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DE TANTO ARRIMAR EL HOCICO LLEGARON AL PLATO

La semana pasada se llevó a cabo una asamblea para elegir integrantes provisorios del Consejo de Administración y síndicos de la cooperativa La Reginense con la presencia de algunos de los nuevos socios, el interventor José Perez, el subsecretario y la directora de Cooperativas y Mutuales de Río Negro, Héctor Ressel y Patricia Rodríguez Sábato, respectivamente. Los que no asistieron fueron los 9 socios más antiguos de la cooperativa.

 Esta es la segunda reunión que llevan adelante sin ellos, en la anterior no fueron anoticiados y en ésta última al ser presencial argumentaron no poder asistir por ser grupo de riesgo frente a la pandemia, ya sea por enfermedades preexistentes o por su edad. En estas condiciones se conformó el nuevo Consejo, sin la participación de un grueso de socios.

Esta asamblea fue impugnada vía judicial por los socios de mayor antigüedad y está a la espera de la resolución a cargo de la jueza civil Dra. Paola Santarelli. La asamblea presencial, prohibida por decretos, fue avalada el ejecutivo de la ciudad. Eso sí, a vos no te dejan juntarte a almorzar en el rio con los pocos amigos/as que tenés. Cuando quieren, pueden. Las prohibiciones no son para todos por igual.

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Vamos un poco para atrás…

El interventor José Perez fue designado en el cargo por el director de la Dirección de Cooperativas de la  provincia hace un año. Previo a la intervención se intimó a que se realice un sumario y se analice documentación, ya que la cooperativa venía a los tumbos y a pérdida hace muchos años. El frío y el empaque es, según los socios, lo que genera pérdida constante y requiere de una fuerte inversión para generar productividad, mucho caudal de fruta y reestructuración edilicia profunda.
Tal es así que en su momento se había decidido vender el frío y el empaque, tenían todo acordado con una empresa de renombre local para realizar la venta, indemnizar a los trabajadores, pagar una deuda con AFIP generada por un 3ro y quedarse solo con la sidrera llevando adelante el proyecto del museo del vino y la sidra en conjunto con FUNDESUR.
¿Por qué no se hizo si estaba todo acordado? Apareció la provincia con Weretilneck en campaña ofreciendo las requeridas soluciones económicas para poner la nave a punto, pero la nave no alcanzó ni a carretear. En ese momento, hasta la mayoría de los obreros estaban de acuerdo en percibir su indemnización y liberarse del problema recurrente de trabajar pero no saber cuándo ni cómo cobrar.  

En esa intimación la Dirección de Cooperativas encontró un recuso legal para intervenir la cooperativa La Reginense. El mínimo obligatorio de socios que demanda el estatuto  es de 10 y al momento La Reginense funcionaba con 9 (varios socios antiguos  fallecieron), de este modo se usó esa ilegalidad como causal grave y así es como se solicitó una intervención judicial para normalizar la cooperativa. Días antes de ser designado como interventor, José Perez debió renunciar  a la presidencia de la Cooperativa vitivinícola La Balsa de Valle Azul para tomar el nuevo cargo. La intervención inicial era por 6 meses.

Un año lleva la intervención que debe finalizar para que los nuevos socios accedan al Consejo de Administración y Sindicatura legalmente, se presume que pase en 30 días, aunque los nuevos cargos ya se autorizaron en el expediente judicial formalizándolos y también fueron notificados los trabajadores permanentes. Contradictorio pero cierto.

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¿Dejarías que derriben el Indio Comahue?…

Ahora hay un apuro por terminar la intervención, parece que los conflictos eran solo nominales. Dentro de esta nueva nómina de socios existen empresarios locales con juicios laborales abiertos, empresarios ligados a dirigentes políticos y miembros de la cooperativa vitivinícola de Valle Azul; gente que hace más de un año merodea las instalaciones sin tener cargos formales. Ahora ya está adentro y se acomoda la servilleta. El proceso es largo, pero empezó hace más de un año.

