DE TANTO ARRIMAR EL HOCICO LLEGARON AL PLATO

El modelo social, como se ha conceptualizado en la literatura, no es solo una estructura económica, sino una arquitectura institucional históricamente consolidada que gestiona las relaciones entre el mercado, el Estado y la sociedad. Refleja cómo se coordina el mercado laboral con los sistemas de protección social a los cuales Argentina ha llegado por varias vías institucionales, a veces con mayor éxito y otras con mayores desgracias.

Este pacto institucional parece estar cambiando de forma estructural.

Estudios recientes de nuestro equipo en el Instituto Gino Germani muestran dinámicas preocupantes en el mercado laboral, caracterizadas —de manera deliberada o no— por lo que podría definirse como un (no) modelo. Más allá del cierre de fábricas y la aceleración de quiebras, cuyo caso más emblemático es Fate, los datos oficiales —técnicamente cuestionables y objeto de una profunda deslegitimación académica— muestran una tendencia regresiva: el empleo formal cayó a su mínimo histórico (45%), con 407 mil puestos destruidos y apenas 226 mil precarios creados. El 72% de los ocupados gana menos que la canasta básica y uno de cada cinco trabajadores con jornada completa es pobre, lo que genera casi como humorada la desaceleración del divorcio y padres y madres que pasan un mayor tiempo en casa. El pluriempleo afecta al 12%, mientras la industria y la construcción se contraen frente a servicios precarios. La pobreza bajó al 31,8% por ingresos informales frágiles, no por empleo de calidad: dos tercios de la fuerza laboral padece precariedad o desocupación.

Vivimos un momento particular.

La reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei cambia las reglas de juego entre empleados y empresas, entre el trabajo y el capital; y el árbitro —el Estado— comienza a ser profundamente parcial.

Un punto crítico del proyecto es la modificación del sistema de indemnizaciones por despido, donde se reemplaza el esquema tradicional por fondos de cese laboral o sistemas de capitalización individual, similares a los vigentes en la construcción. La propuesta legislativa contempla ampliar el período de prueba más allá de los tres meses, estableciendo una duración variable que podría extenderse hasta seis u ocho en función del tamaño de la empresa.

Para los contratos antiguos, la nueva ley marca un quiebre: si un trabajador con muchos años de servicio es despedido tras su promulgación, el cálculo de su liquidación se regirá íntegramente por las nuevas reglas, sin considerar su antigüedad previa. Además, la jornada laboral podrá extenderse hasta 12 horas.

La reconfiguración global de las economías, marcada por el desarrollo tecnológico, la modernización de los procesos productivos y el crecimiento exponencial del sector de servicios, ha actuado como un poderoso motor de cambio social. En nuestra particular economía, un grueso de la misma está despojada de la protección, la tecnología, la mayor productividad y de un potencial bienestar. Más allá de las métricas puramente económicas, estos fenómenos han contribuido decisivamente a la erosión de las solidaridades colectivas tradicionales y al ascenso de un individualismo contemporáneo que redefine las expectativas de los ciudadanos frente al mercado, el Estado y la comunidad.

El núcleo de esta transformación reside en una mutación profunda de la estructura laboral y social. La modernización ha propiciado la emergencia de nuevas clases medias de servicios, cuyo espacio de trabajo difiere radicalmente del de la fábrica fordista. Estos profesionales ya no se agrupan en grandes plantas industriales; sino que trabajan en pequeñas oficinas, microempresas o de forma autónoma, en entornos donde la interacción social es débil y fragmentaria. Este proceso de socialización frágil y atomizado fomenta estrategias de desarrollo estrictamente personales e individuales. La antigua lealtad a una gran compañía, que ofrecía una carrera vitalicia y un sentido de pertenencia colectiva se desvanece frente a la lógica del proyecto personal, la empleabilidad y la marca individual.

