La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, promulgó finalmente este domingo la ley sancionada que establece que las elecciones generales se realizarán el 6 de septiembre próximo, después de que el parlamento con mayoría opositora advirtiera que lo haría si la mandataria se negaba.
Áñez sostuvo que “nunca” tuvo interés en prorrogar su gestión. “De este modo dejo claro que la única razón (por la) que acepté hablar de la postergación (de los comicios) era para evitar riesgos a la salud de la gente” en medio de «la pandemia de coronavirus», dijo.
“Pero en este tema de riesgo, quiero pedir al señor (ex presidente) Evo Morales, Luis Arce Catacora (candidato presidencial del MAS) y Carlos Mesa (ex presidente y también candidato presidencial), que asuman con valentía la responsabilidad que tienen al haber exigido con tanta insistencia para que hagamos elecciones en plena pandemia”, agregó.
La jefa del Estado anunció la promulgación “después de que recibió una serie de presiones por parte de sus adversarios políticos, como el candidato Carlos Mesa y representantes del Movimiento al Socialismo (MAS)”, afirmó la agencia noticiosa estatal ABI.
La Asamblea Legislativa, controlada por el MAS, ha aprobado la ley para elecciones el 6 de septiembre. He recibido presiones del MAS, de Carlos Mesa y otros políticos para ir a elecciones. pic.twitter.com/XuFI4g1J15
Las elecciones estaban programadas originalmente para el 3 de mayo pasado, pero se resolvió aplazarlas debido a la pandemia de coronavirus.
El TSE propuso que se efectuaran entre el 28 de junio y el 27 de septiembre, pero el parlamento sancionó la Ley de Postergación de las Elecciones Generales y estableció un plazo de 90 días a partir del 3 de mayo para que se efectuaran.
Áñez vetó esa norma con el argumento de que la movilización de más de seis millones de personas en plena emergencia sanitaria causaría miles de contagios de coronavirus y decenas de víctimas fatales.
Asimismo, legisladores de la centroderechista Unidad Demócrata (UD) presentaron un recurso de inconstitucionalidad de esa ley ante el Tribunal Constitucional, que aún no se pronunció.
A comienzos de este mes, tras un acuerdo con los partidos políticos, el TSE presentó una nueva propuesta para que las elecciones se realizaran en un plazo máximo de 127 días, o sea hasta el 6 de septiembre.
El 12, Áñez informó a la presidenta del Senado, Eva Copa -del MAS- que no promulgaría esa ley hasta que no recibiera un informe epidemiológico que le garantizara que el brote de coronavirus estará controlado en septiembre.
El viernes último, Copa advirtió que si Áñez no promulgaba la norma, lo haría ella en uso de las facultades que le confiere la Constitución.
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Hija de un funcionario clave del Cabildo, viuda de un comerciante y luego esposa de un militar ligado al poder virreinal, María Mercedes Sarasa no sólo administró negocios en la Buenos Aires colonial sino que también se movió con precisión dentro de las redes políticas y económicas de su tiempo. Su historia, reconstruida a partir de documentos y estudios académicos, revela cómo las mujeres podían intervenir activamente en un sistema que no estaba pensado para ellas.
Por Alcides Blanco para NLI
Una mujer dentro del circuito comercial colonial
María Mercedes Sarasa nació en el seno de una familia estrechamente vinculada al poder político de Buenos Aires. Su padre, Javier Saturnino de Saraza y Mador, ocupó cargos reiterados en el Cabildo —regidor, alcalde en distintos niveles y defensor de pobres—, lo que situaba a la familia en el núcleo de la administración colonial. En 1784 se casó con Casimiro Francisco Necochea Boronte, comerciante y también regidor, integrándose de lleno en el circuito mercantil del puerto, con quien tuvo varios hijos.
Ese entorno no era meramente social. Buenos Aires, hacia fines del siglo XVIII, funcionaba como un nodo clave del comercio atlántico, articulando exportaciones de cueros y productos ganaderos con importaciones europeas y circuitos internos hacia el Alto Perú. Las familias que ocupaban el Cabildo no sólo gobernaban: también comerciaban.
La viudez y la continuidad del negocio
La muerte de Necochea en 1802 no implicó la disolución de la actividad económica. Por el contrario, la documentación muestra que Sarasa continuó operando dentro de ese circuito. Investigaciones académicas basadas en fuentes comerciales y notariales indican que integró la sociedad “Vda. de Necochea y Larravide”, lo que demuestra una continuidad empresarial concreta y no meramente formal.
