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Desarrollo Social asesora sobre trámites a extranjeros indocumentados

La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Regina gestionó el primer DNI a un extranjero que reside en nuestra ciudad hace más de 40 años. En un trabajo en conjunto con la Dirección General de Migraciones se asesoró al vecino para que pudiera regularizar su situación y en la jornada de hoy recibió su documento.

En este sentido, las personas interesadas en obtener información sobre el trámite pueden acercarse a la oficina de la Secretaría ubicada en Uspallata Sur 169 de lunes a viernes de 8 a 12 horas.

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  • El Gobierno extrema la tensión con las universidades y el Galleguito Álvarez sale al ataque de rectores

     

    Frente al paro de 48 horas en protesta por el incumplimiento con la Ley de Financiamiento Universitario, la respuesta del Gobierno fue extremar la tensión. Alejandro «Galleguito» Álvarez salió al ataque de los rectores, a los que acusó de ser «cómplices de vulnerar el derecho a la educación».

    Al hacer alusión al cronograma de medidas de fuerza, el subsecretario de Políticas Universitarias posteó: «Los que convirtieron la educación universitaria en botín partidario te dicen que defienden la autonomía».

    En esa línea, al responde a la publicación de un usuario libertario que pedía que los docentes «no cobren los días que no trabajan», el Galleguito respondió: «Sí cobran, las autoridades autónomas son cómplices de vulnerar el derecho a la educación».

    El Galleguito advirtió que la FIFA podría multar a la Selección y lo destrozaron: «Que la pague Adorni»

    Además de rechazar el paro que se extendió hasta este viernes en las universidades de todo el país, Álvarez hizo embestidas localizadas. La más fuerte se dirigió a Mar del Plata, donde le reclamó en una nota a la rectora Mónica Biasone que «ponga fin a la violencia» en esa universidad.

    El funcionario de Milei refirió a una pelea durante una asamblea en Humanidades, donde la presencia de militantes libertarios ajenos a esa facultad derivó en un tumulto con estudiantes de otras agrupaciones.

    En esa asamblea, una de las personas que hizo uso de la palabra cuestionó que «la pasividad del movimiento estudiantil» permita «que los fachos quieran intentar militar el ajuste en la facultad».

    Álvarez  le reclamó a la rectora «que asuma sus responsabilidades y ponga fin a la violencia» y que, «si no puede hacerlo, solicite la asistencia de las fuerzas de seguridad». Más a fondo, le advirtió: «Continuar con su actitud pasiva es complicidad con los violentos».

    En la nota que le envió a Biasone «por instrucción de la ministra Sandra Pettovello», Álvarez condenó las expresiones de «una supuesta docente militante de una agrupación política socialista» y sostuvo que los dichos incitaron «a la violencia».

    Frente a eso, le reclamó a la rectora «que asuma sus responsabilidades y ponga fin a la violencia» y que, «si no puede hacerlo, solicite la asistencia de las fuerzas de seguridad». Más a fondo, le advirtió: «Continuar con su actitud pasiva es complicidad con los violentos».

    Con otra marcha multitudinaria, las universidades reclamaron a Milei que cumpla la ley de financiamiento

    La alusión al socialismo que hace el funcionario de Milei no es casual. Biasone es dirigente de Partido Socialista, al igual que su predecesor en el cargo, Alfredo Lazzaretti. Biasone fue electa a fines de 2025 en el marco de un acuerdo de su espacio con el radicalismo de Maximiliano Abad.

    De hecho, la vice rectora de esa universidad es Marina Sánchez Herrero, esposa del senador nacional y referente de la UCR bonaerense.

    Incluso, meses atrás hubo tensiones entre radicales y libertarios, cuando el propio Abad impulsó que los hoteles de Chapadmalal que el Gobierno busca privatizar, pasen a manos de la universidad marplatense.

