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DATOS PÚBLICOS: UN DERECHO CONSTITUCIONAL

Días atrás se hizo viral la disposición 0338/2019 donde se otorga la suma de un adicional del 40% sobre el sueldo básico al secretario de gobierno del municipio reginense, Juan Valverde, por dedicación funcional exclusiva (es válido aclarar que no fue el único secretario que lo cobró). Esto desató una andanada de comentarios por parte de la comunidad reginense.

El adicional se da justo en el momento donde el ejecutivo negocia paritarias con los trabajadores municipales, a los que les ofrecieron un 3% en marzo y un 3% en junio, que se suman a los 1.000 pesos que los trabajadores comenzaron a percibir en diciembre. Esto representaría recién a mitad de año un 15% de aumento para las categorías más bajas. La propuesta fue rechazada por La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) seccional Villa.  Propuestas muy distantes, dispares, desiguales. (Fuente: http://aterionegro.org.ar/)

Ahora, por la tarde, se filtraron en redes sociales los recibos de sueldo de varios Secretarios municipales, de quienes manejan los hilos de la ciudad, los que toman decisiones por nosotros. Luego de un discurso de “situación económica austera” por parte del intendente Carlos Vazzana en el inicio de las cesiones del Consejo Deliberante aduciendo la falta de colaboración provincial y nacional, los números de los salarios, por lo menos, hacen ruido en la comunidad.

En tiempos donde la inflación desinflama estómagos, la pobreza colocó ceros pero a la derecha y la canasta básica se hace cada día más básica; al menos resulta inoportuno el contexto en el que se propone ese plus. Más allá de ser merecido o no en función de lo que brindan, que es un análisis propio del intendente, insisto, es impertinente. Tampoco estamos seguros si se está premiando la calidad o la cantidad de trabajo brindando, lo que hace más complejo un desarrollo analítico externo de la cuestión.

Sin embargo, cada cual tendrá su opinión acerca de los montos, ese es más un análisis personal, ciudadano, más que editorial. Prefiero hacer hincapié en la publicación de estos recibos, en como se dan a conocer. Es derecho de los ciudadanos conocer todos los datos públicos que maneja el municipio, entre ellos los sueldos, por supuesto, si somos nosotros quienes los pagamos. Este derecho constitucional fue violentado por todos los gobiernos de turno a nivel local, provincial y nacional.

Hace un tiempo en #latapa publicamos un artículo que hablaba de ello, lo compartimos nuevamente y exigimos como sociedad: al gobierno local, provincial y nacional; la publicación de toda la información que corresponda a actos de gobierno ya que no es responsabilidad de la comunidad hacerlo, por el contrario el acceso a la información pública es un derecho garantizado por nuestra Constitución Nacional.

¿Y DONDE ESTÁN LOS DATOS?

Portada: Germán Busin
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    Los movimientos de la ex Presidenta, tal como informó LPO, son producto de las conversaciones que sus emisarios mantienen con el entorno de Karina Milei para cubrir las vacantes en el Poder Judicial, que van desde los más de 200 cargos en los juzgados federales hasta la Procuración General y los dos lugares vacantes en la Corte Suprema.

    En ese contexto, Máximo Kirchner fue uno de los negociadores que pactó con Martín Menem los nombres de los tres auditores que se votaron a las tres de la madrugada de este jueves, en una escandalosa sesión y juraron luego de esperar escondidos atrás de las cortinas.

    Escándalo en Diputados: Menem acordó con el kirchnerismo los lugares en la AGN y detonó la relación con el PRO

    «Que el Gobierno haya aceptado pagar el costo de cerrar un acuerdo con el kirchnerismo por los lugares en la Auditoría sugiere que ahora se puede empezar a destrabar los pliegos de los jueces federales y la Corte», afirmó a LPO el jefe de uno de los estudios de abogados más importantes del país.

    Ese acuerdo, que implicó sacarle un auditor al PRO, terminó con la designación de la polémica Rita Mónica Almada por LLA, Pamela Calletti por Gustavo Sáenz y los gobernadores del norte y Juan Ignacio Forlón por el cristinismo, lo que causó malestar entre los sectores del peronismo que discuten el liderazgo de Cristina.

    Que el Gobierno haya aceptado pagar el costo de cerrar un acuerdo con el kirchnerismo por la Auditoría sugiere que ahora se puede empezar a destrabar los pliegos de los jueces federales y la Corte.

    La irritación se monta, además, sobre la reciente designación de la senadora Anabel Fernández Sagasti, una de las embajadoras de San José 1111 en la Cámara Alta, como miembro del Consejo de la Magistratura. Esa designación produjo una concentración de dos cuatro sillas que le corresponden al PJ en manos de Cristina: además de la mendocina, ocupa un lugar en representación del Senado su colega Mariano Recalde, mientras que por Diputados asisten los legisladores Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley.

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    En esa cuenta cargan la AGN, el Consejo de la Magistratura y hasta las autoridades del bloque de diputados. Al mismo tiempo, ven con preocupación el avance de Cristina en la negociación por el máximo tribunal y los jueces federales, un nicho de sumo interés para cualquier gobernador.

    Uno de ellos fue terminante: «Con lo de la AGN, se saltearon todo y negociaron ellos directamente con el gobierno». «Cristina tensó hasta donde pudo, después mandó a Máximo a negociar y ahora hay mucha calentura», agregó.

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    Cristina tensó hasta donde pudo, después mandó a Máximo a negociar y ahora hay mucha calentura.

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