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Durante décadas, una acusación se repite con una seguridad que contrasta brutalmente con la fragilidad de sus pruebas: que la Argentina fue refugio del llamado “oro nazi”, que el Banco Central actuó como engranaje financiero del saqueo del Tercer Reich y que el país habría sido cómplice silencioso de uno de los mayores crímenes económicos del siglo XX. La afirmación circula como verdad revelada, pero cuando se la somete al examen de la documentación histórica, el relato empieza a resquebrajarse.
Eso es exactamente lo que demuestra la investigación “Transacciones del Banco Central de la República Argentina en oro y divisas con países del Eje y neutrales”, realizada por los historiadores Mario Rapoport y Andrés Musacchio en el marco de la Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades del Nazismo en la Argentina (CEANA). No se trata de una defensa política ni de una opinión ideológica, sino de un estudio riguroso basado en archivos oficiales del Banco Central, balances contables, libros de oro en custodia, documentación diplomática argentina y extranjera y el cruce sistemático con los informes de las comisiones investigadoras de Suiza y de Estados Unidos. La conclusión a la que llegan es tan clara como incómoda para los cultores del mito: no existen evidencias documentales de que el Banco Central argentino haya recibido oro nazi.
El primer problema del relato conspirativo es conceptual. El llamado “oro nazi” no es una categoría homogénea. Puede referirse al oro saqueado a las víctimas del nazismo, a las reservas de los bancos centrales de países ocupados, a las fortunas personales de jerarcas nazis en fuga o a depósitos bloqueados en países neutrales. Rapoport y Musacchio parten de esa distinción básica —habitualmente omitida— y siguen el rastro del oro allí donde necesariamente debería aparecer si la acusación fuera cierta: en los registros contables del Banco Central de la República Argentina.
Lo que encuentran es exactamente lo contrario de lo que promete la leyenda. Entre 1942 y 1948, los libros de “oro en custodia” y “oro en barras” del BCRA muestran que la Argentina no fue receptora, sino expulsora de oro. Las principales operaciones con bancos de países neutrales, especialmente Suiza y Portugal —señalados durante años como intermediarios privilegiados del oro nazi— registran salidas de oro desde Buenos Aires hacia el exterior, en particular hacia la Reserva Federal de Nueva York o hacia las casas centrales de esos bancos. Si la Argentina hubiera sido un destino del oro nazi, los registros mostrarían ingresos físicos relevantes. No los hay.
El caso suizo es especialmente revelador. Contra lo que sugiere el imaginario popular, los datos de la propia banca helvética, analizados por la Comisión Bergier, indican que durante la guerra Suiza fue compradora neta de oro argentino y que las transacciones con la Argentina representaron una fracción ínfima del total de sus operaciones. Más aún: la Argentina no compró oro a Suiza durante el período bélico, lo vendió. Es decir, el flujo va en sentido inverso al que exigiría cualquier hipótesis de “lavado” de oro nazi.
Con Portugal ocurre algo similar. Los registros del Banco de Portugal muestran que las operaciones consistieron básicamente en compras de oro argentino para su posterior traslado a la Reserva Federal estadounidense. Tampoco aquí aparece la Argentina como receptora de oro, sino como país del que el oro sale. Ninguna de estas operatorias responde al patrón esperable de un país que está recibiendo oro malhabido.
Otro dato que incomoda a los defensores del mito es el comercio. Durante la Segunda Guerra Mundial, el intercambio entre Argentina y Alemania se interrumpió por completo. Sin comercio regular, Alemania no tenía razón económica alguna para transferir oro a la Argentina. La hipótesis de una triangulación sistemática a través de países neutrales también se derrumba: la investigación sólo encuentra episodios marginales de contrabando, de escala reducida y sin participación de las máximas autoridades del Estado argentino. No hubo comercio triangular regular y, por lo tanto, no hubo financiamiento sistemático mediante oro.
No es casual que el mito del “oro nazi” haya sido dirigido casi exclusivamente contra el peronismo. La acusación no nació de una investigación histórica, sino de una necesidad política: construir un Perón ilegítimo, inmoral y criminal, incapaz de ser derrotado en el plano social pero vulnerable en el plano simbólico. El gorilismo necesitó presentar al primer gobierno peronista no como un proyecto de justicia social y soberanía económica, sino como una anomalía oscura, vinculada al fascismo europeo y financiada con riquezas malhabidas. En ese marco, el “oro nazi” funcionó como un arma narrativa perfecta: imposible de probar, pero fácil de repetir.
El trabajo de Rapoport y Musacchio deja al descubierto ese mecanismo con claridad demoledora. Cuando se revisan los archivos del Banco Central, el relato se cae. No aparece el oro, no aparece el flujo, no aparece la complicidad. Lo que sí aparece es una operación política clásica del antiperonismo: transformar la sospecha en certeza y la mentira en sentido común histórico.
