El Intendente Marcelo Orazi obtuvo la aprobación de la construcción de un nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) perteneciente al programa Red de Infraestructura del Cuidado que lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
En este sentido el Gobierno Nacional evaluó el nivel de factibilidad de lotes y servicios que provee el Municipio y financiará la construcción de los espacios con una superficie de 220 metros cuadrados que podrán albergar a casi 50 niños y niñas para asistencia nutricional, estimulación temprana y psicomotricidad.
El municipio será el responsable de solventar y garantizar la sostenibilidad con presupuesto propio y contar con los recursos humanos necesarios para su operatividad y mantenimiento.
Recordemos que en su discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante el Intendente Orazi había adelantado que en Villa Regina se iba a construir uno de los 300 CDI anunciados por el Gobierno Nacional, con una inversión estimada de $33 millones.
La Municipalidad de Villa Regina adhiere a la Resolución N° 4005 del Ministerio de Salud de Río Negro, por lo cual desde hoy lunes y hasta el domingo 13 de junio se prorrogan las medidas que se habían dispuesto para la semana pasada: *Circulación: Restricción de circulación entre las 20:00 horas y las 06:00 horas,…
Escuela Municipal de Arte La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina convoca a profesores, interesados en dictar talleres de arte, danzas u oficios durante el corriente año, en la Escuela de Arte Eduardo Andreussi, a presentar proyecto de taller, hasta el 14 de febrero inclusive. Los interesados deben acercarse, con Currículo Vitae,…
Por momentos, el Gobierno de Javier Milei se entusiasma con una narrativa que suena irresistible: la campaña agrícola 2025/26 cerraría con una de las mejores cosechas de la historia, con más de 110 millones de toneladas entre soja y maíz.
En la Casa Rosada repiten el número como si fuera un salvoconducto hacia la reelección presidencial. Pero debajo de ese volumen impactante asoma una pregunta incómoda: ¿cuánto de esa cosecha récord se traduce realmente en rentabilidad?
El dato no surge de un paper opositor ni de una entidad rural en pie de guerra. Al contrario. Proviene de un informe de la Fundación Mediterránea, con la firma de Juan Manuel Garzón -exfuncionario del propio Milei- y Franco Artusso. Es decir, números incómodos que nacen dentro del propio ecosistema técnico que suele orbitar el círculo rojo cordobés.
Los datos -plasmados en el informe «Rentabilidad agrícola 2018-2026: márgenes ajustados, volúmenes récord y una carga tributaria que no afloja»- dibujan un escenario de contrastes. El maíz podría alcanzar un récord histórico de 67 millones de toneladas, mientras que la soja se mantendría en torno a los 48 millones. A simple vista, el agro vuelve a ser la locomotora. Pero cuando se mira la rentabilidad por hectárea, el cuadro cambia drásticamente.
El problema no es la producción, sino el margen. En el primer trimestre de 2026, los números empezaron a deteriorarse. Los ingresos cayeron en términos reales, empujados por la baja del precio del maíz, mientras que los costos -especialmente el gasoil y los fertilizantes- subieron entre 6% y 8%. El resultado: «márgenes en retroceso después de una recuperación parcial durante 2025».
El dato más sensible es que, incluso con buenos rindes, producir granos dejó de ser negocio en algunas regiones. En la zona extrapampeana, los productores que alquilan campos directamente operan a pérdida: -78 dólares por hectárea. En la zona núcleo, el corazón productivo del país, los arrendatarios apenas raspan el equilibrio con márgenes de 26 dólares. Solo los propietarios logran sostener números positivos, aunque lejos de los niveles de años anteriores.
Incluso con buenos rindes, producir granos dejó de ser negocio en algunas regiones. En la zona extrapampeana, los productores que alquilan campos directamente operan a pérdida: -78 dólares por hectárea. En la zona núcleo, el corazón productivo del país, los arrendatarios apenas raspan el equilibrio con márgenes de 26 dólares. Solo los propietarios logran sostener números positivos.
Es un escenario que relativiza el optimismo oficial. Porque la «cosecha récord» convive con una ecuación económica cada vez más ajustada. Y en Córdoba, la rentabilidad derrama en la dinámica política, particularmente en el interior, bastiones de Milei en las últimas tres elecciones. El factor que termina de tensar el cuadro es la estructura impositiva.
