Convocatoria a artistas

El Municipio de Villa Regina, organiza una fiesta por el inicio de la Primavera en el barrio 25 de Mayo para el viernes 20 de septiembre a partir de las 10 horas. En la plaza de su barrio, la Junta Vecinal y el Centro de Desarrollo Infantil (C.D.I.) de 25 de Mayo, acompañados por la…

 

 Una fuerte tensión se desató entre dos municipios vecinos de la provincia. El intendente radical de Tandil, Miguel Lunghi, acusó a su par de Azul, el camporista Nelson Sombra por el «traslado compulsivo e irregular» de personas en grado de extrema vulnerabilidad social y económica.

Concretamente, el tandilense denunció que 11 personas de un mismo grupo familiar fueron transportadas en un vehículo municipal de Azul «y abandonadas en una estación de trenes en desuso» de Tandil «con el evidente propósito de transferir de manera fáctica y desarticulada la asistencia integral de los mismos a este municipio».

En una dura carta, Lunghi intimó a Sombra a reparar la situación denunciada en el plazo de 48 horas, con el regreso a Azul de la familia en cuestión y resarciendo económicamente al municipio de Tandil por los gastos destinados a atender a estas personas.

 «Ante la emergencia social provocada por la imprudencia de su administración, la Municipalidad de Tandil debió desplegar de forma inmediata sus recursos humanos, logísticos y financieros para resguardar la integridad psicofísica de las once personas», acusó Lunghi a Sombra 

«Dicha conducta, desplegada por funcionarios dependientes de su Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, no solo vulnera los principios elementales de la solidaridad y el federalismo municipal, sino que configura una flagrante violación al marco normativo vigente», agregó el intendente radical en la nota a Sombra.

Antes, desde la gestión municipal de Azul, el secretario de Desarrollo, Omar Seoane dijo que la familia en cuestión se presentó en el Municipio y solicitó voluntariamente ser trasladada a Tandil.

«Obramos de buena fe. Lo que hicimos fue aportarle el transporte a una familia que se quería radicar en otra localidad», dijo Seoane.

Lunghi habló de incumplimiento de la ley provincial de Protección de los Derechos del Niño y de infracciones administrativas en las que puso de relieve la ausencia de comunicación institucional y protocolo social entre ambas gestiones locales.

«Ante la emergencia social provocada por la imprudencia de su administración, la Municipalidad de Tandil debió desplegar de forma inmediata sus recursos humanos, logísticos y financieros para resguardar la integridad psicofísica de las once personas», acusó Lunghi, que pasó factura de la «erogación presupuestaria extraordinaria» que le demandó a su comuna la atención de esa familia.

 Obramos de buena fe. Lo que hicimos fue aportarle el transporte a una familia que se quería radicar en otra localidad 

Por todo eso, además del resarcimiento financiero, intimó al intendente de Azul a remitir un «informe técnico detallado» donde se justifiquen los fundamentos jurídicos y sociales que motivaron el traslado.

También, Lunghi reclamó identificar a los funcionarios que ordenaron y ejecutaron el operativo y «arbitrar los medios urgentes para coordinar el retorno seguro y la asunción definitiva de la asistencia de la familia en su jurisdicción de origen».

En caso de «silencio, negativa o respuesta evasiva», Lunghi amenazó con iniciar acciones civiles por cobro de gastos, promover las denuncias pertinentes ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia «y evaluar la radicación de denuncias penales».

 Según consta en la denuncia a la que tuvo acceso LPO, Puyou sostuvo que uno de los trasladados le informó que «fueron dejados en la estación». Se trata de una familia que reside en el predio «Los Piletones», un asentamiento de Azul cuyas familias se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

Previo a eso, el concejal radical Agustín Puyou denunció a Omar Seoane, de «incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, agravado por la presencia de menores y adultos en situación de vulnerabilidad».

Según consta en la denuncia a la que tuvo acceso LPO, Puyou sostuvo que uno de los trasladados le informó que «fueron dejados en la estación». Se trata de una familia que reside en el predio «Los Piletones», un asentamiento de Azul cuyas familias se encuentran en situación de vulnerabilidad.

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Días atrás esa familia atravesó una situación de violencia. El concejal radical dijo haberse comunicado con el secretario de Gobierno local, Xavier Cabrera Cisneros, solicitando custodia policial para que la familia pueda reingresar en su hogar, que abandonó tras el conflicto intrafamiliar.

Al día siguiente, el padre de la familia le contó al concejal que estaba en Tandil, que no habían hablado con el municipio tandilense y que «los dejaron tirados como perros».

