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Luis Caputo dejó de transferirle en marzo los fondos por coparticipación a la Ciudad que ordenó un fallo de la Corte. El ministro se puso así en situación de rebeldía ante un pronunciamiento del máximo tribunal y sigue acumulando incumplimientos legales, para sostener el relato del superávit.
El ministro ya acumulaba el incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario, lo que motivó un fallo de la justicia federal que le dio como último plazo este viernes para girar los fondos que fija la norma.
Además retiene ilegalmente desde que asumió en el Ministerio de Economía los fondos con asignación específica del impuesto al combustible, necesarios para reparar las rutas que están en un estado calamitoso, al punto que todas las semanas se cobran la vida de argentinos.
El gobierno comenzó a pagar el 1,55% de la Coparticipación que estableció la Corte en septiembre de 2024. Ese monto se suma al 1,4% que llega a la Ciudad por goteo. En lugar de enviar lo dispuesto por la Corte en forma automática como sucede con el dinero que envía a las provincias, las transferencias se hicieron de manera discrecional al final de cada semana.
El gobierno comenzó a pagar el 1,55% de la Coparticipación que estableció el fallo de la Corte en septiembre de 2024. En junio del año pasado, Caputo empezó a transferir menos de los establecido por el fallo, hasta que en marzo de 2026 los envíos se detuvieron por completo.
En junio del año pasado, Toto Caputo empezó a enviar pagos parciales y dejó de transferir el porcentaje que dispuso la Corte. Hasta que en marzo de 2026 los envíos se detuvieron por completo.
La deuda acumulada desde junio del año pasado llega a casi 700 mil millones de pesos. Eso no impidió que Jorge Macri y Caputo continúen hablando semanalmente, al igual que el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el ministro de Hacienda porteño, Gustavo Arengo.
En la Ciudad creen que la caída de la recaudación por la recesión le complicó las cuentas a Caputo, que decidió comenzar a suspender pagos, incumplir falos y apropiarse de partidas para no entrar en déficit. Pero la construcción del relato del superávit sobre el incumpliemto de obligaciones legales no parece un sistema sostenible.
Además de frenar las transferencias a la Ciudad, las provincias también comenzaron a recibir menos dinero de Coparticipación. Una situación que se complenenta con el abandono total de la obra pública, que según el economista Martín Barrionuevo representa un monto de 1,6 billones por mes.
El escándalo de los créditos hipotecarios del Banco Nación sigue creciendo y la lupa está especialmente puesta en el que recibió el secretario de Finanzas, Federico Furiase, que lo habría utilizado para comprar una tercera propiedad pese a que la entidad establece que los préstamos son para primera y segunda vivienda.
El periodista Alejandro Bercovich reveló en C5N que Furiase utilizó el crédito del BNA para comprarse una casa de 300 mil dólares en el country Los Pilares, en la localidad de Pilar. La vivienda, de 200 metros cubiertos, está edificada sobre un terreno de 880 metros cuadrados y tiene una amplia pileta.
«Esta línea de crédito habilitaba no solo primeras viviendas sino también segundas viviendas. Hay gente que cree que es ético que un funcionario político se compre una casa en un country si la línea de crédito lo permite. Pero en este caso, Furiase no sólo tenía una vivienda a su nombre en Ramos Mejía, que está en su declaración jurada, sino que tenía dos casas. O sea que este préstamo fue para la tercera vivienda», denunció Bercovich.
De ser así, Furiase no podría haber conseguido un crédito para otra casa y acaso por eso en los últimos días había trascendido que no era un préstamo hipotecario. Pero no hay ninguna línea personal del BNA por semejantes montos. El caso confirmaría la injerencia política detrás de la ola de créditos a funcionarios y diputados libertarios.
En agosto de 2025, cuando era director del Banco Central, Furiase obtuvo
un crédito hipotecario por unos 280 mil dólares, equivalentes a cerca de 367 millones de pesos. El BCRA es el encargado de regular la actividad de todos los bancos, incluido el Nación, por lo que una de las denuncias que hay en Comodoro Py apunta al rol de esa entidad, como contó LPO.
La posibilidad de un conflicto de intereses además está dada porque la tramitación del crédito habría comenzado entre junio y julio de 2025, justo cuando el BCRA liberó las LEFI, una medida que desató un proceso de fuerte volatilidad financiera y un descalabro en las tasas de interés. Tras eso, el BCRA el endurecimiento monetario con una suba de encajes y las tasas hipotecarias se dispararon.
Además de que el sueldo de funcionario está lejos de ser suficiente para un crédito de ese monto, Furiase ya había tomado un crédito hipotecario en 2017, en el Banco Ciudad, por un equivalente a unos 106 mil dólares. Es decir que tiene espalda para pagar los dos préstamos al mismo tiempo.
Esta línea de crédito habilitaba la compra de primeras y segundas viviendas. Furiase no sólo tenía una vivienda a su nombre en Ramos Mejía, que está en su declaración jurada, sino que tenía dos casas. O sea que este préstamo fue para la tercera vivienda
Aunque el escándalo sigue creciendo, Javier Milei salió a defender a los tomadores de créditos con un argumento insólito: no mataron a nadie.
«Si un funcionario toma un crédito en el Banco Nación, la pregunta es ¿haber tomado ese crédito mató gente? O sea, ¿violenta el derecho a la vida? ¿mató gente?», preguntó el presidente en una entrevista con el albertista Antonio Aracre. «Primer punto de nuestros valores morales que definen la moral como política de Estado, no está vulnerado», argumentó Milei.
«Vamos al segundo punto: la libertad. ¿Alguien perdió la libertad por eso? Es decir, vos te podés seguir expresando, podés seguir caminando por tu calle, podés seguir haciendo negocios», continuó Milei, que agregó que tampoco se afectó «la propiedad» porque los créditos fueron con tasas a precios del mercado.
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