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DE TANTO ARRIMAR EL HOCICO LLEGARON AL PLATO

La semana pasada se llevó a cabo una asamblea para elegir integrantes provisorios del Consejo de Administración y síndicos de la cooperativa La Reginense con la presencia de algunos de los nuevos socios, el interventor José Perez, el subsecretario y la directora de Cooperativas y Mutuales de Río Negro, Héctor Ressel y Patricia Rodríguez Sábato, respectivamente. Los que no asistieron fueron los 9 socios más antiguos de la cooperativa.

 Esta es la segunda reunión que llevan adelante sin ellos, en la anterior no fueron anoticiados y en ésta última al ser presencial argumentaron no poder asistir por ser grupo de riesgo frente a la pandemia, ya sea por enfermedades preexistentes o por su edad. En estas condiciones se conformó el nuevo Consejo, sin la participación de un grueso de socios.

Esta asamblea fue impugnada vía judicial por los socios de mayor antigüedad y está a la espera de la resolución a cargo de la jueza civil Dra. Paola Santarelli. La asamblea presencial, prohibida por decretos, fue avalada el ejecutivo de la ciudad. Eso sí, a vos no te dejan juntarte a almorzar en el rio con los pocos amigos/as que tenés. Cuando quieren, pueden. Las prohibiciones no son para todos por igual.

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Vamos un poco para atrás…

El interventor José Perez fue designado en el cargo por el director de la Dirección de Cooperativas de la  provincia hace un año. Previo a la intervención se intimó a que se realice un sumario y se analice documentación, ya que la cooperativa venía a los tumbos y a pérdida hace muchos años. El frío y el empaque es, según los socios, lo que genera pérdida constante y requiere de una fuerte inversión para generar productividad, mucho caudal de fruta y reestructuración edilicia profunda.
Tal es así que en su momento se había decidido vender el frío y el empaque, tenían todo acordado con una empresa de renombre local para realizar la venta, indemnizar a los trabajadores, pagar una deuda con AFIP generada por un 3ro y quedarse solo con la sidrera llevando adelante el proyecto del museo del vino y la sidra en conjunto con FUNDESUR.
¿Por qué no se hizo si estaba todo acordado? Apareció la provincia con Weretilneck en campaña ofreciendo las requeridas soluciones económicas para poner la nave a punto, pero la nave no alcanzó ni a carretear. En ese momento, hasta la mayoría de los obreros estaban de acuerdo en percibir su indemnización y liberarse del problema recurrente de trabajar pero no saber cuándo ni cómo cobrar.  

En esa intimación la Dirección de Cooperativas encontró un recuso legal para intervenir la cooperativa La Reginense. El mínimo obligatorio de socios que demanda el estatuto  es de 10 y al momento La Reginense funcionaba con 9 (varios socios antiguos  fallecieron), de este modo se usó esa ilegalidad como causal grave y así es como se solicitó una intervención judicial para normalizar la cooperativa. Días antes de ser designado como interventor, José Perez debió renunciar  a la presidencia de la Cooperativa vitivinícola La Balsa de Valle Azul para tomar el nuevo cargo. La intervención inicial era por 6 meses.

Un año lleva la intervención que debe finalizar para que los nuevos socios accedan al Consejo de Administración y Sindicatura legalmente, se presume que pase en 30 días, aunque los nuevos cargos ya se autorizaron en el expediente judicial formalizándolos y también fueron notificados los trabajadores permanentes. Contradictorio pero cierto.

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¿Dejarías que derriben el Indio Comahue?…

Ahora hay un apuro por terminar la intervención, parece que los conflictos eran solo nominales. Dentro de esta nueva nómina de socios existen empresarios locales con juicios laborales abiertos, empresarios ligados a dirigentes políticos y miembros de la cooperativa vitivinícola de Valle Azul; gente que hace más de un año merodea las instalaciones sin tener cargos formales. Ahora ya está adentro y se acomoda la servilleta. El proceso es largo, pero empezó hace más de un año.

Asimismo en dicha asamblea, se aprobó que el nuevo Consejo analice un proyecto de financiación denominado “La Reginense Ltda. Siglo 21”. Lo cierto es que la cooperativa da pérdida constante hace tiempo y requiere de una inversión que nadie está dispuesto a hacer y tampoco la van a realizar los nuevos socios, de hecho esta última temporada la financiación bajó desde el gobierno provincial mediante aportes no reintegrables (el desfasaje económico de la administración lo pagaste vos y la cooperativa no debe devolver el dinero).

Pero esos aportes se usaron solo para pagar el sueldo a los trabajadores temporarios (50 familias), pero que  al día de la fecha no recibieron sus aportes ni el pago de sus obras sociales. A los permanentes (unas 20 familias) se les adeuda cuatro meses  en el mejor de los casos.

Resumen de situación previsional, empleado temporario La Reginense

Muchas irregularidades  a las que fue sometida la cooperativa y principalmente sus trabajadores.

