El propio oficialismo reconoció que desconocía que el gendarme Nahuel Gallo iba a ser liberado tras 448 días detenido en Venezuela. La gestión que permitió su regreso no fue impulsada por la Casa Rosada sino por la AFA, dejando al desnudo la falta de conducción diplomática de Milei.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La liberación de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido desde diciembre de 2024 en Venezuela, debería haber sido una noticia exclusivamente positiva. Sin embargo, el episodio terminó revelando algo mucho más grave: el gobierno de Milei ni siquiera sabía que el operativo que permitió su regreso estaba en marcha.
Mientras el discurso oficial intentaba capitalizar políticamente el retorno del uniformado, la propia Patricia Bullrich terminó confirmando lo que expone el fondo del problema. El Ejecutivo no estaba al tanto de la gestión que destrabó la situación. La negociación decisiva que permitió la liberación no fue conducida por el Estado argentino, sino que se desarrolló por fuera de los canales oficiales.
El dato resulta demoledor desde el punto de vista institucional: la salida de Gallo no fue consecuencia de la política exterior argentina, sino de una vía alternativa impulsada desde el fútbol.
Diplomacia paralela ante un gobierno ausente
Después de 448 días detenido bajo acusaciones de espionaje, Gallo regresó al país en un vuelo vinculado a gestiones que no fueron coordinadas por la Cancillería ni por la Casa Rosada. La intervención de la AFA como puente humanitario operó sin que el propio gobierno tuviera conocimiento del desenlace inminente.
Así, el episodio dejó en evidencia una situación tan inusual como alarmante: el Ejecutivo nacional no participó del tramo decisivo de la negociación, no coordinó el traslado y ni siquiera fue informado del operativo que resolvería uno de los conflictos diplomáticos más sensibles de su gestión.
Mientras desde el oficialismo se insistía en que se habían realizado gestiones formales a través de terceros países, la resolución concreta terminó llegando por otra vía. En términos políticos, el resultado es elocuente: Argentina logró recuperar a un agente de seguridad detenido en el exterior sin que su propio gobierno supiera cómo ni cuándo ocurriría.
El síntoma de una política exterior sin rumbo
El caso Gallo había sido presentado durante más de un año como una prioridad diplomática, desde su detención el 8 de diciembre de 2024 al ingresar a Venezuela. Sin embargo, el desenlace dejó al descubierto la fragilidad de la estrategia oficial.
La relación política con Caracas permanecía bloqueada y las gestiones estatales no habían logrado avances concretos. La resolución, en cambio, apareció por fuera del esquema institucional, confirmando que el éxito no fue producto de la conducción gubernamental sino que se produjo a pesar de ella.
En ese contexto, el episodio deja de ser una anécdota aislada para transformarse en un síntoma. Lo que aparece es una política exterior desarticulada, sin canales eficaces de negociación y sin capacidad de conducción real.
Cuando el fútbol reemplaza al Estado
La liberación terminó concretándose gracias a una gestión humanitaria canalizada desde el ámbito del fútbol, que actuó como puente informal en medio de la tensión política entre Buenos Aires y Caracas.
La postal que queda es incómoda: un conflicto internacional de alto nivel fue resuelto por actores no estatales mientras la administración nacional se enteraba del desenlace prácticamente en simultáneo con la opinión pública.
La propia reconstrucción oficial de los hechos deja entrever el nivel de desorden. Gallo ni siquiera sabía que estaba regresando al país cuando subió al avión que lo traería de vuelta.
Impericia como política de Estado
Lo ocurrido excede el caso puntual y expone un problema estructural. La falta de coordinación diplomática, el aislamiento político y la ausencia de canales formales eficaces terminan delineando un patrón que atraviesa la gestión.
Se trata de un gobierno que proclama firmeza pero que no logra conducir los procesos que afirma encabezar. Cuando las resoluciones llegan por fuera del Estado y el Ejecutivo se entera después, lo que queda no es estrategia sino improvisación.
Y cuando la improvisación se vuelve constante, la impericia deja de ser un error.
El Gobierno descartó prorrogar el programa RenovAr, la principal política de promoción de energías renovables lanzada durante el macrismo, que encerró negociados como los parques eólicos en los que estuvo involucrado directamente el ex presidente y cargó al Estado la obligación de pagar tarifas delirantes y en dólares.
El giro libertario además de ahorrar recursos públicos apunta a que el mercado eléctrico funcione con menos Estado y más contratos privados. Pero en el sector reina una mezcla de entusiasmo y desconfianza. Nadie quiere quedarse afuera, pero tampoco todos están dispuestos a apostar fuerte.
La decisión implica cerrar el capítulo del programa de licitaciones públicas creado en 2016 por el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren durante el gobierno de Mauricio Macri. RenovAr fue la herramienta con la que el macrismo buscó acelerar el desarrollo de parques eólicos y solares.
El Estado, a través de Cammesa, compraba la energía generada mediante contratos a largo plazo surgidos de licitaciones públicas. «El RenovAr se vendió como la gran puerta de entrada de las renovables modernas en Argentina. Y en parte lo fue: aceleró proyectos, trajo algunos players globales y ordenó un pipeline», explicó a LPO un constructor de parques fotovoltaicos. Pero enseguida agregó la otra cara del modelo: «El corazón financiero del programa quedó armado como un traje a medida de los financistas, no del sistema eléctrico argentino».
