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Schiaretti asume como diputado y garantiza a Milei su voto para la reforma laboral
Como nunca en los últimos meses, el schiarettismo entendió que el bastión de esta rama fundadora del cordobesismo será el Congreso. Tal cual lo contó LPO la semana pasada, y en medio de algunas fricciones que existen entre el exgobernador Juan Schiaretti y su sucesor, el actual mandatario Martín Llaryora, el caudillo del peronismo cordobés asumirá este jueves en Diputados cuando se trate la baja de edad de imputabilidad que empuja Javier Milei.
Así lo anunció este martes el propio Schiaretti en sus redes sociales donde, también informó que lo hará renunciando a la dieta como diputado nacional y rechazará los gastos de representación.
Por lo que esta será la semana de estreno del schiarettismo como interlocutor en el diálogo entre Casa Rosada y Córdoba, debido a que el exgobernador, tras el alta médica, se sentará este jueves en su banca en Diputados y respaldará la iniciativa de Milei con la baja de edad de imputabilidad y porque, un día antes, su esposa, la senadora Alejandra Vigo garantizará el apoyo en general a la reforma laboral en la Cámara alta.
De manera tal que el schiarettismo mostrará musculatura y autonomía como contrapeso a algunos movimientos que Llaryora impulsó en los últimos meses y no cayeron bien entre los socios fundadores del modelo.
Sin embargo, y a pesar de que algunos muy cerca del exgobernador afirman que hay diálogo con Llaryora y que existió, no sólo la invitación a la apertura de sesiones de la Legislatura sino también al encuentro entre el actual mandatario cordobés y el santafesino Maximiliano Pullaro en Cosquín, otros reconocen algunos cortocircuitos. Todos, por ahora con control de daños.
El entorno de Schiaretti la semana pasada ratificó a LPO la regla básica del cordobesismo: el que gobierna, conduce. Casi como asegurando que el encargado de comandar todas las votaciones del Congreso será el propio Llaryora. Sin embargo, aquellos que tienen despacho en Córdoba y conocen a ambos dirigentes sostienen que, probablemente, esta vez el axioma no se aplique en su totalidad.
Schiarettistas puros en Diputados son cuatro de seis (el propio Schiaretti, Carlos Gutiérrez, Carolina Basualdo y Alejandra Torres) y en el Senado, la única banca del cordobesismo es la de Vigo. Con lo cual, crece el fantasma de la autonomía en el Congreso.
«Hay diálogo entre los dos, entre ‘el Gringo’ y Martín. Igual, lo único que no vamos a hacer es converger en un gran bloque con el resto del peronismo nacional como quieren algunos. De eso, que se olviden», dijo hace unos días una persona de diálogo directo con Schiaretti.
En cuanto a las votaciones de la semana en el Congreso, ambas iniciativas que impulsan los libertarios serán respaldadas, aunque con sutiles diferencias. Con la reforma laboral, incluso los viguistas reconocen que la mujer de Schiaretti ya no tiene margen en este tipo de discusión para abstenciones o ausencias como ocurrió anteriormente; por lo que asoma un respaldo en general.
«La relación del ‘Gringo’ con el Círculo Rojo siempre fue buena. Schiaretti es un garante para el sector empresarial como todavía no llegan a serlo los que están ahora. Lo único que puede generar una duda con Vigo es el tema del sindicato de Amas de Casa que ella representa. Por eso no descarto que acompañe en general y rechace algún artículo», señaló un viguista que habla de manera asidua con el matrimonio.
En tanto, otro dirigente del peronismo cordobés reconoció además la incidencia de Santiago Caputo para bajar tensiones con los gobernadores y los gremios en el articulado final y tratar de quedar así, más cerca de la media sanción en el Senado.