En la última partida de sidra, que fue promocionada como un producto de alta calidad, ni siquiera se lo dejó participar el ingeniero Alejandro La Fourniere contratado como responsable técnico  de la sidrera y de la calidad de la misma, terminando por ser un producto de bajísima calidad. El ingeniero también se expresó mediante comunicado “quiero aclarar que no tengo ninguna responsabilidad en las mencionadas falencias de la calidad, dado que fui desplazado por el interventor quien ante mi reclamo de restitución  de mi puesto me mandó a realizar tareas de arrancado de yuyos en el predio de la empresa. Lo que motivó mi desvinculación de la empresa por despido indirecto y tampoco abonó mis sueldos atrasados…”. En el mismo comunicado expresó que el interventor Perez trabajó afanosamente en separar y maltratar a los socios de la cooperativa.

Comunicado de prensa del Ingeniero Agrónomo Alejandro de la Fourniere

Se presume que próximamente se entre en juicio por la pérdida de un gran caudal de fruta (alrededor  de 150mil dólares)  que se quemó por una pérdida de amoníaco, los accidentes pasan, lo que no puede pasar es que no contrates el seguro que cubre esas fallas. Esa misma pérdida afectó la salud de trabajadores que debieron seguir trabajando en esas condiciones insalubres y peligrosas.

La selección del delegado de los trabajadores se hizo de manera ilícita mediante planillas incompletas presentadas por Perez, y ante el empate de los dos candidatos el interventor designó a dedo a su conveniencia.

En este largo tiempo los trabajadorxs reclamaron también por la desaparición de maquinaria del predio, manejos despóticos, maltrato y autoritarismo puesto en práctica por el interventor, como también las irregularidades ya mencionadas, estos reclamos siempre fueron autoconvocados sin el apoyo del sindicato.

Sin fuerza de trabajo no hay negocio…

La utilización de la infraestructura y el recurso humano en beneficio de privados es uno de los principales activos que moviliza a los empresarios, como también la bodega y la sidrera; mientras tanto se menoscaba la historia de la icónica sidrera de casi 90 años, mediante la vieja estrategia de desgastar y presionar a los trabajadores, endeudar esperando salvavidas mientras se trabaja la fruta. Vender, comprar, quedarse con lo que sirve, cerrar un negocio “redondo en boca” para pocos, agrio para muchos.

En el medio de esta puja de empresarios con la connivencia política local/provincial están los mismos de siempre: los trabajadores. Explotados, ponen el lomo para trabajar una fruta ajena a la producción de la sidra sin tener convicción alguna de cuando van a cobrar. Ya olfatean otra temporada de miseria.

Habrá que ver si los trabajadores se prestan para brindar su fuerza de producción a sabiendas que nuevamente tendrán complicaciones para cobrar o deciden tomar otras determinaciones, ellos más que nadie saben qué es lo que pasa y qué es lo que va a volver a pasar. El Loop de La Reginense.

Negocio y puja que hace tambalear una parte de la historia de nuestra ciudad, el último ícono productivo, social y cultural, pero como suele ocurrir en Regina pareciera que a nadie le interesa, menos aún a los actores políticos que saben, saben mucho, pero no actúan. Eso los convierte en cómplices de este “regalito”.

El característico conservadurismo pseudo fascista heredado en Regina como buen pueblo de inmigrantes que es solo aplica para señalar y juzgar los actos de las clases populares, de los que se criaron del otro lado del salado, hasta ahí llega su moral. Entre ellos no se señalan. Entre ellos se toman un “feca” y se palmean la espalda mientras miran a un 3ro con cara de… «este es un boludo».

Se arrimaron de a poquito, deambularon por calle Los Nogales con los cubiertos en la gaveta de la «chata», la mesa estaba servida y el vino obvio que no les va a faltar. Faltaba que los inviten a entrar. Ya entraron.

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    El ajuste por debajo del radar: Adorni y una Resolución que le da vía libre al recorte silencioso

     

    Mientras el discurso oficial insiste con la “eficiencia” y la “modernización del Estado”, una resolución firmada en silencio por la Jefatura de Gabinete reorganiza el poder interno para acelerar despidos, recortes y sanciones al personal público, sin pasar por el máximo nivel político.

    Por Roque Pérez para NLI

    La Resolución 162/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de Manuel Adorni, no ocupará titulares ni abrirá debates parlamentarios. Sin embargo, su alcance es profundo: redistribuye facultades clave sobre el empleo público, habilitando un ajuste administrativo más rápido, fragmentado y menos visible. En otras palabras, el ajuste avanza, pero con firma delegada.

    Delegar para ajustar sin costo político

    El núcleo de la norma es claro: el Jefe de Gabinete se desprende de la mayoría de las decisiones sensibles vinculadas al personal y las traslada a secretarías, subsecretarías y áreas de Recursos Humanos. Designaciones transitorias, prórrogas, promociones, sanciones disciplinarias, licencias, comisiones de servicio y, sobre todo, rescisión de contratos, pasan a resolverse en niveles inferiores.

