Lo cierto es que la deuda nació antes que la guita. El ser humano se ha endeudado desde hace miles de años. La civilización Sumeria es la más antigua al respecto con más de seis mil años de antigüedad, sin haber existido aún la moneda.
Nos alarmamos que nuestro país se ha endeudado, pero sin ánimo de consuelo: hay países que tienen una deuda muchísimo mayor que la nuestra.
Recuerdo que, cuando era niño, ya hace treinta años, mis padres pedían fiado en la despensa del barrio, y la verdad que ese recuerdo sigue marcado en mí, actualizándose hoy como un fantasma inconsciente. El sentimiento de estar endeudado conlleva: ansiedad, angustia y sensación de culpa y reparación.
¿Cómo nos preparamos psicológicamente para afrontar nuestras deudas? El tiempo es irreversible y la decisión está tomada. Van llegando los recortes o ajustes que el prestamista internacional nos exige. Y uno empieza hacer cálculos y la plata no alcanza. Gastar menos, aprovechar las ofertas, dirigirse a los mayoristas buscando mejores precios, son algunas de las alternativas para ir sobrellevando estos momentos…
El economista Stiglitz (premio Nobel de Economía), en una entrevista en la BBC destaca algunos de los errores del gobierno argentino actual: «confiar en que iba haber ingreso de capital de inversión extranjera, recortar los impuestos a la exportación, la rebaja de las retenciones como creadora de desigualdad y un enfoque excesivo en las metas de inflación, entre otras…»
Hay que aprender de los errores, eso está claro. El eje del poder es unilateral y eso genera disenso. Parece que en este país apenas salimos de un quilombo ya entramos en otro. Hay que organizarse psíquicamente como sociedad y estudiar a los que quieren comandar un país, y estudiar implica que sea: neutramente, sin fanatismos ni partidismos que enceguezcan. Lamentablemente, seguimos eligiendo a un solo grupo o persona para que lo haga, y esto deposita demasiadas expectativas en quien asume el poder.
En fin, pasa por nosotros también crear alternativas y proyectos que favorezcan la organización individual y colectiva.
Columnista de LaTapa. Publicó los siguientes librillos o grillos de letras: "A temperatura dos murmúrios", "Espuma brutal" , "O lado oculto do azul"; "Playa nudista para poemas vestidos" (Biblioteca de Las Grutas, único ejemplar y única edición). También, diversos textos en diferentes espacios digitales.
La escena se repite cada vez con más frecuencia y expone una realidad alarmante. Este mediodía, estudiantes que intentaban viajar con el boleto estudiantil secundario en la línea 8 recibieron una respuesta tan contundente como preocupante: «No hay más secundario», les dijo el chofer del interno 722. A partir de allí, los jóvenes quedaron ante una disyuntiva imposible: pagar una tarifa que muchos no pueden afrontar o descender de la unidad y perder la posibilidad de llegar a la escuela o retornar a sus hogares.
Por Tomás Palazzo para NLI
El episodio no aparece como un hecho aislado. Según denuncian usuarios y familias, situaciones similares comienzan a multiplicarse en distintas líneas de transporte, en un contexto marcado por el aumento permanente de los combustibles, la crisis financiera que atraviesa el sector y la reducción de la asistencia estatal. Sin embargo, detrás de cada estudiante obligado a pagar o a bajarse de un colectivo existe una pregunta de fondo: ¿quién debe garantizar el acceso a la educación, las empresas privadas o el Estado?
Cuando la crisis la pagan los estudiantes
El boleto estudiantil no es un beneficio comercial ni una concesión graciosa de las empresas. Se trata de una herramienta destinada a garantizar el acceso a la educación pública, evitando que el costo del transporte se transforme en una barrera para miles de familias trabajadoras.
Cuando una empresa decide desconocer ese derecho o limitar su aplicación, el impacto no recae sobre balances empresariales ni sobre funcionarios. Lo sufren directamente los estudiantes. Cada viaje que deja de estar cubierto implica un gasto adicional para hogares que ya enfrentan aumentos constantes en alimentos, tarifas, alquileres y servicios.
La consecuencia es tan sencilla como brutal: estudiar se vuelve más caro. Y cuando la educación pública comienza a incorporar costos que antes estaban garantizados por políticas estatales, quienes terminan pagando son los sectores populares.
La situación remite inevitablemente a una larga historia de luchas estudiantiles. El reclamo por el boleto estudiantil forma parte de una tradición de organización juvenil que tuvo uno de sus capítulos más trágicos durante la dictadura con la recordada Noche de los Lápices, cuando estudiantes secundarios fueron secuestrados, torturados y desaparecidos tras participar, entre otras reivindicaciones, de la defensa de ese derecho. Por eso, cada retroceso en esta materia tiene una carga simbólica que trasciende la discusión económica.
El Estado se corre y los derechos quedan a merced de privados
La situación también expone una tendencia cada vez más visible durante la gestión de Milei: la retirada del Estado de áreas sensibles y la transferencia de responsabilidades públicas hacia actores privados.
Desde NLI ya habíamos advertido sobre este fenómeno el pasado 26 de mayo, cuando se conoció la eliminación de compensaciones para los pasajes gratuitos de personas con discapacidad, en una decisión que no tuvo la trascendencia necesaria ni la dimensión esperada, oculta tras el mando de discusiones internas o Declaracines Juradas no presentadas. En aquel caso, el Gobierno dejó de financiar una política pública y trasladó la carga económica a las empresas, convirtiéndolas de hecho en administradoras de un derecho que debería estar garantizado por el Estado.
Ahora el mecanismo parece repetirse. Mientras el transporte enfrenta aumentos de costos y problemas de financiamiento, los controles estatales brillan por su ausencia y los usuarios quedan atrapados en el medio. En lugar de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos adquiridos, el Gobierno parece optar por correrse y dejar que cada empresa resuelva la situación como considere conveniente.
El resultado es previsible: cuando los números no cierran, quienes primero sufren las consecuencias son los sectores más vulnerables.
Un nuevo golpe contra la educación pública
La negativa a reconocer el boleto estudiantil no puede analizarse únicamente como un conflicto de transporte. También constituye un nuevo capítulo en el deterioro de las condiciones de acceso a la educación pública.
Durante los últimos meses, estudiantes, docentes y universidades protagonizaron múltiples reclamos frente a recortes presupuestarios, pérdida salarial y reducción de programas de asistencia. Ahora, a ese escenario se suma la incertidumbre sobre una herramienta fundamental para que miles de jóvenes puedan asistir a clases.
Detrás de cada estudiante obligado a pagar un pasaje que antes estaba cubierto existe una definición política. Porque cuando el Estado abandona su rol de garante y permite que derechos básicos queden sujetos a la capacidad económica de empresas privadas, lo que está en discusión ya no es solamente una tarifa de colectivo. Lo que está en juego es la igualdad de oportunidades.
Y una vez más, quienes terminan soportando el peso del ajuste son aquellos que menos tienen y más necesitan de la presencia estatal para ejercer derechos que deberían estar fuera de cualquier discusión.
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