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DE TANTO ARRIMAR EL HOCICO LLEGARON AL PLATO

La semana pasada se llevó a cabo una asamblea para elegir integrantes provisorios del Consejo de Administración y síndicos de la cooperativa La Reginense con la presencia de algunos de los nuevos socios, el interventor José Perez, el subsecretario y la directora de Cooperativas y Mutuales de Río Negro, Héctor Ressel y Patricia Rodríguez Sábato, respectivamente. Los que no asistieron fueron los 9 socios más antiguos de la cooperativa.

 Esta es la segunda reunión que llevan adelante sin ellos, en la anterior no fueron anoticiados y en ésta última al ser presencial argumentaron no poder asistir por ser grupo de riesgo frente a la pandemia, ya sea por enfermedades preexistentes o por su edad. En estas condiciones se conformó el nuevo Consejo, sin la participación de un grueso de socios.

Esta asamblea fue impugnada vía judicial por los socios de mayor antigüedad y está a la espera de la resolución a cargo de la jueza civil Dra. Paola Santarelli. La asamblea presencial, prohibida por decretos, fue avalada el ejecutivo de la ciudad. Eso sí, a vos no te dejan juntarte a almorzar en el rio con los pocos amigos/as que tenés. Cuando quieren, pueden. Las prohibiciones no son para todos por igual.

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Vamos un poco para atrás…

El interventor José Perez fue designado en el cargo por el director de la Dirección de Cooperativas de la  provincia hace un año. Previo a la intervención se intimó a que se realice un sumario y se analice documentación, ya que la cooperativa venía a los tumbos y a pérdida hace muchos años. El frío y el empaque es, según los socios, lo que genera pérdida constante y requiere de una fuerte inversión para generar productividad, mucho caudal de fruta y reestructuración edilicia profunda.
Tal es así que en su momento se había decidido vender el frío y el empaque, tenían todo acordado con una empresa de renombre local para realizar la venta, indemnizar a los trabajadores, pagar una deuda con AFIP generada por un 3ro y quedarse solo con la sidrera llevando adelante el proyecto del museo del vino y la sidra en conjunto con FUNDESUR.
¿Por qué no se hizo si estaba todo acordado? Apareció la provincia con Weretilneck en campaña ofreciendo las requeridas soluciones económicas para poner la nave a punto, pero la nave no alcanzó ni a carretear. En ese momento, hasta la mayoría de los obreros estaban de acuerdo en percibir su indemnización y liberarse del problema recurrente de trabajar pero no saber cuándo ni cómo cobrar.  

En esa intimación la Dirección de Cooperativas encontró un recuso legal para intervenir la cooperativa La Reginense. El mínimo obligatorio de socios que demanda el estatuto  es de 10 y al momento La Reginense funcionaba con 9 (varios socios antiguos  fallecieron), de este modo se usó esa ilegalidad como causal grave y así es como se solicitó una intervención judicial para normalizar la cooperativa. Días antes de ser designado como interventor, José Perez debió renunciar  a la presidencia de la Cooperativa vitivinícola La Balsa de Valle Azul para tomar el nuevo cargo. La intervención inicial era por 6 meses.

Un año lleva la intervención que debe finalizar para que los nuevos socios accedan al Consejo de Administración y Sindicatura legalmente, se presume que pase en 30 días, aunque los nuevos cargos ya se autorizaron en el expediente judicial formalizándolos y también fueron notificados los trabajadores permanentes. Contradictorio pero cierto.

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¿Dejarías que derriben el Indio Comahue?…

Ahora hay un apuro por terminar la intervención, parece que los conflictos eran solo nominales. Dentro de esta nueva nómina de socios existen empresarios locales con juicios laborales abiertos, empresarios ligados a dirigentes políticos y miembros de la cooperativa vitivinícola de Valle Azul; gente que hace más de un año merodea las instalaciones sin tener cargos formales. Ahora ya está adentro y se acomoda la servilleta. El proceso es largo, pero empezó hace más de un año.

Asimismo en dicha asamblea, se aprobó que el nuevo Consejo analice un proyecto de financiación denominado “La Reginense Ltda. Siglo 21”. Lo cierto es que la cooperativa da pérdida constante hace tiempo y requiere de una inversión que nadie está dispuesto a hacer y tampoco la van a realizar los nuevos socios, de hecho esta última temporada la financiación bajó desde el gobierno provincial mediante aportes no reintegrables (el desfasaje económico de la administración lo pagaste vos y la cooperativa no debe devolver el dinero).

Pero esos aportes se usaron solo para pagar el sueldo a los trabajadores temporarios (50 familias), pero que  al día de la fecha no recibieron sus aportes ni el pago de sus obras sociales. A los permanentes (unas 20 familias) se les adeuda cuatro meses  en el mejor de los casos.

