La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Regina gestionó el primer DNI a un extranjero que reside en nuestra ciudad hace más de 40 años. En un trabajo en conjunto con la Dirección General de Migraciones se asesoró al vecino para que pudiera regularizar su situación y en la jornada de hoy recibió su documento.
En este sentido, las personas interesadas en obtener información sobre el trámite pueden acercarse a la oficina de la Secretaría ubicada en Uspallata Sur 169 de lunes a viernes de 8 a 12 horas.
El Rally ‘Ciudad de Villa Regina’ tuvo un apasionante desarrollo: desde la largada simbólica del viernes hasta las dos intensas jornadas de competencia plena. Con una gran convocatoria de pilotos y de fanáticos de los fierros que colmaron las bardas durante ambos días, culminó en la tarde de hoy domingo con la premiación que tuvo…
La Municipalidad de Villa Regina adhiere a la Resolución N° 5111 del Ministerio de Salud de Río Negro que dispuso extender las medidas sanitarias destinadas a contener los contagios de COVID-19 hasta el de 30 de julio, inclusive. De esta manera se dispuso establecer en el ejido municipal la restricción a la circulación de las…
“Aquí no volverá a haber elecciones, para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”. Así fue como Daniel Ortega anuló los comicios programados para noviembre de este año. Para ello, contó el presidente de Nicaragua, va a trabajar con la Asamblea Nacional con el objetivo de aprobar leyes que sirvan de “muro” para que la oposición no llegue al poder. Estas palabras se pronunciaron en el acto de conmemoración del 47° aniversario de la Revolución Sandinista. En la lengua de Daniel Ortega, la palabra revolución hace convivir dos estrategias prácticas: mantener y conservar el poder para sí (a cualquier precio) y perpetuar una dinastía política y económica.
Ante la novedad, se impone una pregunta: ¿por qué el sandinismo —que cuenta con el apoyo de partidos que legitiman su proyecto, con empresarios que intentan adecuarse con recelo y temor a la dinámica económica, y con un marco donde los disidentes están presos o exiliados— decide clausurar las elecciones?
Para responder esta pregunta es necesario revisar lo ocurrido durante las últimas décadas. En primer lugar, este experimento político no es novedoso. Ya lo hizo Anastasio Somoza García, quien construyó un sistema de poder autoritario que le permitió a su familia controlar Nicaragua desde 1933 a 1979. Daniel Ortega se le parece a “Tacho” Somoza en dos aspectos: ambos provienen del mundo de las armas (uno del Frente Sandinista de Liberación Nacional; el otro de la Guardia Nacional) y comparten una mirada sobre la centralización autoritaria para mantenerse en el poder.
En la lengua de Daniel Ortega, la palabra revolución hace convivir dos estrategias prácticas: mantener y conservar el poder para sí (a cualquier precio) y perpetuar una dinastía política y económica.
El sandinismo —que había tomado el poder en 1979— perdió las elecciones de 1990 y comenzó el tiempo de su reconfiguración en un proceso cruento en el que Ortega desplazó a los disidentes sandinistas y fortaleció su jefatura. Entre 1994 y 1995 se afianzó el punto cero de su liderazgo y empezó la carrera por llegar al poder. En 2006 ganó las elecciones y asumió la presidencia acordando con partidos tradicionales, con la Iglesia católica y con empresarios para construir un gobierno estable hasta 2018. En esos doce años consolidó su poder, lo amplificó con el apoyo de las fuerzas armadas y policiales, y logró expandirse hacia territorios electorales que ocupaban otros partidos. También se vio beneficiado por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, un acuerdo con la Venezuela chavista a partir del cual Nicaragua obtuvo petróleo barato y subsidios para los sectores populares.
Este sistema —que gozaba de legitimidad, estabilidad y crecimiento sostenido (en promedio, un 4% anual desde 2006)— se quiebra en 2018 desatando una rebelión civil, a partir de un decreto que modificaba el sistema de pensiones, algo percibido por la ciudadanía como un gesto autoritario. Dos años antes, en las elecciones de 2016, hubo un punto de quiebre: la esposa de Ortega, Rosario Murillo, se convirtió en vicepresidenta y empezaron ciertas tensiones con un sistema de poder que la miraba de reojo.