    Abad presiona para que los hoteles de Chapadmalal que quiere concesionar Milei pasen a la universidad

    Frente a la nota enviada por Álvarez reclamándole «medidas disciplinarias» a una «supuesta docente», Biasone replicó que la universidad «cuenta con sus mecanismos institucionales para abordar estas cuestiones».

    Aprovechando el cruce público, la rectora dijo: «Desde que asumí vengo solicitando una audiencia para poder abordar personalmente las cuestiones centrales que atraviesa nuestra Universidad, la misma hasta el momento, no me ha sido concedida».

    «Va a ser citada cuando tenga una solución a la violencia, la tiene?», replicó Álvarez, habilitando debajo de su tuit una serie de posteos ofensivos contra la rectora.

     «Ese título no es inocente: fue consigna de Benito Mussolini», señalaron desde la Asociación de Docentes de la UNS al referirse al libro «Dios, patria y familia» de Santurio y en rechazo a la actividad 

    Por otro lado, en Bahía Blanca también se registraron tensiones entre dirigentes libertarios y autoridades universitarias.

    En este caso fue por la presentación en el Campus Palihue de la Universidad Nacional del Sur (UNS) del libro «Dios, Patria, Familia» del diputado nacional de LLA Santiago Santurio que disparó el rechazo de numerosos agrupaciones de la comunidad universitaria que denunciaron «un intento de normalizar el fascismo dentro de una universidad pública».

    «Ese título no es inocente: fue consigna de Benito Mussolini, adoptada por Francisco Franco en España, por Antonio Salazar en Portugal y hoy es bandera de las derechas en todo el mundo», señalaron desde la Asociación de Docentes de la UNS al referirse al título del libro de Santurio y en rechazo a la actividad.

    El consenso frente al dogmatismo.La @UNS_oficial frente a la presentación del libro «DIOS, PATRIA y FAMILIA» del diputado libertario Santiago Santurio y otros/as. @Turios @ULLA_UNS @AleCiroAlvarez @LLibertadAvanza @LLAenPBA pic.twitter.com/MjDsz7SogD

    — ADUNS (@ADUNS_docentes) August 28, 2026

    La polémica escaló al punto que llevó al Consejo Superior a aclarar que la presentación del libro «no contó con aval institucional ni académico de ningún Departamento de la UNS», aunque señalaron que la presentación no debe ser «prohibida o censurada».

    En un comunicado, el Consejo Superior de la UNS cuestionó que el libro de Santurio «contiene expresiones falaces y agraviantes para con la Institución que representamos y sus dependencias y están firmadas por personas que llevan adelante acciones concretas en contra de ellas desde los lugares de poder que ocupan». 

     

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  • Rosenkrantz y Weinberg desaprobaron exámenes de candidatos a jueces que opinaron a favor de los discapacitados

     

    Carlos Rosenkrantz e Inés Weinberg, miembros designados como jurado para el concurso N° 527 para cubrir a una vacante de vocal en Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial, ofendieron a un postulante al que le bajaron el puntaje por utilizar «lenguaje mediocre» y quedaron envueltos por el polémico criterio de evaluación que utilizaron contra los concursantes que respondieron a las preguntas con jurisprudencia que condenaba al Estado por incumplir derechos de personas con discapacidad.

    Los exámenes para los jueces tienen un marco metodológico de evaluación. Los candidatos deben responder ante un caso específico que deberían resolver si ocuparan la vacante y, de los 100 puntos totales para la calificación máxima, 45 corresponden a la consistencia jurídica de la solución propuesta, 35 a la pertinencia y el rigor de los fundamentos y 20 a la corrección del lenguaje utilizado, algo que incluye la apelación a latinismos, barroquismos o giros casi ociosos para revestir la crudeza de una sentencia.

    Pero la evaluación de Rosenkrantz y Weimberg amagan con desatar un vendaval en el Consejo de la Magistratura, después que el concursante enfurecido por la calificación mandara una nota en queja a la Comisión de Selección de ese órgano del Poder Judicial. En su mensaje, el candidato consideró que lo dispuesto por el juez de la Corte Suprema y su par del TSJ porteño era «injuriante» e «indecoroso», precisó uno de los consejeros a LPO.