Resumen de situación previsional, empleado temporario La Reginense

Muchas irregularidades  a las que fue sometida la cooperativa y principalmente sus trabajadores.

En la última partida de sidra, que fue promocionada como un producto de alta calidad, ni siquiera se lo dejó participar el ingeniero Alejandro La Fourniere contratado como responsable técnico  de la sidrera y de la calidad de la misma, terminando por ser un producto de bajísima calidad. El ingeniero también se expresó mediante comunicado “quiero aclarar que no tengo ninguna responsabilidad en las mencionadas falencias de la calidad, dado que fui desplazado por el interventor quien ante mi reclamo de restitución  de mi puesto me mandó a realizar tareas de arrancado de yuyos en el predio de la empresa. Lo que motivó mi desvinculación de la empresa por despido indirecto y tampoco abonó mis sueldos atrasados…”. En el mismo comunicado expresó que el interventor Perez trabajó afanosamente en separar y maltratar a los socios de la cooperativa.

Comunicado de prensa del Ingeniero Agrónomo Alejandro de la Fourniere

Se presume que próximamente se entre en juicio por la pérdida de un gran caudal de fruta (alrededor  de 150mil dólares)  que se quemó por una pérdida de amoníaco, los accidentes pasan, lo que no puede pasar es que no contrates el seguro que cubre esas fallas. Esa misma pérdida afectó la salud de trabajadores que debieron seguir trabajando en esas condiciones insalubres y peligrosas.

La selección del delegado de los trabajadores se hizo de manera ilícita mediante planillas incompletas presentadas por Perez, y ante el empate de los dos candidatos el interventor designó a dedo a su conveniencia.

En este largo tiempo los trabajadorxs reclamaron también por la desaparición de maquinaria del predio, manejos despóticos, maltrato y autoritarismo puesto en práctica por el interventor, como también las irregularidades ya mencionadas, estos reclamos siempre fueron autoconvocados sin el apoyo del sindicato.

Sin fuerza de trabajo no hay negocio…

La utilización de la infraestructura y el recurso humano en beneficio de privados es uno de los principales activos que moviliza a los empresarios, como también la bodega y la sidrera; mientras tanto se menoscaba la historia de la icónica sidrera de casi 90 años, mediante la vieja estrategia de desgastar y presionar a los trabajadores, endeudar esperando salvavidas mientras se trabaja la fruta. Vender, comprar, quedarse con lo que sirve, cerrar un negocio “redondo en boca” para pocos, agrio para muchos.

En el medio de esta puja de empresarios con la connivencia política local/provincial están los mismos de siempre: los trabajadores. Explotados, ponen el lomo para trabajar una fruta ajena a la producción de la sidra sin tener convicción alguna de cuando van a cobrar. Ya olfatean otra temporada de miseria.

Habrá que ver si los trabajadores se prestan para brindar su fuerza de producción a sabiendas que nuevamente tendrán complicaciones para cobrar o deciden tomar otras determinaciones, ellos más que nadie saben qué es lo que pasa y qué es lo que va a volver a pasar. El Loop de La Reginense.

Negocio y puja que hace tambalear una parte de la historia de nuestra ciudad, el último ícono productivo, social y cultural, pero como suele ocurrir en Regina pareciera que a nadie le interesa, menos aún a los actores políticos que saben, saben mucho, pero no actúan. Eso los convierte en cómplices de este “regalito”.

El característico conservadurismo pseudo fascista heredado en Regina como buen pueblo de inmigrantes que es solo aplica para señalar y juzgar los actos de las clases populares, de los que se criaron del otro lado del salado, hasta ahí llega su moral. Entre ellos no se señalan. Entre ellos se toman un “feca” y se palmean la espalda mientras miran a un 3ro con cara de… «este es un boludo».

Se arrimaron de a poquito, deambularon por calle Los Nogales con los cubiertos en la gaveta de la «chata», la mesa estaba servida y el vino obvio que no les va a faltar. Faltaba que los inviten a entrar. Ya entraron.

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  • La cruzada de la extrema derecha contra la democracia

     

    El fragmento que publicamos pertenece al artículo: “La nueva cruzada. Derecha radical versus democracia, derechos, ONU y cooperación internacional”.

    Introducción

    El autoritarismo, el conservadurismo y la crisis de la democracia representativa están hoy en el centro de un debate crucial sobre la naturaleza del Estado y el futuro de la política, las sociedades y las instituciones nacionales e internacionales.