Paralelamente, la atomización del tejido industrial —con la externalización de servicios, la deslocalización y el auge de las plataformas digitales— ha quebrado los comportamientos colectivos que antes surgían de la experiencia compartida en el espacio de trabajo. Este fenómeno es, en gran medida, un efecto directo de la segmentación de los mercados laborales, que divide a los trabajadores entre un núcleo estable y cualificado y, por otro lado, una periferia precaria y desprotegida.

La consecuencia más visible de este proceso es el declive histórico de las tasas de afiliación sindical. Los sindicatos, diseñados para representar a masas de trabajadores homogéneos en industrias concentradas, encuentran enormes dificultades para organizar a una fuerza laboral dispersa, diversa y a menudo individualista en sus aspiraciones. Y no fueron solamente los baluartes de las conquistas sociales de los más débiles, sino que, incluso fuera de Argentina, pudieron conseguir, en sus procesos de demanda, mejores resultados distributivos.

En lugar del antiguo “obrero-masa”, colectivo y con identidad de clase, hoy emerge una figura laboral más aislada. Este vacío no ha quedado desierto, sino que ha sido ocupado por formas de microcorporativismo. El individuo negocia de forma aislada sus condiciones con su empleador o, en el mejor de los casos, busca soluciones privadas a riesgos que antes eran colectivos (seguros de salud, planes de pensiones privados, horas extras, vacaciones). Este proceso de transformación, incubado desde la década de 1980, encontró en el pensamiento neoliberal su principal soporte ideológico. Su prédica a favor de la flexibilidad, la desregulación y la responsabilidad individual ha proporcionado el marco intelectual que justifica y acelera estas dinámicas.

El individualismo de mercado es pragmático y radical. Concibe al individuo como un agente autónomo que compite en una esfera mercantil con reglas mínimas. Su referencia jurídica, como plantea el investigador Antonio Martín Artiles, de la Universidad Autónoma de Barcelona, es el “common law”, flexible y basado en la jurisprudencia, que refleja esta concepción de un orden espontáneo y descentralizado. El Estado es visto con recelo y su rol queda relegado a garantizar contratos de carácter asimétrico, pero no el de un proveedor activo.

El individualismo institucionalizado, en cambio, se desarrolla dentro de un marco de instituciones robustas. Propio de culturas corporativistas, este modelo concibe al individuo como un titular de derechos y deberes precisos, garantizados por un Estado fuerte y un sistema de negociación colectiva. Su tradición jurídica es el derecho corporativo germánico, codificado y sistemático. Aquí, la autonomía individual no se opone a la solidaridad institucional, sino que se ejerce a través de ella.

Frente al avance de un espectro individualista, la cultura colectivista —cuyo principal exponente es la organización sindical— responde a una lógica sustancialmente distinta. Este paradigma ancla las expectativas de protección social en la ley, el Estado y la autoridad pública, configurando una visión jerárquica del orden social en la que el individuo se integra y es resguardado por marcos colectivos definidos desde arriba: la familia, el gremio, la nación, el partido. Sin embargo, este enfoque retrocede de manera constante ante la expansión de la modernización capitalista, la mercantilización de las relaciones sociales y el avance de la ideología del mérito individual.

El período actual de restauración conservadora y neoliberalismo extremo puede interpretarse sociológicamente como una reacción a la desestabilización de los órdenes tradicionales acelerada por la globalización y las crisis económicas. Se observa una lucha por la imposición de un nuevo “sentido común” que naturaliza la mercantilización de la vida (biopolítica neoliberal) y restaura jerarquías sociales y culturales percibidas como amenazadas, como los privilegios de la elites, la expectativa de ganancia empresarial y un mundo a ser vívido en su plenitud por los más ricos. Se manifiesta como una recomposición de alianzas de clase, donde élites económicas aprovechan el malestar social (precariedad, pérdida de identidad) para promover un individualismo competitivo radical y desmantelar estructuras de solidaridad colectiva.

