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EL CAPITAL ES LA CIENCIA

Tres semanas de paro en 57 universidades públicas del país, el reclamo salarial y presupuestario  ya no es reclamo, sino exigencia, lucha. El 30 de agosto habrá una marcha hasta las puertas del ministerio de educación en capital, y se acompañará con movilizaciones en distintos puntos del país con la intención de visibilizar los reclamos de la educación superior.

En la última semana se presentó una carta a la Honorable Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación Argentina firmada por 202 directores de Unidades Ejecutoras del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnica) y de directivos de organismos públicos en cuyos ámbitos trabajan investigadores de dicha institución, con la intención de instar a los representantes a tratar la problemática para tomar medidas urgentes para enfrentar la “inminente parálisis” y la “grave crisis” que sufre y amenaza la supervivencia del sistema científico tecnológico del país.

El gobierno nacional hizo eco del reclamo y anunció la partida de 500 millones pesos para garantizar el funcionamiento del CONICET. La decisión administrativa del ejecutivo nacional se hará efectiva en septiembre. Jorge Aguado, secretario de planeamiento y políticas del ministerio de ciencia, tecnología e innovación productiva de la Nación; aseguró a medios nacionales que con ese monto se podrá completar el presupuesto para lo que resta del año. Desde el sector científico catalogaron la partida como un “leve paliativo” a la crisis actual que no prevé una solución total de la problemática.

El CONICET es un ente autárquico que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y está destinado a promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología de Argentina. Cuenta con casi diez mil investigadores, un número similar de becarios y casi tres mil técnicos, distribuidos en 250 institutos ubicados en 22 provincias del país.

En este contexto macroeconómico nacional de crisis presupuestaria y escaldada inflacionaria, de ajuste y recorte, de reclamos y de cercos mediáticos; me propongo salir de esta coyuntura y posicionarme desde un ideal educativo que permita que el país crezca y rompa con las estructuras que lo sumergen en la pobreza. Y sí, ese ideario, justamente tiene que ver con educación en investigación y tecnología.

En la actualidad los avances científicos determinan que naciones progresan más y cuales se quedan en el rezago de la pobreza. Esto tiene que ver con que vivimos en la “era del conocimiento”, donde los países que desarrollan productos con alto valor agregado generarán cada vez más riquezas, y los que produzcan materias primas o manufacturas básicas se estancarán, o bien, serán cada vez más pobres.

Se está consolidando una economía global sustentada en el trabajo mental, dejando de lado el trabajo manual. La relación, es lógica y simple, si no invertimos en educación, investigación y tecnología, continuamos decreciendo, incrementando los márgenes de pobreza. Si no invertimos, y encima recortamos, caminamos un laberinto sin salida, en el que los extremos son cada vez más cercanos. Se achica el margen.

No es casual que pequeños países que no tienen materias primas, y que cuentan con poco espacio territorial, tengan economías prósperas, incluso por encima de países que cuentan con grandes reservas de petróleo o gas, como el nuestro. Y para continuar el panorama desalentador, esta tendencia se acelera continuamente debido a que la tecnología avanza de manera exponencial, mientras nosotros debatimos cuestiones que deberían estar ya saldadas. 

Un país como el nuestro debe crear un ecosistema donde pueda florecer la innovación. Para darle espacio a ese desafío, deberíamos cumplimentar uno más simple ¿o complejo? aún, que nuestros representantes entiendan que en vez de desfinanciar la educación, tienen que invertir en ella.

Esto implica: tener un mejor sistema educativo, incentivos fiscales que estimulen la investigación y el desarrollo, mecanismos financieros para respaldar el riesgo y políticas que favorezcan los ítems mencionados. Una utopía que debe creerse realidad cuando pensamos en los que vienen de atrás.

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    Milei autorizó a buque de la U.S. Navy a relevar datos estratégicos en el Atlántico Sur: impacto político y riesgos para la soberanía

     

    El Gobierno de Milei autorizó al buque oceanográfico R/V Roger Revelle de la U.S. Navy a operar en aguas del Atlántico Sur para “relevar datos estratégicos”. La decisión abre un debate intenso sobre soberanía, geopolítica y alineamientos externos, con efectos potenciales en sectores vulnerables como jubilados, PAMI y el sistema sanitario nacional.

    Por la Redacción de NLI


    Un giro geopolítico con impacto político

    El pasado 23 de febrero de 2026, el Gobierno argentino autorizó al buque oceanográfico R/V Roger Revelle, propiedad de la U.S. Navy, a ingresar y relevar información en aguas bajo jurisdicción nacional en el Atlántico Sur, bajo el argumentado propósito de una campaña científica internacional. Esta autorización, publicada por En Orsai, no sólo tuvo implicancias técnicas, sino que desató un debate político profundo en torno a la soberanía nacional y el alineamiento estratégico con Estados Unidos.

    Según el artículo de En Orsai, la decisión fue tramitada a través de la Cancillería y aprobada por el Consejo Federal Pesquero, con condiciones mínimas de supervisión argentina y obligación de compartir datos antes de su publicación.