    La aparición, el fortalecimiento gradual y, por último, la aceptación y la normalización de los partidos y movimientos políticos de extrema derecha en las sociedades democráticas se han convertido en elementos fundamentales para cualquier debate sobre gobernanza y sistemas políticos. Se trata de un fenómeno global que abarca las Américas (las presidencias de Donald Trump en Estados Unidos, Javier Milei en la Argentina, Nayib Bukele en El Salvador, José Antonio Kast en Chile y Jair Bolsonaro en Brasil, entre otras) y Europa (con el avance de los partidos de extrema derecha en las elecciones al Parlamento Europeo en 2024, el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni en Italia, el firme control de Viktor Orban sobre el poder en Hungría (1), la fuerza creciente de los partidos de extrema derecha RN en Francia, AfD en Alemania, Vox en España y Reform UK en el Reino Unido, etcétera), pero también Medio Oriente (con la ampliación de la coalición de Benjamin Netanyahu para crear el gobierno más extremista de derecha en la historia de Israel) y Asia (con la reelección de Recep Erdoğan en Turquía y la consolidación del dominio del partido BJP, de Narendra Modi, en India).

    Las fronteras entre la derecha tradicional, que aceptaba las reglas de la democracia liberal, y la nueva y agresiva extrema derecha se hicieron cada vez más tenues. Los discursos racistas, xenófobos, supremacistas y homófobos se han vuelto cada vez más comunes, mientras que las agendas autoritarias son ahora abiertamente perseguidas por actores políticos que ya ocupan posiciones de poder o que pronto pueden conquistarlas (Mudde, 2019). Como en todo el mundo, la mayoría de los partidos progresistas y de izquierda abrazaron hace tiempo la democracia y la agenda económica liberal, mientras que la extrema derecha se transformó gradualmente en el principal espacio social de rebelión política y desafío al statu quo (Stefanoni, 2021). Al explorar los sentimientos de miedo, ansiedad e inseguridad que impregnan cada vez más nuestras sociedades –alimentados por incertidumbres económicas, cambios étnicos y demográficos, crisis climática, violencia, inestabilidad social, cambios en las reglas sociales y la imprevisibilidad del futuro–, las fuerzas de extrema derecha ocupan espacios cada vez mayores en la arena política global. Como los actores políticos tradicionales parecen incapaces de ofrecer una perspectiva creíble del futuro basada en la expansión de los derechos y la inclusión (Danowiski y Castro, 2019), la extrema derecha desafía de forma agresiva los mecanismos establecidos de límites y contrapesos, la participación política y las instituciones representativas. Aspectos críticos de la democracia liberal son atacados hoy, tales como la libertad de prensa y la independencia de los sistemas judiciales. Tanto en el ámbito nacional como en el internacional, las políticas de protección o de ampliación de los derechos humanos son activamente buscadas.

    El esfuerzo para destruir las instituciones que representan el debate colectivo, las negociaciones y los procesos de toma de decisiones comienza a nivel nacional, pero tiene claras y peligrosas implicaciones que trascienden las fronteras, a medida que se desarrolla en la arena global. Las organizaciones y las instituciones internacionales se ven directamente afectadas en este proceso. Cuando los actores de extrema derecha asumen responsabilidades gubernamentales, tienden a socavar el sistema multilateral.

    El ascenso de la extrema derecha fue objeto de extensa investigación académica en la última década, así como foco de contraposición activa por parte de movimientos políticos, think tank y organizaciones de la sociedad civil (Estrada Campos, 2023; Löwy, 2019). Este intenso escrutinio dejó claro que los actores de extrema derecha en todo el mundo siguen patrones típicos de comportamiento y discurso público. 

    Además, fortalecen constantemente su red y la coordinación política global, hasta el punto de que podemos referirnos a un movimiento transnacional de extrema derecha (Forti, 2024; Abrahamsen et al., 2024) o una auténtica “internacional reaccionaria” (Goldstein, 2024). Como sugiere Musharbash (2021), los actores políticos de extrema derecha “se imaginan a sí mismos como participantes en una lucha global contra un enemigo global”.

    Los actores de extrema derecha en todo el mundo siguen patrones típicos de comportamiento y discurso público. 

    A pesar de las importantes especificidades nacionales o regionales, este es sin duda un fenómeno global con fuertes vínculos transnacionales que, por ese motivo, debe ser estudiado y tratado como tal.

    Los vínculos transnacionales de la extrema derecha se formaron a través de referencias intelectuales comunes y una red creciente de espacios internacionales: como el Foro de Madrid (creado en 2020 por el partido español de extrema derecha Vox y muy activo en América Latina con el objetivo de promover la “iberoesfera”), Atlas Network (que reúne a más de 500 think tank e institutos que promueven agresivamente políticas públicas neoliberales y antiambientales en un centenar de países), y los capítulos nacionales de la Conservative Political Action Conference (CPAC), creada originalmente en los Estados Unidos, que ya presentó conferencias en Brasil, México, Argentina, Paraguay, Hungría, Polonia, Israel, Corea del Sur, Japón y Australia. A través de los años, las reuniones de la CPAC fueron oportunidades para que líderes y operadores de extrema derecha se conocieran y establecieran conexiones personales (entre otros, Orbán, Meloni, Trump, Bolsonaro, Milei y Kast ya asistieron a reuniones de la CPAC).

