Ante la nueva situación respecto al COVID-19 que implica el peligro de expansión de la nueva cepa denominada ‘Manaos’, el Comité de Crisis de Villa Regina recuerda que se encuentran en plena vigencia las normativas nacionales, provinciales y municipales que establecen las medidas preventivas sanitarias a adoptar por la población en general y los protocolos a aplicar en los distintos comercios, incluyendo bares y confiterías.
En este sentido, se recuerda la obligatoriedad del uso de tapabocas o protectores buco-nasales y el distanciamiento social de 2 metros entre personas, tanto en la vía pública como en todos los locales comerciales, oficinas y consultorios con atención al público, ya sean de carácter privado o público.
En el caso de los comercios deben obligatoriamente aplicar lo establecido en los protocolos vigentes según los diferentes rubros.
Los bares, restoranes y confiterías deben ocupar un máximo del 40% de la capacidad interna del local, proveyendo de dispensador de alcohol en gel en cada mesa, el uso obligatorio del tapabocas tanto por el personal como por los clientes (en este caso, los mismos podrán retirarse al consumir), el cambio de los manteles luego de cada uso o la utilización de manteles descartables, no compartir los utensilios de comida, entre otros.
Además, los shows musicales en vivo deberán ser al aire libre con bandas o grupos de hasta 3 integrantes.
La Municipalidad de Villa Regina realizará inspecciones y en los casos en que se detecte incumplimiento a las normativas vigentes se procederá a la aplicación de las sanciones correspondientes (multas y clausura).
La Cancillería incrementó cerca de un 400% el contrato con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, dirigida por la esposa de Federico Sturzenegger. El aumento supera la inflación acumulada y abre un fuerte debate sobre transparencia, conflicto de interés y uso de fondos públicos.
Por Roque Pérez para NLI
La decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de incrementar en casi un 400% el contrato con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), dirigida por María Josefina Rouillet, la esposa del ministro Federico Sturzenegger, desató una controversia política y administrativa que excede la discusión presupuestaria. La actualización del monto, muy por encima de la inflación acumulada, reavivó las sospechas sobre conflicto de interés, transparencia en la contratación pública y doble vara en el ajuste estatal.
El caso se inscribe en el clima de recortes, despidos y poda del gasto que impulsa Milei, mientras determinadas partidas parecen evolucionar a una velocidad muy superior a la del índice de precios.
Contratación pública y aumento del 400%: los números bajo la lupa
El contrato original había sido firmado por una cifra sensiblemente menor. La renovación elevó el monto a más de cinco veces el valor inicial. Si bien el Gobierno puede argumentar actualización por inflación o ampliación de servicios, los datos disponibles muestran que el incremento supera ampliamente la inflación acumulada del período, que ronda el 276%.
La capacitación contempla cursos de idioma para personal diplomático y administrativo. Desde el punto de vista funcional, nadie discute la necesidad estratégica de que el cuerpo diplomático domine lenguas extranjeras. Lo que está en debate es si el Estado pagó un valor acorde a mercado y si se garantizó competencia real entre oferentes.
Para un público especializado en administración pública y control del gasto, la pregunta central no es si la capacitación es necesaria, sino si:
Se evaluaron alternativas privadas con mejor relación costo-beneficio.
Hubo licitación efectiva o mecanismos de comparación de precios.
Se justificó técnicamente la magnitud del aumento.
El diferencial porcentual es el dato político más fuerte del expediente.
Conflicto de interés y mecanismos de integridad: ¿alcanzan los controles?
El vínculo personal entre la conducción de la AACI y el ministro Sturzenegger obligó formalmente a activar mecanismos de control previstos para evitar incompatibilidades. Sin embargo, la discusión no es solamente jurídica sino política.
En términos normativos, pueden haberse cumplido los pasos administrativos. Pero la cuestión de fondo es otra: ¿es razonable que un organismo del Estado incremente en casi 400% un contrato con una institución dirigida por la esposa de un ministro clave del gabinete?
