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EL CAPITAL ES LA CIENCIA

Tres semanas de paro en 57 universidades públicas del país, el reclamo salarial y presupuestario  ya no es reclamo, sino exigencia, lucha. El 30 de agosto habrá una marcha hasta las puertas del ministerio de educación en capital, y se acompañará con movilizaciones en distintos puntos del país con la intención de visibilizar los reclamos de la educación superior.

En la última semana se presentó una carta a la Honorable Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación Argentina firmada por 202 directores de Unidades Ejecutoras del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnica) y de directivos de organismos públicos en cuyos ámbitos trabajan investigadores de dicha institución, con la intención de instar a los representantes a tratar la problemática para tomar medidas urgentes para enfrentar la “inminente parálisis” y la “grave crisis” que sufre y amenaza la supervivencia del sistema científico tecnológico del país.

El gobierno nacional hizo eco del reclamo y anunció la partida de 500 millones pesos para garantizar el funcionamiento del CONICET. La decisión administrativa del ejecutivo nacional se hará efectiva en septiembre. Jorge Aguado, secretario de planeamiento y políticas del ministerio de ciencia, tecnología e innovación productiva de la Nación; aseguró a medios nacionales que con ese monto se podrá completar el presupuesto para lo que resta del año. Desde el sector científico catalogaron la partida como un “leve paliativo” a la crisis actual que no prevé una solución total de la problemática.

El CONICET es un ente autárquico que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y está destinado a promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología de Argentina. Cuenta con casi diez mil investigadores, un número similar de becarios y casi tres mil técnicos, distribuidos en 250 institutos ubicados en 22 provincias del país.

En este contexto macroeconómico nacional de crisis presupuestaria y escaldada inflacionaria, de ajuste y recorte, de reclamos y de cercos mediáticos; me propongo salir de esta coyuntura y posicionarme desde un ideal educativo que permita que el país crezca y rompa con las estructuras que lo sumergen en la pobreza. Y sí, ese ideario, justamente tiene que ver con educación en investigación y tecnología.

En la actualidad los avances científicos determinan que naciones progresan más y cuales se quedan en el rezago de la pobreza. Esto tiene que ver con que vivimos en la “era del conocimiento”, donde los países que desarrollan productos con alto valor agregado generarán cada vez más riquezas, y los que produzcan materias primas o manufacturas básicas se estancarán, o bien, serán cada vez más pobres.

Se está consolidando una economía global sustentada en el trabajo mental, dejando de lado el trabajo manual. La relación, es lógica y simple, si no invertimos en educación, investigación y tecnología, continuamos decreciendo, incrementando los márgenes de pobreza. Si no invertimos, y encima recortamos, caminamos un laberinto sin salida, en el que los extremos son cada vez más cercanos. Se achica el margen.

No es casual que pequeños países que no tienen materias primas, y que cuentan con poco espacio territorial, tengan economías prósperas, incluso por encima de países que cuentan con grandes reservas de petróleo o gas, como el nuestro. Y para continuar el panorama desalentador, esta tendencia se acelera continuamente debido a que la tecnología avanza de manera exponencial, mientras nosotros debatimos cuestiones que deberían estar ya saldadas. 

Un país como el nuestro debe crear un ecosistema donde pueda florecer la innovación. Para darle espacio a ese desafío, deberíamos cumplimentar uno más simple ¿o complejo? aún, que nuestros representantes entiendan que en vez de desfinanciar la educación, tienen que invertir en ella.

Esto implica: tener un mejor sistema educativo, incentivos fiscales que estimulen la investigación y el desarrollo, mecanismos financieros para respaldar el riesgo y políticas que favorezcan los ítems mencionados. Una utopía que debe creerse realidad cuando pensamos en los que vienen de atrás.

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    Milei autorizó a buque de la U.S. Navy a relevar datos estratégicos en el Atlántico Sur: impacto político y riesgos para la soberanía

     

    El Gobierno de Milei autorizó al buque oceanográfico R/V Roger Revelle de la U.S. Navy a operar en aguas del Atlántico Sur para “relevar datos estratégicos”. La decisión abre un debate intenso sobre soberanía, geopolítica y alineamientos externos, con efectos potenciales en sectores vulnerables como jubilados, PAMI y el sistema sanitario nacional.

    Por la Redacción de NLI


    Un giro geopolítico con impacto político

    El pasado 23 de febrero de 2026, el Gobierno argentino autorizó al buque oceanográfico R/V Roger Revelle, propiedad de la U.S. Navy, a ingresar y relevar información en aguas bajo jurisdicción nacional en el Atlántico Sur, bajo el argumentado propósito de una campaña científica internacional. Esta autorización, publicada por En Orsai, no sólo tuvo implicancias técnicas, sino que desató un debate político profundo en torno a la soberanía nacional y el alineamiento estratégico con Estados Unidos.

