DIMES Y DIRETES

Está instalado que mañana se trata el proyecto de Cupo Trans en #VillaRegina un proyecto que recibió un tratamiento bastante controversial principalmente por la dilatación a la que fue sometido, algo que los concejales ven como normal en la búsqueda de consenso y perfeccionamiento del proyecto. Difícilmente se trate mañana.

Para que se trate el proyecto se haría (mal) uso del art 60 del reglamento interno que le permite instalar el tratamiento en la orden del día, ya que de otro modo sería imposible porque todavía no tiene dictamen en ninguna de las dos comisiones donde se está tratando, ni en sociales y ni en jurídicos, o al menos al cierre de sus actas del día lunes y martes respectivamente. Lo que no quita que algún concejal altere fechas para abrir y cerrar actas que ya están cerradas en tiempo y forma. No sería ni la primera ni la última vez que se hace (lamentablemente).

Dicho artículo le permite al presidente imponer el tratamiento en la orden del día, pero a su vez no le permite votarlo en la misma sesión, sino en la próxima.

Entiendo que esto que explico perjudica una causa que considero justa, la de otorgar derechos a personas a las que se les han negado durante toda su vida, posponiendo una semana más su votación. Pero también atiendo que es necesario que órganos tan importantes como el CD se atengan al reglamento. Los precedentes, tanto positivos como negativos, se instalan. Si hoy lo puede hacer (insisto, sobre una causa justa) mañana también lo harán pero con otros intereses. En definitiva, de votarse, se haría rompiendo el reglamento.

Este artículo le da la posibilidad a los ediles de presentar una moción de preferencia para que determinado proyecto se trate rápidamente en comisión y tenga prioridad en el dictamen pero para poder votarse en la próxima sesión, o sea de una semana para la otra. La moción de preferencia es para la siguiente sesión no para la misma en la que se plantea.

El mayor conflicto respecto a este proyecto fue la dilatación de los tiempos al tratarlo, ya que, en primer punto la situación de las personas trans es de una exponencial crisis histórica potenciada en tiempos de pandemia lo que demanda una prioridad y celeridad exclusiva, y el segundo punto porque se supone que cuenta de entrada con los votos necesarios para ser aprobada, lo que hace pensar a quienes militan la causa con uñas y  dientes que la dilatación es adrede, sientiendo un manoseo innecesario.

Mañana se harán presentes en el concejo no solo los ediles, sino también las agrupaciones y personas que acompañan la lucha por la reivindicación de derechos que dignifican la vida de personas que han sido marginadas durante toda su vida.

Insisto en que el proyecto cuenta con los votos necesarios para aprobarse la semana que viene, pero también digo que pedirle paciencia a las personas trans no es justo.

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    Operativo cobardía frente al departamento de Adorni: blindaje policial ante el anuncio de una clase pública

     

    Un impresionante despliegue policial con decenas de efectivos y más de 20 móviles rodeó el departamento no declarado de Manuel Adorni en Caballito, en simultáneo con el anuncio de una protesta inédita: docentes universitarios que decidieron llevar el aula a la calle para denunciar el ajuste. La escena expone una postal brutal de prioridades del gobierno.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El contraste fue imposible de ignorar. De un lado, cientos de efectivos, móviles policiales y un operativo de seguridad desproporcionado desplegado en un barrio porteño. Del otro, docentes universitarios dando clases públicas en la vereda, con pizarrones improvisados y consignas contra el ajuste educativo. Todo se dará frente al departamento en Caballito que el propio Manuel Adorni admitió haber comprado y que no figuraba en su declaración jurada.

    Un operativo que generó más preguntas que respuestas

    Según distintas crónicas y registros que circularon durante la jornada, el gobierno montó un fuerte operativo policial con más de 20 móviles y una presencia masiva de fuerzas de seguridad en las inmediaciones del edificio. La magnitud del despliegue no pasó desapercibida: vecinos, estudiantes y docentes lo interpretaron como un intento de blindar políticamente a un funcionario en medio de un escándalo patrimonial.

    El dato no es menor. El departamento en cuestión había salido a la luz recientemente, en medio de cuestionamientos sobre la evolución patrimonial del jefe de Gabinete. El propio Adorni reconoció la propiedad en una conferencia, luego de que trascendiera su existencia.

    Clases públicas frente al poder

    En paralelo, docentes y estudiantes universitarios llevarán adelante una medida tan simbólica como contundente: clases públicas frente al domicilio del funcionario. La iniciativa fue impulsada como forma de visibilizar el impacto del ajuste sobre la educación superior.

    La protesta no surgió de la nada. Según datos difundidos por organizaciones docentes, el sector perdió cerca de un 36% del poder adquisitivo, en un contexto de congelamiento salarial y crisis presupuestaria.

    La consigna fue clara: exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y denunciar el vaciamiento del sistema. En ese marco, la elección del lugar —la casa de uno de los principales voceros del gobierno— no fue casual.

    La postal del ajuste

    La escena que se vive en Caballito sintetiza una tensión que atraviesa toda la coyuntura: recursos estatales destinados a la seguridad de funcionarios, mientras la educación pública se moviliza para sobrevivir.

    Mientras los docentes daban clases abiertas —en muchos casos con contenidos sobre economía, política y derechos sociales—, detrás se desplegaba un cordón policial que recordaba más a un operativo de alto riesgo que a una manifestación pacífica.

    Un conflicto que escala

    La protesta frente al domicilio de Adorni no es un hecho aislado. Forma parte de un proceso más amplio de conflictividad en el ámbito universitario, que incluye paros, movilizaciones y renuncias masivas en distintas instituciones.

    En ese contexto, la decisión de responder con un operativo de gran escala agrega un nuevo elemento: la securitización del conflicto social, incluso cuando se trata de manifestaciones docentes.

     

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