DIMES Y DIRETES

Está instalado que mañana se trata el proyecto de Cupo Trans en #VillaRegina un proyecto que recibió un tratamiento bastante controversial principalmente por la dilatación a la que fue sometido, algo que los concejales ven como normal en la búsqueda de consenso y perfeccionamiento del proyecto. Difícilmente se trate mañana.

Para que se trate el proyecto se haría (mal) uso del art 60 del reglamento interno que le permite instalar el tratamiento en la orden del día, ya que de otro modo sería imposible porque todavía no tiene dictamen en ninguna de las dos comisiones donde se está tratando, ni en sociales y ni en jurídicos, o al menos al cierre de sus actas del día lunes y martes respectivamente. Lo que no quita que algún concejal altere fechas para abrir y cerrar actas que ya están cerradas en tiempo y forma. No sería ni la primera ni la última vez que se hace (lamentablemente).

Dicho artículo le permite al presidente imponer el tratamiento en la orden del día, pero a su vez no le permite votarlo en la misma sesión, sino en la próxima.

Entiendo que esto que explico perjudica una causa que considero justa, la de otorgar derechos a personas a las que se les han negado durante toda su vida, posponiendo una semana más su votación. Pero también atiendo que es necesario que órganos tan importantes como el CD se atengan al reglamento. Los precedentes, tanto positivos como negativos, se instalan. Si hoy lo puede hacer (insisto, sobre una causa justa) mañana también lo harán pero con otros intereses. En definitiva, de votarse, se haría rompiendo el reglamento.

Este artículo le da la posibilidad a los ediles de presentar una moción de preferencia para que determinado proyecto se trate rápidamente en comisión y tenga prioridad en el dictamen pero para poder votarse en la próxima sesión, o sea de una semana para la otra. La moción de preferencia es para la siguiente sesión no para la misma en la que se plantea.

El mayor conflicto respecto a este proyecto fue la dilatación de los tiempos al tratarlo, ya que, en primer punto la situación de las personas trans es de una exponencial crisis histórica potenciada en tiempos de pandemia lo que demanda una prioridad y celeridad exclusiva, y el segundo punto porque se supone que cuenta de entrada con los votos necesarios para ser aprobada, lo que hace pensar a quienes militan la causa con uñas y  dientes que la dilatación es adrede, sientiendo un manoseo innecesario.

Mañana se harán presentes en el concejo no solo los ediles, sino también las agrupaciones y personas que acompañan la lucha por la reivindicación de derechos que dignifican la vida de personas que han sido marginadas durante toda su vida.

Insisto en que el proyecto cuenta con los votos necesarios para aprobarse la semana que viene, pero también digo que pedirle paciencia a las personas trans no es justo.

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    La justicia cita a Elisa Carrió tras la denuncia de un fiscal por amenazas y presiones

     

    La líder de la Coalición Cívica deberá presentarse mañana ante la Justicia luego de que el fiscal Germán Camafreita denunciara haber sido intimidado tras ordenar allanamientos en una causa sensible. El expediente expone audios, llamados y un patrón de aprietes que vuelve a poner a Carrió en el centro de la escena judicial.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    La Justicia citó para este martes a Elisa Carrió para que dé explicaciones luego de la denuncia presentada por el fiscal Germán Camafreita, quien aseguró haber sido amenazado por la exdiputada nacional tras los allanamientos al domicilio de Matías Yofe, en el marco de una causa que investiga a una presunta banda dedicada a denuncias falsas y extorsiones.

    Según consta en el informe elevado por el funcionario judicial, Carrió lo llamó telefónicamente el 2 de enero, pocas horas después de los procedimientos realizados en una vivienda ubicada en Pilar, y lanzó una serie de advertencias que quedaron asentadas en el expediente.

    “No sabés en qué te estás metiendo”

    De acuerdo al relato de Camafreita, durante esa primera comunicación Carrió le dijo que “no sabía en qué me estaba metiendo”, que “iba a terminar preso” y que ella avanzaría “en forma despiadada” contra él. Incluso, según el fiscal, la exlegisladora aseguró que al día siguiente sería “portada de todos los medios nacionales”.

    En el mismo llamado, Carrió cuestionó el allanamiento, afirmó que “se violaban derechos fundamentales” y sostuvo que se trataba de una “causa armada”, en un tono que el fiscal describió como intimidante.

    Minutos después, siempre según el informe judicial, la dirigente de la Coalición Cívica volvió a comunicarse, esta vez a los gritos, para advertirle que lo denunciaría en el Juzgado Federal.

    Llamados, disculpas a medias y nuevas amenazas

    El episodio no terminó ahí. Dos horas más tarde, luego de que se le facilitara el número de expediente para que pudiera interiorizarse formalmente de la causa, Carrió volvió a llamar. En esa comunicación ensayó una especie de disculpa, pero inmediatamente retomó el tono confrontativo.

    Camafreita dejó asentado que la exdiputada le dijo que Prefectura Naval Argentina radicaría una denuncia por el allanamiento ilegal, insistiendo en la supuesta irregularidad del procedimiento y reforzando la presión sobre el fiscal interviniente.

    Denuncia formal y un posible “modus operandi”

    La escalada derivó en una presentación formal. La semana pasada, la Fiscalía de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Pilar denunció a Elisa Carrió y a la abogada Albana Zoppolo ante el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de San Isidro, por las amenazas y presiones sufridas durante el desarrollo del procedimiento judicial.

    En el oficio, el fiscal puso a disposición todas las actuaciones labradas para que el Colegio evalúe la conducta profesional de ambas letradas durante los hechos denunciados.

    En paralelo, en tribunales se investiga algo todavía más delicado: la posible existencia de un “modus operandi” por parte de dirigentes políticos que, ante causas que los incomodan, recurrirían a amenazas, aprietes y denuncias cruzadas para condicionar el accionar de fiscales y jueces.

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