    Ciencia o geopolítica disfrazada

    El Gobierno presentó la autorización como un ejercicio de cooperación científica —con estudios sobre clima y monitoreo oceánico— pero la propia plataforma, diseñada para campañas de larga duración y equipada con tecnología avanzada de hidroacústica, tiene aplicaciones duales, incluso en operaciones antisubmarinas y geoestratégicas.

    Este contexto no es ajeno a otros despliegues internacionales en aguas regionales: ejercicios conjuntos como UNITAS y otras maniobras navales en el Atlántico Sur han reforzado la presencia militar extranjera en la región, con participación de fuerzas estadounidenses y de otros países aliados.


    Alineamiento político y riesgos para la soberanía

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    Mauricio Macri ahora no descarta ser candidato a presidente el año que viene para obligarlo a Javier Milei a negociar un acuerdo electoral que le permita al PRO conservar la Ciudad.

    El ex presidente viene filtrando su intención de competir contra La Libertad Avanza con un outsider, enojado por el destrato que le dispensa Milei. El primer señalado fue Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre. También se habla de Jorge Brito, dueño del Banco Macro y ex presidente de River.

    Pero Galperín y Brito no muestran interés en la propuesta de Macri porque no quieren ser una moneda de negociación del líder del PRO con la Rosada.

    Lo que busca realmente el ex presidente es instalar un candidato que mida al menos ocho puntos para poner en riesgo el triunfo de Milei en primera vuelta. En la Rosada ya tienen medido que llegar a un ballotage, si no hay un cambio en los resultados económicos, es demasiado riesgoso para el presidente.

    El dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín.

    Sin figuras a mano para llegar a esos ocho puntos, que representan alrededor de 2 millones de votos, Macri sólo se tiene a si mismo para bajarse en caso de llegar a un acuerdo con los libertarios. Por eso ya empezó a moverse como candidato: La Nación anticipó que el líder del PRO se mudó nuevamente a la Ciudad tras separarse de Juliana Awada y que activará una gira federal para mostrarse en las provincias.

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    Precios tabú

     

    El costo de alimentarse en Argentina es tan disparatado como ignorado en el debate político y económico actual.

    Por Nerio Corello para NLI

    Aunque parezca  inverosímil, el precio de los alimentos es un tema tabú. El grueso de los políticos, empresarios y economistas lo elude. Aunque se trate de la base fundamental de la economía doméstica del ciudadano común, se soslaya con la hipócrita elegancia de la referencia fugaz. En los medios aparece con intermitencia, como escándalo del día o indicador de inestabilidad transitoria.

    Las personas públicas que se animan a poner el tema en primer plano sufren descalificaciones o son blanco de la falacia ad hominem. La estacionalidad,  los malos hábitos alimentarios y la deficiente educación de los consumidores suelen ser argumentos que permiten a políticos y economistas acorralados salir por la tangente.

    El elevado precio de los alimentos es un problema mundial, pero en Argentina un verdadero  calvario. Si ya se conoce que nuestro país lidera el ranking mundial de estrés y ansiedad cotidianos 2025 (según Statista Consumer Insights), habría que averiguar cuánto incide en estos padecimientos psíquicos la dificultad para parar la olla.

    Mientras el índice de precios de alimentos de la FAO mantiene una tendencia sostenida  a la baja desde fines de 2025 y comienzos de 2026, según los datos de nuestro ficcional INDEC –que Marco abandonó por falta de vocación literaria-, para alimentarse en Argentina hubo que sobrellevar un incremento de más del 35% en los últimos doce meses.

    Con las referencias de un SMVM de $ 352.400,-, un salario promedio pretendido (nada más que pretendido) de $1.699.284 mensuales para enero de 2026 pero un sufrido ingreso promedio per cápita del total de la población urbana de $ 956.283,-, y una Canasta Básica Alimentaria subvaluada por el INDEC en $ 453.384,-, es suficiente para encender todas las alarmas.

    Sin embargo, dejarse llevar únicamente por indicadores, índices y estadísticas en general significa las más de las veces abonar discusiones bizantinas. El discurso sesgado, con datos elegidos y omitidos a discreción, suele estar a la orden del día en cualquier tema conflictivo y ganar la partida de las justificaciones o llevarnos directo, sin escalas realistas, a Narnia.

    Los cálculos propios suelen dar mejores pautas de orientación aunque, claro, incrementan el estrés.

    Si, por ejemplo, usted compra a estos precios promedio: un kilo de arroz $ 2.000,-. uno de harina $ 1.300,-, uno de azúcar $ 1.000,-, uno de pollo $ 4.100,-, una docena de huevos $ 7.000,-, una lata de tomates $ 1.500,  unos fideos secos de medio kilo $ 1,000,-, 900 ml de aceite de girasol $ 4.200,-, medio kilo de picada $ 5.000,-, uno de paleta $ 14.000,-, un litro de leche $ 1.500,- y un kilo de pan $ 3.400,-, se gastó en esta comprita mísera bastante más del 10% de un SMVM.

    Las economías individuales o familiares no pueden sostenerse con relaciones tan dispares entre ingresos y precios  de alimentos. Es un punto de partida absolutamente viciado e ineludible que se agrava con los alocados costos de alquileres, servicios, salud, educación y transporte.

    El destino del endeudamiento y la posterior bancarrota de las economías domésticas ya está siendo realidad.


     

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