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DE SIERRA GRANDE A ATUCHA SIN ESCALAS

Todo indica que la novela de la planta nuclear en Río Negro llegó a su final. La reunión que tuvo el presidente Mauricio Macri, durante sus vacaciones de verano en Villa La Angostura, con el gobernador Alberto Weretilneck  terminó por hacerlo desistir de emplazar la planta en la provincia patagónica.  El mandatario nacional esperaba mayor compromiso y reciprocidad sobre la idea del asentamiento nuclear por parte del gobernador rionegrino. Sin embargo, lejos de eso, el titubeo expresivo de Weretilneck sobre el tema demostró lo contrario. Hace unos días que desde la Rosada ubican el asentamiento en territorio bonaerense, en cercanías de las plantas de Atucha.

El movimiento personal desde un impulso ideológico propio o desde un estímulo exterior que genera el deseo individual de luchar por el bien de todos, y que repta de lo individual a lo social, en consonancia con la conciencia limpia que brota desde los movimientos ambientalistas y se transforma en acción real y directa lograron cambiar el rumbo de la ubicación territorial del proyecto, que bajaba con fuerza para instalarse en Río Negro, como un efecto cascada desde la Casa Rosada. La ciudadanía rionegrina le ganó la pulseada al gobierno nacional.

Actores ambientalistas,  la comunidad provincial y la oposición política (por convicción o conveniencia) reaccionaron ante la insistencia del gobierno nacional de ir contra la ley de prohibición provincial promulgada en septiembre pasado. Los ambientalistas se movilizaron en momentos claves como el arribo de la Regata deportiva en la costanera de la capital y ante la llegada de la delegación china que vino a la provincia a explorar posibles asentamientos.  La senadora Magdalena Odarda también calificó el hecho como una intromisión de la Nación a la autonomía provincial, con desconocimiento de la ley vigente en Río Negro. Inclusive el vice gobernador Pedro Pesatti había declarado que haría todo lo que haga falta para defender la ley.

Además de la falta de convicción con la que percibió Macri a Weretilneck y la protesta social contundente, otra variable negativa para Nación fue que el proyecto es de mínimo nueve años, entre elaboración y construcción. Por lo que necesita del consenso de todos los partidos, ya que trasciende a más de una gestión. Y si proyectamos el futuro político de la provincia, se vislumbra un claro cambio de color en el alto mando provincial con gran oposición al gobierno nacional.

Por estos motivos es que la mirada del presidente ya está decididamente puesta en la provincia de Buenos Aires. En este sentido, funcionarios de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica se reunieron con la gobernadora  María Eugenia Vidal para ratificar el asentamiento en Atucha-Lima (Zárate), a 100 kilómetros de Buenos Aires. Donde existen dos de las tres centrales argentinas. La cuarta y quinta, acordadas con China, finalmente se asentarán en el complejo de Atucha.  La restante se encuentra en la provincia de Córdoba.

 

LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, DOBLEGÓ A LAS FUERZAS POLÍTICAS QUE PROMOVÍAN EL PROYECTO

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    Paolo Rocca aprovechó un viaje de Sandra Pettovello a Dubai para forzar al secretario de Educación, Carlos Torrendell, a presentar un proyecto sobre «Libertad Educativa» este lunes, en una reunión de asesores del Consejo de Mayo, el ámbito creado por Javier Milei para darle forma al insustancial Pacto de Mayo.

    La iniciativa de Rocca y Torrendell, a la que accedió LPO en exclusiva, es un mamotreto de 34 páginas y 136 artículos que barre brutalmente con la Ley Nacional de Educación, sancionada en 2006, y transfiere a las familias el poder de decisión para definir la oferta educativa para sus hijos.

    El dueño de Techint se da el lujo de impulsar el proyecto gracias a los hombres de su cantera que metió en el gobierno libertario. Así como logró colar a Julio Cordero como secretario de Trabajo, también impuso al ex director de la Escuela Técnica Rocca, Ludovico Grillo, como director del Instituto Nacional de Educación Técnica (INET).

    Con un secretario de Estado y un director nacional, le sobran bíceps para tomarle a Pettovelo el ministerio de Capital Humano. Pero la jugada de Rocca con Torrendell acaso avance sobre terreno firme por la bronca de Karina Milei contra Pettovello, tal como reveló LPO después del escándalo de las coimas de la Andis, cuando la secretaria general de la Presidencia sospechó de la ministra y quiso correrla para poner al secretario de Educación.

