Ante la nueva situación respecto al COVID-19 que implica el peligro de expansión de la nueva cepa denominada ‘Manaos’, el Comité de Crisis de Villa Regina recuerda que se encuentran en plena vigencia las normativas nacionales, provinciales y municipales que establecen las medidas preventivas sanitarias a adoptar por la población en general y los protocolos a aplicar en los distintos comercios, incluyendo bares y confiterías.
En este sentido, se recuerda la obligatoriedad del uso de tapabocas o protectores buco-nasales y el distanciamiento social de 2 metros entre personas, tanto en la vía pública como en todos los locales comerciales, oficinas y consultorios con atención al público, ya sean de carácter privado o público.
En el caso de los comercios deben obligatoriamente aplicar lo establecido en los protocolos vigentes según los diferentes rubros.
Los bares, restoranes y confiterías deben ocupar un máximo del 40% de la capacidad interna del local, proveyendo de dispensador de alcohol en gel en cada mesa, el uso obligatorio del tapabocas tanto por el personal como por los clientes (en este caso, los mismos podrán retirarse al consumir), el cambio de los manteles luego de cada uso o la utilización de manteles descartables, no compartir los utensilios de comida, entre otros.
Además, los shows musicales en vivo deberán ser al aire libre con bandas o grupos de hasta 3 integrantes.
La Municipalidad de Villa Regina realizará inspecciones y en los casos en que se detecte incumplimiento a las normativas vigentes se procederá a la aplicación de las sanciones correspondientes (multas y clausura).
El Intendente Marcelo Orazi brindó su mensaje en el marco del acto en el que quedó inaugurado el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante en este 2021. En su mensaje, el Intendente expresó que “es un honor compartir mi mensaje de las acciones proyectadas para este año para dejar inaugurado un nuevo período de…
La Municipalidad de Villa Regina adhiere a la Resolución N° 4989 del Ministerio de Salud de Río Negro que dispuso extender las medidas sanitarias destinadas a contener los contagios de COVID-19 hasta el 16 de julio, inclusive. Se establecieron algunas modificaciones con respecto a las restricciones anteriores. Entre otras cosas, la cartera sanitaria provincial habilitó…
La reforma laboral que empujó el Gobierno de Javier Milei sumó un nuevo frente judicial adverso. Esta vez, desde Córdoba, donde dos fallos cuestionaron aspectos centrales del nuevo esquema y dejaron al descubierto las tensiones entre el objetivo oficial de favorecer a las empresas y la protección constitucional del salario y las indemnizaciones.
La Sala 7 de la Cámara del Trabajo provincial, con voto del juez José Luis Rugani, rechazó de plano la posibilidad de que las empresas paguen indemnizaciones por despido en cuotas. El caso «Ceballos c/ Iris Energía» se convirtió así en un leading case que pone en jaque uno de los pilares de la reforma.
La empresa había intentado acogerse al régimen que permite a las pymes cancelar indemnizaciones en hasta 12 pagos. Pero el tribunal fue tajante: no se trata de una simple modalidad de pago, sino de una alteración del crédito laboral. En un contexto inflacionario como el argentino, el diferimiento implica una licuación del monto y, por lo tanto, una vulneración concreta del derecho de propiedad del trabajador.
El fallo va más allá del caso puntual y entra de lleno en el debate constitucional. La Cámara sostuvo que el esquema de cuotas viola el artículo 14 bis -que garantiza la protección contra el despido arbitrario- y el artículo 17 de la Constitución Nacional, que resguarda el derecho de propiedad. Además, remarcó que las indemnizaciones tienen carácter alimentario, ya que están destinadas a cubrir necesidades básicas como vivienda, salud y alimentación.
«la ley debe ser igual para los iguales en igualdad de circunstancias», y que el fraccionamiento genera una distinción arbitraria», subraya el fallo.
Pero no fue el único revés. En paralelo, otro fallo de la Justicia laboral cordobesa avanzó sobre un aspecto técnico pero clave de la reforma: el mecanismo de actualización de los créditos laborales.
El juez Ricardo Giletta, desde la Sala Primera de la Cámara del Trabajo, declaró inconstitucional el artículo que establecía una tasa del Banco Central -más baja- para actualizar los créditos en juicios en trámite. La causa «Urbano c/ A. Giacomelli S.A.» sirvió como vehículo para cuestionar el nuevo régimen.
Aunque el despido fue considerado justificado, el magistrado sí reconoció otros créditos salariales y, al momento de definir su actualización, desarmó el esquema de la reforma. Para Giletta, la aplicación de una tasa inferior genera una desigualdad injustificada entre trabajadores: quienes iniciaron juicio antes de la reforma cobran menos que quienes lo hagan después.
El juez entendió que esa diferencia viola el principio de igualdad ante la ley y refuerza una lógica regresiva: castiga a quienes llevan más tiempo litigando. Además, advirtió que el sistema basado en tasas de interés -y no en actualización por inflación- también licúa el crédito, afectando su naturaleza alimentaria.