Este período encarna la paradoja del neoliberalismo como orden antipolítico: al reducir a la ciudadanía a la mera gestión empresarial de sí misma, vacía la esfera pública y socava los fundamentos de la democracia deliberativa. Sobre ello se intenta desmantelar la protección de trabajadores y trabajadoras, pero sobre el propio proceso de desmantelamiento a la luz de los resultados sociales, parece iniciarse una lenta corrosión de un modelo hierático.

La entrada Frágiles, atomizados, individualizados se publicó primero en Revista Anfibia.

Mientras los incendios forestales jaquean a buena parte de la Patagonia y extreman las alertas en Bariloche y la zona, el funcionario que puso Daniel Scioli a cargo del Parque Nacional Nahuel Huapi, Dámaso Larraburu, se muestra abocado a la discusión de nombres para conducir el PJ en su ciudad de base, Bahía Blanca.

«Yo analizaría @Aguero_M_A Presidente del PJ Bahía Blanca, por qué no?», posteó este jueves en X Larraburu en alusión al secretario General de los municipales bahienses Miguel Ángel Agüero, uno de los dirigentes mencionados para ese cargo.

Según señalaron a LPO cerca del PJ de Bahía, Larraburu ya venía jugando por lo bajo en la interna del peronismo local, incluso con charlas frecuentes con algunos concejales cercanos a Federico Susbielles. Ahora, salió a hacer sus apuestas en redes.

Eso cayó mal en sectores del peronismo bahiense, que lo endilgan la etiqueta de «libertario». «Afiliado al PJ hace 51 años», cruzó Dámaso a una usuaria que lo alineó a La Libertad Avanza.

«Por lo visto, no le preocupa el fuego ni lo que le diga Milei», dijo a LPO una fuente del peronismo bahiense, aludiendo al cargo que desde 2024 ostenta Larraburu en el gobierno libertario: intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Críticas a Dámaso Larraburu porque no puede controlar el incendio que ya arrasó con más de 2300 hectáreas en Nahuel Huapi

Lo concreto es que, hace apenas diez días, se reportaron denuncias de una serie de incendios intencionales a la vera de la Ruta 40 en jurisdicción del Parque Nahuel Huapi, fuego que fue detenido por parte de visitantes y transeúntes que recorrían la zona.

Se trata de tres focos de incendio que fueron neutralizados pero que extremaron las alertas en Bariloche y la zona, en un contexto donde el fuego devastó buena parte del Parque Nacional Los Alerces, en Chubut.

Es en ese contexto que Larraburu salió a exponer su paladar por el titular de los municipales bahienses para el PJ. Fue el propio Agüero quien, días atrás, dijo a La Nueva Play: «Me llamaron de Buenos Aires para que sea el presidente del PJ bahiense».

«Afiliado al PJ hace 51 años», cruzó Dámaso a una usuaria que lo alineó a La Libertad Avanza. «Por lo visto, no le preocupa el fuego ni lo que le diga Milei», dijo a LPO una fuente del peronismo bahiense

«No sé quien lo llamó. Al momento, solo Larraburu salió a bancarlo», dijo otra fuente del peronismo bahiense consultada que, a la vez, propone como candidato de unidad al flamante asesor letrado del municipio, Ezequiel Reina.

«Parece que a algunos muchachos del oficialísimo Bahiense, no les gustó mucho, que de una simple opinión, sin querer meterme en designación de candidato o candidata del PJ. local. Pido disculpas, estuve ausente un tiempo del Principado, ya me acostumbraré», dijo Larraburu horas más tarde, luego de la controversia interna que generó su aparición en la interna peronista.

Arribado al gobierno libertario de la mano de Scioli y del por entonces jefe de Gabinte Guillermo Francos, con quien compartió directorio en el Bapro durante el gobierno provincial sciolista, Larraburu ya había sido blanco de críticas durante los incendios que el año pasado afectaron al Parque que comanda.