La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Regina gestionó el primer DNI a un extranjero que reside en nuestra ciudad hace más de 40 años. En un trabajo en conjunto con la Dirección General de Migraciones se asesoró al vecino para que pudiera regularizar su situación y en la jornada de hoy recibió su documento.
En este sentido, las personas interesadas en obtener información sobre el trámite pueden acercarse a la oficina de la Secretaría ubicada en Uspallata Sur 169 de lunes a viernes de 8 a 12 horas.
Diego de “Mandinga Tattoo” se presentó este fin de semana en Villa Regina. Por obra del destino, una persona que lo seguía en redes, le contó que había una persona que iba a tatuar a mujeres sobrevivientes del cáncer de mama. A raíz de eso, hace 8 años comenzó a reconstruir areolas mamarias de manera…
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La primer compe del año se va a llevar a cabo en el «Play-On» ubicado en un predio dentro de la Isla 58 de Villa Regina. Este domingo a partir de las 17:30hs. Nos tomamos enero para poder reactivar un espacio al aire libre en uno de los lugares más naturales y dados para la…
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, firmó con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, un acuerdo por el cual el gobierno libertario se compromete a saldar una deuda de 48.000 millones de pesos por deuda con la caja provisional de esa provincia patagónica.
A partir de este acuerdo, Anses transferirá los fondos adeudados a la provincia de Chubut, en concepto de financiamiento del sistema previsional. El gobierno de Javier Milei había cancelado las transferencias destinadas a cubrir el déficit de las cajas previsionales de 13 provincias que en la década del ‘90 no transfirieron sus regímenes previsionales a la Nación.
El gobierno de Torres había presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una demanda para reclamar el pago de la deuda por parte del Estado nacional. «Después de mucho tiempo, y tras años en los que el Estado nacional no avanzó en el pago de esta deuda millonaria, hoy logramos que se reconozca y se empiece a saldar lo que le corresponde a los jubilados de nuestra provincia», dijo el gobernador.
El acuerdo entre Torres y el gobierno de Milei tuvo un impacto directo en la provincia de Buenos Aires toda vez que días atrás, la Corte convocó a funcionarios de la ANSES y al gobierno de Kicillof a una audiencia para buscar una solución con el mismo tema. En el caso de Buenos Aires, la deuda asciende a unos 2,2 billones de pesos.
Axel Kicillof.
En esa audiencia, la Corte le preguntó al Estado nacional si tenía algún ofrecimiento para hacer y fijó un nuevo encuentro para el 11 de abril. El gobierno de Kicillof busca aprovechar estos días para enviar información técnica.
Al igual que Chubut, la provincia de Buenos Aires, es una de las 13 jurisdicciones que no transfirieron sus regímenes provisionales a Nación. Por lo que el Estado Nacional debe compensar los déficits. Eso se realiza a través de un sistema de simulaciones y auditorias que debe hacer el Estado Nacional sobre las cuentas provinciales.
En La Plata aseguran que vienen enviando toda la documentación sin demoras. Sin embargo, desde el primer día de enero de 2024 que dejaron de recibir las transferencias.
Los argumentos que plantearon los representantes de la ANSES en la audiencia con la provincia fueron que no estaban terminadas las auditorías sobre la provincia. En tanto, los enviados por Kicillof dijeron que todo estaba presentado en tiempo y forma, pero que estaban dispuestos a reenviar toda la documentación. En función de eso, la Corte convocó a una nueva audiencia para el 11 de abril.
Esta semana, el gobierno provincial presentó su octava demanda ante la Corte Suprema. En este caso reclama más de 1,13 billones de pesos por el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y el convenio firmado en 2023.
Este último reclamo incluye el saldo impago correspondiente al acuerdo de 2023 y las diferencias proyectadas para el período 2023-2025 por el Fondo del Conurbano, según precisa la administración provincial. Con la presentación, también se solicita una medida cautelar que ordene al gobierno nacional la restauración del método de cálculo original, a fin de reparar los perjuicios futuros.
La decisión de Karina Milei y Juan Bautista Mahiques de enterrar el proyecto de reforma del Código Penal que se había trabajado durante dos años para proponer apenas unos retoques que tiene como eje central la suba de las penas para casi todos los delitos, excepto para los de la corrupción de la política, cayó como una bomba en el gobierno.