    Un análisis preliminar de las interacciones transnacionales de los actores de este espectro político indica que ya tuvieron un impacto significativo en la agenda y en los procedimientos del sistema multilateral, influyendo así en la política internacional. La visión de mundo de la extrema derecha entra en conflicto directo con uno de los principales pilares del sistema de gobernanza luego de la Segunda Guerra Mundial: la cooperación entre los Estados miembros en el sistema de las Naciones Unidas y en otras organizaciones regionales e internacionales, que producen normas comunes, bienes públicos globales y foros de negociación de conflictos. El principio subyacente de esta colaboración es que se necesita una pérdida relativa, mutuamente acordada y negociada, de la soberanía nacional para hacer frente a los desafíos globales (como la crisis climática) y para lograr bienes públicos internacionales y objetivos compartidos (como la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por la ONU).

    En sentido contrario, en los últimos años, la acción diplomática de los gobiernos nacionales liderados por actores de extrema derecha se concentró en crear obstáculos a cuestiones y agendas específicas (como la igualdad de género o la eliminación gradual de los combustibles fósiles) y en el intento de rediseñar sectores enteros del sistema multilateral considerados contrarios a determinados valores morales o a una visión estrecha de los intereses nacionales. Los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas son uno de los principales objetivos de estos actores.

    Los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas son uno de los principales objetivos de estos actores.

    Con este texto, buscamos contribuir a la creciente literatura sobre el impacto de la extrema derecha en las relaciones internacionales y en la política global (Estrada Campos, 2023), analizando de manera específica cómo esta tendencia transnacional tiene efectos concretos en el sistema multilateral. Para esto, dividimos el capítulo en dos partes. En la primera, discutimos un tipo ideal de actores de extrema derecha como una lente analítica que nos permite investigar este fenómeno global. En la segunda parte, analizamos cómo los elementos de estos tipos ideales weberianos interactúan con el sistema multilateral. Nuestro enfoque son las tensiones entre el discurso y las prácticas de la extrema derecha y los elementos centrales de la arquitectura multilateral, como las normas internacionales, la flexibilización del concepto de soberanía, los valores de inclusión y derechos.

    Todos los tonos de la derecha

    (…)

    Tras analizar material empírico e histórico, así como la bibliografía sobre el tema, sugerimos que algunas estructuras cognitivas son comunes en la actual tendencia global de la extrema derecha. En términos weberianos, estas estructuras pueden componer un tipo ideal, lo suficientemente abstracto como para dar cabida a las numerosas diferencias entre los actores políticos de extrema derecha en diferentes regiones del mundo. De este modo, podemos comprender mejor la lógica de experiencias históricas específicas. Además del desprecio o la actitud negativa hacia las instituciones democráticas liberales, tal y como subraya Mudde, proponemos destacar otras cinco características comunes que son especialmente relevantes para analizar las implicaciones del fortalecimiento global de la extrema derecha para la gobernanza internacional y el futuro del orden mundial multilateral (2). Son las siguientes:

    1. El rechazo de la asociación entre derechos (políticos, sociales, económicos, ambientales, de género, sexuales, reproductivos, religiosos, etcétera) y la igualdad, la inclusión y el progreso.

    2. La exaltación del nativismo y el patriotismo como resultado de la búsqueda de una comunidad homogénea idealizada y la exigencia de lealtad al Estado como representante legítimo de la comunidad homogénea.

    3. La lógica amigo-enemigo.

    4. Tradicionalismo, con la exaltación de un pasado idílico y mítico, cuando prevalecían las jerarquías sociales y los valores morales claros.

    5. La aceptación de la violencia como instrumento legítimo de interacción social y política.

    Existe un consenso en que parte de la explicación del auge global de la extrema derecha reside en la crisis cada vez más profunda de la democracia liberal. Por lo tanto, no es de extrañar que una característica común a todos los actores autoritarios sea la crítica o el rechazo de esta forma de organización de la vida política. Sanahuja y López Burian (2020) sugirieron que los cambios estructurales en el funcionamiento del capitalismo globalizado hegemónico explican esta tendencia. Especialmente después de la crisis financiera mundial de 2008, la progresiva precarización del trabajo, el empeoramiento de las condiciones de vida (y de las expectativas) tanto de la nueva clase trabajadora informal de las plataformas digitales como de la clase media tradicional y la degradación de los servicios públicos provocada por las políticas económicas y de austeridad neoliberales minaron la cohesión social en Europa y América. El resentimiento generalizado hacia las elites políticas, culturales y económicas establecidas y su aislamiento de la vida de la gente común alimentan la crisis de legitimidad de las democracias liberales, de la que se aprovechan los actores políticos de extrema derecha (Levitsky y Ziblatt, 2018).