En los últimos doce meses, el Estado se quedó con el 55% del excedente económico en la zona núcleo y con el 76% en la extrapampeana. En otras palabras, en las regiones menos productivas, tres de cada cuatro dólares generados por el campo terminan en manos del fisco.
Y ahí aparece otro contraste que incomoda al relato libertario. Mientras el Gobierno despliega el «cotillón» de la baja de algunos impuestos nacionales -con anuncios segmentados y reducción de alícuotas en tributos puntuales-, el corazón de la presión fiscal sobre el agro sigue prácticamente intacto.
Las retenciones, el impuesto más distorsivo según el propio Milei en campaña, continúan explicando la mayor parte de la carga tributaria efectiva.
El informe de la Mediterránea también explica que el peso de los Derechos de Exportación es clave para entender la distorsión. A diferencia de otros impuestos, no se ajustan a la rentabilidad: se aplican sobre el ingreso bruto. Eso genera una paradoja que incomoda incluso a economistas cercanos al oficialismo: cuando los márgenes caen, la presión fiscal efectiva sube.
Es el tipo de inconsistencia que el propio Milei había prometido eliminar durante la campaña, cuando hablaba de «dinamitar» el sistema impositivo y terminar con tributos que castigan la producción. Por ahora, esa promesa convive con una realidad más pragmática: la necesidad de sostener la recaudación.
En 2021 y 2022, los derechos de exportación sobre la soja eran del 33%, más altos que los actualmente vigentes (24%). Sin embargo, los precios internacionales de los granos eran excepcionalmente elevados (efecto postpandemia y guerra en Ucrania), lo que generaba mayores excedentes económicos.
El contraste con el período 2021-2022 es elocuente. En esos años, con precios internacionales en niveles excepcionales, los márgenes eran mucho más altos y la carga tributaria relativa, más baja, incluso con retenciones más elevadas. Hoy ocurre lo contrario: menores precios, mayores costos y una presión fiscal que pesa más.
El informe lo precisa así: «En 2021 y 2022, los derechos de exportación sobre la soja eran del 33%, más altos que los actualmente vigentes (24%). Sin embargo, los precios internacionales de los granos eran excepcionalmente elevados (efecto postpandemia y guerra en Ucrania), lo que generaba mayores excedentes económicos». No son años cualquiera, sino los de Alberto Fernández en la Casa Rosada.
A eso se suma otro elemento que empieza a preocupar en el sector: el financiamiento. Si parte de los insumos se paga con crédito -un escenario cada vez más frecuente-, los márgenes se deterioran aún más. En ese caso, incluso los arrendatarios de la zona núcleo entrarían en terreno negativo.
La conclusión es menos épica que el relato oficial. La campaña 2025/26 puede ser récord en volumen, pero no necesariamente en rentabilidad. Y eso tiene implicancias políticas y económicas.
Para el Gobierno, el agro sigue siendo una fuente clave de dólares en un contexto de fragilidad externa. Pero si los márgenes siguen comprimidos, la capacidad de reinversión del sector se reduce, y con ella, el potencial de crecimiento futuro.
En el fondo, el modelo enfrenta una tensión clásica de la economía argentina: la necesidad fiscal versus la competitividad productiva. Por ahora, la balanza sigue inclinándose hacia el primer lado.La pregunta que empieza a circular en el mercado es si el «veranito» de la cosecha récord alcanzará para tapar ese desequilibrio. O si, por el contrario, terminará exponiéndolo con más crudeza.
En la primera jornada en la que se revisa la sentencia a nueve años de prisión a Patricio Serjal, el jefe de todos los fiscales de Rosario hasta 2020 que fue hallado culpable de proteger a un empresario de juego clandestino a cambio de sobornos, apareció como uno de los más fuertes ejes de la defensa el nombre de Armando Traferri, uno de las figuras más fuertes del peronismo santafesino, que está imputado en la misma causa.
«A Traferri lo condenaron en un juicio en el que estuvo ausente. No tuvo derecho a defensa. Esta es una de las principales razones por la que el juicio en el que condenaron a Serjal es inconstitucional y es inválido», dijo este lunes el defensor del ex fiscal regional de Rosario ante el tribunal de tres jueces que revisa la condena.
Lo repitió a lo largo de dos horas de exposición. «Se condenó a personas que no sometieron a juicio. Una de ellas es Traferri», subrayó.