A partir de ese entonces, no solo se alejan los empresarios del acuerdo con el gobierno sandinista, sino que se erosiona la sostenibilidad del Estado. Los subsidios y el petróleo barato venían cayendo desde 2014 (con el derrumbe del precio internacional del barril) y para 2018 se desplomó la cooperación financiera entre Venezuela y Nicaragua en un 73 por ciento. El desgaste presupuestario del Estado nicaragüense y la caída del crecimiento implicaron ajustes que empujaron a gran parte de la sociedad a la calle. La desigualdad social y la pobreza empezaron a crecer en 2017 en una sociedad que ya tenía entre el 78 y 82 por ciento de informalidad laboral. La protesta anti autoritaria de las calles se combinó con el agotamiento de un sistema de poder que tenía más de diez años.
¿Por qué el sandinismo —que cuenta con el apoyo de partidos que legitiman su proyecto, con empresarios que intentan adecuarse con recelo y temor a la dinámica económica, y con un marco donde los disidentes están presos o exiliados— decide clausurar las elecciones?
Como indica Elvira Cuadra, socióloga e investigadora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, el autoritarismo de Ortega y Murillo se radicalizó a partir de 2018. El camino para recuperar el control del liderazgo y acallar esas protestas —como ya había pasado entre 1994 y 1995— fue a partir de una fuerte y capilar represión: 355 personas asesinadas y la persecución de opositores provocaron el miedo social y un masivo exilio político. Entre 2019 y 2024, la pareja presidencial logró que la Asamblea Nacional vote una serie de leyes para aumentar la capacidad represiva, el control ideológico y la clausura del sistema democrático: más persecución, menos garantías. Se clausuró la libertad de expresión y se sometió a opositores al despojo de la nacionalidad y a ser considerados traidores a la patria.
En cuanto a la política social, el gobierno sandinista se alejó de la atención de los problemas sociales y descansó, paradojalmente, en las remesas que recibían las familias nicaragüenses de quienes habían emprendido el exilio provocado por las represiones del sandinismo y por su propio modelo económico. Hoy, entre el 25 y el 30 por ciento del PBI lo representan las remesas. La política social está en manos de exiliados que se han escapado del régimen sandinista.
La disputa al liderazgo de Ortega desde las protestas opositoras de 2018 tuvo como resultado el rediseño del sistema político: el sandinismo compitió en las elecciones de 2021 contra partidos que colaboraban con el gobierno. El FSLN ganó unos comicios controlados y obtuvo, con el 75,2 por ciento, el control mayoritario del parlamento.
La política social de Nicaragua está en manos de exiliados que se han escapado del régimen sandinista.
Ahora bien, volviendo a la pregunta sobre por qué clausurar las elecciones, modificar la constitución y la ley electoral, podríamos responder que Ortega busca asegurar el poder más allá de su propia biología y, como indica Cuadra, resolver el problema de la sucesión. La primera propuesta para definir al sucesor fue la reforma constitucional de 2024 que estableció la copresidencia, cargo asumido por Rosario Murillo. Esta nueva posición en el Ejecutivo le permitió acceder a todas las instituciones del Estado y poner en cuestión la división de poderes. A la radicalización del autoritarismo le siguió la aceleración de la concentración de poder. La segunda propuesta se pronunció el pasado 19 de julio: Ortega, en el proyecto que enviará a la Asamblea, desea extender el mandato presidencial a siete años y que la continuidad, en vez de ser decidida en las urnas, pueda renovarse por el mismo parlamento en el que tiene mayoría. De esta manera, intenta constitucionalizar el fin de la alternancia política, blindar a Rosario Murillo —quien no cuenta en el sandinismo con los apoyos que sí tiene su esposo— y perpetuar una dinastía que se piensa más allá de la actual dupla presidencial. Algunos de los hijos de Ortega ya han asumido roles políticos y económicos relevantes. Entre ellos, Laureano Ortega Murillo, a quien nombraron Asesor Presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional y hace las veces de canciller paralelo, tejiendo alianzas con China, Rusia y Bielorrusia mediante acuerdos de inversión en infraestructuras. Esto también lo posiciona, en caso de que las tensiones con Estados Unidos aumenten, en un lugar relevante para futuras negociaciones.