    Cuando logran llegar al gobierno, los partidos de extrema derecha degradan activamente la democracia y las instituciones de sus países. A medida que se rechazan los valores pluralistas de la democracia liberal, se atacan las instituciones que permiten que estos florezcan. La libertad de expresión y los derechos de las minorías están bajo constante ataque. El equilibrio de poderes se ve atacado, se favorece el poder ejecutivo en detrimento del judicial y del legislativo, lo que genera una fuerte concentración de poder. El conformismo social, el convencionalismo y la sumisión a las autoridades establecidas son los pilares del autoritarismo (Mudde, 2010). Por lo tanto, es posible detectar una clara tendencia autoritaria. 

    A medida que se rechazan los valores pluralistas de la democracia liberal, se atacan las instituciones que permiten que estos florezcan.

    La extrema derecha contra los derechos

    La era posterior a la Segunda Guerra Mundial, especialmente desde finales de la década de 1940 hasta principios de la de 2000, fue llamada a menudo “la edad de oro de los derechos humanos” o, según la definición del académico  estadounidense Louis Henkin (2019), “la era de los derechos”. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). En las seis décadas siguientes, la ONU aprobó nueve tratados fundamentales que abarcan una amplia gama de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y que constituyen los fundamentos del derecho internacional de los derechos humanos. En 1993, la Asamblea General de la ONU estableció la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y definió su mandato para promover y proteger los derechos humanos a nivel mundial.

    Aunque las violaciones de estos derechos hayan persistido y, a menudo, las grandes potencias hayan sido políticamente selectivas (y abiertamente cínicas) a la hora de elegir qué abusos denunciar o, por el contrario, ignorar, desde hace tiempo hay un reconocimiento creciente de la importancia de proteger y promover los derechos humanos como fundamentales para la dignidad humana, la igualdad y la paz. El establecimiento de instituciones y mecanismos internacionales (como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas) y órganos regionales (como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos) contribuyó al avance de las normas y los estándares de derechos humanos. Además, la lucha contra el colonialismo y los movimientos por los derechos civiles promovieron de manera significativa los principios de los derechos humanos, la igualdad racial y el derecho a la autodeterminación. La búsqueda de derechos se ha expandido en los ámbitos nacional e internacional e incluye los derechos de las mujeres, de la comunidad LGBTQIA+, de las comunidades indígenas, de los sectores racialmente oprimidos de la sociedad, de las víctimas de la opresión del Estado, así como los derechos sexuales y reproductivos y los derechos ambientales.

    En el siglo XXI, sin embargo, los ataques contra las instituciones de derechos humanos y de inclusión se han multiplicado, ya que un número creciente de actores (tanto del Sur Global como de los países desarrollados) ha comenzado a cuestionar el concepto de universalidad de los derechos humanos y está utilizando su poder político para erosionar lo que Hannah Arendt (1951) definió como “el derecho a tener derechos”. Los gobiernos de extrema derecha forjaron alianzas de facto con otros actores autoritarios y religiosos que comparten una visión del mundo basada en la aspiración de volver a una supuesta edad de oro de jerarquías sociales, raciales y geográficas claramente definidas y de dominio patriarcal indiscutible. El orden, la tradición, la familia, la religión, la patria y la lealtad son los pilares del discurso público de estos grupos. Como observa Teitelbaum (2020), estos actores también coinciden en criticar la difusión del secularismo, la democracia y la globalización. Así, tienden a centrarse en la defensa de los derechos de propiedad y religión en oposición a los derechos basados en la igualdad y la dignidad humana (Leigh, Zulver y Escoffier, 2023, pp. 1-28).

    Los gobiernos de extrema derecha forjaron alianzas de facto con otros actores autoritarios y religiosos que comparten una visión del mundo basada en la aspiración de volver a una supuesta edad de oro de jerarquías sociales, raciales y geográficas claramente definidas y de dominio patriarcal indiscutible.

    En oposición al “derecho a tener derechos” y al impulso hacia los derechos sociales y civiles que, en términos generales, caracterizan los procesos de democratización y apertura de las sociedades, la extrema derecha se centra casi exclusivamente en las libertades individuales –una concepción restrictiva basada en la idea de libertad económica sin interferencia del Estado– y en la defensa de los “valores” conservadores dentro del núcleo fundamental de la sociedad, es decir, la familia tradicional. Desde esta perspectiva, los resultados de la competencia económica ilimitada y no regulada –la desigualdad, el deterioro de las condiciones de vida de las clases populares y medias, la creciente influencia política de los multimillonarios– se consideran naturales y funcionales para el orden social. Por el contrario, las políticas sociales, la planificación económica y la justicia administradas por el Estado contrastan con la libertad. La elección de la píldora roja (libertad) en la película Matrix (1999) se ha convertido en un icono del mundo cultural online de la extrema derecha. La libertad se busca contra la “catedral”, es decir, las elites intelectuales liberales, que tienen una visión cosmopolita y “globalista” del mundo, opuesta a los valores tradicionales.

