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El sistema jubilatorio argentino de la era mileísta al borde del precipicio y la eutanasia económica del pasivo: el peor después del de India.

Por Nerio Corello para Noticias La Insuperable

Anualmente se publica un informe de investigación que, en colaboración, realizan Mercer, el CFA Institute y el Centro Monash de Estudios Financieros. Del informe surge el Índice Global de Pensiones, conocido como Índice Mercer-CFA. Hasta el momento, el análisis abarca los sistemas jubilatorios de 52 países, es decir: cubre aproximadamente un 66 % de la población mundial.

Al fondo de la tabla del índice está India, con el peor sistema: 43,8  puntos, la calificación más baja de todas. Le sigue Argentina, penúltimo país, con 45,9, muy lejos de los líderes, que superan los 80 puntos.

El índice de este año se expande con Kuwait [71.9], Namibia [59.1], Omán [60,9] y Panamá [59.1] como agregados, incorpora datos actualizados de la OCDE e introduce nuevas medidas de integridad para obtener perspectivas más precisas. Los sistemas se evalúan en tres pilares: adecuación, sostenibilidad e integridad, utilizando más de 50 indicadores. En 2025, los Países Bajos [85.4], Islandia, Dinamarca, Singapur e Israel lograron los codiciados grados A. Singapur [80.8] hizo historia como el primer país asiático en alcanzar ese estándar.

En América Latina, Argentina tiene para Mercer el peor sistema: quedó como último país, cómodo: Argentina [45.9], Perú [55.3], Brasil [56.2], Panamá [59.1], Colombia [62,5], México [69.3], Uruguay [71.1], Chile [76,6]. Desde África también nos pasaron el trapo: Botswana, por ejemplo, mereció 59,8 puntos.

De este revés internacional llegará seguramente el desquite del fanatismo libertariano: más apaleo a jubilados, ancianos indefensos y discapacitados.

El diputado nacional de Unión por la Patria Agustín Rossi lanzó una dura advertencia contra el DNU 941, mediante el cual el Gobierno amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Para el ex ministro de Defensa, la norma representa un retroceso institucional de enorme gravedad y abre la puerta a prácticas propias de los años más oscuros de la Argentina.

Por la Redacción de NLI

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Rossi afirmó sin rodeos que “estamos en presencia del intento de convertir a la SIDE en una policía secreta”, al tiempo que confirmó que la oposición buscará rechazar el decreto en el Congreso durante febrero, sin esperar al inicio de las sesiones ordinarias.

Detenciones sin juez y reminiscencias de la dictadura

Uno de los puntos que Rossi calificó como “gravísimo” es la posibilidad de que agentes de la SIDE realicen aprehensiones temporales de ciudadanos y ciudadanas sin autorización judicial, algo que —según remarcó— ni siquiera aclara cuánto tiempo puede durar esa detención.

Pero el cuestionamiento no termina ahí. El diputado santafesino alertó que el decreto también habilita al jefe de la SIDE a involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia interior, con una simple solicitud administrativa. Para Rossi, esto remite directamente al funcionamiento del aparato represivo durante la dictadura militar, cuando los militares realizaban inteligencia interna y la SIDE detenía personas.

En ese sentido, fue categórico: “Sin ninguna duda es un hecho gravísimo. Vamos a hacer todo el esfuerzo necesario para tratar de rechazar el DNU”.

El Congreso puede actuar en pleno receso

Frente al argumento oficial de que el tratamiento parlamentario debería esperar a marzo, Rossi aclaró que no existe ningún impedimento legal para avanzar durante el receso. Al tratarse de un decreto de necesidad y urgencia, explicó, el Parlamento está obligado a abordarlo de manera inmediata.

Según detalló, la ley establece que el jefe de Gabinete debe remitir el DNU al Congreso dentro de los diez días hábiles de su firma. Una vez cumplido ese plazo, la comisión bicameral puede tratarlo, y aun si eso no ocurre, cualquiera de las cámaras queda habilitada para llevarlo al recinto.

“Yo creo que en febrero podemos tratarlo”, anticipó Rossi, dejando en claro que la oposición buscará frenar en el Congreso una avanzada que consideran incompatible con el sistema democrático.

El cuestionamiento al DNU 941 se suma a una creciente preocupación por la concentración de poder y el debilitamiento de los controles institucionales bajo el gobierno de Milei, en un contexto donde las facultades extraordinarias parecen transformarse en regla y no en excepción.