La estructura contractual explica buena parte de las críticas. Muchos proyectos se firmaron bajo esquemas de PPA en dólares, diseñados para reducir el llamado «riesgo argentino». Los contratos incluían cláusulas de default y cross-default que conectaban obligaciones financieras entre distintos instrumentos.
El corazón financiero del programa quedó armado como un traje a medida de los financistas, no del sistema eléctrico argentino.
En la práctica, un incumplimiento podía disparar consecuencias en cadena: aceleración de vencimientos, penalidades o cambios en el costo del financiamiento. Ese andamiaje convirtió al programa en una red contractual compleja. Cuando la macroeconomía se tensiona, el problema no queda encapsulado en un proyecto. Se expande.
Para sostener esa arquitectura financiera, RenovAr montó un sistema de garantías y seguros de cobro. El objetivo era desacoplar al inversor de la volatilidad argentina. El resultado fue distinto. El riesgo no desapareció: se trasladó. El inversor cobraba con protección contractual mientras el sistema eléctrico absorbía la prima. En términos económicos, la energía podía parecer barata en la licitación, pero el costo real incluía cobertura contra devaluación, contra iliquidez y contra inestabilidad política. El impacto se vio en el costo final del sistema.
Aunque algunas rondas exhibieron precios competitivos en los papeles, la combinación de dolarización, garantías internacionales y financiamiento externo terminó encareciendo el esquema. A eso se sumó un rasgo técnico clave: las renovables tienen prioridad de despacho en la red eléctrica.
El Gobierno ahora mira hacia otro modelo. La idea se acerca al esquema del MATER, el Mercado a Término de Energías Renovables, creado en 2017 como complemento de RenovAr.
En este sistema, el Estado deja de ser el comprador principal. Los generadores venden directamente a empresas privadas con alto consumo de electricidad. El mecanismo funciona mediante contratos bilaterales. Un parque eólico o solar firma un acuerdo de largo plazo con una compañía industrial.
El precio se negocia entre las partes y la electricidad se transporta por la red nacional administrada por CAMMESA. Los compradores suelen ser grandes consumidores: siderúrgicas, petroleras, mineras, cadenas industriales o empresas tecnológicas.
Solo pueden participar grandes usuarios del mercado eléctrico mayorista. En la jerga del sector se los conoce como GUMA y GUME. Los primeros consumen más de 1 megavatio de potencia. Los segundos entre 300 kilovatios y 2 megavatios.
El programa le exige a estas empresas cumplir con una cuota mínima de energía renovable fijada por la Ley 27.191, que estableció como objetivo que el 20% del consumo eléctrico provenga de fuentes renovables. La diferencia central entre ambos esquemas es quién compra la energía. En RenovAr el comprador era el Estado, con contratos garantizados. En el MATER, el comprador es una empresa privada y el precio se negocia libremente.
En teoría, el sistema reduce el peso fiscal y deja que el mercado defina las inversiones. Pero el modelo también tiene límites. El principal es físico. La red eléctrica argentina tiene capacidad de transporte limitada en varias regiones. Los proyectos compiten por espacio en las líneas de transmisión. Sin nuevas obras de infraestructura pública, el crecimiento del mercado queda restringido.
Además, el desarrollo renovable convive con desafíos técnicos. La generación eólica y solar es intermitente. Requiere respaldo térmico, flexibilidad operativa y planificación de la red. Si esos costos no se integran al diseño del sistema, el precio del parque puede ser competitivo pero el costo total del sistema aumenta.
En ese contexto, el clima en la industria es ambiguo. Celebran la desregulación, pero no terminan de confiar. Predomina el clásico wait and see. «Nos frenamos en 2019 y de ahí venimos en picada. Baja el costo, pero también baja la demanda. El negocio pierde rentabilidad», dijo a LPO un generador fotovoltaico que ahora apunta sus proyectos a Perú. «Este año van a licitar 70.000 megavatios. Y allá ni te enterás de lo que pasa en la política».
Un representante de la filial argentina de Fortescue, que desarrolla el Parque Eólico Cerro Policía de 300 MW, fue directo: «La demanda industrial está por el subsuelo. No tengo off takers». Según explicó, el potencial de consumo podría venir de la minería, pero ese escenario recién se vería dentro de varios años. «Y anda a saber en qué condiciones mundiales estamos en cinco años», agregó. El comentario circuló entre empresarios durante
la edición argentina del Future Energy Summit, realizada este miércoles en el Hotel Emperador
.
LPO habló también con un importador de paneles solares chinos, con una visión más optimista. «A mí me está yendo muy bien. La liberalización de las importaciones generó mucho movimiento», dijo. Pero incluso él marcó un dato que dejó pensando a varios. «Casi no hay presencia de empresas extranjeras. Ni en este foro ni invirtiendo en el país. Quizás haga falta un segundo mandato para que arranquen», deslizó.
Lo concreto es que la industria renovable advierte que, con el vencimiento del programa RenovAr, se viene un golpe fuerte para el sector. De alguna manera, lo reconoció el propio secretario de Energía, Damián Sanfilippo, al inaugurar el foro «El sector fotovoltaico es el que más crecimiento tuvo. Estamos trabajando para darle estabilidad fiscal al sector. No va a hacer prórroga de la 27191 pero sí tratar de alguna manera darle la estabilidad fiscal».
En el panel siguiente, las empresas pidieron que el RenovAr se prorrogue. PCR, Total e YPF Luz.
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