Durante al menos ocho años, según reconstrucciones basadas en registros comerciales, participó en operaciones de importación y exportación, utilizando mecanismos habituales del comercio colonial como la consignación de mercancías a cuenta y riesgo propio. Esto implicaba asumir costos, riesgos y decisiones sobre la circulación de bienes en una red que conectaba Buenos Aires con Montevideo y la península ibérica.
El documento que lo prueba todo
El dato más contundente aparece en un acuerdo fechado en 1805, conservado en el Archivo Histórico. Allí, María Mercedes Sarasa figura explícitamente como parte en la venta de una porción de la fragata “La Primera”.
El documento detalla que la operación se realiza en su condición de viuda de Necochea y en acuerdo con el comerciante Manuel de Larravide, con intervención de autoridades del Cabildo encabezadas por Martín de Álzaga. La otra parte de la embarcación pertenecía a una casa comercial radicada en Cádiz, lo que evidencia la inserción directa en redes atlánticas.
Una fragata como La Primera no era un bien accesorio. Era el instrumento central del comercio de larga distancia. A través de embarcaciones de este tipo circulaban: cueros y derivados ganaderos desde el Río de la Plata hacia Europa, manufacturas europeas hacia el puerto de Buenos Aires, y mercancías que luego se redistribuían hacia el interior del virreinato.
Ser propietaria —aunque fuera parcialmente— de una embarcación implicaba invertir capital, asumir riesgos marítimos, participar en redes comerciales internacionales y negociar con actores de alto nivel económico. La operación documentada en 1805 muestra a Sarasa actuando dentro de ese esquema con plena capacidad jurídica y económica.
Como detalla la historiadora Marcela Aguirrezabala, «Entre los años 1778 y 1810 se ve claramente que el número de mujeres vinculadas a la exportación fue mucho mayor que las que optaron por la importación (…) Esa tendencia fue así incluso en el caso de una comerciante de la talla de María Mercedes Sarasa, la viuda de Necochea, quien desde que empezó a operar en 1802 hasta 1810 exportó en 13 oportunidades según nuestros datos e importó efectos sólo en cinco ocasiones, entre 1803 y 1805«.
Redes comerciales y poder político
La presencia de figuras como Martín de Álzaga en la operación no es un detalle menor. Álzaga era uno de los principales comerciantes de Buenos Aires y una figura clave del poder económico local. Su intervención como autoridad en el acuerdo indica que Sarasa operaba en un nivel donde comercio y política estaban profundamente entrelazados.
Ese entramado se refuerza con otro dato documental: el 9 de diciembre de 1805, Sarasa contrajo matrimonio con José María del Pino (con quien también tendrá descendencia), capitán del Cuerpo de Artillería e hijo de Joaquín del Pino. Este vínculo la conectó directamente con la élite virreinal, consolidando su inserción en redes de poder que excedían lo estrictamente económico.
Una comerciante, no una excepción
La documentación disponible permite afirmar sin ambigüedades que María Mercedes Sarasa no fue una figura pasiva ni un caso aislado de administración doméstica. Fue una comerciante activa que participó en una sociedad mercantil, operó en circuitos de importación y exportación, consignó mercancías a cuenta propia y fue copropietaria de al menos una embarcación utilizada en el comercio atlántico.
Estos datos, respaldados por fuentes documentales y estudios académicos, obligan a revisar la imagen tradicional de las mujeres en la colonia. No se trata de afirmar que el sistema era igualitario, sino de reconocer que existían márgenes de acción que algunas mujeres ocuparon de manera efectiva y documentable.
Del archivo a la historia
La reconstrucción de esta trayectoria se apoya en documentos conservados en repositorios históricos y en investigaciones desarrolladas en ámbitos como el CONICET y la Universidad de Buenos Aires. Estos trabajos, inscriptos en la historia social, permiten recuperar experiencias que durante mucho tiempo quedaron fuera del relato dominante.
Fuentes y referencias
Archivo Histórico de la Nación, acuerdo de 1805 sobre la fragata La Primera.
Investigaciones de Marcela Aguirrezabala sobre comercio y género en el Río de la Plata.
Estudios del Instituto de Historia Argentina sobre redes mercantiles coloniales.
Documentación comercial y notarial del período conservada en repositorios públicos.
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