    Según esta lógica, los actores políticos de extrema derecha tienden a considerar las instituciones democráticas liberales, los movimientos feministas y LGBTQIA+ y las burocracias nacionales e internacionales como amenazas a las libertades individuales y obstáculos para la implementación de políticas “fuertes” contra las personas ajenas que amenazan los valores tradicionales (Norris e Inglehart, 2019). El análisis de Wendy Brown (2019) abre la puerta a la comprensión del desprecio por las instituciones, las leyes y las normas que se describen como limitadoras de la libertad individual. Se involucró en el debate sobre el tema y conectó las discusiones sobre visiones autoritarias del mundo, neoliberalismo y tradicionalismo. Brown investiga la interacción entre las formulaciones neoliberales de libertad y resentimiento; argumenta que la asociación del nacionalismo con una versión del liberalismo centrada en la defensa de la soberanía y el antiestatismo nos permite hacer referencia a la “libertad autoritaria”.

    La visión neoliberal del mundo, basada en los escritos de Friedrich Hayek (2001) y ampliamente implementada en todo el mundo desde los gobiernos de Reagan y Thatcher, a principios de la década de 1980, demolió el tejido colectivo de las sociedades y basa el nuevo orden social en los mercados y la moralidad. El neoliberalismo defiende la distopía de un orden no igualitario en el que los individuos y las familias serían pacificados políticamente por los mercados y la moral, y sometidos a un Estado autónomo, autoritario, pero despolitizado (Brown, 2019, p. 17). Así, los valores tradicionales se presentan como un complemento esencial de los mercados libres, y se enfatiza la capacidad de la tradición para producir armonía social, conformidad e integración. La inclusión, los derechos civiles, el constitucionalismo, la justicia social y la distribución de recursos a través de políticas estatales son atacadas por grupos sociales que se aferraron a un concepto de libertad basado en la expansión de la racionalidad del mercado a todas las esferas de la vida y que está despojado de las valencias políticas que lo vinculan a la soberanía popular (Brown, 2019, p. 13).

    El neoliberalismo defiende la distopía de un orden no igualitario en el que los individuos y las familias serían pacificados políticamente por los mercados y la moral, y sometidos a un Estado autónomo, autoritario, pero despolitizado.

    La difusión global de las teorías económicas de Hayek, Ludwig Von Mises, Milton Friedman y la llamada Escuela Austriaca de Economía se ha propagado durante décadas a través de una densa y sofisticada red de institutos de investigación y think tank, cuyos orígenes se remontan a la creación de la Mont Pelerin Society en 1947 (Mirowski y Plehwe, 2015) y de la que Atlas Network representa hoy la cara más visible e influyente.

    La búsqueda de una comunidad homogénea idealizada

    La defensa y reivindicación de la tradición es una de las normas cruciales invocadas por los actores políticos de extrema derecha. Los principios del sufragio universal, la libertad de participación política y la separación de poderes llegan a ser cuestionados y considerados valores extraños, impuestos desde afuera. Esta es también una tendencia de otras perspectivas conservadoras, pero en este caso observamos la reivindicación de una agencia y una postura voluntarista peculiares (Abrahamsen et al., 2024, p. 24). Esta idea es destacada en las políticas adoptadas por Rusia durante el gobierno de Vladimir Putin, pero también está presente en muchos otros países. Un concepto es el nativismo, que, según Mudde (2019, p. 33), es una combinación de nacionalismo y xenofobia. Las tradiciones nacionales se sitúan en el centro del discurso público, alimentan la búsqueda de un grupo original, que suele basarse en núcleos étnicos, raciales o religiosos. El humanismo, la lógica del cuidado y la empatía por los seres humanos en general se tratan como una amenaza para la comunidad nacional homogénea idealizada. La búsqueda de una comunidad uniforme tiene efectos profundos sobre la disposición a negociar, crear y mantener instituciones que permitan un proceso constante de conciliación de diferencias y normas de coexistencia o, en otras palabras, que abran un espacio social para la resolución pacífica de conflictos o para la transformación política: las bases conceptuales del sistema multilateral.

