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EL CAPITAL ES LA CIENCIA

Tres semanas de paro en 57 universidades públicas del país, el reclamo salarial y presupuestario  ya no es reclamo, sino exigencia, lucha. El 30 de agosto habrá una marcha hasta las puertas del ministerio de educación en capital, y se acompañará con movilizaciones en distintos puntos del país con la intención de visibilizar los reclamos de la educación superior.

En la última semana se presentó una carta a la Honorable Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación Argentina firmada por 202 directores de Unidades Ejecutoras del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnica) y de directivos de organismos públicos en cuyos ámbitos trabajan investigadores de dicha institución, con la intención de instar a los representantes a tratar la problemática para tomar medidas urgentes para enfrentar la “inminente parálisis” y la “grave crisis” que sufre y amenaza la supervivencia del sistema científico tecnológico del país.

El gobierno nacional hizo eco del reclamo y anunció la partida de 500 millones pesos para garantizar el funcionamiento del CONICET. La decisión administrativa del ejecutivo nacional se hará efectiva en septiembre. Jorge Aguado, secretario de planeamiento y políticas del ministerio de ciencia, tecnología e innovación productiva de la Nación; aseguró a medios nacionales que con ese monto se podrá completar el presupuesto para lo que resta del año. Desde el sector científico catalogaron la partida como un “leve paliativo” a la crisis actual que no prevé una solución total de la problemática.

El CONICET es un ente autárquico que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y está destinado a promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología de Argentina. Cuenta con casi diez mil investigadores, un número similar de becarios y casi tres mil técnicos, distribuidos en 250 institutos ubicados en 22 provincias del país.

En este contexto macroeconómico nacional de crisis presupuestaria y escaldada inflacionaria, de ajuste y recorte, de reclamos y de cercos mediáticos; me propongo salir de esta coyuntura y posicionarme desde un ideal educativo que permita que el país crezca y rompa con las estructuras que lo sumergen en la pobreza. Y sí, ese ideario, justamente tiene que ver con educación en investigación y tecnología.

En la actualidad los avances científicos determinan que naciones progresan más y cuales se quedan en el rezago de la pobreza. Esto tiene que ver con que vivimos en la “era del conocimiento”, donde los países que desarrollan productos con alto valor agregado generarán cada vez más riquezas, y los que produzcan materias primas o manufacturas básicas se estancarán, o bien, serán cada vez más pobres.

Se está consolidando una economía global sustentada en el trabajo mental, dejando de lado el trabajo manual. La relación, es lógica y simple, si no invertimos en educación, investigación y tecnología, continuamos decreciendo, incrementando los márgenes de pobreza. Si no invertimos, y encima recortamos, caminamos un laberinto sin salida, en el que los extremos son cada vez más cercanos. Se achica el margen.

No es casual que pequeños países que no tienen materias primas, y que cuentan con poco espacio territorial, tengan economías prósperas, incluso por encima de países que cuentan con grandes reservas de petróleo o gas, como el nuestro. Y para continuar el panorama desalentador, esta tendencia se acelera continuamente debido a que la tecnología avanza de manera exponencial, mientras nosotros debatimos cuestiones que deberían estar ya saldadas. 

Un país como el nuestro debe crear un ecosistema donde pueda florecer la innovación. Para darle espacio a ese desafío, deberíamos cumplimentar uno más simple ¿o complejo? aún, que nuestros representantes entiendan que en vez de desfinanciar la educación, tienen que invertir en ella.

Esto implica: tener un mejor sistema educativo, incentivos fiscales que estimulen la investigación y el desarrollo, mecanismos financieros para respaldar el riesgo y políticas que favorezcan los ítems mencionados. Una utopía que debe creerse realidad cuando pensamos en los que vienen de atrás.

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    La otra mentira gorila: El mito del oro nazi

     

    Durante décadas, una acusación se repite con una seguridad que contrasta brutalmente con la fragilidad de sus pruebas: que la Argentina fue refugio del llamado “oro nazi”, que el Banco Central actuó como engranaje financiero del saqueo del Tercer Reich y que el país habría sido cómplice silencioso de uno de los mayores crímenes económicos del siglo XX. La afirmación circula como verdad revelada, pero cuando se la somete al examen de la documentación histórica, el relato empieza a resquebrajarse.

    Por Walter Onorato para NLI

    Eso es exactamente lo que demuestra la investigación “Transacciones del Banco Central de la República Argentina en oro y divisas con países del Eje y neutrales”, realizada por los historiadores Mario Rapoport y Andrés Musacchio en el marco de la Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades del Nazismo en la Argentina (CEANA). No se trata de una defensa política ni de una opinión ideológica, sino de un estudio riguroso basado en archivos oficiales del Banco Central, balances contables, libros de oro en custodia, documentación diplomática argentina y extranjera y el cruce sistemático con los informes de las comisiones investigadoras de Suiza y de Estados Unidos. La conclusión a la que llegan es tan clara como incómoda para los cultores del mito: no existen evidencias documentales de que el Banco Central argentino haya recibido oro nazi.

