La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Regina gestionó el primer DNI a un extranjero que reside en nuestra ciudad hace más de 40 años. En un trabajo en conjunto con la Dirección General de Migraciones se asesoró al vecino para que pudiera regularizar su situación y en la jornada de hoy recibió su documento.
En este sentido, las personas interesadas en obtener información sobre el trámite pueden acercarse a la oficina de la Secretaría ubicada en Uspallata Sur 169 de lunes a viernes de 8 a 12 horas.
Un decreto publicado este martes modifica el mecanismo creado en 2003 para la designación de integrantes de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General. Aunque el Gobierno sostiene que busca agilizar los plazos, la decisión reaviva el debate sobre el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el control democrático que ejerce el Senado.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La publicación de hoy del Decreto 467/2026 no pasa inadvertida en el mundo judicial ni en los pasillos de la política. La norma modifica varios artículos del Decreto 222/03, el procedimiento impulsado hace más de dos décadas para dotar de mayor publicidad y participación ciudadana a la designación de ministros de la Corte Suprema, Procurador General y Defensor General de la Nación.
La principal novedad es que el Poder Ejecutivo queda obligado a publicar, dentro de un plazo máximo de treinta días desde que se produzca una vacante, el nombre y los antecedentes de las personas que estén siendo consideradas para ocupar el cargo. La difusión deberá realizarse durante tres días en el Boletín Oficial y en la página del Ministerio de Justicia.
Un cambio que acelera los tiempos políticos
Hasta ahora, el decreto de 2003 regulaba el procedimiento de publicidad y participación, pero no establecía un límite temporal tan preciso para que el Ejecutivo iniciara formalmente el proceso. Con la modificación, el Gobierno busca transmitir la idea de que las vacantes no podrán permanecer indefinidamente sin un candidato oficial.
La norma también endurece las exigencias de transparencia para los postulantes. Además de la declaración patrimonial prevista por la Ley de Ética Pública, deberán presentar una declaración detallando las asociaciones civiles y sociedades de las que forman o formaron parte, los estudios jurídicos donde trabajaron y la nómina de clientes o contratistas de los últimos ocho años, en la medida permitida por las normas de ética profesional.
El texto fundamenta estas modificaciones afirmando que la designación de magistrados constituye «un acto institucional complejo» en el que el Senado cumple la función de controlar públicamente la idoneidad de los candidatos y garantizar la representación federal prevista por la Constitución. El propio decreto reconoce expresamente ese papel de la Cámara alta.
El impacto político detrás del cambio
Más allá del contenido técnico, el decreto llega en un contexto de fuerte disputa por la integración de la Corte Suprema y por el funcionamiento del Ministerio Público.
La decisión puede interpretarse como una señal de Milei de que pretende acelerar futuras nominaciones y evitar que las vacantes permanezcan abiertas durante largos períodos, especialmente en un escenario donde la negociación parlamentaria se volvió uno de los principales obstáculos para el Gobierno.
Sin embargo, el decreto no modifica el requisito constitucional más importante: los candidatos siguen necesitando el acuerdo del Senado, por lo que el Ejecutivo no obtiene una vía alternativa para completar los nombramientos.
En términos políticos, el Gobierno intenta instalar un discurso de mayor transparencia y rapidez administrativa, mientras que la oposición probablemente pondrá el foco en la oportunidad elegida y en la posibilidad de que el nuevo esquema funcione como un mecanismo para presionar sobre futuras negociaciones judiciales.
Una reforma limitada pero con alto contenido simbólico
El Decreto 467/2026 no altera la Constitución ni elimina instancias de participación ciudadana. Tampoco modifica el control legislativo sobre las designaciones. Su alcance es reglamentario y reorganiza los plazos y la información que deberán presentar los candidatos.
Sin embargo, en un escenario donde la integración de la Corte Suprema se convirtió en uno de los ejes centrales de la disputa institucional, cualquier cambio en el procedimiento adquiere una dimensión política mucho mayor que su contenido administrativo.
La decisión de fijar un plazo de treinta días para iniciar el proceso de cobertura de vacantes y ampliar las declaraciones juradas de los postulantes puede ser presentada como una medida de transparencia, pero también funciona como un mensaje político: el Gobierno busca marcar el ritmo de una discusión que inevitablemente terminará otra vez en el Senado y en el centro del debate público.
A dos días de la visita de Javier Milei a Rosario por el Día de la Bandera, el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin reinauguraron este miércoles la restauración integral del Monumento Nacional a la Bandera, una obra que llevaba más de una década sin terminarse y que atravesó los gobiernos de Mauricio Macri, Alberto Fernández y el propio Milei.
Tras el abandono nacional, la provincia decidió concluir los trabajos con fondos propios para finalizar la obra. El objetivo era llegar al 20 de junio con el principal símbolo patrio del país libre de andamios y completamente recuperado.