La investigación no elude los puntos grises. Analiza los depósitos de ciudadanos alemanes incautados por el Estado argentino, los fondos de la embajada alemana tras la ruptura de relaciones y el célebre depósito de 40 lingotes vinculado a la empresa SAFU de Fritz Mandl. En ninguno de esos casos se encuentran pruebas de que se trate de “oro nazi”. En algunos, el origen no puede reconstruirse con precisión, pero el criterio metodológico es claro: la falta de información no equivale a culpabilidad. La historia no se escribe con conjeturas.
¿Por qué, entonces, el mito del oro nazi en la Argentina sigue circulando con tanta fuerza? Porque es funcional. Permite simplificar la historia, demonizar un proyecto político popular, justificar odios de clase y evitar discusiones más profundas sobre soberanía económica, distribución del ingreso y poder real. Es más cómodo repetir una acusación que revisar archivos.
La investigación de Rapoport y Musacchio demuestra que cuando se abandona la mitología y se entra en el terreno de la documentación, el relato se desinfla. No hubo un Banco Central argentino actuando como lavadora del saqueo nazi. No hubo un flujo sistemático de oro nazi hacia la Argentina. Hubo, sí, una mentira persistente, útil y gorila, que durante años intentó reemplazar a la historia. Y que, una vez más, no resiste el archivo.
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El equipo económico no terminó de recuperarse del estrés que pasó para conseguir los USD 4.300 millones del vencimiento de la semana pasada, que ya tiene que ocuparse de ver como transita una licitación clave el próximo miércoles, que supera los 20 millones de pesos, en otro de los puntos de mayor tensión financiera de lo que queda de enero.
El miércoles 14 vencen $19,3 billones correspondientes a dos Lecaps. Cerca de la mitad de ese monto está en manos del propio Estado, lo que reduce el riesgo inmediato. Pero el resto está en poder del mercado y obliga a renovar deuda en un contexto de tasas altas y expectativas inflacionarias en aumento.
A ese compromiso se suma el remanente de la letra dólar linked D16E6. El vencimiento original era de $6 billones. Pero el Gobierno logró postergar $3,4 billones hasta fin de mes mediante una operación de canje corto, lo que alivió parcialmente la carga del 14 de enero.
La maniobra se instrumentó a través de la Resolución Conjunta de las secretarías de Finanzas y Hacienda. Se dispuso la ampliación de la LELINK D30E6, con vencimiento el 30 de enero, por hasta USD 4.000 millones, para absorber la D16E6 que vencía originalmente el 14 de enero.
La conversión se apoya en la Ley de Presupuesto 2026 y en decretos que permite emitir letras para el mismo ejercicio y aceptar títulos como forma de pago, independientemente de la moneda.
Estos enjuagues acompañan un creciente interés de los operadores financieros por los bonos ajustados por inflación, un giro previsible ante la aceleración infalcionaria. Según IEB, estos instrumentos resultan más atractivos en un escenario de «desinflación más lenta» y son funcionales a estrategias de carry trade. Los operadores recomienda privilegiar bonos CER con vencimientos en diciembre y octubre de 2026, con rendimientos cercanos al 6%, y papeles al 2027 y 2028 en la zona que va del 7,5% a 8%.
El mercado empieza a priorizar los bonos ajustados por inflación, porque observan que la baja del ritmo inflacionario es más lenta de lo esperado. Los operadores recomienda privilegiar bonos CER con vencimientos en diciembre y octubre de 2026, con rendimientos cercanos al 6%, y papeles al 2027 y 2028 en la zona que va del 7,5% a 8%.
Así, el calendario de deuda en pesos volvió a convertirse en una trampa que el propio Gobierno se colocó delante. Mes a mes, el Tesoro fue acumulando compromisos crecientes, con picos previsibles. Una estrategia que fue procastinando el problema.
El primer semestre muestra una dinámica irregular, con saltos fuertes al inicio del año y un alivio hacia el invierno. La segunda mitad del año arranca con un respiro engañoso. Julio es casi un desierto y agosto apenas mueve la aguja. Septiembre reaparece con señales de alerta, pero todavía manejables. Octubre y noviembre vuelven a tensar la cuerda. Diciembre, en cambio, es otra cosa. No es un pico más. Es una pared.
La acumulación de vencimientos se dispara en el último mes del año y concentra una masa de deuda que el propio esquema oficial decidió llevar hasta ahí. No es herencia ni mala suerte: es diseño. Una pared construida con instrumentos en pesos, indexados y de corto vuelo. El problema no es solo el monto, sino el contexto. Llegar a diciembre exige haber renovado todo lo previo sin fisuras, sostener tasas altas, convivir con indexaciones y confiar en que el mercado siga acompañando. Cualquier ruido antes de fin de año convierte ese mes en un test de estrés extremo.
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