    El primer problema del relato conspirativo es conceptual. El llamado “oro nazi” no es una categoría homogénea. Puede referirse al oro saqueado a las víctimas del nazismo, a las reservas de los bancos centrales de países ocupados, a las fortunas personales de jerarcas nazis en fuga o a depósitos bloqueados en países neutrales. Rapoport y Musacchio parten de esa distinción básica —habitualmente omitida— y siguen el rastro del oro allí donde necesariamente debería aparecer si la acusación fuera cierta: en los registros contables del Banco Central de la República Argentina.

    Lo que encuentran es exactamente lo contrario de lo que promete la leyenda. Entre 1942 y 1948, los libros de “oro en custodia” y “oro en barras” del BCRA muestran que la Argentina no fue receptora, sino expulsora de oro. Las principales operaciones con bancos de países neutrales, especialmente Suiza y Portugal —señalados durante años como intermediarios privilegiados del oro nazi— registran salidas de oro desde Buenos Aires hacia el exterior, en particular hacia la Reserva Federal de Nueva York o hacia las casas centrales de esos bancos. Si la Argentina hubiera sido un destino del oro nazi, los registros mostrarían ingresos físicos relevantes. No los hay.

    El caso suizo es especialmente revelador. Contra lo que sugiere el imaginario popular, los datos de la propia banca helvética, analizados por la Comisión Bergier, indican que durante la guerra Suiza fue compradora neta de oro argentino y que las transacciones con la Argentina representaron una fracción ínfima del total de sus operaciones. Más aún: la Argentina no compró oro a Suiza durante el período bélico, lo vendió. Es decir, el flujo va en sentido inverso al que exigiría cualquier hipótesis de “lavado” de oro nazi.

    Con Portugal ocurre algo similar. Los registros del Banco de Portugal muestran que las operaciones consistieron básicamente en compras de oro argentino para su posterior traslado a la Reserva Federal estadounidense. Tampoco aquí aparece la Argentina como receptora de oro, sino como país del que el oro sale. Ninguna de estas operatorias responde al patrón esperable de un país que está recibiendo oro malhabido.

    Otro dato que incomoda a los defensores del mito es el comercio. Durante la Segunda Guerra Mundial, el intercambio entre Argentina y Alemania se interrumpió por completo. Sin comercio regular, Alemania no tenía razón económica alguna para transferir oro a la Argentina. La hipótesis de una triangulación sistemática a través de países neutrales también se derrumba: la investigación sólo encuentra episodios marginales de contrabando, de escala reducida y sin participación de las máximas autoridades del Estado argentino. No hubo comercio triangular regular y, por lo tanto, no hubo financiamiento sistemático mediante oro.

    No es casual que el mito del “oro nazi” haya sido dirigido casi exclusivamente contra el peronismo. La acusación no nació de una investigación histórica, sino de una necesidad política: construir un Perón ilegítimo, inmoral y criminal, incapaz de ser derrotado en el plano social pero vulnerable en el plano simbólico. El gorilismo necesitó presentar al primer gobierno peronista no como un proyecto de justicia social y soberanía económica, sino como una anomalía oscura, vinculada al fascismo europeo y financiada con riquezas malhabidas. En ese marco, el “oro nazi” funcionó como un arma narrativa perfecta: imposible de probar, pero fácil de repetir.

    El trabajo de Rapoport y Musacchio deja al descubierto ese mecanismo con claridad demoledora. Cuando se revisan los archivos del Banco Central, el relato se cae. No aparece el oro, no aparece el flujo, no aparece la complicidad. Lo que sí aparece es una operación política clásica del antiperonismo: transformar la sospecha en certeza y la mentira en sentido común histórico.

    La investigación no elude los puntos grises. Analiza los depósitos de ciudadanos alemanes incautados por el Estado argentino, los fondos de la embajada alemana tras la ruptura de relaciones y el célebre depósito de 40 lingotes vinculado a la empresa SAFU de Fritz Mandl. En ninguno de esos casos se encuentran pruebas de que se trate de “oro nazi”. En algunos, el origen no puede reconstruirse con precisión, pero el criterio metodológico es claro: la falta de información no equivale a culpabilidad. La historia no se escribe con conjeturas.

    ¿Por qué, entonces, el mito del oro nazi en la Argentina sigue circulando con tanta fuerza? Porque es funcional. Permite simplificar la historia, demonizar un proyecto político popular, justificar odios de clase y evitar discusiones más profundas sobre soberanía económica, distribución del ingreso y poder real. Es más cómodo repetir una acusación que revisar archivos.

    La investigación de Rapoport y Musacchio demuestra que cuando se abandona la mitología y se entra en el terreno de la documentación, el relato se desinfla. No hubo un Banco Central argentino actuando como lavadora del saqueo nazi. No hubo un flujo sistemático de oro nazi hacia la Argentina. Hubo, sí, una mentira persistente, útil y gorila, que durante años intentó reemplazar a la historia. Y que, una vez más, no resiste el archivo.

     

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