    Según el artículo de En Orsai, la decisión fue tramitada a través de la Cancillería y aprobada por el Consejo Federal Pesquero, con condiciones mínimas de supervisión argentina y obligación de compartir datos antes de su publicación.


    Ciencia o geopolítica disfrazada

    El Gobierno presentó la autorización como un ejercicio de cooperación científica —con estudios sobre clima y monitoreo oceánico— pero la propia plataforma, diseñada para campañas de larga duración y equipada con tecnología avanzada de hidroacústica, tiene aplicaciones duales, incluso en operaciones antisubmarinas y geoestratégicas.

    Este contexto no es ajeno a otros despliegues internacionales en aguas regionales: ejercicios conjuntos como UNITAS y otras maniobras navales en el Atlántico Sur han reforzado la presencia militar extranjera en la región, con participación de fuerzas estadounidenses y de otros países aliados.


    Alineamiento político y riesgos para la soberanía

    La decisión del Gobierno se enmarca en una política exterior definida por una orientación marcadamente pro-estadounidense, con giros significativos respecto a la defensa de la soberanía marítima en áreas tradicionalmente disputadas, como el Atlántico Sur y las Islas Malvinas.

    Críticos de la medida señalan que, más allá de la ciencia, los datos recolectados por instrumentos de alta precisión pueden alimentar capacidades de inteligencia estratégica que exceden los supuestos fines cooperativos, y que el marco legal argentino carece de mecanismos robustos de control de contrainteligencia para proteger información sensible generada en estas campañas.

     

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  • «Es un blanqueo permanente para los más ricos»

     

    El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, cuestionó el Régimen de Inocencia Fiscal recientemente reglamentado por el Gobierno nacional y sostuvo que se trata de un blanqueo permanente orientado a evasores de alto patrimonio, presentado bajo un relato que intenta interpelar a la clase media sin ofrecerle beneficios concretos.

    «Lo que el Gobierno llama ‘inocencia fiscal’ en los hechos habilita un blanqueo permanente dirigido principalmente a personas con mucha capacidad económica que evadieron impuestos», afirmó Girard en declaraciones radiales.

    Según explicó, el discurso oficial asocia la medida con valores como la libertad individual y el incentivo a la iniciativa privada, pero el diseño concreto del régimen deja en claro a quiénes beneficia. «No está pensado para la clase media trabajadora ni para quienes producen y viven de su esfuerzo. El relato apunta a seducir a sectores medios y a ciertos perfiles profesionales, pero el impacto real favorece a grandes patrimonios, incluso a actividades de origen dudoso», señaló.

    Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la confusión deliberada que el gobierno de Javier Milei instala en torno al delito de evasión fiscal. «Se intenta hacer creer que la evasión dejó de ser un delito penal, y eso es falso. No se modificó la ley penal. Lo único que cambia es que el fisco decide no controlar hasta determinados montos (elevados), pero el delito sigue existiendo», advirtió.

    Reglamentan la ley de inocencia fiscal y ARCA festeja: «evadir ya no es un delito penal»

    En ese sentido, Girard remarcó que el régimen construye una falsa sensación de seguridad jurídica que puede volverse en contra de quienes adhieran. «Un gobierno puede cambiar el criterio de control, o puede hacerlo una gestión posterior. Las deudas solo se extinguen con la prescripción. El riesgo sigue estando», subrayó.

    El titular de ARBA vinculó el impulso del régimen con la fragilidad macroeconómica y la escasez de divisas. «Se monta un relato de macroeconomía ordenada cuando en realidad faltan dólares. Sobre esa ficción se construye otra: que ahora no hay delito y que se pueden sacar los dólares del colchón sin consecuencias», sostuvo.

    «Necesitan esos dólares de manera urgente. Esto no es una señal de fortaleza, es una muestra de debilidad. Están intentando convencer a la gente de que entregue sus ahorros para sostener un esquema financiero que no resuelve los problemas estructurales de la economía», agregó.

    Por último, Girard enmarcó la discusión en un debate de fondo sobre el sistema tributario argentino. «La clase media y los sectores populares soportan una carga tributaria elevada porque durante décadas se gravó el consumo y se debilitó el cobro de impuestos a quienes más capacidad contributiva tienen, sumado a la evasión y la fuga de los sectores más ricos», explicó.

    «El debate que viene es casi fundacional: cómo hacemos crecer la economía, cómo revertimos el ajuste, cómo financiamos al Estado. Este régimen no va en ese sentido: consolida la injusticia fiscal y erosiona la legitimidad del Estado», concluyó.

     

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