La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Regina gestionó el primer DNI a un extranjero que reside en nuestra ciudad hace más de 40 años. En un trabajo en conjunto con la Dirección General de Migraciones se asesoró al vecino para que pudiera regularizar su situación y en la jornada de hoy recibió su documento.
En este sentido, las personas interesadas en obtener información sobre el trámite pueden acercarse a la oficina de la Secretaría ubicada en Uspallata Sur 169 de lunes a viernes de 8 a 12 horas.
La escena se repite cada vez con más frecuencia y expone una realidad alarmante. Este mediodía, estudiantes que intentaban viajar con el boleto estudiantil secundario en la línea 8 recibieron una respuesta tan contundente como preocupante: «No hay más secundario», les dijo el chofer del interno 722. A partir de allí, los jóvenes quedaron ante una disyuntiva imposible: pagar una tarifa que muchos no pueden afrontar o descender de la unidad y perder la posibilidad de llegar a la escuela o retornar a sus hogares.
Por Tomás Palazzo para NLI
El episodio no aparece como un hecho aislado. Según denuncian usuarios y familias, situaciones similares comienzan a multiplicarse en distintas líneas de transporte, en un contexto marcado por el aumento permanente de los combustibles, la crisis financiera que atraviesa el sector y la reducción de la asistencia estatal. Sin embargo, detrás de cada estudiante obligado a pagar o a bajarse de un colectivo existe una pregunta de fondo: ¿quién debe garantizar el acceso a la educación, las empresas privadas o el Estado?
Cuando la crisis la pagan los estudiantes
El boleto estudiantil no es un beneficio comercial ni una concesión graciosa de las empresas. Se trata de una herramienta destinada a garantizar el acceso a la educación pública, evitando que el costo del transporte se transforme en una barrera para miles de familias trabajadoras.
Cuando una empresa decide desconocer ese derecho o limitar su aplicación, el impacto no recae sobre balances empresariales ni sobre funcionarios. Lo sufren directamente los estudiantes. Cada viaje que deja de estar cubierto implica un gasto adicional para hogares que ya enfrentan aumentos constantes en alimentos, tarifas, alquileres y servicios.
La consecuencia es tan sencilla como brutal: estudiar se vuelve más caro. Y cuando la educación pública comienza a incorporar costos que antes estaban garantizados por políticas estatales, quienes terminan pagando son los sectores populares.
La situación remite inevitablemente a una larga historia de luchas estudiantiles. El reclamo por el boleto estudiantil forma parte de una tradición de organización juvenil que tuvo uno de sus capítulos más trágicos durante la dictadura con la recordada Noche de los Lápices, cuando estudiantes secundarios fueron secuestrados, torturados y desaparecidos tras participar, entre otras reivindicaciones, de la defensa de ese derecho. Por eso, cada retroceso en esta materia tiene una carga simbólica que trasciende la discusión económica.
El Estado se corre y los derechos quedan a merced de privados
La situación también expone una tendencia cada vez más visible durante la gestión de Milei: la retirada del Estado de áreas sensibles y la transferencia de responsabilidades públicas hacia actores privados.
Desde NLI ya habíamos advertido sobre este fenómeno el pasado 26 de mayo, cuando se conoció la eliminación de compensaciones para los pasajes gratuitos de personas con discapacidad, en una decisión que no tuvo la trascendencia necesaria ni la dimensión esperada, oculta tras el mando de discusiones internas o Declaracines Juradas no presentadas. En aquel caso, el Gobierno dejó de financiar una política pública y trasladó la carga económica a las empresas, convirtiéndolas de hecho en administradoras de un derecho que debería estar garantizado por el Estado.
Ahora el mecanismo parece repetirse. Mientras el transporte enfrenta aumentos de costos y problemas de financiamiento, los controles estatales brillan por su ausencia y los usuarios quedan atrapados en el medio. En lugar de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos adquiridos, el Gobierno parece optar por correrse y dejar que cada empresa resuelva la situación como considere conveniente.
El resultado es previsible: cuando los números no cierran, quienes primero sufren las consecuencias son los sectores más vulnerables.
Un nuevo golpe contra la educación pública
La negativa a reconocer el boleto estudiantil no puede analizarse únicamente como un conflicto de transporte. También constituye un nuevo capítulo en el deterioro de las condiciones de acceso a la educación pública.
Durante los últimos meses, estudiantes, docentes y universidades protagonizaron múltiples reclamos frente a recortes presupuestarios, pérdida salarial y reducción de programas de asistencia. Ahora, a ese escenario se suma la incertidumbre sobre una herramienta fundamental para que miles de jóvenes puedan asistir a clases.
Detrás de cada estudiante obligado a pagar un pasaje que antes estaba cubierto existe una definición política. Porque cuando el Estado abandona su rol de garante y permite que derechos básicos queden sujetos a la capacidad económica de empresas privadas, lo que está en discusión ya no es solamente una tarifa de colectivo. Lo que está en juego es la igualdad de oportunidades.
Y una vez más, quienes terminan soportando el peso del ajuste son aquellos que menos tienen y más necesitan de la presencia estatal para ejercer derechos que deberían estar fuera de cualquier discusión.
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El dirigente de la UATRE Eduardo Davico presentó este jueves una denuncia ante la Corte Suprema contra Elena Nolasco Highton, secretaria letrada del máximo tribunal e hija de la ex jueza Elena Highton de Nolasco, por sus vínculos con Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. La jugada se produjo luego que Santiago Caputo convenciera a Javier Milei de retirar los pliegos de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania de la comisión de Acuerdos del Senado, que debía dictaminar ambas postulaciones para la Cámara de Apelaciones del Fuero Penal Económico, donde terminarían tramitando las causas contra Claudio «Chiqui» Tapia por presunta evasión.
