La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Regina gestionó el primer DNI a un extranjero que reside en nuestra ciudad hace más de 40 años. En un trabajo en conjunto con la Dirección General de Migraciones se asesoró al vecino para que pudiera regularizar su situación y en la jornada de hoy recibió su documento.
En este sentido, las personas interesadas en obtener información sobre el trámite pueden acercarse a la oficina de la Secretaría ubicada en Uspallata Sur 169 de lunes a viernes de 8 a 12 horas.
Toto Caputo desembarca en el armado territorial de La Libertad Avanza. Lo hace en Tigre, distrito insignia del descalabro libertario en la provincia, con múltiples líneas internas en disputa.
El elegido es Miguel Schmukler, un abogado que funge de comodín del ministro de Economía en varios organismos y que fija domicilio en un barrio privado de Benavídez.
El lanzamiento fue este lunes en un encuentro que parte del equipo económico de Caputo tuvo con empresarios y comerciantes de Tigre. «De la macro a la micro», se denominó la actividad que -argumentaron- apunta a «una bajada del Ministerio de Economía a un contacto más directo con la gente».
Como había anticipado LPO, las versiones de un nombramiento de Schmukler como coordinador distrital en reemplazo de José De los Ríos ya había recrudecido las tensiones internas en el ya descontrolado armado libertario de Tigre.
«La política de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires parece una gran bolsa de gatos, es una cosa de locos, no podés creer las cosas que hacen, demasiado amateur», había estallado la semana pasada el ex PRO Segundo Cernadas.
En la interna libertaria algunos atribuían parte del malestar del ahijado de Patricia Bullrich en la incipiente llegada de Schmukler como mandamás local del partido.
«Desde mi rol hoy de articulador y coordinador del territorio, vamos a tratar de armar una Libertad Avanza competitiva en Tigre», dijo Schmukler tras la charla en la que estuvo acompañado de la mesa chica de Toto Caputo: José Luis Daza, Federico Furiase, Federico Núñez y Martín Vauthier.
Por lo pronto, muchos libertarios tigrenses lo miran de reojo. «No lo conozco», dijo a LPO un concejal de LLA Tigre que también admitió que Schmukler «aún no» lo contactó para presentarle credenciales.
Las tensiones son insoslayables ya que hay quienes creen que la llegada de Schmukler, lejos de armonizar, abrirá un nuevo frente de disputa interna a 2027, donde ya existen los cortocircuitos entre concejales de Pareja, Nicolás Scioli, Cernadas y hasta concejales que jugaron el año pasado con el Partido Libertario.
En esa atmósfera, muchos libertarios tigrenses lo miran de reojo. «No lo conozco», dijo a LPO un concejal de LLA Tigre que también admitió que Schmukler «aún no» lo contactó para presentarle credenciales.
El cambio de coordinación en Tigre se da en medio de los fuertes cambios que Sebastián Pareja está haciendo de mandos distritales en la Primera, donde también modificó las conducciones en Pilar, Campana e Ituzaingó.
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El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, destruyó uno de los pilares del relato económico de Caputo y Milei. Un informe técnico del organismo monetario confirmó que desde que se instrumentó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) al cuarto trimestre de 2025 hubo egresos netos de inversión extranjera directa por USD 4.687 millones.
El régimen de beneficios impositivos para atraer inversiones de magnitud entró en vigencia el 8 de julio, pero según el informe sobre Inversión Extranjera Directa al 31 de diciembre de 2025 que publicó el Banco Central esta semana, por ahora no tuvo el efecto buscado.
El propio informe intenta justificar la salida neta de capitales bajo un signo positivo. Argumenta que muchas multinacionales aprovecharon las flexibilizaciones cambiarias y los incentivos exportadores para cancelar deuda comercial entre empresas vinculadas, reorganizar balances internos y retirar posiciones acumuladas durante los años anteriores.
El núcleo de ese movimiento estuvo en el complejo exportador. Según el informe, gran parte del desendeudamiento se explicó por la cancelación de adelantos de cobro de exportaciones vinculados al Decreto 682, que había reducido transitoriamente las retenciones para determinados sectores. La escena se parece bastante a una vieja postal argentina: el Estado necesita dólares urgentes, libera incentivos extraordinarios y el capital responde con movimientos financieros de corto plazo antes que con inversión productiva sostenida.
Cuando se observa el detalle del documento, el cuadro se vuelve todavía más evidente. La renta de capital de la inversión extranjera directa alcanzó los 1.436 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025. Dentro de ese total, la distribución de utilidades y dividendos sumó 1.194 millones, mientras que la reinversión quedó reducida apenas a 241 millones.
Ese número probablemente sea uno de los datos más relevantes del informe. Porque una cosa es obtener rentabilidad en la Argentina y otra muy distinta es decidir dejar esas ganancias dentro del país para ampliar plantas, incorporar tecnología o desarrollar proveedores locales. Eso es justamente lo que no aparece en los números del Banco Central.