    La idealización de una comunidad homogénea basada en valores tradicionales y “nacionales” expresa un profundo desprecio por la pluralidad y se traduce en resistencia a los derechos de las minorías. Las amenazas imaginarias contra esta sociedad idealizada le dan sentido a la existencia de la extrema derecha y son el gran combustible político de estos movimientos. En muchos casos, la inmigración se vincula con el temor a la delincuencia, el terrorismo o la dilución de la identidad nacional. Es habitual encontrarse con la manipulación de las preocupaciones del público en materia de seguridad y la defensa de políticas de inmigración más estrictas, controles fronterizos y, en ocasiones, la expulsión de determinados grupos. Este discurso basado en el miedo resulta muy atractivo para las personas que se sienten vulnerables ante los cambios demográficos o que perciben a los inmigrantes como una amenaza económica o para la seguridad (Helbling y Meierrieks, 2022; Edo y Giesing, 2020). El miedo, justificado o no, al aumento de la delincuencia en una determinada zona o país lleva a solicitar una intervención fuerte del Estado para aumentar la percepción de seguridad, que casi siempre tiene un componente nativista, ya que los “extranjeros” son vistos como la fuente fundamental de inseguridad para los “nativos”. La seguridad se refiere a individuos y colectivos, principalmente a la nación o la raza, y tiene un componente cultural, económico y físico. Por lo tanto, casi todas las cuestiones políticas se perciben a través del prisma de una amenaza al orden natural que crea inseguridad, y esta debe tratarse con mano dura. El discurso sobre la seguridad y la lucha contra la inmigración fue fundamental, por ejemplo, para el éxito electoral de José Antonio Kast y de otros candidatos de extrema derecha en las elecciones presidenciales de Chile en 2025. Invocar el “método Bukele” para hacer frente a la delincuencia, en detrimento del estado de derecho y de los principios del debido proceso, se convirtió en el lema de todos los actores políticos de extrema derecha en las Américas.

    El lema adoptado por los líderes autoritarios de todo el mundo –mi país por encima de todo, ignorando las normas y las leyes– expresa una visión de la soberanía en la que los conceptos de nación y patria se priorizan en términos absolutos. Esto se deriva del valor atribuido a la nación homogénea, de la comprensión del entorno internacional en términos competitivos y vacíos desde el punto de vista moral, y del desprecio por las visiones cosmopolitas. Una visión del mundo basada en la concepción anacrónica “vestfaliana” de la soberanía absoluta de los Estados-nación se opone directamente al acuerdo sobre cesiones parciales y negociadas de la soberanía nacional, que son la base del sistema multilateral construido después de 1945.

    Invocar el “método Bukele” para hacer frente a la delincuencia, en detrimento del estado de derecho y de los principios del debido proceso, se convirtió en el lema de todos los actores políticos de extrema derecha en las Américas.

    Esta diferencia ontológica en relación con las relaciones internacionales quedó patente en la sesión inaugural de la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada el 24 de septiembre de 2019. El primero en intervenir, el secretario general de la ONU, António Guterres, pronunció un discurso preocupado por los retos globales contemporáneos y la necesidad de “hacer todo lo posible para evitar la gran fractura y mantener un sistema universal: una economía universal con respeto universal por el derecho internacional; un mundo multipolar con instituciones multilaterales fuertes”. Inmediatamente después de él, como manda el protocolo de la ONU, hablaron Bolsonaro y, a continuación, Trump. En el discurso de Guterres, las palabras más recurrentes fueron “personas”, “derechos”, “mundo” y “humanidad”. Bolsonaro repitió “Brasil” 41 veces. Los términos más utilizados por Trump fueron “naciones”, “países”, “América” y “americanos”; se refirió 18 veces a los Estados Unidos. Ambos presidentes mencionaron a Dios cinco veces. Con el lenguaje de la Guerra Fría, evocaron el “espectro del socialismo” (Trump) y la “crueldad del socialismo” (Bolsonaro) como grandes amenazas para el orden mundial (Summa, 2020, p. 23). Trump presentó un manifiesto apasionado por el nacionalismo: “El futuro no pertenece a los globalistas. El futuro pertenece a los patriotas. El futuro pertenece a las naciones soberanas e independientes que protegen a sus ciudadanos”. También despreció abiertamente el papel de las Naciones Unidas en la definición de normas comunes: “No hay ninguna circunstancia en la que Estados Unidos permita que entidades internacionales pisoteen los derechos de nuestros ciudadanos” (Trump, 2019).

    Ya en su segundo mandato, en otro discurso ante la Asamblea General, el 23 de septiembre de 2025, Trump no solo descartó a la ONU por irrelevante, sino que también cuestionó los propios principios de la Organización: mantenimiento de la paz, organización de respuestas a los desafíos globales, promoción de la cooperación internacional y financiación del desarrollo. Volvió a evocar una política centrada exclusivamente en los intereses nacionales y dejó claro su desprecio por la Organización: “La mayoría de las veces […] lo único que parecen hacer [en la ONU] es escribir una carta con palabras muy duras y luego no darle ningún seguimiento”. (…).