    El problema es que la bronca del concursante despertó la curiosidad de los integrantes del Consejo y ahora crecen las sospechas acerca del criterio ideológico utilizado por ambos jueces para aprobar a algunos candidatos y aplazar a otros.

    Rosenkrantz traba un concurso clave mientras presiona para aprobar cambios en la selección de jueces

    En efecto, a los candidatos les tocaba analizar el caso hipotético sorteado de una trabajadora del Estado que quedaba «cuadripléjica» y al cuidado de sus padres, adultos mayores de bajos ingresos. El relato indicaba que la obra social le recortaba la cobertura de prestaciones unilateralmente, contra las prescripciones de los médicos y la advertencia sobre el riesgo vital que conllevaba la suspensión del tratamiento.

    Lo curioso es que los que concluían que el Estado tenía responsabilidad subsidiaria por las prestaciones por discapacidad obtuvieron notas bajas o fueron bochados. «Rosenkrantz y Weimberg terminan avalando la postura del gobierno que se ensañó con los discapacitados», comentaron a LPO.

    Santiago Viola, Alberto Maques y Alejandra Provítola en el Consejo.

    Fuentes judiciales explicaron que antes de la llegada de Rosenkrantz al máximo tribunal, la jurisprudencia indicaba que el Estado, como garante subsidiario o de última instancia en salud, debía tutelar el derecho de las personas al acceso a las prestaciones médicas cuando las obras sociales o las prepagas no lo hicieran. Desde 2018, el magistrado que desplazó a Ricardo Lorenzetti de la presidencia de la Corte impuso matices que contemplaban un giro hacia la sustentabilidad o racionalidad presupuestaria que permitiera cuidar los recursos públicos.

    Pese a la postura que fue consolidando Rosenkrantz, Rosatti se mantuvo en disidencia sobre el criterio fiscalista de su colega. No es casual tampoco que los concursantes que apelaron a la visión del presidente de la Corte fueran relegados, después que Rosenkrantz suscribiera junto a Lorenzetti la acordada que promovía un cambio de reglamento en la selección de magistrados bajo la crítica a la falta de transparencia actual.

    En rigor, las pruebas de oposición exigen que los evaluadores no sepan quiénes son los aspirantes al cargo vacante. Por eso, se les asigna una sigla particular en lugar del nombre propio.

    Lo curioso es que los que concluían que el Estado tenía responsabilidad subsidiaria por las prestaciones por discapacidad obtuvieron notas bajas o fueron bochados. ‘Rosenkrantz y Weimberg terminan avalando la postura del gobierno que se ensañó con los discapacitados’, comentaron a LPO.

    Sin embargo, la carta del concursante ofendido habría movido el avispero y fuentes del Poder Judicial comentaron a LPO que el juez de la Corte Suprema y su par del TSJ porteño dejaron primero en el orden de mérito a un candidato que trabajó en el máximo tribunal, en la Secretaría de Juicios Ambientales y que también se desempeñó en la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo de la Magistratura, y en segundo lugar habría quedado otro miembro de la misma vocalía.

    También se rumoreaba este martes que en el sexto lugar habría quedado un secretario letrado de la Corte que atiende juicios ordinarios y extraordinarios. No obstante, resta que se conozcan las impugnaciones antes de establecer el orden definitivo.

    Para colmo, un consejero sembró la duda de que haya sido Rosenkrantz quien decidiera calificar las respuestas del candidato ofendido bajo la etiqueta de «lenguaje mediocre» y deslizó ante LPO la posibilidad de que haya sido algún colaborador suyo quien elaboró el informe. «Es incapaz de incluir expresiones como las que aparecen en el informe, quizá confió en quien redactó o revisó el informe y firmó sin leer», dijo como si quisiera ayudar con una reflexión tan inquietante como comprometedora.

     

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