Según explicó a LPO el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, la restauración comenzó en 2015 pero nunca logró completarse. El gobierno de Macri fue el primero en paralizar la obra, después Alberto Fernández nunca se hizo cargo por su interna con Perotti y ahora Milei se había comprometido a terminarla, pero quedó en la nada.
«Un acuerdo firmado en junio de 2024 establecía que la Casa Rosada se iba a hacer cargo de nueve obras en territorio santafesino. Una de ellas era el Monumento a la Bandera. Sin embargo, los avances fueron mínimos y la empresa terminó abandonando los trabajos por falta de pago», explicó el ministro.
Tras el abandono nacional, la provincia decidió concluir los trabajos con fondos propios para finalizar la obra
«Hasta febrero prácticamente no había pasado nada. Nación hacía algunos desembolsos aislados, pero para la contratista ya no era viable continuar. Ahí el gobernador tomó la decisión de pedir la obra y terminarla con recursos provinciales antes del Día de la Bandera», agregó Enrico.
Para concretarlo, Santa Fe asumió una deuda superior a los dos mil millones de pesos que Nación mantenía con la empresa y destinó otros 2.600 millones para completar las tareas pendientes. Las obras se retomaron en abril y se ejecutaron contrarreloj para llegar a tiempo a la celebración del 20 de junio.
Durante el acto, Pullaro defendió la decisión de utilizar fondos provinciales para concluir la intervención. «No nos merecíamos tener la chapa y los andamios quitándole esplendor a esta obra magnífica que nos representa y que nos une a los argentinos. Teníamos que tomar la decisión de terminarla de una vez por todas», afirmó.
La restauración incluyó la recuperación de los revestimientos de mármol travertino, la restauración de esculturas de piedra y bronce, trabajos en el Propileo y la Llama Votiva, la modernización del ascensor y la puesta en valor de la Sala de las Banderas.
No nos merecíamos tener la chapa y los andamios quitándole esplendor a esta obra magnífica que nos representa y que nos une a los argentinos. Teníamos que tomar la decisión de terminarla de una vez por todas
Además, se renovaron los sistemas de iluminación y climatización, se restauró el mástil principal y volvió a funcionar el sistema de agua de la fuente ornamental, que llevaba cerca de 18 años fuera de servicio.
La reinauguración coincidió con el inicio de la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera. Más de 8.000 alumnos de distintos puntos del país fueron los primeros en utilizar el Monumento restaurado y participar de una ceremonia que se extenderá hasta el próximo 20 de junio.
La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina informa que este jueves 25 la actividad denominada ‘Coloreando mi ciudad’ se desarrollará en el barrio 201 Viviendas. Para ello se convoca a niños y niñas de entre 8 y 12 años a participar para disfrutar de una mañana llena de aprendizajes, dibujos y colores….
El intendente Marcelo Orazi participó de la reunión junto a integrantes de la Fundación de Estudios Patagónicos. El objetivo fue interiorizarse del convenio de asistencia técnica en el que se incluye al municipio de Villa Regina en “Puente Circular” un programa integral de desarrollo territorial en la cual se lleva adelante un plan de asistencia…
Miles de militantes, dirigentes políticos, organizaciones sociales y sindicales participaron este sábado del multitudinario banderazo realizado en Parque Lezama para reclamar la libertad de Cristina Fernández de Kirchner y denunciar lo que el kirchnerismo considera una proscripción política impulsada por sectores del Poder Judicial. La convocatoria, realizada en el Día de la Bandera, se convirtió en una de las mayores demostraciones de fuerza del espacio político que conduce la ex presidenta desde que cumple prisión domiciliaria.
Por Bruno A. Monteverde para NLI
El acto tuvo como principal orador a Máximo Kirchner, quien habló ante una plaza colmada de banderas argentinas y pancartas con la consigna «Cristina Libre». El diputado nacional sostuvo que la situación judicial de la ex mandataria no puede separarse de la disputa política que atraviesa el país y volvió a denunciar la existencia de mecanismos destinados a impedir su participación plena en la vida política argentina.
La movilización se realizó en Parque Lezama luego de que las actividades que venían desarrollándose frente al domicilio donde Cristina cumple arresto domiciliario generaran tensiones con la Justicia. La propia dirigencia kirchnerista había decidido trasladar la convocatoria para evitar nuevas controversias y concentrar allí el reclamo político.
Una demostración de fuerza política
Desde horas antes del comienzo del acto comenzaron a llegar columnas de distintas provincias, agrupaciones juveniles, sindicatos y organizaciones barriales. El paisaje estuvo dominado por banderas argentinas, insignias peronistas y carteles que exigían la liberación de la ex presidenta.
