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EL CAPITAL ES LA CIENCIA

Tres semanas de paro en 57 universidades públicas del país, el reclamo salarial y presupuestario  ya no es reclamo, sino exigencia, lucha. El 30 de agosto habrá una marcha hasta las puertas del ministerio de educación en capital, y se acompañará con movilizaciones en distintos puntos del país con la intención de visibilizar los reclamos de la educación superior.

En la última semana se presentó una carta a la Honorable Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación Argentina firmada por 202 directores de Unidades Ejecutoras del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnica) y de directivos de organismos públicos en cuyos ámbitos trabajan investigadores de dicha institución, con la intención de instar a los representantes a tratar la problemática para tomar medidas urgentes para enfrentar la “inminente parálisis” y la “grave crisis” que sufre y amenaza la supervivencia del sistema científico tecnológico del país.

El gobierno nacional hizo eco del reclamo y anunció la partida de 500 millones pesos para garantizar el funcionamiento del CONICET. La decisión administrativa del ejecutivo nacional se hará efectiva en septiembre. Jorge Aguado, secretario de planeamiento y políticas del ministerio de ciencia, tecnología e innovación productiva de la Nación; aseguró a medios nacionales que con ese monto se podrá completar el presupuesto para lo que resta del año. Desde el sector científico catalogaron la partida como un “leve paliativo” a la crisis actual que no prevé una solución total de la problemática.

El CONICET es un ente autárquico que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y está destinado a promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología de Argentina. Cuenta con casi diez mil investigadores, un número similar de becarios y casi tres mil técnicos, distribuidos en 250 institutos ubicados en 22 provincias del país.

En este contexto macroeconómico nacional de crisis presupuestaria y escaldada inflacionaria, de ajuste y recorte, de reclamos y de cercos mediáticos; me propongo salir de esta coyuntura y posicionarme desde un ideal educativo que permita que el país crezca y rompa con las estructuras que lo sumergen en la pobreza. Y sí, ese ideario, justamente tiene que ver con educación en investigación y tecnología.

En la actualidad los avances científicos determinan que naciones progresan más y cuales se quedan en el rezago de la pobreza. Esto tiene que ver con que vivimos en la “era del conocimiento”, donde los países que desarrollan productos con alto valor agregado generarán cada vez más riquezas, y los que produzcan materias primas o manufacturas básicas se estancarán, o bien, serán cada vez más pobres.

Se está consolidando una economía global sustentada en el trabajo mental, dejando de lado el trabajo manual. La relación, es lógica y simple, si no invertimos en educación, investigación y tecnología, continuamos decreciendo, incrementando los márgenes de pobreza. Si no invertimos, y encima recortamos, caminamos un laberinto sin salida, en el que los extremos son cada vez más cercanos. Se achica el margen.

No es casual que pequeños países que no tienen materias primas, y que cuentan con poco espacio territorial, tengan economías prósperas, incluso por encima de países que cuentan con grandes reservas de petróleo o gas, como el nuestro. Y para continuar el panorama desalentador, esta tendencia se acelera continuamente debido a que la tecnología avanza de manera exponencial, mientras nosotros debatimos cuestiones que deberían estar ya saldadas. 

Un país como el nuestro debe crear un ecosistema donde pueda florecer la innovación. Para darle espacio a ese desafío, deberíamos cumplimentar uno más simple ¿o complejo? aún, que nuestros representantes entiendan que en vez de desfinanciar la educación, tienen que invertir en ella.

Esto implica: tener un mejor sistema educativo, incentivos fiscales que estimulen la investigación y el desarrollo, mecanismos financieros para respaldar el riesgo y políticas que favorezcan los ítems mencionados. Una utopía que debe creerse realidad cuando pensamos en los que vienen de atrás.

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    La crisis del Pami se expande en las prestaciones odontológicas, que permanecen suspendidas desde lunes y hasta el miércoles a raíz de un paro de los profesionales del sector que denuncian una retribución insostenible y deudas que se arrastran de 2025.

    «Las autoridades del PAMI deberán responder ante los pacientes por la situación de abandono que han provocado», señalaron en un comunicado desde la Asociación de Profesionales Appamia, que apuntaron directamente contra la conducción del organismo, a cargo de Esteban Leguizamo.

    Los odontólogos denunciaron una interrupción en la cadena de pagos de las retribuciones por capitación desde febrero, además de demoras en la devolución de montos por prótesis brindadas a afiliados, sumas que habían sido adelantadas por los profesionales desde diciembre de 2025.

    Otro factor determinante del paro es el monto irrisorio que éstos profesionales cobran por cápita. «Los valores han quedado completamente desfasados: estamos cobrando $372 el valor cápita y así no podemos seguir sosteniendo la atención», dijo a Radio Provincia Fernanda Scoccia, secretaria de Appamia.

    Frente a eso, advirtieron que el paro responde al «agotamiento y falta de respuesta coherente y viable» por parte de las autoridades de la obra social.