Como pasó en septiembre pasado, cuando arrancó el largo juicio que terminó con la condena de Serjal, en el trámite se habló de Traferri en cada jornada de audiencia, que duró dos meses. Esto porque se señaló que el histórico senador provincial es según el equipo de fiscales también organizador del mismo delito atribuido a Serjal, como jefe de la «pata política» de la organización criminal, que comprendía funcionarios legislativos y políticos, para garantizarle cobertura al capitalista de juego Leonardo Peiti, a cambio de dinero para campañas políticas y para hacer lobby en favor del empresario. Peiti aspiraba a obtener licencias de juego online en la Legislatura. Esto mismo quedó plasmado en la sentencia que en noviembre pasado por unanimidad condenó al ex fiscal regional.
El acto judicial de este lunes en la Cámara Penal de Rosario, donde esa sentencia empezó a revisarse, es el anticipo de lo que la defensa que Traferri ensayará cuando le toque a él mismo presentarse, en el primero resistido y ahora demorado juicio en su contra. La condena a Serjal dictada hace seis meses había sido interpretada como una condena al senador ya que los jueces, en forma coincidente, habían considerado inequívoca la pertenencia del senador a la asociación ilícita que le mereció al conductor de los fiscales una pena por ese delito, por cohecho y prevaricato.
Traferri es un actor fundamental de la gobernabilidad de Santa Fe en los últimos veinte años. A partir de su histórica capacidad de controlar el Senado de la provincia ganó peso específico sobre las gestiones socialistas y sobre la experiencia de Omar Perotti que intentó sin mayor éxito darle pelea interna.
Traferri es un actor fundamental de la gobernabilidad de Santa Fe en los últimos veinte años. A partir de su histórica capacidad de controlar el Senado de la provincia ganó peso específico sobre las gestiones socialistas y sobre la experiencia de Omar Perotti que intentó sin mayor éxito darle pelea interna. Aunque ahora la coalición del gobernador Maximiliano Pullaro controla el Senado, Traferri fue indispensable para garantizarle al mandatario radical la cláusula de la reelección en la reforma constitucional provincial sancionada el año pasado.
Pullaro suele reivindicarlo, como lo hizo en la pasada Convención Constituyente, pero para el influyente senador se viene el juicio, que resistió durante cuatro años desde la Cámara Alta provincial. Este cuerpo se negó a darle el desafuero, hasta que de manera voluntaria renunció cuando, como pretendía, el Ministerio Público de la Acusación cambió los fiscales que habían llevado inicialmente el caso. No le sirvió de mucho. Los reemplazantes endurecieron la acusación al agregar asociación ilícita.
Los jueces Carolina Hernández, Javier Beltramone e Ismael Manfrin. De espaldas, (de azul) el defensor de Serjal.
En la larga audiencia de este lunes, Ignacio Carbone, que es abogado de Serjal, dijo que durante el juicio a su cliente estaban desde la fiscalía mostrando evidencia que implicaba a otras personas que no estaban allí para controlar esa prueba y para defenderse en consecuencia. «Estuvo como testigo en ese juicio Oscar Romera, que es el abogado de Traferri, y lo dijo. Y también dijo que había cosas que no se habían probado y que no eran correctas».
«Hubo personas ausentes y se las juzgó igual», dijo Carbone aludiendo explícitamente a Traferri. Sostuvo que los jueces intervinientes -Hebe Marcogliese, Nicolás Foppiani y Facundo Becerra- dijeron entonces que no iban a juzgar conductas de terceros que no estaban presentes en el juicio. «Pero lo que escribieron con la mano lo borraron con el codo», afirmó. «Porque sí juzgaron a esas personas».
Para explicar que Traferri ya está condenado aunque aún espere juicio repasó párrafos textuales de la sentencia a Serjal. Donde los jueces, leyó Carbone, dicen: «No resulta ilógico pensar que Peiti no pretendiera otra cosa que no sea el contacto directo del fiscal regional, aprovechando los ‘buenos oficios’ de Traferri», leyó Carbone.
Remarcó también como otro ejemplo de que ya hay condena para Traferri otro párafo en que se lo considera al senador jefe de la «pata política» de la asociación ilícita.
La atmósfera de esta etapa del caso que implica a Traferri viene tan enrarecida como lo estuvo el juicio donde al senador se lo consideró asociado al condenado Serjal. Entonces la estrategia fue acusar a la fiscalía de cometer delitos para montar la imputación que incluso fueron planteados por fiscales. El tribunal rechazó eso en términos descalificadores y explícitos.
