En medio del escándalo por créditos hipotecarios otorgados a dirigentes libertarios, salió a la luz un dato que vuelve a poner en discusión el uso del Banco Nación: Carolina Píparo canceló una deuda cercana a los 50 mil dólares apenas iniciado el gobierno de Milei.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La revelación no es menor ni aislada. Según datos oficiales de la Central de Deudores del Banco Central, la dirigente Carolina Píparo registraba compromisos financieros por alrededor de 60 mil dólares que se redujeron prácticamente a cero en diciembre de 2023, justo cuando asumió Javier Milei.
Aunque cancelar deudas no constituye un delito en sí mismo, el timing del movimiento financiero encendió alertas en un contexto ya atravesado por denuncias sobre supuestos beneficios para funcionarios del oficialismo.
Un dato que se suma al escándalo del Banco Nación
El caso de Píparo no aparece en el vacío. Forma parte de una polémica mayor vinculada a los denominados créditos hipotecarios “VIP” otorgados a dirigentes de La Libertad Avanza, que generaron cuestionamientos sobre posibles privilegios en el acceso al financiamiento estatal.
La información surge de registros públicos procesados por herramientas que permiten visualizar la evolución de las deudas de funcionarios. Allí fue donde comenzaron a detectarse movimientos llamativos en cuentas de dirigentes oficialistas, entre ellos el abrupto saneamiento financiero de Píparo.
Lo que profundiza el conflicto es que, lejos de mantenerse al margen, Píparo fue designada como directora del Banco Nación, es decir, pasó a ocupar un rol clave dentro de la misma institución que hoy está bajo sospecha.
De deudora a garante de “transparencia”
El contraste resulta difícil de ignorar. La dirigente, con formación en trabajo social y trayectoria política, quedó al frente de una entidad financiera de peso sin experiencia técnica específica en el sector bancario, lo que ya había generado críticas previas.
Ahora, el foco se traslada a su situación patrimonial: cancelar una deuda significativa justo en el inicio de una gestión que hoy es investigada por posibles beneficios financieros a funcionarios abre interrogantes inevitables.
Porque el punto no es únicamente si la operación fue legal —que lo es—, sino si existieron condiciones privilegiadas, acceso diferencial al crédito o información anticipada que expliquen la rapidez del saneamiento.
El modelo libertario bajo la lupa
Este episodio vuelve a alimentar una discusión más amplia sobre el funcionamiento del gobierno de Milei: un esquema que prometía terminar con los privilegios de la “casta” pero que acumula cuestionamientos por prácticas que parecen reproducirlos.
La combinación de funcionarios beneficiados, movimientos financieros sospechosos y designaciones en organismos clave configura un escenario que, lejos de disipar dudas, las profundiza.
En definitiva, el caso Píparo no es un hecho aislado sino una pieza más en un rompecabezas que empieza a mostrar patrones. Y en política, cuando los patrones se repiten, dejan de ser casualidad.
Esta semana Argentina tuvo que importar electricidad desde Uruguay para evitar un colapso energético, por el pico de calor. Así lo publicaron distintos medios en el país vecino.
La decisión desnuda una falta de previsión -o negocio- que le cuesta carísimo al Estado argentino, porque se paga una fortuna por electricidad que Uruguay produce con el gas barato que exporta Argentina desde Vaca Muerta.
El episodio ocurrió este miércoles en la franja más sensible del sistema. Entre las 19:12 y las 22 horas se importaron unos 830 MW, sumando a la potencia transferida desde Brasil. Para dimensionarlo: ese volumen representa cerca de la mitad de la demanda uruguaya en ese momento. Es decir, el rescate energético implicó que el vecino país destinara una porción significativa de su propio consumo para sostener al sistema argentino. Y así lo cobró.
Un dato llamativo aparece cuando se miran los números locales. La demanda máxima del día apenas superó los 20.000 MW. Sin embargo, el sistema argentino tiene capacidad instalada para generar hasta 30.000 MW. No faltó capacidad instalada. Lo que falló fue la coordinación, el despacho y la previsión. Una estructura que, en el momento clave, no logró responder. El episodio ya es una constante en la actual administración.
El episodio ocurrió este miércoles en la franja más sensible del sistema. Entre las 19:12 y las 22 horas se importaron unos 830 MW. Argentina pagó por esa energía importada valores que rondan entre los 150 y 200 dólares por MWh. El doble que la generación nacional promedio.
Argentina pagó por esa energía importada valores que rondan entre los 150 y 200 dólares por MWh. El doble que la generación nacional promedio. Esa electricidad, además, se genera, en parte con gas argentino.
El gas de Vaca Muerta se exporta a Uruguay, a través de acuerdos como el que mantiene Pan American Energy con la estatal uruguaya UTE, precios cercanos a los 3,5 dólares por millón de BTU, por debajo de los casi 5 dólares que se pagan en el mercado doméstico.
Con ese insumo, la central térmica de Punta del Tigre produce electricidad que luego se vende de regreso a la Argentina a precios varias veces superiores.
La ecuación es difícil de justificar. Argentina exporta gas barato y reimporta energía eléctrica cara producida con ese mismo recurso. En los hechos, subsidia el insumo y paga el valor agregado. Una lógica invertida que se vuelve más visible en momentos de estrés del sistema.
En el trasfondo, el manejo del SADI vuelve a quedar bajo cuestionamiento. La previsión de la demanda, la disponibilidad efectiva de generación y la coordinación regional no lograron alinearse. No fue una falla estructural. Fue una secuencia de decisiones que derivó en una importación evitable.
«Hay que apurar la comisión de interconexión. Le vendemos gas barato de Vaca Muerta para que generen en Punta del Tigre y después nos venden la electricidad carísima. Es un cuadrilátero que ya pagamos», explicó a LPO una fuente del sector.
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