El estándar internacional en materia de ética pública no sólo exige legalidad, sino también apariencia de imparcialidad y prevención de beneficios indirectos. Incluso cuando no se pruebe irregularidad penal, el costo reputacional para la administración puede ser alto.
En un gobierno que sostiene un discurso de “corte de privilegios”, este tipo de decisiones generan ruido político inmediato.
Ajuste selectivo y doble vara en el gasto estatal
Mientras el Ejecutivo impulsa recortes en áreas sensibles, despidos masivos y reducción de partidas sociales, la ampliación de este contrato aparece como un caso testigo. El mensaje que se proyecta hacia el interior del Estado es complejo: hay sectores donde el ajuste es implacable y otros donde el gasto crece muy por encima del promedio.
Desde el análisis presupuestario, el monto total puede no representar una porción decisiva del gasto nacional. Pero en política, los símbolos pesan. Y este contrato se convirtió en un símbolo de:
Tensiones entre discurso y práctica.
Fragilidad en la gestión de conflictos de interés.
Falta de pedagogía pública sobre criterios de contratación.
La situación también interpela a los organismos de control y a la oposición parlamentaria, que ya anticipan pedidos de informes y posibles presentaciones judiciales.
El colapso del sistema de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) que –como reveló LPO– crece de la mano del aumento de los juicios laborales, se llevó puesto a la empresa más grande del mercado, Galeno ART, quiebra que afecta a 600 empleados.
En los últimos meses de 2025, la empresa que integra el grupo liderado por Julio Fraomeni inició un proceso de liquidación que terminó por consumarse con la publicación este jueves en el Boletín Oficial de la revocatoria de su autorización para operar por parte de Superintendencia de Seguros de la Nación.
«El Grupo Galeno tiene más de 12 mil trabajadores y no es capaz de llevar la absorción de 600 trabajadores de la empresa Galeno ART», dijo este jueves a radio Rivadavia el titular del gremio del Seguro y triunviro de la CGT, Jorge Sola.
El cierre de Galeno ART se da tras confirmarse lo que LPO había adelantado en abril pasado: un récord de juicios laborales, que en 2025 superó los 130 mil.
Frente a eso, en el sector preocupa que la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei no solo no ataque esta problemática, sino que dispare un incremento mayor de la litigiosidad.
Eso ya lo advierten especialistas que hablan de una «ambigüedad» en algunos artículos. También, en el sector plantean que la eliminación de incentivos para la registración y la precarización de cálculos indemnizatorios generarán un gris que terminará resolviéndose en los tribunales.
En las ART lo que denuncian es un abuso de los peritos judiciales que establecen los porcentajes de incapacidad en los juzgados laborales y advierten que el Poder Judicial no hace cumplir una ley sancionada en 2017, que creó los Cuerpos Médicos Forenses (CMF).
«El Sistema de Riesgo del Trabajo tiene una ley que acaba de cumplir nueve años de vigencia y el Poder Judicial no la cumple. La ley obliga a que el Poder Judicial conforme los cuerpos médico forenses», dijo a Cadena 3 la presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART), Mara Bettiol.
Y agregó: «Quienes dirimen las controversias ya no sean peritos que integran una lista, que salen sorteados, que cobran a porcentaje y que nadie controla. Establece que sus honorarios sean fijos o sean empleados del Poder Judicial para que las pericias sean imparciales. Eso es lo que hoy está en incumplimiento».
Como contó LPO, entre las ART no ven con entusiasmo la reforma laboral. Ven que el sistema seguirá en la misma situación si no se hace cumplir la ley de 2017. «Para impulsar la formalización del empleo, la reforma laboral debe incluir medidas que terminen con el flagelo de juicios por riesgos del trabajo», señalaron en el sector.
Desde una de las ART líderes se contactaron con Federico Sturzenegger y decidieron abortar las negociaciones cuando advirtieron que le habían dado la idea al ministro para desregular también a las ART y quitar su obligatoriedad. «Las ART ya fueron», fue el mensaje que se escuchó en el Ministerio de Modernización.
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