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Convocatoria para conformar la Guardia Ambiental

El Consejo Local de Ecología, Ambiente y Desarrollo Sustentable del Concejo Deliberante de Villa Regina convoca a interesados a ser parte de la Guardia Ambiental creada por ordenanza N° 039/13.

La convocatoria está orientada a mayores de 18 años con residencia en Villa Regina no inferior a los 2 años quienes serán parte del cuerpo permanente. Los menores de 18 años que cursen el nivel medio podrán participar del cuerpo de voluntariado.

La Guardia Ambiental instrumenta acciones para la protección de distintas áreas de la ciudad de los efectos degradantes del ambiente y del avance de la actividad humana que compromete el territorio en perjuicio de la comunidad. 

La inscripción está abierta hasta el 31 de mayo. Los interesados pueden anotarse en forma presencial en el Concejo Deliberante de lunes a viernes de 9 a 12 horas o también en forma virtual, completando el formulario en el siguiente link: guardia ambiental

Quienes sean parte recibirán una capacitación dictada por profesionales de alta calificación en la temática.

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    YPF: Cristina y Kicillof desmontan el relato tras el fallo en EEUU y reivindican la expropiación

     

    Tras la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que revocó la millonaria condena contra la Argentina por la expropiación de YPF, Cristina Kirchner y Axel Kicillof salieron a fijar posición y apuntaron contra años de operaciones políticas y judiciales. Ambos coincidieron en un punto central: la recuperación de la petrolera en 2012 fue legal y estratégica para el país.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    La resolución judicial representa un giro clave en una causa que amenazaba con un pago superior a los 16 mil millones de dólares, una cifra que equivalía a una porción significativa del presupuesto nacional.

    Cristina: “la expropiación se hizo conforme a derecho”

    La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue contundente al analizar el fallo. Sostuvo que la decisión de la Justicia estadounidense confirma que la expropiación de YPF se realizó dentro del marco legal argentino, desmontando así uno de los ejes del litigio impulsado por los fondos demandantes.

    En su mensaje, además, destacó el trabajo del equipo jurídico que defendió al país durante años y remarcó que el proceso judicial había sido utilizado políticamente para cuestionar una medida soberana.

    El planteo de Cristina no es nuevo, pero cobra otra dimensión tras el fallo: la nacionalización había sido aprobada por amplia mayoría en el Congreso en 2012 y respondía a un escenario crítico en materia energética, marcado por la caída de reservas y producción bajo control de Repsol.

    Kicillof: “quedan expuestos años de mentiras”

    Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien fue uno de los principales impulsores de la recuperación de YPF desde el Ministerio de Economía, afirmó que la decisión judicial deja en evidencia “años de mentiras” construidas alrededor del caso.

    Kicillof insistió en que la estrategia de defensa del Estado argentino fue correcta desde el inicio y cuestionó a quienes instalaron que la expropiación había sido irregular o perjudicial. En esa línea, también apuntó contra el uso político del litigio por parte de sectores que buscaron desacreditar la política energética del kirchnerismo.

    El fallo de la Cámara no sólo revoca la condena previa, sino que además reconoce que la interpretación de la ley argentina realizada en instancias anteriores era errónea, debilitando así el núcleo del reclamo de los fondos litigantes.

    Una causa atravesada por intereses y fondos buitres

    El conflicto judicial se originó tras la expropiación del 51% de YPF en 2012, cuando el Estado argentino decidió recuperar el control de la empresa frente a un escenario de desinversión y caída productiva.

    Años después, fondos como Burford Capital compraron los derechos de litigio de accionistas minoritarios y avanzaron en tribunales estadounidenses, logrando en 2023 una sentencia favorable que obligaba a la Argentina a pagar una suma multimillonaria.

    Ese fallo fue ahora revertido, en lo que constituye uno de los reveses más importantes para los fondos especulativos en litigios contra el país.

    Más que un fallo: una disputa política

    Aunque el Gobierno de Milei celebró la decisión como un logro propio, lo cierto es que el fallo impacta directamente en el corazón de una política de Estado impulsada durante el kirchnerismo.

    En ese marco, las declaraciones de Cristina y Kicillof no sólo buscan reivindicar la legalidad de la expropiación, sino también reinstalar el debate sobre el rol del Estado en sectores estratégicos como la energía.

    Porque detrás del expediente judicial no sólo se discutía una cifra millonaria: también estaba en juego la legitimidad de una decisión política que marcó un punto de inflexión en la historia económica reciente.

     

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    Esta semana Argentina tuvo que importar electricidad desde Uruguay para evitar un colapso energético, por el pico de calor. Así lo publicaron distintos medios en el país vecino. 

    La decisión desnuda una falta de previsión -o negocio- que le cuesta carísimo al Estado argentino, porque se paga una fortuna por electricidad que Uruguay produce con el gas barato que exporta Argentina desde Vaca Muerta.

    El episodio ocurrió este miércoles en la franja más sensible del sistema. Entre las 19:12 y las 22 horas se importaron unos 830 MW, sumando a la potencia transferida desde Brasil. Para dimensionarlo: ese volumen representa cerca de la mitad de la demanda uruguaya en ese momento. Es decir, el rescate energético implicó que el vecino país destinara una porción significativa de su propio consumo para sostener al sistema argentino. Y así lo cobró.

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    Un dato llamativo aparece cuando se miran los números locales. La demanda máxima del día apenas superó los 20.000 MW. Sin embargo, el sistema argentino tiene capacidad instalada para generar hasta 30.000 MW. No faltó capacidad instalada. Lo que falló fue la coordinación, el despacho y la previsión. Una estructura que, en el momento clave, no logró responder. El episodio ya es una constante en la actual administración.

    El episodio ocurrió este miércoles en la franja más sensible del sistema. Entre las 19:12 y las 22 horas se importaron unos 830 MW. Argentina pagó por esa energía importada valores que rondan entre los 150 y 200 dólares por MWh. El doble que la generación nacional promedio.

    Argentina pagó por esa energía importada valores que rondan entre los 150 y 200 dólares por MWh. El doble que la generación nacional promedio. Esa electricidad, además, se genera, en parte con gas argentino.  

    El gas de Vaca Muerta se exporta a Uruguay, a través de acuerdos como el que mantiene Pan American Energy con la estatal uruguaya UTE,  precios cercanos a los 3,5 dólares por millón de BTU, por debajo de los casi 5 dólares que se pagan en el mercado doméstico. 

    Con ese insumo, la central térmica de Punta del Tigre produce electricidad que luego se vende de regreso a la Argentina a precios varias veces superiores. 

    La ecuación es difícil de justificar. Argentina exporta gas barato y reimporta energía eléctrica cara producida con ese mismo recurso. En los hechos, subsidia el insumo y paga el valor agregado. Una lógica invertida que se vuelve más visible en momentos de estrés del sistema. 

    En el trasfondo, el manejo del SADI vuelve a quedar bajo cuestionamiento. La previsión de la demanda, la disponibilidad efectiva de generación y la coordinación regional no lograron alinearse. No fue una falla estructural. Fue una secuencia de decisiones que derivó en una importación evitable. 

    «Hay que apurar la comisión de interconexión. Le vendemos gas barato de Vaca Muerta para que generen en Punta del Tigre y después nos venden la electricidad carísima. Es un cuadrilátero que ya pagamos», explicó a LPO una fuente del sector. 

     

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