    Este esquema permite que las decisiones más conflictivas —no renovar contratos, mover empleados, sancionar o disciplinar— ya no requieran una firma central, diluyendo responsabilidades políticas y acelerando los tiempos del recorte.

    La motosierra administrativa, sin conferencia de prensa

    Lejos de la épica discursiva, esta resolución funciona como el engranaje técnico del ajuste. Al descentralizar las decisiones, se reduce el “ruido” político: no hay anuncios, no hay debates, no hay interpelaciones. Cada secretaría gestiona su propio achique.

    El resultado es una motosierra burocrática, más silenciosa pero igual de efectiva, que permite ejecutar el ajuste por goteo, expediente por expediente.

    Más poder para sancionar, menos control político

    Otro punto sensible es la delegación de facultades disciplinarias. Las secretarías ahora pueden aplicar sanciones previstas en la Ley de Empleo Público sin intervención directa del Jefe de Gabinete. Esto refuerza un clima de control interno y disciplinamiento laboral, en un contexto donde la estabilidad del empleo estatal está bajo constante amenaza.

    No se trata solo de eficiencia: se trata de control.

    Decisiones legales sin pasar por arriba

    La resolución también habilita a subsecretarías a autorizar allanamientos, desistimientos de juicios, conciliaciones y transacciones legales en causas donde la Jefatura de Gabinete tenga interés. Son decisiones de alto impacto jurídico y económico que, desde ahora, no requieren la validación política más alta.

    Un esquema que agiliza trámites, sí, pero que también reduce instancias de control y responsabilidad institucional.

    El ajuste que no se discute

    La norma deroga resoluciones anteriores y consolida un nuevo mapa de poder interno. No hay ahorro cuantificado ni evaluación pública del impacto social de estas medidas. Lo que hay es una arquitectura administrativa diseñada para ejecutar el ajuste sin debate, lejos del Congreso y del escrutinio público.

    Como ya viene advirtiendo NLI en sus coberturas sobre el vaciamiento del Estado, el ajuste no siempre llega con anuncios rimbombantes. A veces se cuela en resoluciones técnicas, firmadas al final del día, que reorganizan el poder para que la motosierra no se trabe.

     

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  • El gobierno ofreció su parte de Transener a precio de remate y derrumbó la acción, afectando a Mindlin

     

    El Gobierno anunció la venta de Transener y el mercado reaccionó mal. La acción cayó fuerte el mismo día del anuncio. Un dato que llamó la atención. En general, las privatizaciones empujan los precios hacia arriba. Esta vez pasó lo contrario. Las acciones de Transener cayeron más de 20% desde que se anunció el proceso de venta. 

    El primer problema es el precio. El Estado quiere vender su participación por unos USD 200 millones. Eso implica valorar la acción en torno a los $3.000. Pero el balance de la compañía muestra un valor cercano a los $4.800 por acción. La diferencia es grande. Demasiado grande. Un 60% superior. 

     Transener no es una empresa más. Opera más de 12.000 kilómetros de líneas de alta tensión. Transporta cerca del 85% de la electricidad del país. Es el sistema nervioso del sector energético. Quien la controla, ordena el flujo eléctrico nacional. 

    El mercado leyó «remate» de un activo estratégico, con ingresos regulados y posición dominante.

    Argentinización de la economía: Urribelarrea y Neuss le ganaron las represas a multinacionales

    La estructura accionaria explica el ruido. El 52,65% de Transener pertenece a Citelec. Citelec está dividida en partes iguales entre Pampa Energía y el Estado, a través de Enarsa. El 47,35% restante cotiza en Bolsa y está en manos de inversores privados. La privatización implica que el Estado venda su 50% en Citelec y se retire del control compartido. Del otro lado queda Pampa Energía, el holding de Marcelo Mindlin. Ahí aparece el punto más sensible de toda la operación. 

    El Estado quiere vender su participación por unos USD 200 millones. Eso implica valorar la acción en torno a los $3.000. Pero el balance de la compañía muestra un valor cercano a los $4.800 por acción. La movida del gobierno afecto el valor del paquete que queda en manos de Mindlin.

    Antes del anuncio, el Gobierno cerró un acuerdo con Mindlin. No es un contrato de compra. Es un acuerdo de conducta. Pampa se comprometió voluntariamente a no bloquear la privatización. Renunció a usar su poder societario para frenar, judicializar o demorar la venta. Ese aval era clave. Sin él, la operación podía trabarse en conflictos societarios interminables. Con el acuerdo, el Gobierno despejó el camino. 

    Pero el contenido del pacto dejó preguntas abiertas. Pampa acepta que el Estado venda primero y ordene el proceso. A cambio, no exige un precio mínimo ni impone condiciones económicas. En los hechos, el socio privado acompaña una venta a un precio inferior al valor patrimonial. Ningún accionista sofisticado avala una subvaluación sin esperar algo a cambio. 

    Aun así, Mindlin no puede quedarse con Transener sin más. 

    No es automático ni sencillo .La regulación eléctrica impide la integración vertical. Pampa ya es fuerte en generación. Controlar también el transporte choca con los límites legales y con el regulador. 

     

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