Asimismo, y con respecto a la baja de edad de imputabilidad, acá el propio Llaryora fue más enfático en lo personal que con su postura frente a la reforma laboral. Con el régimen penal juvenil, el gobernador insistió en el respaldo, pero también en los fondos nacionales que puedan garantizar su cumplimiento. Y habló de la iniciativa que se impulsó en Córdoba en la primera parte de su mandato con letra de Liliana Montero, la actual secretaria de Salud que no tiene una buena sintonía con el schiarettismo y que, en las últimas horas, tuiteó sobre esto.
De todas maneras, los libertarios descuentan que contarán con ese respaldo en la Cámara baja este jueves.
Por último, y como para graficar los ruidos entre una porción de llaryoristas y una de schiarettistas. En el arranque de esta semana trascendió la posibilidad de un desprendimiento de legisladores provinciales que responden al exgobernador, para salir de la bancada llaryorista y armar un interbloque de todo el PJ conjunto. Chance que los que conocen los pasillos de la Unicameral desactivaron por completo: «no hay ninguna posibilidad; sería romper todo. Salvo que no haya una orden de muy arriba, eso no va a suceder. Es tirar mucho de la cuerda».
El gobierno cortó el negociado de las energías renovables que armó Macri
El Gobierno descartó prorrogar el programa RenovAr, la principal política de promoción de energías renovables lanzada durante el macrismo, que encerró negociados como los parques eólicos en los que estuvo involucrado directamente el ex presidente y cargó al Estado la obligación de pagar tarifas delirantes y en dólares.
El giro libertario además de ahorrar recursos públicos apunta a que el mercado eléctrico funcione con menos Estado y más contratos privados. Pero en el sector reina una mezcla de entusiasmo y desconfianza. Nadie quiere quedarse afuera, pero tampoco todos están dispuestos a apostar fuerte.
La decisión implica cerrar el capítulo del programa de licitaciones públicas creado en 2016 por el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren durante el gobierno de Mauricio Macri. RenovAr fue la herramienta con la que el macrismo buscó acelerar el desarrollo de parques eólicos y solares.
El Estado, a través de Cammesa, compraba la energía generada mediante contratos a largo plazo surgidos de licitaciones públicas. «El RenovAr se vendió como la gran puerta de entrada de las renovables modernas en Argentina. Y en parte lo fue: aceleró proyectos, trajo algunos players globales y ordenó un pipeline», explicó a LPO un constructor de parques fotovoltaicos. Pero enseguida agregó la otra cara del modelo: «El corazón financiero del programa quedó armado como un traje a medida de los financistas, no del sistema eléctrico argentino».
La estructura contractual explica buena parte de las críticas. Muchos proyectos se firmaron bajo esquemas de PPA en dólares, diseñados para reducir el llamado «riesgo argentino». Los contratos incluían cláusulas de default y cross-default que conectaban obligaciones financieras entre distintos instrumentos.
El corazón financiero del programa quedó armado como un traje a medida de los financistas, no del sistema eléctrico argentino.
En la práctica, un incumplimiento podía disparar consecuencias en cadena: aceleración de vencimientos, penalidades o cambios en el costo del financiamiento. Ese andamiaje convirtió al programa en una red contractual compleja. Cuando la macroeconomía se tensiona, el problema no queda encapsulado en un proyecto. Se expande.
Para sostener esa arquitectura financiera, RenovAr montó un sistema de garantías y seguros de cobro. El objetivo era desacoplar al inversor de la volatilidad argentina. El resultado fue distinto. El riesgo no desapareció: se trasladó. El inversor cobraba con protección contractual mientras el sistema eléctrico absorbía la prima. En términos económicos, la energía podía parecer barata en la licitación, pero el costo real incluía cobertura contra devaluación, contra iliquidez y contra inestabilidad política. El impacto se vio en el costo final del sistema.

Aunque algunas rondas exhibieron precios competitivos en los papeles, la combinación de dolarización, garantías internacionales y financiamiento externo terminó encareciendo el esquema. A eso se sumó un rasgo técnico clave: las renovables tienen prioridad de despacho en la red eléctrica.