Asimismo en dicha asamblea, se aprobó que el nuevo Consejo analice un proyecto de financiación denominado “La Reginense Ltda. Siglo 21”. Lo cierto es que la cooperativa da pérdida constante hace tiempo y requiere de una inversión que nadie está dispuesto a hacer y tampoco la van a realizar los nuevos socios, de hecho esta última temporada la financiación bajó desde el gobierno provincial mediante aportes no reintegrables (el desfasaje económico de la administración lo pagaste vos y la cooperativa no debe devolver el dinero).

Pero esos aportes se usaron solo para pagar el sueldo a los trabajadores temporarios (50 familias), pero que  al día de la fecha no recibieron sus aportes ni el pago de sus obras sociales. A los permanentes (unas 20 familias) se les adeuda cuatro meses  en el mejor de los casos.

Resumen de situación previsional, empleado temporario La Reginense

Muchas irregularidades  a las que fue sometida la cooperativa y principalmente sus trabajadores.

En la última partida de sidra, que fue promocionada como un producto de alta calidad, ni siquiera se lo dejó participar el ingeniero Alejandro La Fourniere contratado como responsable técnico  de la sidrera y de la calidad de la misma, terminando por ser un producto de bajísima calidad. El ingeniero también se expresó mediante comunicado “quiero aclarar que no tengo ninguna responsabilidad en las mencionadas falencias de la calidad, dado que fui desplazado por el interventor quien ante mi reclamo de restitución  de mi puesto me mandó a realizar tareas de arrancado de yuyos en el predio de la empresa. Lo que motivó mi desvinculación de la empresa por despido indirecto y tampoco abonó mis sueldos atrasados…”. En el mismo comunicado expresó que el interventor Perez trabajó afanosamente en separar y maltratar a los socios de la cooperativa.

Comunicado de prensa del Ingeniero Agrónomo Alejandro de la Fourniere

Se presume que próximamente se entre en juicio por la pérdida de un gran caudal de fruta (alrededor  de 150mil dólares)  que se quemó por una pérdida de amoníaco, los accidentes pasan, lo que no puede pasar es que no contrates el seguro que cubre esas fallas. Esa misma pérdida afectó la salud de trabajadores que debieron seguir trabajando en esas condiciones insalubres y peligrosas.

La selección del delegado de los trabajadores se hizo de manera ilícita mediante planillas incompletas presentadas por Perez, y ante el empate de los dos candidatos el interventor designó a dedo a su conveniencia.

En este largo tiempo los trabajadorxs reclamaron también por la desaparición de maquinaria del predio, manejos despóticos, maltrato y autoritarismo puesto en práctica por el interventor, como también las irregularidades ya mencionadas, estos reclamos siempre fueron autoconvocados sin el apoyo del sindicato.

Sin fuerza de trabajo no hay negocio…

La utilización de la infraestructura y el recurso humano en beneficio de privados es uno de los principales activos que moviliza a los empresarios, como también la bodega y la sidrera; mientras tanto se menoscaba la historia de la icónica sidrera de casi 90 años, mediante la vieja estrategia de desgastar y presionar a los trabajadores, endeudar esperando salvavidas mientras se trabaja la fruta. Vender, comprar, quedarse con lo que sirve, cerrar un negocio “redondo en boca” para pocos, agrio para muchos.

En el medio de esta puja de empresarios con la connivencia política local/provincial están los mismos de siempre: los trabajadores. Explotados, ponen el lomo para trabajar una fruta ajena a la producción de la sidra sin tener convicción alguna de cuando van a cobrar. Ya olfatean otra temporada de miseria.

Habrá que ver si los trabajadores se prestan para brindar su fuerza de producción a sabiendas que nuevamente tendrán complicaciones para cobrar o deciden tomar otras determinaciones, ellos más que nadie saben qué es lo que pasa y qué es lo que va a volver a pasar. El Loop de La Reginense.

Negocio y puja que hace tambalear una parte de la historia de nuestra ciudad, el último ícono productivo, social y cultural, pero como suele ocurrir en Regina pareciera que a nadie le interesa, menos aún a los actores políticos que saben, saben mucho, pero no actúan. Eso los convierte en cómplices de este “regalito”.

