DEL TOPO A LA BOA CONSTRICTORA

Lo propio de la máquina capitalista es hacer la deuda infinita

Gilles Deleuze

Según Foucault pasamos de una sociedad disciplinaria a una de control. La caducidad de la primera, marca la vigencia de la otra. Deleuze metaforiza icónicamente este pasaje en dos figuras: el topo y la serpiente.

El topo vive bajo tierra encerrado, sometido a la disciplina de la confección de pozos. El topo esquematiza el nacimiento post-industrial de las personas situadas en el encierro de las fábricas, la escuela, los manicomios y las cárceles. El topo pasa de un encierro a otro: de la casa a la escuela, después a la fábrica, luego al hospital y, en el peor de los casos: a la cárcel. Las disciplinas y el topo sufrieron una crisis generalizada de su propio encierro.

Y entonces, desde lo social se plantearon reformas en la flia., las fábricas, las escuelas y los hospitales… De la frente del topo nació una boa constrictora, formidable partenogénesis. Una boa empresaria que impone sus modulaciones. La empresa reemplaza a la fábrica y a la escuela, y lo hace gracias a las cifras de una contraseña. La boa no para de ondular, controla y dirige los mercados, la banca y los administradores.

La boa posee un marketing que la sostiene pero que se vence como su piel, reflejando una meritocracia del utilitarismo que rechaza a la cifra inadecuada o diferente. La boa está en deuda consigo misma, generando deuda tras deuda, porque es tal la volatilidad de todo el ambiente abierto y financiero que, se endeuda para pagar otra deuda…

Si antes, el topo-humano (sociedad disciplinaria) estaba encerrado en la casa, la escuela, la fábrica o el hospital; hoy, la boa-persona (sociedad de control) está asfixiada por la deuda que ella misma se produjo como empresaria. O sea, pasamos del encierro en nuestra manera de vivir o estar, al endeudamiento progresivo de un sistema monetario y constrictor que perjudica a los que menos tienen, y dependiendo de la escala con que se la mida o nomine, a los llamados países emergentes (desde lo internacional) y a los trabajadores de clase media-baja (desde lo nacional).

Me pregunto: ¿qué sigue después de todo esto?

Pintura: Max Ersnt, 1929.
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    El Gobierno reescribe el Código Aduanero por decreto y acelera las reglas del comercio exterior

     

    Mediante el DNU 41/2026, Milei modificó artículos clave del Código Aduanero para redefinir quién decide y cómo las reglas antes de importar o exportar. Bajo el argumento de cumplir con compromisos de la OMC, el decreto limita la discrecionalidad estatal, fija plazos máximos y habilita avanzar con operaciones aun cuando el Estado no responda.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    El Poder Ejecutivo avanzó con una nueva modificación estructural del andamiaje normativo del comercio exterior argentino. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 41/2026, el Gobierno sustituyó los artículos 226 y 323 del Código Aduanero, reorganizando el sistema de resoluciones anticipadas tanto para importaciones como para exportaciones.

    La medida se inscribe en la misma lógica que atraviesa toda la política económica de Milei: menor margen de intervención estatal, mayor previsibilidad para los operadores privados y alineamiento explícito con los estándares de la Organización Mundial del Comercio (OMC). No es casual que el decreto invoque como razón central la urgencia de cumplir con el Acuerdo de Facilitación del Comercio.

    Qué son las resoluciones anticipadas y por qué importan

    Las resoluciones anticipadas son decisiones administrativas que los importadores o exportadores pueden solicitar antes de realizar una operación, para saber con antelación cómo será tratado un producto por el Estado. Incluyen cuestiones clave como clasificación arancelaria, valoración de la mercadería y origen.

    En la práctica, funcionan como un blindaje jurídico: una vez emitidas, la Aduana no puede cambiar el criterio después, salvo que cambie la ley o los hechos. Para las grandes empresas del comercio exterior, esto implica reducir riesgos, costos y conflictos posteriores.

    El reparto de poder entre Aduana y Economía

    El decreto introduce una división tajante de competencias. Por un lado, el servicio aduanero conserva la potestad de dictar resoluciones anticipadas sobre clasificación arancelaria, valoración y otros aspectos técnicos tributarios, tanto en importación como en exportación.

    Por otro lado, las resoluciones anticipadas sobre origen de la mercadería dejan de estar bajo la órbita aduanera y pasan a manos de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, que incluso puede delegar esa facultad en funcionarios de rango inferior. Este corrimiento no es menor: el origen determina aranceles, preferencias comerciales y la aplicación de acuerdos internacionales.

    Plazos cortos y silencio que juega a favor del privado

    Uno de los puntos más sensibles del DNU es la fijación de un plazo máximo de 30 días para que el Estado emita la resolución anticipada. Si ese plazo se cumple y no hay respuesta, el importador o exportador puede avanzar igual con la operación, en los términos que propuso originalmente.

    El decreto habilita a la Aduana a exigir una garantía, pero le quita la posibilidad de frenar la operatoria por falta de definición. Se trata, en los hechos, de un silencio administrativo favorable, una figura históricamente resistida por el Estado y celebrada por los grandes actores del comercio exterior.

    Un DNU con destinatarios claros

    El Gobierno justifica el uso del DNU en la urgencia de cumplir los plazos otorgados por la OMC, que vencían el 23 de enero de 2026. Sin embargo, el trasfondo político es evidente: consolidar un esquema pro-mercado, reducir instancias de control y trasladar el riesgo desde el privado hacia el Estado.

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