anunció la partida de 500 millones pesos para garantizar el funcionamiento del CONICET. La decisión administrativa del ejecutivo nacional se hará efectiva en septiembre. Jorge Aguado, secretario de planeamiento y políticas del ministerio de ciencia, tecnología e innovación productiva de la Nación; aseguró a medios nacionales que con ese monto se podrá completar el presupuesto para lo que resta del año. Desde el sector científico catalogaron la partida como un “leve paliativo” a la crisis actual que no prevé una solución total de la problemática.

El CONICET es un ente autárquico que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y está destinado a promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología de Argentina. Cuenta con casi diez mil investigadores, un número similar de becarios y casi tres mil técnicos, distribuidos en 250 institutos ubicados en 22 provincias del país.

En este contexto macroeconómico nacional de crisis presupuestaria y escaldada inflacionaria, de ajuste y recorte, de reclamos y de cercos mediáticos; me propongo salir de esta coyuntura y posicionarme desde un ideal educativo que permita que el país crezca y rompa con las estructuras que lo sumergen en la pobreza. Y sí, ese ideario, justamente tiene que ver con educación en investigación y tecnología.

En la actualidad los avances científicos determinan que naciones progresan más y cuales se quedan en el rezago de la pobreza. Esto tiene que ver con que vivimos en la “era del conocimiento”, donde los países que desarrollan productos con alto valor agregado generarán cada vez más riquezas, y los que produzcan materias primas o manufacturas básicas se estancarán, o bien, serán cada vez más pobres.

Se está consolidando una economía global sustentada en el trabajo mental, dejando de lado el trabajo manual. La relación, es lógica y simple, si no invertimos en educación, investigación y tecnología, continuamos decreciendo, incrementando los márgenes de pobreza. Si no invertimos, y encima recortamos, caminamos un laberinto sin salida, en el que los extremos son cada vez más cercanos. Se achica el margen.

No es casual que pequeños países que no tienen materias primas, y que cuentan con poco espacio territorial, tengan economías prósperas, incluso por encima de países que cuentan con grandes reservas de petróleo o gas, como el nuestro. Y para continuar el panorama desalentador, esta tendencia se acelera continuamente debido a que la tecnología avanza de manera exponencial, mientras nosotros debatimos cuestiones que deberían estar ya saldadas. 

Un país como el nuestro debe crear un ecosistema donde pueda florecer la innovación. Para darle espacio a ese desafío, deberíamos cumplimentar uno más simple ¿o complejo? aún, que nuestros representantes entiendan que en vez de desfinanciar la educación, tienen que invertir en ella.

Esto implica: tener un mejor sistema educativo, incentivos fiscales que estimulen la investigación y el desarrollo, mecanismos financieros para respaldar el riesgo y políticas que favorezcan los ítems mencionados. Una utopía que debe creerse realidad cuando pensamos en los que vienen de atrás.

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  • El radical Vischi desestima una denuncia contra Armella por planchar la investigación contra Chiqui Tapia

     

    Eduardo Vischi propuso rechazar in limine una denuncia contra el juez Luis Armella por trabar la investigación del caso Sur Finanzas, que involucra al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia.

    El impulsor del expediente contra el magistrado es el abogado Daniel Sarwer, que se hizo acreedor de la etiqueta de «denunciante serial», y su trámite debería discutirse este miércoles, en la comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura. Ese ámbito está presidido por el abogado César Grau pero también lo integran los jueces Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Alberto Lugones y Alejandra Provítola, los senadores Luis Juez, Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti y el propio Vischi y el moleísta Hugo Galderisi.

    La presencia de cuatro jueces en la comisión, más la recomendación de Vischi para desestimar la denuncia de Sarwer, coloca a Armella muy cerca de la chance de salvarse. Sin embargo, otros consejeros consideran que lo correcto sería discutir el expediente.

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    La iniciativa de Sarwer contra el juez a cargo del Juzgado N° 2 de Lomas de Zamora planteaba «la inacción, desatención o demora reiterada» por parte del magistrado en la causa de Sur Finanzas, que investiga una red de operaciones financieras vinculadas al dueño de la empresa, Ariel Vallejos, cercano al presidente de la AFA. «Este tipo de información no puede ser considerada una cuestión menor, y exige imperiosamente una investigación disciplinaria, a fin de determinar si se está ante negligencia grave, desidia funcional, incumplimiento de los deberes del magistrado, o cualquier otra conducta incompatible con la función judicial», sostuvo el denunciante.