«Milei había colocado a la corrupción como uno de los principales problemas estructurales del país, en el proyecto de reforma del Código Penal que se dio de baja se agravaban las penas contra los delitos de los funcionarios como parte de la lucha contra la corrupción, ahora eso de dejó de lado», recordó un funcionario al tanto de las discusiones internas, ante la revelación del cambio profundo de sentido de la iniciativa que reveló La Nación.
La decisión de voltear el proyecto anterior se anunció luego de la primer reunión entre el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques y el propio Javier Milei. El nuevo enfoque, más favorable o tolerante a la corrupción, coincide con la preocupación que atenaza a Karina Milei por el avance de las causas $Libra y Andis, que la tienen como protagonista de presuntos hechos de corrupción.
Mahiques llegó al cargo por decisión de la hermana y contra la opinión de su hermano que le había anticipado al juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que la nueva dulpa que conduciría el ministerio de Justicia era Guillermo Montenegro y Santiago Viola, como reveló LPO. No parece casual que en su primera entrevista luego de asumir el cargo, Mahiques haya hablado como abogado de los hermanos Milei y hasta deslizó la posibilidad de anular las pruebas de la causa de la Criptoestafa que los compromete.
La reforma del Código Penal que llevaba dos años de trabajo quedó así enterrada de un día para otro. El borrador que venían elaborando el camarista Mariano Borinsky y otros especialistas fue desplazado tras la intervención de Mahiques. El nuevo texto además de bajar las penas para los delitos de corrupción sube los montos para que se configure el delito de lavado de dinero, usualmente asociado a la corrupción de la política. El mensaje es claro y contradice los furibundos discursos de Milei contra la corrupción.
El nuevo texto además de bajar las penas para los delitos de corrupción sube los montos para que se configure el delito de lavado de dinero, usualmente asociado a la corrupción de la política. El mensaje es claro y contradice los furibundos discursos de Milei contra la corrupción.
El cambio más fuerte es conceptual. El gobierno de Milei se vuelca a una mirada punitivista del derecho penal para perseguir delitos comunes, pero pierde impulso en la lucha contra la corrupción, justo cuando sus tres funcionarios más importantes -Javier y Karina Milei y Manuel Adorni- aparecen muy comprometidos por sospechas de enriquecimiento ilícito.
La reforma así avanza sobre los delitos de calle contra la propiedad y se detiene frente a los delitos del poder. El giro no es técnico. Es político. Se abandona una lógica de revisión integral y se adopta un criterio selectivo. Castigar con mayor dureza los delitos comunes y hacer la vista gorda o directamente favorecer los de cuello blanco.
El texto prioriza el aumento de penas para delitos como robos, hurtos, entraderas, salideras bancarias y estafas, en línea con una agenda de seguridad urbana y se abandona la lucha contra la corrupción, antes descripta por Milei como una de las causas estructurales de la decadencia argentina. En el anterior proyecto se proponía incluso declarar impescriptibles los delitos de corrupción. Nada de eso quedó en la modificación de Mahiques.
El nuevo texto incluso introduce cambios en materia probatoria. Se ajustan los criterios de admisión de pruebas. Se limitan algunos mecanismos que hoy permiten incorporar evidencia en las causas. Un punto con impacto concreto, por ejemplo, en el caso Libra. Las modificaciones podrían afectar la validez de pruebas clave y habilitar su nulidad.
El texto también introduce cambios en delitos de lesa humanidad. Según el nuevo enfoque, se revisan criterios que hasta ahora tenían un tratamiento específico, lo que en la práctica abre la puerta a discusiones sobre su encuadre y alcance. Juristas advierten que, aunque no se modifican principios centrales como su imprescriptibilidad, sí se generan zonas grises en la interpretación que podrían ser utilizadas en planteos judiciales de los genocidas.
En el Congreso ya se anticipa una discusión tensa. Desde la oposición afirmaron que la reforma «recorta por arriba y endurece por abajo».
Desde el Municipio de Villa Regina, lamentamos el fallecimiento del exintendente, Carlos Vazzana. Un duro golpe para la comunidad que supo acompañar a “Carlitos” en sus distintas funciones dentro de la ciudad. Hacemos llegar a su familia, amigos y allegados, nuestro más sentido pésame. Difunde esta nota
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