Ante esa denuncia, Seoane rechazó las acusaciones abandono de persona y sostuvo sobre la presentación del edil radical: «Me parece una mala maniobra política», sostuvo.

 

 

Patricia Bullrich comprobó este viernes, tras una reunión por zoom con los senadores aliados, que sigue sin contar con los votos necesarios para aprobar la ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada, por el rechazo al capítulo de la venta de tierras. «Así como está, no la votamos», dijo a LPO un senador que integra el pelotón de los que conversa con la jefa del bloque libertario.

La pelea es porque las bancadas que colaboran con la Casa Rosada pretenden «un tope» al porcentaje de tierras habilitado para su venta a personas o empresas extranjeras en cada provincia, cuando el dictamen impulsado por Federico Sturzenegger deja librado casi totalmente el territorio a la enajenación. En la actualidad, solo se admite que pueda entregarse hasta el 15 por ciento del territorio a extranjeros y los senadores que responden a gobernadores cercanos al gobierno aspiran a fijar un límite en 20 o 30 por ciento, según fuentes al tanto de la negociación.

Por lo demás, la resistencia de los aliados no es tan firme como la tozudez del gobierno frente a las modificaciones que reclaman los legisladores de la Cámara Alta. El tratamiento de la ley ya fracasó en tres ocasiones y el próximo 6 de agosto podría volver a frustrarse, advierten miembros de la bancada de LLA, si Sturzenegger no se allana a los pedidos del Senado.

En efecto, los senadores que discutieron este viernes con Bullrich bajo modalidad telemática para no interrumpir sus vacaciones esperan una respuesta del ministro de Desregulación para el próximo lunes. «Veremos qué mandan», contestaron desde el entorno de una legisladora que no firmó el dictamen de mayoría pero participa de las deliberaciones con el oficialismo.

Un senador libertario admitió ante LPO que «el problema principal es el capítulo de tierras». «Si no estuviera eso, la ley ya se habría aprobado», reconoció.

Juez, Zimmerman y Camau Espínola

Para colmo, ya se perdió la cuenta sobre el número de la versión que acredita el proyecto sometido a negociación. Mientras que un aliado deslizó que ya van por la vigésima reescritura del capítulo de tierras, algo que ocurre por fuera del trabajo en comisiones y se corrige bajo la coordinación del ex senador radical Víctor Zimmermann, un miembro del bloque oficialista confesó: «dejamos de ponerle números para no estigmatizar las versiones».

A esta altura, el proyecto de Sturzenegger funciona casi como un elemento de martirio de la Casa Rosada contra Bullrich, como si el gobierno le exigiera a la senadora que consiga un objetivo casi imposible. Algo similar ocurre con la intención de eliminar las PASO; encargo que no pesa solo sobre los hombros de la ex ministra, que avisó incansablemente en las reuniones de mesa política que no prosperaría, sino que ahora también recae sobre el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

De hecho, el ministro coordinador imitó a Bullrich en la sobreactuación de karinismo cuando cargó en las últimas 48 horas contra Victoria Villarruel, pidiéndole que renuncie. La jefa de bloque libertario, que también tuvo sus horas de furia contra la Vicepresidenta cuando ventiló en el grupo de WhatsApp del oficialismo las discusiones que mantuvieron en privado ambas mujeres, había intentado desescalar el conflicto en una reunión a solas.

Fuentes del Senado comentaron que, en ese encuentro, Bullrich habría asumido que había quedado en un lugar «incómodo», algo que Villarruel disfruta en medio del congelamiento que Karina Milei le aplica a ella.

Como sea, no sería una casualidad la coincidencia de Santilli y Bullrich, dos conversos provenientes de Juntos por el Cambio, contra la Vicepresidenta en la previa del cuarto intento por aprobar la ley de tierras. En el Senado se especula con que Villarruel podría desempatar contra el gobierno si los votos se empardan en el recinto.

Por el momento, el interbloque de José Mayans y el de Carolina Moisés juntan 28 senadores en el rechazo pero a ese grupo se sumarían, si no se modifica el capítulo de tierras como pretenden, tres radicales, la salteña Flavia Royón y la cordobesa Alejandra Vigo. Un piso de 33 legisladores en contra, con los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce en duda y los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano más allá de los cálculos, dejaría a los libertarios al borde de un nuevo fracaso. 

 

El Intendente Marcelo Orazi firmó en la tarde de este lunes con la Gobernadora Arabela Carreras el convenio específico para la ejecución de infraestructura para la provisión de servicios al loteo Barazzutti en el marco del programa provincial ‘Suelo Urbano’. Se trata de las obras de redes de agua potable, red eléctrica y alumbrado público…