Davico envió su escrito después que le dejaran un sobre anónimo en la puerta de su casa con información precisa sobre un vuelo privado que habrían compartido Nolasco Highton y Toviggino junto a Jorge Giani, esposo de la funcionaria judicial y presidente de la empresa Surco Seguros, conocida por negocios relacionados con el mundo del fútbol pero también la esfera sindical. Con un texto de 12 carillas, el sindicalista de Necochea sembró la inquietud sobre la cobertura que la hija de Highton podría facilitarle a la AFA en el cuarto piso de Tribunales.
De hecho, LPO informó que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, asumió su cargo con el mandato de mitigar el apremio judicial de Tapia y Toviggino. Para eso, elevó no solo los pliegos que Milei decidió abortar sino también los de Rául Agustín Rubiero, Matilde Ballerini y Javier Cosentino, que falló en el juzgado Comercial N°8 a favor de la AFA en la causa de World Eleven. Los últimos tres siguen su camino en el Congreso.
No es casualidad que Mahiques haya escalado desde la Procuración General de la Ciudad al gabinete presidencial, en un acuerdo entre Karina Milei y Daniel «Tano» Angelici. Pero el desembarco del ministro funcionó, además, como un lubricante en la relación de la Casa Rosada con el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, enfrentado ahora a Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. Por propiedad transitiva, la denuncia de Davico sugiere connivencia entre el gobierno, el Ministerio de Justicia, el máximo tribunal y la AFA.
Nolasco, creen en la agrupación opositora de la UATRE, podría ser el dispositivo en las sombras para que en el Palacio Talcahuano terminen salvando a Tapia y Toviggino si las causas escalan desde los tribunales inferiores.
Juan Bautista Mahiques.
Según el documento de Davico, el trío de Nolasco, Giani y Toviggino viajó en un vuelo privado desde Miami al aeropuerto de San Fernando, en provincia de Buenos Aires, el 22 de julio de 2021, apenas 12 días después que el equipo de Lionel Messi levantara la Copa América en el Maracaná. Por entonces, regían en el país durísimas restricciones para la circulación por el rebrote del Covid19 y el segundo año de cuarentena, algo que torna más sospechoso el viaje de ida y vuelta en un día que compartieron los tres pasajeros entre Estados Unidos y Argentina.
La aeronave que los transportó es una modelo Gulfstream G450, con matrícula LV-GTQ y número de serie 4147. Se trata de un avión de lujo, operado por la firma Alas del Fin del Mundo SRL, y habría sido utilizado para traslados oficiales, incluyendo viajes del ex presidente Alberto Fernández a Bolivia en 2020 y compromisos internacionales de la AFA.
Nolasco, Giani y Toviggino viajó en un vuelo privado desde Miami al aeropuerto de San Fernando, en provincia de Buenos Aires, el 22 de julio de 2021, apenas 12 días después que el equipo de Lionel Messi levantara la Copa América en el Maracaná.
Líder de la oposición a José Voytenco en la UATRE, Davico advierte en su denuncia sobre la proximidad entre Nolasco, Giani y Toviggino «mediante vuelos privados compartidos, relaciones personales reconocibles, coincidencias reiteradas y vínculos con actores insertos en estructuras sometidas a investigaciones públicas y judiciales». «No se afirma aquí que Nolasco haya intervenido indebidamente en expediente alguno ni que haya ejercido influencia concreta sobre decisiones jurisdiccionales pero tampoco puede ignorarse que el estándar institucional exigible a una funcionaria de la Corte Suprema obliga precisamente a evitar situaciones capaces de generar sospechas razonables acerca de posibles condicionamientos, accesos privilegiados o relaciones impropias», sostiene.
El verdadero escudo defensivo de Chiqui Tapia y Toviggino es Giani, que mantiene negocios con la AFA y está casado con Nolasco, garante de la admisibilidad de una queja interpuesta por los dirigentes del fútbol ante la Corte Suprema en busca de impunidad.
Fuentes al tanto de la situación indicaron a LPO que la sospecha es que «el verdadero escudo defensivo de Chiqui Tapia y Toviggino es Giani, que mantiene negocios con la AFA y está casado con Nolasco, garante de la admisibilidad de una queja interpuesta por los dirigentes del fútbol ante la Corte Suprema en busca de impunidad».
En efecto, Giani sería socio de Julio Comparada, ex presidente del Club Atlético Independiente, en la aseguradora. Desde allí habrían cerrado una serie de contratos de seguro de los espectadores en estadios de fútbol y descuentos de aportes con sindicatos, sobre todo con aquellos ligados a Luis Barrionuevo.
Por eso, la denuncia de Davico promueve la investigación para determinar si hay conflicto de interés a partir del vuelo privado, entre el tesorero de la AFA y el dueño de una empresa que tiene contratos con la misma entidad. «Legalmente, esto se vuelve relevante si hubo beneficios personales indebidos, en caso que el vuelo haya sido un ‘regalo’, y eso deriva en protección judicial hacia Toviggino», dijo un allegado al dirigente gremial.
En el sindicato precisan que «lo que realmente importa jurídicamente, más que el vuelo en sí, es quién pagó el viaje, si hubo contraprestación, si se tomaron decisiones en la AFA que beneficiaron a Giani y si hubo intervención judicial donde exista conflicto».
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