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EL CAPITAL ES LA CIENCIA

Tres semanas de paro en 57 universidades públicas del país, el reclamo salarial y presupuestario  ya no es reclamo, sino exigencia, lucha. El 30 de agosto habrá una marcha hasta las puertas del ministerio de educación en capital, y se acompañará con movilizaciones en distintos puntos del país con la intención de visibilizar los reclamos de la educación superior.

En la última semana se presentó una carta a la Honorable Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación Argentina firmada por 202 directores de Unidades Ejecutoras del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnica) y de directivos de organismos públicos en cuyos ámbitos trabajan investigadores de dicha institución, con la intención de instar a los representantes a tratar la problemática para tomar medidas urgentes para enfrentar la “inminente parálisis” y la “grave crisis” que sufre y amenaza la supervivencia del sistema científico tecnológico del país.

El gobierno nacional hizo eco del reclamo y anunció la partida de 500 millones pesos para garantizar el funcionamiento del CONICET. La decisión administrativa del ejecutivo nacional se hará efectiva en septiembre. Jorge Aguado, secretario de planeamiento y políticas del ministerio de ciencia, tecnología e innovación productiva de la Nación; aseguró a medios nacionales que con ese monto se podrá completar el presupuesto para lo que resta del año. Desde el sector científico catalogaron la partida como un “leve paliativo” a la crisis actual que no prevé una solución total de la problemática.

El CONICET es un ente autárquico que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y está destinado a promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología de Argentina. Cuenta con casi diez mil investigadores, un número similar de becarios y casi tres mil técnicos, distribuidos en 250 institutos ubicados en 22 provincias del país.

En este contexto macroeconómico nacional de crisis presupuestaria y escaldada inflacionaria, de ajuste y recorte, de reclamos y de cercos mediáticos; me propongo salir de esta coyuntura y posicionarme desde un ideal educativo que permita que el país crezca y rompa con las estructuras que lo sumergen en la pobreza. Y sí, ese ideario, justamente tiene que ver con educación en investigación y tecnología.

En la actualidad los avances científicos determinan que naciones progresan más y cuales se quedan en el rezago de la pobreza. Esto tiene que ver con que vivimos en la “era del conocimiento”, donde los países que desarrollan productos con alto valor agregado generarán cada vez más riquezas, y los que produzcan materias primas o manufacturas básicas se estancarán, o bien, serán cada vez más pobres.

Se está consolidando una economía global sustentada en el trabajo mental, dejando de lado el trabajo manual. La relación, es lógica y simple, si no invertimos en educación, investigación y tecnología, continuamos decreciendo, incrementando los márgenes de pobreza. Si no invertimos, y encima recortamos, caminamos un laberinto sin salida, en el que los extremos son cada vez más cercanos. Se achica el margen.

No es casual que pequeños países que no tienen materias primas, y que cuentan con poco espacio territorial, tengan economías prósperas, incluso por encima de países que cuentan con grandes reservas de petróleo o gas, como el nuestro. Y para continuar el panorama desalentador, esta tendencia se acelera continuamente debido a que la tecnología avanza de manera exponencial, mientras nosotros debatimos cuestiones que deberían estar ya saldadas. 

Un país como el nuestro debe crear un ecosistema donde pueda florecer la innovación. Para darle espacio a ese desafío, deberíamos cumplimentar uno más simple ¿o complejo? aún, que nuestros representantes entiendan que en vez de desfinanciar la educación, tienen que invertir en ella.

Esto implica: tener un mejor sistema educativo, incentivos fiscales que estimulen la investigación y el desarrollo, mecanismos financieros para respaldar el riesgo y políticas que favorezcan los ítems mencionados. Una utopía que debe creerse realidad cuando pensamos en los que vienen de atrás.

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    UNA MANGA DE CHANTAS: Sturzenegger también adhirió al régimen de Inocencia Fiscal

     

    Mientras el Gobierno construye un discurso de supuesta superioridad moral contra quienes reciben asistencia estatal, protestan o cuestionan sus políticas, cada vez aparecen más funcionarios que utilizan el mismo régimen que el oficialismo promocionó para regularizar activos y patrimonios. Tras conocerse la adhesión de Manuel Adorni y su esposa, ahora trascendió que Federico Sturzenegger también recurrió a la denominada «Inocencia Fiscal».

    Por Roque Pérez para NLI

    El relato libertario volvió a chocar contra la realidad. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se sumó al Régimen Simplificado de Ganancias conocido oficialmente como «Inocencia Fiscal», un esquema impulsado por el propio Gobierno para facilitar la exteriorización y regularización patrimonial bajo nuevas condiciones. La información apareció pocas horas después de que se conociera que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa también habían presentado la adhesión.

    La noticia profundiza una contradicción política que ya resulta difícil de ocultar. El mismo oficialismo que construyó buena parte de su identidad acusando a otros sectores de vivir de privilegios, esconder dinero o aprovechar beneficios estatales, ahora exhibe una larga lista de funcionarios utilizando un mecanismo creado por el propio Gobierno para blanquear situaciones fiscales y obtener seguridad jurídica.

    De Adorni a Sturzenegger, una cadena de adhesiones

    La revelación sobre Sturzenegger llega apenas horas después de la polémica generada por la adhesión de Adorni y de su esposa, un episodio que abrió fuertes cuestionamientos sobre la utilización del régimen por parte de los más altos funcionarios nacionales.

    La situación adquiere una dimensión política todavía mayor porque fue este mismo Gobierno el que impulsó la denominada Ley de Inocencia Fiscal como una herramienta para incentivar el ingreso al sistema de activos no declarados y reducir las consecuencias penales de determinadas infracciones tributarias. Entre sus principales modificaciones se elevaron considerablemente los montos para configurar delitos de evasión y se simplificaron procedimientos administrativos.

    Mientras tanto, desde el discurso oficial se continúa apelando a conceptos como «la casta», «la superioridad moral» y la necesidad de terminar con los privilegios de la política, aunque cada nueva revelación parece mostrar que las herramientas creadas por el Ejecutivo también son utilizadas por quienes integran el propio gabinete.

    La doble vara como política

    No es la primera vez que un gobierno liberal queda asociado a un régimen de sinceramiento fiscal utilizado por sus propios funcionarios. Durante la administración de Mauricio Macri, el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, también había sido señalado por acogerse al blanqueo de capitales impulsado por ese gobierno antes de asumir su cargo, una situación que generó fuertes cuestionamientos públicos.

    Ahora, la historia parece repetirse con otro protagonista de peso dentro del gabinete de Milei. Sturzenegger, uno de los principales ideólogos del programa de desregulación y reducción del Estado, aparece entre quienes eligieron adherir al régimen que el oficialismo presenta como un «cambio de paradigma» en materia tributaria.

    La contradicción resulta evidente: mientras se exige transparencia absoluta para amplios sectores de la sociedad y se condena con dureza cualquier irregularidad ajena, los máximos funcionarios recurren a un mecanismo especialmente diseñado para regularizar su propia situación fiscal bajo reglas mucho más favorables.

    La moral libertaria parece funcionar con dos velocidades: una inflexible para el ciudadano común y otra considerablemente más flexible cuando los beneficiarios son quienes integran el propio Gobierno.

     

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