El característico conservadurismo pseudo fascista heredado en Regina como buen pueblo de inmigrantes que es solo aplica para señalar y juzgar los actos de las clases populares, de los que se criaron del otro lado del salado, hasta ahí llega su moral. Entre ellos no se señalan. Entre ellos se toman un “feca” y se palmean la espalda mientras miran a un 3ro con cara de… «este es un boludo».

Se arrimaron de a poquito, deambularon por calle Los Nogales con los cubiertos en la gaveta de la «chata», la mesa estaba servida y el vino obvio que no les va a faltar. Faltaba que los inviten a entrar. Ya entraron.

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    La Justicia frena el ajuste universitario y obliga al Gobierno a pagar salarios y becas

     

    Un fallo federal le puso un límite al intento del Ejecutivo de vaciar la ley de financiamiento universitario. La Justicia ordenó aplicar de inmediato la norma votada por el Congreso y dejó sin efecto el decreto con el que Milei buscó congelar salarios docentes y becas estudiantiles.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    La ofensiva del Gobierno nacional contra el sistema universitario recibió este martes un golpe judicial de peso. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de manera inmediata la ley de financiamiento universitario y suspendió, de forma cautelar, el decreto con el que la gestión libertaria había intentado frenar la actualización salarial de docentes y la recomposición automática de las becas.

    La decisión fue adoptada por el juez Martín Cormick, en el marco de una acción de amparo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario, que denunciaron el vaciamiento de una ley aprobada por el Congreso y ratificada tras la insistencia legislativa de ambas cámaras.

    Un decreto para vaciar una ley

    En su resolución, el magistrado declaró inaplicable el decreto 759/2025 en el tramo en el que condicionaba la ejecución de la ley 27.795 a que el Congreso definiera previamente las fuentes de financiamiento. Para la Justicia, ese argumento no solo carece de sustento jurídico sino que constituye, en esta etapa del proceso, una conducta arbitraria y contraria a la Constitución.

    Cormick fue explícito: una vez que el Congreso insiste con una ley —tal como lo prevé el artículo 83 de la Constitución Nacional— el Poder Ejecutivo no puede introducir variantes suspensivas ni condicionamientos encubiertos a través de normas de jerarquía inferior. En otras palabras, Milei no puede vetar por decreto lo que el Parlamento ya resolvió por amplia mayoría.

    Salarios licuados y derechos vulnerados

    El fallo hace lugar a la medida cautelar y ordena al Estado cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de las partidas destinadas a salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles. La medida regirá hasta que se dicte sentencia definitiva.

    En sus fundamentos, el juez advirtió que el incumplimiento de la ley genera “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, al remarcar la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios. Según señaló, esa situación vulnera derechos laborales protegidos tanto por la Constitución como por tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.

    Pero el alcance del daño no se agota en los bolsillos. Cormick subrayó que el deterioro salarial afecta de manera directa el derecho a enseñar y a aprender, pilares básicos del sistema universitario público que el Gobierno viene atacando desde el inicio de su gestión.

    El falso argumento del “ahorro fiscal”

    La resolución también desmonta uno de los principales argumentos del Ejecutivo: el supuesto interés público asociado al ajuste. Para el juez, el eventual ahorro fiscal que implicaría no aplicar la ley es marginal, con un impacto estimado en apenas el 0,23 % del PBI, una cifra insignificante frente al daño estructural que provoca el desfinanciamiento de las universidades.

    En ese sentido, el fallo advierte que el decreto cuestionado podría vulnerar el principio de división de poderes, al intentar subordinar la vigencia de una ley del Congreso a la discrecionalidad del Ejecutivo. Un esquema que, de consolidarse, abriría la puerta a un vaciamiento sistemático del rol del Parlamento.

    Un límite judicial al ajuste

    Si bien el juez aclaró que la cautelar se dicta en una etapa preliminar y no implica adelantar opinión sobre el fondo del asunto, consideró plenamente acreditados los requisitos legales para ordenar el cumplimiento inmediato de la ley.

    La decisión judicial vuelve a poner en evidencia que el plan de ajuste del Gobierno no solo choca con la resistencia social y académica, sino también con los límites constitucionales. Esta vez, fue la Justicia la que recordó que las universidades no se gobiernan por decreto y que las leyes votadas por el Congreso están para cumplirse.

     

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