El Gobierno ahora mira hacia otro modelo. La idea se acerca al esquema del MATER, el Mercado a Término de Energías Renovables, creado en 2017 como complemento de RenovAr.
En este sistema, el Estado deja de ser el comprador principal. Los generadores venden directamente a empresas privadas con alto consumo de electricidad. El mecanismo funciona mediante contratos bilaterales. Un parque eólico o solar firma un acuerdo de largo plazo con una compañía industrial.
El precio se negocia entre las partes y la electricidad se transporta por la red nacional administrada por CAMMESA. Los compradores suelen ser grandes consumidores: siderúrgicas, petroleras, mineras, cadenas industriales o empresas tecnológicas.
Solo pueden participar grandes usuarios del mercado eléctrico mayorista. En la jerga del sector se los conoce como GUMA y GUME. Los primeros consumen más de 1 megavatio de potencia. Los segundos entre 300 kilovatios y 2 megavatios.
El programa le exige a estas empresas cumplir con una cuota mínima de energía renovable fijada por la Ley 27.191, que estableció como objetivo que el 20% del consumo eléctrico provenga de fuentes renovables. La diferencia central entre ambos esquemas es quién compra la energía. En RenovAr el comprador era el Estado, con contratos garantizados. En el MATER, el comprador es una empresa privada y el precio se negocia libremente.
En teoría, el sistema reduce el peso fiscal y deja que el mercado defina las inversiones. Pero el modelo también tiene límites. El principal es físico. La red eléctrica argentina tiene capacidad de transporte limitada en varias regiones. Los proyectos compiten por espacio en las líneas de transmisión. Sin nuevas obras de infraestructura pública, el crecimiento del mercado queda restringido.
Además, el desarrollo renovable convive con desafíos técnicos. La generación eólica y solar es intermitente. Requiere respaldo térmico, flexibilidad operativa y planificación de la red. Si esos costos no se integran al diseño del sistema, el precio del parque puede ser competitivo pero el costo total del sistema aumenta.
En ese contexto, el clima en la industria es ambiguo. Celebran la desregulación, pero no terminan de confiar. Predomina el clásico wait and see. «Nos frenamos en 2019 y de ahí venimos en picada. Baja el costo, pero también baja la demanda. El negocio pierde rentabilidad», dijo a LPO un generador fotovoltaico que ahora apunta sus proyectos a Perú. «Este año van a licitar 70.000 megavatios. Y allá ni te enterás de lo que pasa en la política».
Un representante de la filial argentina de Fortescue, que desarrolla el Parque Eólico Cerro Policía de 300 MW, fue directo: «La demanda industrial está por el subsuelo. No tengo off takers». Según explicó, el potencial de consumo podría venir de la minería, pero ese escenario recién se vería dentro de varios años. «Y anda a saber en qué condiciones mundiales estamos en cinco años», agregó. El comentario circuló entre empresarios durante
la edición argentina del Future Energy Summit, realizada este miércoles en el Hotel Emperador
.
LPO habló también con un importador de paneles solares chinos, con una visión más optimista. «A mí me está yendo muy bien. La liberalización de las importaciones generó mucho movimiento», dijo. Pero incluso él marcó un dato que dejó pensando a varios. «Casi no hay presencia de empresas extranjeras. Ni en este foro ni invirtiendo en el país. Quizás haga falta un segundo mandato para que arranquen», deslizó.
Lo concreto es que la industria renovable advierte que, con el vencimiento del programa RenovAr, se viene un golpe fuerte para el sector. De alguna manera, lo reconoció el propio secretario de Energía, Damián Sanfilippo, al inaugurar el foro «El sector fotovoltaico es el que más crecimiento tuvo. Estamos trabajando para darle estabilidad fiscal al sector. No va a hacer prórroga de la 27191 pero sí tratar de alguna manera darle la estabilidad fiscal».
En el panel siguiente, las empresas pidieron que el RenovAr se prorrogue. PCR, Total e YPF Luz.
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