Esta propuesta de clausurar la alternancia política y de radicalizar la concentración de poder bicéfalo no llega en momentos de bienestar económico. Si bien las remesas ayudan a muchas familias y sostienen la demanda social, la informalidad superó al 80 por ciento, cayó el poder de compra y empeoró la situación de aquellos hogares que no reciben remesas. El deterioro de las prestaciones públicas y de los programas de transferencia directa van en aumento, al igual que los costos de la energía y el transporte. A esto se agrega el temor a que la política migratoria estadounidense afecte el envío de dinero a Nicaragua.
El sandinismo tendrá que gestionar los próximos años con una situación económica muy precaria, en la que se impone el refuerzo de los “comités sandinistas”, que persiguen el control y asistencia barrio por barrio.
La clausura de la alternancia política generó el rechazo del gobierno de Estados Unidos, de Costa Rica —que cobijó a una importante cantidad de exiliados y emigrantes—, de la Unión Europea, entre otros. Si bien Venezuela apeló al principio de autodeterminación de los pueblos, su apoyo es retórico. Desde el secuestro de Nicolás Maduro y de la presión sobre Cuba, Ortega sabe que está solo. Nicaragua no tiene petróleo y ha sido un aliado eficiente de Estados Unidos a la hora de contener los flujos migratorios y el surgimiento de pandillas. Entiende que puede tener una vía de negociación con la Casa Blanca y más si Donald Trump pierde las elecciones de medio término en noviembre.
En estos días, la Asamblea y Rosario Murillo abrieron el proceso de consultas para una nueva reforma constitucional. Convocaron a los funcionarios estatales, al ejército, a la policía, a los empresarios y grupos sociales cercanos al gobierno. La mayoría de los analistas entienden que se abre la posibilidad de constitucionalizar el partido único acompañado de medidas que profundicen aún más la clausura de la vida democrática y de derechos fundamentales.
Daniel Ortega busca asegurar el poder más allá de su propia biología y, como indica Cuadra, resolver el problema de la sucesión.
Daniel Ortega, desde su llegada al poder en 2006, tuvo como meta concentrar el poder y quedarse. Provocar una simbiosis entre el sandinismo, el Estado y su propia persona. Actualmente está en marcha un laboratorio político que lo perpetúa más allá de la biología. Ortega busca afianzar una dinastía bicéfala, combinando, desde su regreso al poder, juego democrático, prácticas autoritarias, negación de derechos y garantías, represión y asesinato, tortura a manifestantes y acceso al poder estatal de algunos de sus hijos. Ha esgrimido distintos fundamentos narrativos: un mandato providencial para gobernar Nicaragua y el influjo del “poder popular” que les permite diseñar una constitución a medida.
El cierre de la alternancia democrática es un momento más de una estrategia donde en el centro de la escena está la estructura de poder construida sobre su propia figura. Ese guerrillero que le arrebató el poder a los Somoza, que nunca tuvo el carisma de otros guerrilleros y que pervive con algo de mesianismo entendió que ese hilo rojo de la historia nicaragüense vinculado a la concentración del poder (autoritaria o democrática) era un legado a rescatar para mantenerse a flote, gobernando y mandando a una sociedad cada vez más atemorizada, precarizada y con poco entusiasmo por la política.
