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El gobierno de Milei avanzó un paso más en la entrega de las áreas sensibles del Estado a los intereses privados: designó al ahora ex CEO de OSDE como máxima autoridad de la ANMAT, el organismo encargado de controlar medicamentos, vacunas, alimentos y tecnologías sanitarias. Un nombramiento que despierta serias sospechas por los conflictos de intereses y los antecedentes del sector.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La decisión quedó formalizada este lunes con la publicación del Decreto 3/2026, mediante el cual Milei aceptó la renuncia de Nélida Agustina Bisio y designó a Luis Eduardo Fontana como nuevo Administrador Nacional de la ANMAT, un organismo clave dentro del sistema de salud pública. No se trata de un cargo menor: la ANMAT tiene bajo su responsabilidad el control y la fiscalización de medicamentos, vacunas, alimentos, productos médicos y tecnologías sanitarias, funciones que quedaron especialmente bajo la lupa tras el escándalo del fentanilo.
La elección de Fontana, de 71 años, no es inocente ni técnica. Fontana es el reciente CEO de OSDE, una de las principales prepagas del país, beneficiada de manera directa por la desregulación del sector impulsada por el propio Milei a través del DNU 70/23. En otras palabras, el gobierno colocó a un representante del negocio privado de la salud a controlar un organismo que debería actuar como contrapeso y garante del interés público.
El Estado regulador en manos del mercado
Con este nombramiento, el Ejecutivo refuerza una lógica que ya es marca registrada de la gestión Milei: vaciar al Estado desde adentro y ponerlo al servicio de las corporaciones. La ANMAT no solo autoriza medicamentos y vacunas, sino que define estándares de seguridad, evalúa riesgos sanitarios y puede frenar productos peligrosos. Entregar ese poder a alguien con intereses directos en el sistema privado de salud rompe cualquier principio de independencia regulatoria.
La preocupación no es teórica. OSDE fue protagonista central de los aumentos desmedidos en las cuotas de la medicina prepaga durante el primer semestre de 2024, con subas de hasta 400%, habilitadas por la desregulación total del sector. En ese contexto, una jueza federal, María Caccioppoli, falló a favor de las personas afiliadas y ordenó la devolución de los incrementos, además de pedir que se investigara un posible accionar delictivo de los directivos de OSDE.
OSDE, negocios cruzados y causas judiciales
El fallo de Caccioppoli fue incómodo para el poder económico. Tanto, que la jueza terminó siendo apartada de la causa luego de que OSDE la recusara. Según denunciaron abogadas que representan a personas afiliadas, el apartamiento estuvo directamente vinculado con su decisión de enfrentarse a la corporación y proteger, en su mayoría, a personas jubiladas afectadas por los aumentos.
Detrás de OSDE hay una estructura que dista mucho de la imagen de “prepaga solidaria” que intenta mostrar. Aunque se presenta como empresa de medicina prepaga, OSDE tiene la figura jurídica de una obra social sin fines de lucro, lo que le permite no pagar impuestos como Ganancias o Ingresos Brutos. Sin embargo, administra un presupuesto mensual cercano a los 360 millones de dólares y funciona como un “financiador puro” del sistema, contratando prestaciones a empresas privadas muchas veces vinculadas a sus propios directivos.
En ese entramado aparecen sociedades compartidas, clínicas, prestadoras y empresas de importación de tecnología médica donde se repiten los mismos nombres: directivos de OSDE que, a la vez, son proveedores del sistema. Fontana no es ajeno a ese esquema, y su desembarco en la ANMAT despierta alertas inevitables.
Un mensaje político claro
El mensaje del gobierno es contundente: el control estatal es un obstáculo a remover, no una herramienta para cuidar a la población. Colocar al ahora ex CEO de una prepaga en la conducción del organismo que debe regular medicamentos y tecnologías sanitarias no es una casualidad ni un error de cálculo. Es una definición ideológica.