Recordó que la actualización de los créditos laborales no es un beneficio sino una condición necesaria para preservar su valor real. Por eso, ordenó aplicar el criterio anterior, basado en el CER, ligado a la evolución de los precios.
El doble golpe desde Córdoba deja a la reforma laboral en una situación incómoda. No sólo cuestiona su constitucionalidad en aspectos sensibles, sino que también anticipa una catarata de litigios en todo el país.
Mientras avanzan las denuncias por el escándalo $LIBRA y los vuelos de lujo de Manuel Adorni, el oficialismo despliega una estrategia en el Congreso para frenar interpelaciones y evitar que las investigaciones alcancen al núcleo más cercano de Milei.
Por Roque Pérez para NLI
El Congreso de la Nación atraviesa una parálisis que lejos está de ser casual. Según reveló Nicolás Valdez en el portal En Orsai, el oficialismo libertario impulsa un verdadero “blindaje político” para evitar que las investigaciones por presuntos hechos de corrupción escalen hasta el corazón del poder: Karina Milei y el vocero Manuel Adorni.
La maniobra no es menor. En un contexto donde crecen las sospechas por la estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA y los viajes en jets privados, el gobierno optó por bloquear herramientas básicas de control parlamentario, como las interpelaciones y la conformación de comisiones clave.
Un congreso paralizado para evitar explicaciones
De acuerdo a la información publicada por En Orsai, la estrategia oficialista consiste en dilatar el funcionamiento del Congreso y frenar cualquier intento de la oposición de llevar a Karina Milei o Adorni a dar explicaciones públicas.
En ese marco, figuras del oficialismo en el Senado y Diputados rechazaron pedidos de interpelación, minimizando denuncias que ya tienen derivaciones judiciales. La decisión de postergar el armado de comisiones no sería una cuestión administrativa, sino una táctica deliberada para ganar tiempo y desactivar investigaciones incómodas.
El trasfondo es evidente: evitar que el escándalo $LIBRA —que investiga posibles maniobras millonarias— y las sospechas sobre financiamiento de vuelos privados impacten de lleno en la cúpula del gobierno.
El escándalo que el gobierno no quiere discutir
Las denuncias en torno a $LIBRA ya no son un tema marginal. Se trata de una causa que apunta a un entramado de promoción financiera que habría generado pérdidas millonarias a inversores, con posibles vínculos con el entorno presidencial.
A esto se suma el caso de Manuel Adorni, señalado por viajes de lujo que no logra justificar. La combinación de ambos episodios representa un golpe directo al discurso “anticasta” con el que Milei llegó al poder.
Sin embargo, lejos de habilitar explicaciones, el oficialismo optó por cerrar filas. El Congreso, que debería funcionar como contrapeso institucional, aparece así convertido —según la caracterización de En Orsai— en un espacio de contención política para evitar que el escándalo avance.
Ajuste, crisis social y silencio institucional
El blindaje parlamentario no ocurre en el vacío. Se da en medio de una crisis social cada vez más profunda, con aumento del desempleo, caída del consumo y deterioro del poder adquisitivo.
En ese contexto, la decisión de bloquear el debate legislativo también tiene consecuencias concretas: se postergan discusiones urgentes sobre jubilaciones, salarios y políticas sociales, mientras el oficialismo prioriza contener el costo político de los escándalos.
La combinación es explosiva: ajuste económico, denuncias de corrupción y un Congreso paralizado.
Una estrategia que tensiona la democracia
Lo que está en juego no es solo un caso puntual, sino el funcionamiento mismo de las instituciones. El bloqueo de mecanismos de control y la negativa a dar explicaciones públicas abren interrogantes sobre el rumbo del sistema democrático.
Porque cuando el Congreso deja de controlar al Ejecutivo, el equilibrio de poderes se rompe. Y cuando eso ocurre en medio de denuncias graves, el problema deja de ser político para convertirse en institucional.
El “blindaje” libertario ya no es una hipótesis: es una práctica en marcha. Y sus consecuencias, tanto políticas como sociales, empiezan a sentirse mucho más allá de los pasillos del Congreso.
«Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo» Eduardo Galeano TODO PEDAZO DE PLÁSTICO CREADO, SIGUE EXISTIENDO EN ALGUNA PARTE DEL PLANETA. Sí, es difícil encarar este tema porque casi todo lo que consumimos viene envuelto en algún tipo de plástico. No voy a entrar en el detalle de los…
La cuarta etapa está en marcha y la semana arranca con mucha expectativa por el ingreso a la provincia de Río Negro. Villa Regina será la primera ciudad en recibirlos. Se esperan alrededor de dos mil personas entre pilotos, equipos y organización. Un espectáculo único, que reginenses y fanáticos de toda la zona, podrán apreciar…
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