    Luis Armella.

    Armella delegó la investigación en la fiscal Cecilia Incardona, quien había sonado como candidata para ocupar el cargo de Leopoldo Bruglia, silla que ahora podría quedar en manos de Pablo Yadarola si el Senado aprueba el pliego que la comisión de Acuerdos dictaminó el miércoles pasado. Incardona, que cosecha el apoyo de la familia judicial pero también del peronismo, habría sido atendida por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para brindarle explicaciones acerca de por qué no sería impulsada por el Poder Ejecutivo. Se rumorea, de todas maneras, que podría ser compensada en otro concurso, más adelante.

    Pese a la red de presunta protección que pretende demostrar Sarwer en su escrito, Vischi consideró que el texto contiene «relatos genéricos, vagos y de difícil comprensión».

    La denuncia incumple el deber de autosuficiencia. Si bien el Consejo no es formalista, el denunciante debe darle al cuerpo los elementos mínimos para saber qué expediente ir a buscar al juzgado.

    Para impedir el avance del expediente en el Consejo, el senador correntino señaló que «el denunciante no se refiere a ningún expediente o causa en particular» y «tampoco menciona datos que ayuden a identificar posibles expedientes, tales como fecha de presentación o entidades denunciadas». «La denuncia incumple el deber de autosuficiencia. Si bien el Consejo no es formalista, el denunciante debe darle al cuerpo los elementos mínimos para saber qué expediente ir a buscar al juzgado», fundamentó.

    Esa justificación despertó suspicacias entre los rivales de Vischi en la Magistratura. «Rechaza la denuncia porque no está especificada la fecha, cuando lo que correspondería es que los consejeros investiguen», dijo uno de los consejeros, al tiempo que otro objetó que se descarte a Sarwer por ser «denunciante serial»: «¿qué queda para Carrió?», se preguntó.

    Según el senador, «las deficiencias detalladas aniquilan las potestades investigativas de esta comisión, por lo que la denuncia debe ser rechazada por resultar manifiestamente improcedente». «La falta de pruebas que respalden las acusaciones y la confusión en la exposición de los hechos no justifican iniciar un proceso que podría afectar la integridad y el normal funcionamiento del sistema judicial», alegó.

     

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  • Pese a la presión del embajador Lamelas, Caputo otorgó RIGI a mineras chinas de litio

     

    La presión de Donald Trump para reducir la dependencia de China en minerales críticos choca en Argentina con una realidad difícil de modificar: las empresas chinas siguen ganando posiciones en la minería y aparecen detrás de algunos de los proyectos más importantes que buscan aprovechar los beneficios del RIGI.

    El fenómeno es particularmente fuerte en el litio. Si se suman los proyectos ya aprobados y aquellos que todavía esperan la luz verde del Gobierno, cerca del 70% de la capacidad productiva anunciada corresponde a desarrollos con participación directa de capital chino. No significa que China sea propietaria de ese porcentaje de la producción, pero muestra el peso que alcanzaron sus compañías en la expansión del sector.

    «China tiene una ventaja difícil de revertir porque no solamente aporta capital, sino que controla buena parte de la cadena industrial del litio. Para Argentina es muy difícil pensar una expansión acelerada de la producción sin financiamiento o participación de empresas chinas», explicó a LPO un analista del sector minero.

    La avanzada ya se observa dentro del RIGI. En junio, el Gobierno aprobó la ampliación de Cauchari-Olaroz, en Jujuy, operado por Minera Exar y con participación de la china Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y la estatal jujeña JEMSE. La segunda etapa contempla una inversión estimada de entre US$1.166 millones y US$1.241 millones y permitirá llevar la capacidad hasta unas 85.000 toneladas anuales.

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    Un mes después fue aprobado Tres Quebradas, en Catamarca. El proyecto pertenece a Liex, controlada por Zijin Mining, que prevé desembolsar alrededor de US$709 millones para sumar una segunda etapa con capacidad para producir otras 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio. Zijin controla el 100% del emprendimiento.