Mientras Milei habla de “libertad”, el Estado queda capturado por los mismos actores que deberían ser controlados. La ANMAT, una institución clave para la salud pública, pasa a estar conducida por alguien con intereses directos en el negocio sanitario privado. Una decisión peligrosa, que expone hasta qué punto este gobierno está dispuesto a subordinar la salud de la población a las reglas del mercado.
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Donald Trump insiste en su intención de comprar Groenlandia para ocuparla y garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos. La tensión con la isla danesa es total y ponen el alerta a Europa y la OTAN.
En ese marco, Trump dijo en un breve diálogo con periodistas se burló de las defensas de la isla, diciendo que sólo consistían en «dos trineos tirados por perros».
Esta provocación confirma que lo que sugirió el presidente de Estados Unidos de tomarla por la fuerza es algo que está en los planes de la Casa Blanca, sobre todo luego del éxito de la captura de Nicolás Maduro.
Con este cuadro, la OTAN y el Gobierno de Groenlandia declararon el lunes que tienen la intención de trabajar para reforzar la Defensa del territorio autónomo danés, con la esperanza de disuadir a Trump de anexarse la isla.
Ante la perspectiva de una anexión por la fuerza, el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, ha depositado sus esperanzas en la OTAN. «Nuestra seguridad y Defensa pertenecen a la OTAN. Esa es una línea fundamental y firme», afirmó Nielsen en un post en las redes sociales.
Por tanto, su Gobierno «trabajará para garantizar que el desarrollo de la Defensa en Groenlandia y sus alrededores tenga lugar en estrecha cooperación con la OTAN, en diálogo con nuestros aliados, incluido Estados Unidos, y en cooperación con Dinamarca», añadió.
El jefe de la OTAN, Mark Rutte, también declaró que la alianza estaba trabajando en «los próximos pasos» para reforzar la seguridad en el Ártico. Diplomáticos de la OTAN afirman que algunos miembros de la Alianza están barajando ideas, entre ellas la posibilidad de lanzar una nueva misión en la región.
Nuestra seguridad y Defensa pertenecen a la OTAN. Esa es una línea fundamental y firme
Las discusiones están en una fase inicial y no hay propuestas concretas sobre la mesa hasta el momento, dicen. Trump insiste en que Groenlandia debe quedar bajo control estadounidense, argumentando que el territorio autónomo danés es crucial para la seguridad nacional. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió que si Washington sigue adelante con un ataque armado contra Groenlandia supondría el fin de la OTAN.
Mark Rutte, secretario general de la OTAN.
En un intento de apaciguar a Washington, Copenhague invirtió mucho en seguridad en la región, destinando unos 90.000 millones de coronas (11.000 millones de euros) en 2025. Groenlandia, donde viven unas 57.000 personas, es inmensa y cuenta con importantes recursos minerales, la mayoría sin explotar, y se considera estratégicamente situada.
Desde la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, la isla albergó varias bases militares estadounidenses, pero sólo queda una. Según Rutte, Dinamarca no tendría ningún problema con una mayor presencia militar estadounidense en la isla. En virtud de un tratado de 1951, actualizado en 2004, Estados Unidos podría simplemente notificar a Dinamarca si desea enviar más tropas.
Dinamarca también está trabajando en el frente diplomático, y se espera que esta semana se celebre una reunión entre representantes daneses y groenlandeses y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
Según informan los medios de comunicación estadounidenses y daneses, la reunión tendrá lugar el miércoles en Washington. El ministro danés de Asuntos Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, publicó el lunes una foto de una reunión con su homólogagroenlandesa, Vivian Motzfeldt.
Al parecer, Dinamarca quiere presentar un frente unido con los dirigentes del territorio autónomo antes de la reunión con los representantes estadounidenses. Los medios de comunicación daneses informaron la semana pasada de una tensa videoconferencia entre legisladores daneses y sus homólogos groenlandeses sobre cómo negociar con Washington.
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