     Los valores han quedado completamente desfasados: estamos cobrando $372 el valor cápita y así no podemos seguir sosteniendo la atención 

    Desde el año pasado, la ausencia de prestaciones provocaron una avalancha de demandas en la Justicia por parte de afiliados del Pami. Pero, ahora, el agravamiento de la situación empieza a desatar presentaciones judiciales de sanatorios que denuncian que los convenios con Pami los están fundiendo.

     Por caso, días atrás la clínica Cemeda de Olavarría, que atiende 2.118 afiliados del Pami, interpuso un amparo contra el Pami a fin de que se ordene la designación de un nuevo prestador que asuma la cápita actualmente correspondiente a Cemeda. 

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    Según consta en la presentación a la que tuvo acceso LPO, en Cemeda ya habían presentado en febrero último una carta a las autoridades del Pami en la que denunciaron que «las condiciones económicas del contrato jamás resultaron favorables para Cemeda, que debió continuar la prestación de los servicios bajo un valor de cápita absolutamente depreciado».

    En el sanatorio acusaron que el valor de la cápita «en modo alguno acompañó el proceso inflacionario generalizado», lo que comprometió «seriamente la vialidad económica de la clínica».

    En la clínica Cemeda de Olavarría alertan que la continuidad del contrato con Pami «podría conducir al quebranto de la institución y a la consecuente pérdida de puestos de trabajo de casi un centenar de empleados directos».

    Y agregaron: «Los montos que el instituto abona por la cápita asignada y por las prestaciones moduladas resultan insuficientes para cubrir los honorarios de los médicos especialistas, quienes se niegan sistemáticamente a prestar servicios a los valores vigentes».

    Así, alertó que la continuidad del contrato con Pami «podría conducir al quebranto de la institución y a la consecuente pérdida de puestos de trabajo de casi un centenar de empleados directos».

     

     

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    Los intendentes del PRO tuvieron la primera reunión con Diego Santilli desde que fue designado en el gabinete de Javier Milei.

    La necesidad de una reunión con el ministro del Interior era algo que los jefes comunales amarillos ya habían planteado en el encuentro de abril último donde participó Mauricio Macri y Santilli se ausentó.

    En aquella oportunidad, los intendentes ya habían comenzado su catarsis por las relaciones conflictivas con libertarios locales y la falta de articulación con Nación.

    Frente a esa bronca incipiente, el ex presidente llamó a fortalecer la identidad PRO y los armados locales a 2027, en un contexto donde -como anticipó LPO- no descarta una eventual candidatura presidencial.

     «No ponen palos en la rueda, ponen plantas», graficó a LPO uno de los intendentes consultados, que agregó: «Tengo más oposición en los libertarios que en el peronismo». 

    Este martes, la reunión coordinada por Cristian Ritondo y Soledad Martínez (presidente y vice del PRO bonaerense), se extendió por más de dos horas y en lo político la centralidad la tuvo la conflictiva convivencia que muchos intendentes mantienen con los concejales de LLA.

    «No ponen palos en la rueda, ponen plantas», graficó a LPO uno de los intendentes consultados, que agregó: «Tengo más oposición en los libertarios que en el peronismo».

    En mayor o menor medida, las tensiones con los libertarios flotan en la gran mayoría de los municipios PRO. Un caso extremo es el de Nueve de Julio, donde el bloque libertario hasta llegó a pedir la destitución de la intendenta María José Gentile.

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    Más allá de eso, las urgencias del cotidiano también ocuparon la agenda del encuentro. En todos los municipios existen trabajos de infraestructura de Nación a medio terminar.

    La idea es gestionar la reactivación de obras clave como sucedió en el caso de Junín con el paso bajo a nivel que había dejado partida en dos a la ciudad y que desde finales del año pasado la gestión PRO de Pablo Petrecca logró reflotar.

    «De Nación no habíamos tenido ningún acercamiento», dijo a LPO uno de los participantes del mitin en la sede partidaria de Balcarce. Ahora la expectativa está puesta en que, vía Santilli, se pueda llegar a «fortalecer» la relación con la administración central y «ver si pueden llevar alguna obra».

    No son los únicos que ven a Santilli como el interlocutor que puede abrir el grifo cerrado de Nación. También los intendentes del radicalismo bonaerense están buscando que su ex socio de Juntos los reciba con el fin de gestionar la reactivación de obras.

    Además de Ritondo y Soledad Martínez, de la reunión con Santilli participaron Juan Ibarguren (Pinamar), Marcelo Matzkin (Zárate), Fernando Bouvier (Arrecifes), Jorge Etcheverry (Lobos), Javier Martínez (Pergamino), Sebastián Abella (Campana), María José Gentile (Nueve de Julio), Juan Fiorini (interino de Junín), Agustín Neme (interino de Mar del Plata), el diputado Alejandro Rabinovich y los senadores e intendentes en uso de licencia Guillermo Montenegro y Pablo Petrecca. 

     

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