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Al final te suben los impuestos
El Gobierno de Milei oficializó el aumento de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono mediante el Decreto 782/2025, publicado en el Boletín Oficial. El incremento, que había sido postergado hasta después de las elecciones legislativas, impactará en las naftas y el gasoil desde noviembre y traerá otra carga directa al bolsillo de los consumidores.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable
A través del decreto firmado por Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo, se establece un nuevo esquema de actualización para el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) que gravan las naftas y el gasoil.
El Gobierno lo justifica asegurando que, “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario diferir parcialmente los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”. Sanata.El aumento se aplicará parcialmente desde el 1° de noviembre, y el resto —correspondiente al remanente de 2024 y los dos primeros trimestres de 2025— entrará en vigencia el 1° de diciembre, según figura en el Boletín Oficial.
Cuánto suben los impuestos
En el caso de las naftas, el incremento será de $15,557 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos y de $0,953 en el impuesto al dióxido de carbono.
Para el gasoil, el aumento será de $12,629 por litro en el impuesto principal, mientras que el monto fijo actualizado para el tratamiento diferencial (zona Patagonia) será de $6,844, y el impuesto al CO₂ alcanzará los $1,441.Según estimaciones del sector, sólo con esta actualización de noviembre el precio de la nafta podría subir cerca del 4 %, y el del gasoil alrededor del 3 %. Con la aplicación completa en diciembre, los aumentos totales podrían ubicarse entre 8 % y 10 %, dependiendo de la zona y el tipo de combustible.
Postergado hasta pasar las urnas
El aumento llega luego de una seguidilla de subas en luz, gas y transporte, y tras haberse pospuesto estratégicamente antes de las elecciones legislativas.
Mientras durante la campaña Milei repitió el mantra de la “reducción de impuestos”, lo cierto es que su gobierno volvió a ajustar los gravámenes sobre productos de consumo masivo. Una contradicción que ni el relato libertario puede maquillar.Además, el propio decreto reconoce que los incrementos remanentes se aplicarán de manera trimestral según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec, lo que garantiza que los aumentos se mantendrán en el tiempo, atados a la inflación que el propio gobierno no logra contener.
Lo que significa para la gente
Más caro llenar el tanque. Los conductores verán el impacto directo en el surtidor. Para los trabajadores que usan su auto o dependen del transporte público, el aumento se trasladará sin escalas al costo diario de movilidad.
Presión inflacionaria. El argumento oficial de que el ajuste “estimula el crecimiento económico” choca con la realidad: más impuestos a la energía y los combustibles significan nuevos aumentos de precios en cascada.
Inequidad regional. Si bien se mantiene un tratamiento diferencial para la Patagonia, la estructura sigue castigando a las regiones con mayores costos logísticos y menores ingresos.
Desgaste político. Después de prometer que bajaría la presión fiscal, Milei termina subiéndola. Y con cada factura, cada carga de combustible, el costo político se multiplica.
Mientras tanto, la “libertad” prometida por el oficialismo se traduce en una mayor carga impositiva y en un nuevo golpe al bolsillo. Porque al final, como siempre, la motosierra no pasó por el poder económico, sino por los consumidores.
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Se viene un fuerte tarifazo después de las elecciones, el gobierno dolariza la energía
El Gobierno se prepara para darle un nuevo golpe a los bolsillos luego de las elecciones. Esta vez vendrá de la mano de la «transformación» del mercado eléctrico argentino. El primer paso es dolarizar el pago a las generadoras, desplazando el peso del ajuste hacia comercios, industrias y usuarios no residenciales. En los papeles, promete «estabilidad» para los hogares; en la práctica, dispara los costos y deja todo atado a la cotización del dólar.
La reforma del mercado eléctrico que resolvió el Gobierno divide el sistema en dos grandes segmentos: el mercado estacionalizado y el desestacionalizado. En el primero quedan los usuarios residenciales y no residenciales. Estos últimos son comercios, pymes, clubes y cooperativas, que seguirán comprando la energía a través de Cammesa con tarifas reguladas por el Estado.
En el segundo, el mercado desestacionalizado, entran los grandes usuarios. empresas con alta demanda, que podrán contratar directamente con las generadoras a precios libres, en dólares, sin pasar por la intermediación estatal.
El corazón de la reforma es la dolarización de la generación eléctrica, que deja atrás el esquema de precios a costo medio, donde el Estado pagaba a todas las centrales un valor promedio de producción.
En este nuevo régimen, el precio lo fija la última central que entra al despacho para cubrir la demanda, generalmente la más cara. En términos simples: si una termoeléctrica que quema gasoil es la que completa la oferta, toda la energía del sistema se paga a ese precio, aunque haya otras que produzcan más barato.
En el mercado desestacionalizado, los precios quedarán directamente atados al tipo de cambio, y en el estacionalizado, aunque el Estado siga fijando valores de referencia, cada devaluación o ajuste fiscal se trasladará a la tarifa con mayor rapidez.
Daniel González, coordinador del área de energía, durante su exposición ante la Comisión de Presupuesto de Diputados reconoció que bajo al lógica de la «recomposición de balances», el nuevo modelo establece que los grandes usuarios enfrentarán un aumento promedio del 15% anual, con picos de hasta 35% en invierno.
Para el sistema, eso significa un salto de ingresos de hasta 785 millones de dólares por año, según un informe interno de la Secretaría de Energía que lleva la firma del director Nacional de Regulación del Mercado Eléctrico Mayorista Marcelo Positino, al que accedió LPO en exclusiva.
Este documento en el anexo final reconoce que el nuevo esquema favorece la estabilidad del segmento residencial, pero a costa de «mayor volatilidad y necesidad de cobertura contractual» para los sectores no residenciales e industriales.
En otras palabras, el sistema se vuelve más frágil, más dolarizado y más expuesto a shocks externos.«La supuesta protección a los residenciales es un mito. La dolarización generalizada convierte cada devaluación en un nuevo tarifazo», aseguró a LPO un ex funcionario del área.
Estudios académicos estimaron que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 las facturas promedio de gas natural aumentaron 799% para hogares y 992% para comercios y pymes, mientras la energía eléctrica trepó 524% y 570% respectivamente. Además unos 2 millones de hogares perdieron el subsidio a la electricidad y 705 mil el del gas.
Los especialistas advierten que la dolarización de la generación eléctrica en un país con un riesgo cambiario crónico como la Argentina es un riesgo alto.
El descalce entre la estructura dolarizada de los contratos y la economía real pesificada genera un círculo vicioso: el Estado acumula deuda con el sector y el Tesoro no puede cubrirla sin emitir o endeudarse.
Por eso, si la brecha se amplía y las tarifas no acompañan, la situación se vuelve jurídicamente explosiva. Las empresas internacionales recurren a tribunales como el CIADI alegando violación de contratos, mientras el Estado intenta evitar que los argentinos paguen facturas dolarizadas a precios imposibles.
Por eso, la dolarización no solo pone en riesgo la estabilidad macro, sino que reabre la puerta a una nueva ola de litigios internacionales: un déjà vu de los años posteriores al 2001, donde la crisis cambiaria terminó judicializandose en Estados Unidos.
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