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Agentes municipales se capacitarán en Lengua de Señas Argentinas

A partir del 6 de agosto, agentes municipales de todas las dependencias iniciarán el primer curso de Lengua de Señas Argentinas con el fin de eliminar barreras en la comunicación. El taller LSA será dictado por el instructor Marcelo Iván Salgado de la Fundación Sordos Comahue.

Esta capacitación responde a la necesidad de implementar políticas públicas de inclusión para personas con discapacidad auditiva y, al mismo tiempo, concientizar en el ámbito municipal acerca de la importancia de comunicación por lengua de señas.

“El lenguaje es un elemento primordial dentro de la sociedad, al hablar de personas con discapacidad auditiva, la Lengua de Señas constituye un pilar necesario para la interacción diaria y el acceso a la información”, manifestó al respecto la Directora de Recursos Humanos de la Municipalidad de Villa Regina Celia Riffo.

Precisó que “es un trabajo en conjunto que venimos planificando de la mano con el Consejo de Discapacidad Local, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social que se verá reflejado en el servicio que brinda el Municipio, en todas las áreas, a la comunidad”.

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    La Cámara Nacional de Casación Penal rechazó los planteos del lobista Santiago Busaniche, acusado en una causa por corrupción judicial, en la que sus defensores solicitaron el apartamiento del equipo de fiscales federales que lo investigan en Rosario. El mismo tribunal también no le hizo lugar al pedido de recusar al juez federal de la misma ciudad que los había procesado tanto a él como al magistrado federal Gastón Salmain por la gestión del cobro de un soborno.

    Los planteos de los jueces de Casación confirman que las causas contra Busaniche siguen en curso bajo el control de los mismos fiscales. Busaniche es un escribano santafesino vinculado a la política que se estableció en Buenos Aires hace 25 años y se convirtió en un importante operador judicial de sectores de la cúpula de la Justicia Federal.

    Los fiscales federales lo cuestionan en diferentes causas. Una de ellas es por haber sido instigador de una extorsión contra dos empresarios bursátiles de Rosario, que fueron víctimas del armado de una causa penal por lavado de dinero, con la cual les pidieron un soborno a fin de dormirla y desvincularlos. Los que tramaron este chantaje, ya bajo imputación, son el ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, el ex director regional de AFIP Carlos Vaudagna y el financista Fernando Whpei.

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    El segundo hecho es la gestión atribuida a Busaniche para que el juez Salmain ordenara al BCRA el pago de 10 millones de dólares durante la vigencia del cepo cambiario para que el administrador de un fideicomiso, el empresario Fernando Whpei, pagara una deuda con el exterior. A cambio de esa infrecuente resolución, cuestionada por el BCRA, Salmain habría solicitado un retorno del diez por ciento.

    Por este caso el juez federal Vera Barros procesó al juez Salmain y a Busaniche por incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y prevaricato. 

    Por este caso el juez federal Vera Barros procesó al juez Salmain y a Busaniche por incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y prevaricato. Hace tres semanas la Cámara Federal confirmó por unanimidad esa resolución.

    Este jueves la sala de Casación que integran los vocales Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y Angela Ledesma rechazaron los planteos de los abogados Diego Pirotta y Debora Lichtmann que representan a Busaniche. Señalaron básicamente que en los pedidos de recusación se basan en «meros juicios discrepantes» con las resoluciones dictadas previamente. Los camaristas consideraron inadmisibles los planteos y les cargó las costas a los defensores.

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    La defensa de Busaniche pedía apartar a los fiscales Federico Reynares Solari, Diego Velasco, Juan Agustin Argibay Molina, Matías Scilabra, Sergio Leonardo Rodriguez y Esteban Venditti. En la resolución los camaristas remarcan que la recusación había sido rechazada dos veces, en primera instancia y por la Cámara Federal de Rosario, por lo que había doble conforme para ellos.

    Los defensores también objetaron ante otra sala de la Cámara de Casación los mismos procesos judiciales llevados adelante contra Busaniche. Aducen que no hay razones para considerar un caso complejo esta investigación y que los fiscales tuvieron una conducta selectiva al formular sus imputaciones «por razones políticas». Para justificar esto dicen que los acusadores obviaron citar por ejemplo a Héctor Daniel Marchi, ex administrador general de la Corte Suprema, quien según el antiguo director de la AFIP Vaudagna instigaba a Busaniche a impulsar las extorsiones a los empresarios.

    Este planteo se hizo a la sala de Casación integrada por Mariano Borinsky, Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques el pasado 26 de marzo. La Cámara indicó entonces que en 20 días hábiles difundiría su veredicto.

     

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    La cuenta que hacen en El Panal es que el desfinanciamiento del Pami le está costando a Córdoba unos 30 mil millones de pesos. En números gruesos, 9 mil millones de pesos les debe el Pami a los municipios cordobeses por atención en el sistema de salud comunal; una cifra similar por las prestaciones de los hospitales provinciales; y unos 15 mil millones de pesos por la deuda de Pami con Apross, la obra social provincial.

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