La diferencia entre utilidades giradas y utilidades reinvertidas muestra una dinámica mucho más ligada a la extracción de renta que a la construcción de capacidad productiva. El capital entra, obtiene ganancias y luego vuelve a salir.
La gran diferencia entre utilidades giradas al exterior y utilidades reinvertidas en el país que descubre el informa del Banco Central muestra una dinámica mucho más ligada a la extracción de renta que a la construcción de capacidad productiva.
También resulta revelador el mapa geográfico de las salidas de capital. Los principales egresos provinieron de Suiza, Reino Unido, Países Bajos y España. No es casual. Son jurisdicciones centrales dentro de las arquitecturas financieras globales utilizadas por holdings multinacionales, fondos y vehículos societarios para triangular inversiones y administrar flujos internacionales.
En paralelo, el gobierno prorrogó por un año adicional el plazo de adhesión al RIGI mediante el Decreto 105 publicado días atrás en el Boletín Oficial. El vencimiento original estaba previsto para julio de 2026 y ahora se extendió hasta julio de 2027. La decisión dejó una lectura política incómoda: si el régimen estuviera generando una llegada masiva e inmediata de inversiones, no habría necesidad de extender tan rápido los plazos originales.
A eso se sumó el anuncio del gobierno sobre el envío al Congreso de un nuevo proyecto denominado «Súper RIGI», que baja de 25 puntos a 10 el tributo de ganancias en caso de inversiones tecnológicas, una iniciativa anticipada en exclusiva por LPO.
El nombre sintetiza bastante bien la lógica que atraviesa buena parte de las reformas económicas argentinas: cada nueva versión necesita exhibirse más extrema.
El problema es que el RIGI no movió el amperímetro de la inversión agregada. Pese a los miles de millones comprometidos sobre el papel, el régimen todavía no generó un salto perceptible en la formación de capital del conjunto de la economía. Incluso sectores cercanos al pensamiento liberal empezaron a marcar esa limitación.
Si de promesas se trata, la minería se convirtió en el gran escaparate económico del gobierno. Caputo suele mostrar cifras cercanas a los USD 95.000 millones vinculados al RIGI y proyecta unos USD 140.000 millones futuros. Pero allí se mezclan proyectos presentados, anuncios preliminares, carpetas en evaluación e iniciativas no aprobadas.
Lo efectivamente aprobado hasta ahora representa algo más de 17.000 millones de dólares. Y aun esa cifra sigue siendo potencial. Porque aprobación no significa desembolso real. La inversión que efectivamente se movió fue muchísimo menor: en 2025 rondó los 1.388 millones de dólares y durante el primer trimestre de 2026 ingresaron aproximadamente 1.205 millones vinculados al régimen.
Un informe reciente de la Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) sostuvo que «la baja inversión no se origina en la falta de ahorro sino en la persistencia de un contexto adverso para la inversión». El documento plantea que crear un Súper RIGI sin resolver los problemas estructurales replica el mismo esquema en una escala todavía mayor.
El estudio agrega otro dato revelador. Mientras la inversión productiva sigue estancada, durante 2025 las personas destinaron el equivalente al 4,7% del PBI a comprar dólares para ahorro. El dinero existe, pero se fuga hacia la dolarización defensiva. «Que los ahorros se acumulen bajo el colchón en lugar de ser canalizados a expandir la capacidad de producción implica un drenaje permanente de recursos fuera del sistema», señala el informe.
La baja inversión no se origina en la falta de ahorro sino en la persistencia de un contexto adverso para la inversión. Que los ahorros se acumulen bajo el colchón en lugar de ser canalizados a expandir la capacidad de producción implica un drenaje permanente de recursos.
Idesa también cuestiona la proliferación de regímenes especiales. El RIGI, el RIMI incluido en la reforma laboral y ahora el proyectado Súper RIGI forman una superposición de excepciones que generan asimetrías entre empresas. Los proyectos que acceden a esos beneficios compiten con ventajas tributarias, cambiarias y regulatorias frente a quienes quedan afuera. «Son esquemas burocráticos y discrecionales que suman distorsiones» aclara.
El Súper RIGI expone además otro problema. El proyecto limita Ingresos Brutos al 0,5% y prohíbe tasas municipales sobre ventas para los emprendimientos incluidos en el régimen. Es decir: reconoce implícitamente que el esquema tributario general resulta inviable para invertir. El alivio fiscal existe, pero sólo para quienes logran ingresar al club de excepción. El resto de la economía sigue conviviendo con la asfixiante presión tributaria combinada de Nación, provincias y municipios.
Por eso el informe de IDESA propone otra lógica: avanzar hacia reglas generales para toda la economía en lugar de seguir acumulando privilegios sectoriales. Entre otras medidas, plantea crear un «Súper IVA» coordinado con las provincias que absorba Ingresos Brutos y tasas municipales sobre ventas para todos los sectores, no únicamente para proyectos seleccionados. Un proyecto que varios gobernadores aliados impulsaron en su momento, pero que la Casa Rosada eligió no tratar.
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