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    El borrador del proyecto fue circulado por Torrendell y cuenta con anotaciones formuladas al margen del archivo por el director nacional de Gestión Universitaria, Matías Zubiría, un funcionario ubicado bajo el paraguas del secretario de Políticas Universitarias, Alejandro «Galleguito» Álvarez. Zubiría apunta, sobre todo, contra dos artículos que tocan la ley de Educación Superior y pondrían en pie de guerra, otra vez, a las universidades.

    El proyecto Techint modifica a través del artículo 126° el artículo 6° de la ley de Educación Superior, atacando la autonomía universitaria con definiciones de actividades formativas «sincrónicas» y «asincrónicas». «Hablar de qué es cada cosa es limitar lo creativo que podría venir del propio sistema», avisó.

    Pettovello.

    También modifica los parámetros para pautar el presupuesto, un tema explosivo. «El aporte estatal se distribuirá en función del número de estudiantes matriculados en cada institución, el tipo de carrera ofrecida, tales como carreras de grado, posgrado y otras, y su área de formación, las carreras estratégicas, el número de egresados, las áreas de vacancia, los hospitales y/o escuelas secundarias que posean a su cargo, la actividad científica y tecnológica y otros criterios que defina el Consejo Interuniversitario Nacional, aplicando estos criterios para asignar montos incrementales», dice el artículo 128°.

    El dueño de Techint se da el lujo de impulsar el proyecto gracias a los hombres de su cantera que metió en el gobierno libertario. Así como metió a Julio Cordero en Trabajo, impuso a Ludovico Grillo en el INET.

    Zubiría advierte que ese tópico se cambió en el artículo 58° de la ley vigente, fijando que «el aporte del Estado nacional para las instituciones de educación superior universitaria de gestión estatal no puede ser disminuido ni reemplazado en ningún caso mediante recursos adicionales provenientes de otras fuentes no contempladas en el presupuesto anual general de la administración pública nacional».

    Como sea, fuentes del Consejo de Mayo reconocieron ante LPO que también el ministro de Desregulación, Federico Sturzenneger, tenía prevista una reunión con algunos de sus miembros, para explicar la importancia del proyecto que debería pasar por el Congreso. «Torrendel aprovecha que Pettovello está en Dubai de vacaciones para presentar el proyecto, en tándem con Sturzenneger», comentaron.

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    LPO consultó tanto al entorno de Torrendel como de Pettovello. Cerca del secretario de Educación no brindaron explicación alguna mientras que en el equipo de la ministra alegaron desconocimiento sobre la agenda del Consejo de Mayo. Nada respondieron sobre las vacaciones en Dubai. 

    Rocca viene de lanzar duras críticas al gobierno de Milei en el encuentro de empresarios de la semana pasada. «Con la política monetaria no alcanza», dijo, y reclamó la intervención del Estado para el desarrollo: «Argentina necesita una estructura industrial fuerte. No puede irse solo con recursos naturales».

    En efecto, Rocca mencionó las falencias del sistema educativo la semana pasada en la convención de la UIA, tal como informó LPO. «El sistema educativo debe volver a la esfera nacional», planteó el dueño de Techint, y criticó la provincialización de los 90′ que fragmentó el sistema: «Hay algo que no está funcionando como debería», dijo.

    Torrendel aprovecha que Pettovello está en Dubai de vacaciones para presentar el proyecto, en tándem con Sturzenneger.

    Sin embargo, el título III del proyecto se mete con criterios de financiamiento previstos en la Ley de Financiamiento Educativo promulgada en 2005 y vuelve a desmontar la responsabilidad del Estado nacional en el sostenimiento de las escuelas y el salario de los docentes. Si bien el expediente Techint establece una responsabilidad compartida entre el gobierno central y las provincias en su artículo 67°, también fija la «complementariedad» entre las jurisdicciones para que «el Estado apoye a las instituciones educativas y actores sociales cuando éstos no puedan por sí mismos garantizar el derecho a la educación, sin reemplazar su iniciativa ni limitar su autonomía».

    El rumor de la existencia de este proyecto puso en alerta a los sindicatos docentes, porque propondría un retorno a etapas de fin del siglo pasado. De hecho, la desregulación de los 90′ atendía a desligar al Estado nacional de la responsabilidad para sostener a las escuelas en las provincias, con los salarios de los docentes y sus auxiliares.

     

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