«Para comprender cabalmente el alcance de la red en la que se enmarca la acción de los aquí acusados, resulta trascendental tener presente que el área de alcance de Patricio Serjal, Gustavo Ponce Asahad y Nelson paraguas de estamentos integrados por aunque no se encuentra bajo juzgamiento Ugolini actuaba bajo el personas cuya actividad, aquí, fue permanentemente aludida a lo largo del debate, en lo que ha dado en llamarse la «pata política», comprensiva de la participación de funcionarios legislativos y políticos, siendo el eje central el senador Armando Traferri y personas de su entorno, quien supuestamente dirigía la faceta superior de la asociación ilícita», dicen los jueces en su sentencia de noviembre pasado, leída por el defensor de Serjal.
Ponce Asahad es el fiscal adjunto que trabajaba con Serjal, que actuó como arrepentido y recibió condena en juicio abreviado que ya está cumplida. Ugolini era empleado asignado a Ponce Asahad y lo acusaron de pasar información reserva de la fiscalía al entorno de Peiti. Recibió cinco años de condena.
La atmósfera de esta etapa del caso que implica a Traferri viene tan enrarecida como lo estuvo el juicio donde al senador se lo consideró asociado al condenado Serjal. Entonces la estrategia fue acusar a la fiscalía de cometer delitos para montar la imputación que incluso fueron planteados por fiscales. El tribunal rechazó eso en términos descalificadores y explícitos.
El ex fiscal Serjal.
Ahora que se revisa esa condena los fiscales José Luis Caterina y Marisol Fabbro, que son quienes también deberán acusar a Traferri, recusaron a uno de los miembros del tribunal de Cámara, el juez Javier Beltramone, por su amistad con Fernando Moschini, que es un abogado que será imputado como parte de la asociación ilícita. Beltramone lo rechazó y esta mañana presidió el tribunal junto a sus colegas Carolina Hernández e Ismael Manfrin.
Entre los que serán imputados como parte de la asociación delitiva en este tramo también estarán el ex piloto de fórmula 1 y ex concejal rosarino Oscar «Poppy» Larrauri, el ex diputado provincial Darío Scattaglini, el abogado José Fernández Chemes y Aníbal Porri entre otros.
Esta audiencia de imputación se suspendió porque dos abogados acusaron al fiscal actuante José Luis Caterina de haber ocultado la desaparición de un teléfono celular que contenía evidencia utilizada en este trámite para imputar. El defensor de Central repitió esta mañana que son dos celulares los que se perdieron y lo consignó como grave. En la fiscalía responden que el contenido de esos celulares estaba extraído en una pericia firmada por profesionales habilitados que las realizaron con lo que la evidencia está respaldada.
El abogado Carbone dijo que él mencionaba a Traferri porque la estructuración de la condena a su cliente Serjal se asienta en considerar a senador pieza central en el delito de protección al capitalista del juego.
El abogado Carbone dijo que él mencionaba a Traferri porque la estructuración de la condena a su cliente Serjal se asienta en considerar a senador pieza central en el delito de protección al capitalista del juego. «Traferri no estuvo en el juicio y se lo juzgó igual», repitió. Sostuvo que los jueces por entonces hablaron de que le darían a todos los implicados que aún no habían sido llevados a juicio la misma calidad que se daba a los que están en rebeldía o prófugos. «Pero resulta que a los que implicaron y no pudieron controlar la prueba no son rebeldes ni prófugos», dijo el defensor. «Tenemos un proceso en base a atajos, con ilegalidades, con violación de garantías», sostuvo.
Por último dijo que su asistido, el ex jefe de un equipo de más de 80 fiscales en Rosario, había perdido 18 kilos de peso desde que está detenido en prisión efectiva al recibir condena en noviembre. «Está en estas condiciones tras ser condenado sin ningún tipo de legalidad».
El derrotero de este caso pega de lleno en la política santafesina. Traferri fue defendido por un esquema transversal en el Senado cuando pedía que le levanten la inmunidad para ser llevado a proceso. El pleito sobre la protección de los fueros en Santa Fe, que protegía a legisladores no solo de arresto sino de comparecer para ser investigado, llegó hasta la Corte Suprema de la Nación. La Corte de Santa Fe, ahora bajo proceso de renovación, le había dado la razón a Traferri en decisión dividida.
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