La preocupación se potencia al entender que ambas especies se pescan a nivel comercial y se consumen habitualmente en la región. El estudio fue realizado por Shirley Mendoza, la primer bióloga marina recibida en la Universidad Nacional del Comahue con sede en la costa Atlántica. Un estudio realizado por la bióloga marina sanantoniense Shirley Mendoza descubrió…
Una vez más, la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina solicita la colaboración de los vecinos para no depositar en los Puntos Limpios ubicados en distintos sectores de la ciudad residuos para los cuales no están habilitados. Al respecto, recuerda que en estos contenedores se depositan, por separado: papel…
El gobierno tomó nota de la resistencia de los gobernadores reunidos en la cumbre del Norte Grande a la eliminación de las PASO y ahora evalúa patear el tema para fin de año. «No estamos apuradísimos», dijo un diputado libertario este viernes, y explicó que la supresión de las primarias formaría parte de una negociación y un diálogo «más amplios», que incluyen el recorte de Zonas Frías y la compensación a través de Zonas Cálidas.
La definición se empezó a barajar después del viaje que hizo Diego Santilli a Posadas el miércoles pasado. Allí el jefe de Gabinete pudo discutir de forma reservada con los jefes territoriales sobre la necesidad que tienen las provincias de contar con «garantías» de la sanción del subsidio por el uso intensivo de energía eléctrica a cambio de apoyar la ley de Medidas Energéticas, una iniciativa del oficialismo para reducir el dinero que se destina a los hogares con consumos más altos de gas para calefaccionar en invierno.
En Casa Rosada, están convencidos que contarán con los votos para Zonas Frías y la eliminación de las PASO, aunque los aliados del Senado lo pongan en duda, tal como informó LPO. Incluso, uno de los gobernadores que tuvo un mano a mano con Santilli le planteó que no podían discutir los proyectos «en el aire», sin contemplar lo que sucedería con las primarias y el calendario electoral, y el Jefe de Gabinete respondió que llevaría su mensaje a Lule Menem.
Ambos funcionarios, Santilli y el subsecretario de la Presidencia, están llevando la conversación con los gobernadores que no apoyan, a priori, ni la eventual candidatura de Javier Milei ni la de los posibles candidatos del peronismo.
Por eso, aceleraron las charlas Sergio Massa, José Mayans, Germán Martínez, Máximo Kirchner, Axel Kicillof y los cuatro gobernadores de UP para blindar la defensa de las PASO, en una reunión de tres horas que mantuvieron el último martes, como publicó LPO. «La prioridad del gobierno es eliminar las primarias para garantizar la reelección de Milei», concluyeron dos de los dirigentes que participaron de esa conversación.
En la Casa Rosada, están convencidos que contarán con los votos para Zonas Frías y la eliminación de las PASO, aunque los aliados del Senado lo pongan en duda.
En efecto, tanto en Balcarce 50 como en los despachos más influyentes del oficialismo en el Congreso están convencidos que «Milei reelige». «Gana en primera vuelta, ya quedó demostrado que el peso de los gobernadores en una elección nacional es nulo y ahora vamos con el ancho de espadas», comentó un diputado de LLA sin contemplar el deterioro de su imagen en todas las encuestas por los efectos del hundimiento de la actividad productiva y el consumo.
El gobierno pretende que la derrota parlamentaria que implicó tener que sacar del proyecto de Inviolabilidad Privada los capítulos de extranjerización de la tierra y manejo del fuego no habrían sido tan hondos. «No perdimos, sacamos la media sanción pero nos ganaron la parada ante la gente porque no se explicó la ley, fallamos en la comunicación», dijo un legislador libertario, y agregó: «cuando tenés el dictamen, tenés que ir rápido al recinto para aprobar la ley».
Ese argumento es el que usó Martín Menem en la última reunión de mesa política contra Patricia Bullrich, a quien quiso colgarle la responsabilidad por el batacazo opositor contra el proyecto de Federico Sturzenegger. La jefa de la bancada en la cámara alta retrucó que no pudieron ir antes al recinto «por Manuel Adorni», en referencia al escándalo judicial alrededor del ex jefe de Gabinete.
Las dificultades para el oficialismo son acaso insondables. Por eso, los diputados libertarios deslizan que «hasta el 26 de agosto no se toca el tema de propiedad privada» y se entusiasman con la chance de darle antes la media sanción a los proyectos de Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del BCRA.
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