    1. (Nota de Anfibia): Este texto se escribió antes de la derrota de Viktor Orbán en Hungría, frente a Péter Magyar. 
    2. Preferimos no utilizar la definición de orden mundial liberal, ya que muchos de los principales Estados miembros de las Naciones Unidas, incluso miembros permanentes del Consejo de Seguridad, nunca fueron democracias liberales.

    La entrada La cruzada de la extrema derecha contra la democracia se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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    El gobierno libertario pone cada vez más restricciones.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El paquete de resoluciones publicado este miércoles por el Ministerio de Seguridad Nacional en el Boletín Oficial volvió a dejar expuesta una orientación política cada vez más definida del gobierno de Javier Milei: ampliar mecanismos de vigilancia, reforzar restricciones administrativas y consolidar herramientas de control preventivo sobre la vida social. Detrás de medidas que en apariencia aparecen fragmentadas —estadios, bases de datos, restricciones de concurrencia y sistemas federales de información— se perfila una arquitectura estatal donde el concepto de “seguridad” empieza a extenderse mucho más allá del delito consumado.

    La resolución más significativa del día fue la ampliación del programa Tribuna Segura, un sistema que originalmente había sido presentado para controlar el ingreso de barras bravas y personas con antecedentes violentos en espectáculos deportivos. La nueva normativa incorpora ahora la posibilidad de aplicar restricciones vinculadas a incumplimientos civiles, como los registros de deudores alimentarios, y profundiza el uso de mecanismos administrativos para impedir accesos sin necesidad de condenas penales firmes.

    Detrás de la narrativa oficial sobre “orden” y “protección”, lo que aparece es otra cosa: el avance de un esquema de prevención estatal basado en el monitoreo permanente y la ampliación de facultades discrecionales del Ejecutivo. El cambio no es solamente operativo. Es político.

    De la protesta social al control de conductas

    Desde la implementación del protocolo antipiquetes, el Gobierno viene construyendo una lógica donde la protesta social dejó de ser tratada como un fenómeno político para pasar a encuadrarse dentro de la órbita de la seguridad interior. El corrimiento conceptual fue gradual, pero constante.

    Las resoluciones publicadas este 13 de mayo profundizan ese camino. En los fundamentos administrativos del nuevo esquema de Tribuna Segura aparecen referencias a controles preventivos sobre manifestaciones y concentraciones públicas, consolidando la idea de que el Estado debe intervenir antes de que exista delito alguno.

    No se trata solamente de impedir hechos violentos en una cancha. Se trata de construir herramientas permanentes de identificación, seguimiento y restricción de circulación aplicables a distintos ámbitos de la vida pública.

    Ese punto es central porque modifica el paradigma histórico de actuación estatal. El foco ya no está únicamente en castigar delitos comprobados, sino en administrar riesgos potenciales mediante bases de datos, controles cruzados y sanciones preventivas.

    Bases de datos, vigilancia y centralización

    Otra de las resoluciones relevantes del día fue la vinculada al SIFCOP, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales. Aunque presentada como una actualización técnica y administrativa, la medida refuerza la centralización de información criminal, pedidos de captura, secuestros y alertas judiciales entre fuerzas federales y provinciales.

    En términos prácticos, el Ministerio sigue avanzando en la integración nacional de sistemas de vigilancia e identificación. La interoperabilidad de datos permite acelerar operativos y controles, pero también incrementa el poder estatal sobre la circulación de información sensible de millones de personas.

    El argumento oficial es la eficiencia. La discusión política, en cambio, pasa por otro lado: qué controles institucionales existen sobre estas herramientas y hasta dónde puede expandirse su utilización.

    La preocupación no es abstracta. En los últimos meses el Gobierno ya había endurecido políticas sobre protestas, operativos callejeros y control de movilizaciones, en un contexto social marcado por despidos, ajuste económico y creciente conflictividad.

    El orden como narrativa de gobierno

    Las medidas difundidas este miércoles también revelan otro aspecto central del modelo Milei: el uso político de la seguridad como construcción discursiva. Deudores alimentarios impedidos de ingresar a estadios, barrabravas bloqueados, presos sin celulares y sistemas federales de monitoreo son decisiones diseñadas para generar impacto mediático inmediato y construir una narrativa de autoridad estatal.

    La lógica es clara: instalar la idea de un Gobierno que “pone orden” frente a una sociedad presentada como caótica o fuera de control.

    Pero detrás de esa construcción comunicacional aparece una tendencia más profunda y persistente: la expansión de mecanismos administrativos que permiten restringir derechos y movimientos sin intervención judicial plena ni condena firme.

    La discusión de fondo recién empieza. Porque mientras el Gobierno presenta estas herramientas como medidas de seguridad modernas y eficientes, crecen las advertencias sobre el riesgo de consolidar un modelo de vigilancia permanente donde cada vez más aspectos de la vida social quedan bajo monitoreo estatal.

     

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