La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Regina gestionó el primer DNI a un extranjero que reside en nuestra ciudad hace más de 40 años. En un trabajo en conjunto con la Dirección General de Migraciones se asesoró al vecino para que pudiera regularizar su situación y en la jornada de hoy recibió su documento.
En este sentido, las personas interesadas en obtener información sobre el trámite pueden acercarse a la oficina de la Secretaría ubicada en Uspallata Sur 169 de lunes a viernes de 8 a 12 horas.
El regreso de Chubut al mercado internacional no pasó desapercibido. En un contexto global adverso y con Argentina todavía bajo la lupa de los inversores, la provincia logró colocar deuda por USD 650 millones, triplicó la demanda y consiguió cerrar una tasa del 9,45%.
La emisión fue a 10 años, con tres años de gracia, lo que lleva el primer vencimiento de capital a 2029. La provincia recibió ofertas por USD 2.200 millones, más de tres veces el monto buscado. El dato entusiasma en Rawson: lograron colocar todo lo que fueron a buscar en un mercado internacional que viene golpeado.
El armado combinó bancos internacionales como JP Morgan y Santander con colocadores locales como Puente, Balanz, Allaria, Macro Securities y el Banco del Chubut, entre otros. La red fue amplia y permitió captar demanda en distintos segmentos.
Chubut arrastraba una década de problemas de deuda, con el bono Bocade como emblema, emitido por USD 650 millones en 2016 y garantizado con regalías petroleras. Ese pasivo fue reestructurado en 2020, en medio de una crisis fiscal profunda y con la provincia al borde del default.
En los hechos, la provincia entró en una situación de default técnico durante ese período, cuando no podía afrontar los vencimientos en dólares y tuvo que renegociar condiciones con los acreedores.
Chubut arrastraba una década de problemas de deuda, con el bono Bocade como emblema, emitido por USD 650 millones en 2016 y garantizado con regalías petroleras. Ese pasivo fue reestructurado en 2020, en medio de una crisis fiscal profunda y con la provincia al borde del default.
La reestructuración estiró plazos, bajó pagos en el corto plazo y llevó el vencimiento final hacia 2030. Pero dejó una marca. El mercado no olvida. Cada punto de tasa hoy carga ese antecedente.
Hay un dato político. Chubut volvió al mercado internacional después de más de una década de acceso limitado y crisis recurrentes. No es menor para una provincia que tuvo dificultades incluso para pagar salarios.
«Nacho está contento. Había tensión por el contexto, por Argentina y por el historial de Chubut», dijo un funcionario del gobierno. «Triplicaron las ofertas, bajaron la tasa todo lo que pudieron, la dejaron debajo de 9,5 y colocaron todo. Lograron lo que fueron a buscar», agregó. La lectura interna mezcla alivio y validación.
Los fondos tendrán un destino mixto. Una parte irá a cubrir vencimientos de capital, otra a refinanciar deuda y un tramo a obras de infraestructura. La estrategia es clara: ordenar el perfil de pagos y ganar margen en el corto plazo.
La operación deja una señal. En un país con restricciones externas, con el riesgo país todavía alto y con el financiamiento escaso, una provincia que venía de reestructurar deuda logró captar dólares a largo plazo.
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El desplazamiento de Carlos Frugoni, funcionario del Ministerio de Economía, por ocultar propiedades en Estados Unidos abre una pregunta incómoda que el oficialismo evita responder: ¿por qué a algunos los echan y a otros, con situaciones similares, los sostienen?
Por Roque Pérez para NLI
La salida de Frugoni se produjo luego de que se confirmara que tenía al menos siete u ocho inmuebles en Florida sin declarar ante los organismos argentinos, además de sociedades en el exterior utilizadas para adquirirlos. El caso no fue menor: se trata de un funcionario clave en el área de infraestructura, bajo la órbita directa del ministro Luis Caputo.
El escándalo que terminó en despido
La investigación periodística reveló que Frugoni omitió incluir en sus declaraciones juradas propiedades valuadas entre 140.000 y 310.000 dólares cada una, muchas de ellas adquiridas a través de firmas registradas en Delaware, una jurisdicción conocida por su opacidad.
El propio funcionario terminó admitiendo la irregularidad. Reconoció que no había declarado esos bienes y aseguró que se trataba de un “error” que estaba intentando corregir.
Pero el daño ya estaba hecho. La normativa argentina es clara: todo funcionario debe declarar la totalidad de su patrimonio, tanto en el país como en el exterior, y la omisión puede configurar delitos como enriquecimiento ilícito u omisión maliciosa.
En ese contexto, el Gobierno decidió avanzar con su salida. Una decisión que, en apariencia, busca mostrar firmeza frente a la corrupción.
La incómoda comparación con Adorni
Sin embargo, el caso abre una contradicción evidente. Porque mientras Frugoni fue eyectado, Manuel Adorni sigue en su cargo pese a estar bajo cuestionamientos patrimoniales y judiciales similares, tal como ya trascendió en distintas investigaciones públicas.
La comparación no es menor: ambos casos giran en torno a inconsistencias en declaraciones juradas, patrimonio no declarado o bajo sospecha, y posibles irregularidades en el manejo de bienes.
Entonces, la pregunta es inevitable: ¿por qué a Frugoni sí y a Adorni no?
Discrecionalidad, relato y costo político
La respuesta parece menos jurídica que política. Frugoni era un funcionario técnico, prescindible dentro del esquema de poder. Adorni, en cambio, es una figura central en la comunicación del gobierno de Milei, con exposición mediática diaria y rol estratégico en la construcción del relato oficial.
En otras palabras, no todos los funcionarios valen lo mismo dentro del dispositivo político.
El gobierno intenta instalar una narrativa de “tolerancia cero” frente a irregularidades, pero los hechos muestran otra cosa: la vara cambia según el peso político del implicado.
Un problema más profundo
El caso Frugoni no es un hecho aislado. Se inscribe en una serie de episodios que golpean el discurso de transparencia de la actual gestión, especialmente en áreas sensibles como la obra pública y la administración de recursos.
La utilización de sociedades en el exterior, la omisión de bienes y las inconsistencias patrimoniales no son meros tecnicismos: son señales de posibles circuitos de opacidad que contradicen el discurso anticasta.
Y cuando la reacción del Estado es selectiva, el problema se agrava.
La pregunta que queda abierta
El desplazamiento de Frugoni podría haber sido un gesto de institucionalidad. Pero pierde fuerza cuando no se aplica el mismo criterio a todos.
Porque en política, tan importante como sancionar es hacerlo sin discrecionalidad. Y hoy, la sensación que queda es otra: no hay una política anticorrupción, sino una administración del costo político de cada escándalo.
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