Durante su discurso, Máximo Kirchner insistió en que la situación de Cristina excede una cuestión individual y representa, según su mirada, una disputa más amplia sobre la calidad democrática del país. El dirigente también cuestionó a quienes dentro del propio peronismo relativizan el reclamo por la libertad de la ex mandataria y reclamó una postura más firme frente a lo que definió como una proscripción política.
La intervención del líder de La Cámpora fue seguida por cánticos contra Milei y contra los sectores judiciales señalados por el kirchnerismo como responsables de la condena que mantiene a Cristina bajo arresto domiciliario.
El reclamo que busca instalarse en la agenda
El banderazo no fue un hecho aislado. Durante los últimos meses el reclamo por la libertad de Cristina se convirtió en uno de los ejes centrales de la militancia kirchnerista y de buena parte del peronismo alineado con la ex presidenta. La consigna busca instalar la discusión sobre las condiciones de detención y sobre la posibilidad de que la dirigente vuelva a tener un rol político más activo.
La convocatoria de este sábado tuvo además un fuerte componente simbólico. En el Día de la Bandera, los organizadores buscaron vincular el reclamo con una defensa de la democracia y de la soberanía popular, presentando la situación de Cristina como una cuestión que trasciende las fronteras partidarias.
Al caer la tarde, Parque Lezama seguía colmado de militantes que cantaban consignas en apoyo a la ex mandataria. La imagen de una plaza repleta y la centralidad que volvió a adquirir Máximo Kirchner dejaron un mensaje político claro: pese al intento de apartarla de la escena pública, Cristina continúa siendo el principal factor de movilización del kirchnerismo y una figura decisiva dentro del peronismo argentino.
Durante su visita a Mar del Plata este viernes, Axel Kicillof denunció que el desmantelamiento del histórico complejo hotelero de Chapadmalal por parte del gobierno de Javier Milei entraña posibles negocios inmobiliarios.
«Me parece que, como (Milei) ha hecho con todo, marcha a un negocio inmobiliario», dijo el gobernador tras cerrar el Congreso del Trabajo en la ciudad balnearia, donde también se refirió al conflicto abierto que mantiene con el municipio local por el control del balneario de Punta Mogotes.
Sobre la decisión de la administración libertaria de ir por una concesión a 30 años de los hoteles construídos durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón para destinados al turismo social, Kicillof dijo: «La onda viene de demolición y destrucción».
«Vaya a saber qué quieren hacer, vendérselo a quién, hacer un negocio privado», agregó. En ese sentido, el gobernador planteó el traspaso del predio a la Provincia, ratificando lo dicho esta semana por su ministro de Producción Augusto Costa.
Si el Gobierno nacional, por ineptitud y desinterés, no se puede ocupar de algo que es patrimonio de Mar del Plata, de la provincia, de la historia argentina, charlemos de cómo nos lo transfieren
«No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio de unos pocos inmobiliarios», había señalado Costa.
En esa línea, Kicillof dijo: «Si el Gobierno nacional, por ineptitud y desinterés, no se puede ocupar de algo que es patrimonio de Mar del Plata, de la provincia, de la historia argentina, charlemos de cómo nos lo transfieren y vemos cómo hacemos para conservar fuentes de trabajo y ponerlo a funcionar».
Esta semana, el gobierno de Milei oficializó el pase a disponibilidad de los 76 trabajadores de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse (Córdoba).
En ATE Mar del Plata advirtieron que esta determinación va más allá de la fuente laboral y también atenta habitacionalmente a decenas de familias de empleados que desde hace más de 20 años viven en pabellones del predio.
Como contó LPO, desde febrero de 2025 el gobierno de Milei aceleró el proceso para desprenderse de estas unidades turísticas. Primero, los complejos salieron de la órbita de la Secretaría de Turismo a cargo de Daniel Scioli. Este año, Manuel Adorni anunció que la intención es concesionarlos.
Frente a eso, proliferaron proyectos para evitar que el predio sea entregado a privados. Una de las iniciativas vino del propio radicalismo que, en Mar del Plata, articula con los libertarios dentro del esquema del oficialismo municipal.
Maximiliano Abad impulsa que el complejo pase a la órbita de la Universidad Nacional de Mar del Plata para hacer allí un campus universitario. La iniciativa desató cortocircuitos en el Concejo entre libertarios y radicales.
Desde el kirchnerismo, Fernando Raverta presentó en el Senado bonaerense un proyecto de ley para que la Provincia recupere la titularidad de dominio y asuma la administración de la Unidad Turística Chapadmalal para sostener el turismo social.
El año pasado, el axelista Gustavo Pulti había presentado un proyecto en la Cámara baja provincial para preservar el patrimonio público del complejo y el turismo social.
Ahora, directamente Kicillof salió a pedir por el control de los hoteles.
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