    Entre los dos proyectos, las compañías chinas ya tienen participación directa en desarrollos aprobados por el RIGI que proyectan una capacidad conjunta cercana a las 125.000 toneladas anuales. Pero el número podría crecer con fuerza si Economía habilita algunos de los expedientes que todavía están bajo análisis.

    China tiene una ventaja difícil de revertir porque no solamente aporta capital, sino que controla buena parte de la cadena industrial del litio. Para Argentina es muy difícil pensar una expansión acelerada de la producción sin financiamiento o participación de empresas chinas.

    La apuesta más importante es Pozuelos-Pastos Grandes (PPG), en Salta. Ganfeng desarrolla el proyecto junto con Lithium Argentina y proyecta una inversión de US$3.000 millones. El plan contempla alcanzar hasta 150.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente, distribuidas en tres etapas. Una vez consolidada la sociedad, Ganfeng tendrá el 67% y Lithium Argentina el 33%.

    «Si PPG finalmente entra al RIGI, el peso de Ganfeng en el mapa argentino cambia de escala. Es un proyecto que por sí solo puede alcanzar una capacidad superior a la de varias operaciones que actualmente están en producción», señaló la fuente consultada por LPO.

    Ganfeng y Zijin tampoco están solas. CNGR Advanced Material presentó un proyecto para el Salar de Jama, en Jujuy, que contempla una inversión de US$1.151 millones y una capacidad de aproximadamente 22.000 toneladas anuales. A eso se suma Litio Ángeles, vinculado a Tibet Summit/Xizang Zhufeng, con una inversión estimada en US$726 millones para producir unas 50.000 toneladas.

    La presencia china se extiende además fuera del litio. Uno de los casos más importantes es Veladero, la mina de oro y plata de San Juan controlada en partes iguales por Barrick y Shandong Gold. El Gobierno aprobó este año el ingreso al RIGI de la ampliación de las fases 8 y 9 del sistema de lixiviación, lo que incorporó a otra de las grandes mineras chinas al régimen.

    El avance se produce mientras Milei profundiza su alineamiento político con Trump. Estados Unidos convirtió el acceso a minerales críticos en un asunto de seguridad nacional y busca reducir especialmente la dependencia de los suministros procesados en China. En febrero, Buenos Aires y Washington firmaron un acuerdo sobre minerales críticos, aunque el canciller Pablo Quirno aclaró que eso no implicaba excluir inversiones provenientes del gigante asiático.

    «Washington puede intentar limitar la dependencia china en sus propias cadenas de suministro, pero es mucho más difícil pedirle a Argentina que rechace inversiones por miles de millones de dólares. El RIGI fue diseñado para atraer capital y no establece una diferenciación geopolítica sobre su origen», explicó el operador consultado.

    Washington puede intentar limitar la dependencia china en sus propias cadenas de suministro, pero es mucho más difícil pedirle a Argentina que rechace inversiones por miles de millones de dólares. El RIGI fue diseñado para atraer capital y no establece una diferenciación geopolítica sobre su origen.

    Ese punto expone una de las contradicciones de la estrategia de Milei. Mientras el Gobierno construyó una relación política privilegiada con Washington, la economía argentina mantiene vínculos difíciles de reemplazar con Beijing. China continúa siendo uno de los principales compradores de productos argentinos, tiene una presencia creciente en la minería y además mantiene un rol relevante en las reservas internacionales del Banco Central a través del swap de monedas.

    La dimensión económica ayuda a explicar esa convivencia. Las exportaciones mineras alcanzaron US$4.742 millones durante el primer semestre, un salto del 74,4% frente al mismo período de 2025. En ese contexto, China compró el 20% de las ventas mineras argentinas, frente al 9% que tuvo como destino Estados Unidos.

    El RIGI, mientras tanto, se convirtió en una pieza central de esa expansión. El régimen ya acumula 21 proyectos aprobados por una inversión total de US$46.708 millones y la minería es el sector con mayor presencia, con 12 iniciativas. Además, permanecen bajo estudio otros 23 proyectos por US$152.271 millones, siete de ellos mineros.

    La paradoja es que mientras Trump intenta alejar a China de las cadenas occidentales de minerales críticos, el principal instrumento de Milei para atraer grandes inversiones puede terminar consolidando la posición de Beijing sobre algunos de los recursos más estratégicos de Argentina.

     

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