El pacto de impunidad del gobierno de Javier Milei con los jueces de Comodoro Py avanzó este miércoles con la designación como jueza federal de Ana Juan, la esposa del juez Marcelo Martínez De Giorgi que hace doce días falló a favor del presidente en la causa Libra.
El gobierno publicó el decreto que oficializa a Ana Juan como nueva jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, que fue creado en 2015 pero todavía no fue habilitado por la Corte Suprema.
Justamente ese fue el argumento que había utilizado Juan Bautista Mahiques para justificar el freno al pliego de Ana María Micheli, la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. «El cargo de Micheli es un tribunal que no está habilitado, el de ella como el de otros candidatos propuestos. Es un juzgado que todavía tiene que crear la Corte. El Consejo de la Magistratura tiene que iniciar un proceso para buscar edificio, acondicionarlo, poner mobiliario y tecnología. Es un proceso largo, hay varios tribunales y juzgados sin habilitar hace tiempo», dijo el ministro hace un mes.
La flamante jueza Ana Juan
El juzgado de Ana Juan está en la misma situación que el de Micheli, pero parece que no fue impedimento para que Milei la designe jueza. Esto lleva a pensar que en realidad el gobierno utilizó el pliego como moneda de cambio para que Martínez De Giorgi voltee la causa Libra.
El 3 de julio pasado Martínez De Giorgi dejó en terapia intensiva
la causa por la estafa con la criptomoneda Libra
al apartar -a pedido de los acusados- a todos los querellantes que representaban a los damnificados y daban impulso a la investigación ante la inacción del fiscal Eduardo Taiano.
Martínez De Giorgi es el principal aliado de Ariel Lijo en Comodoro Py, donde hay sospechas de un acuerdo del juez con Mahiques durante el viaje que compartieron a París. Tras ese encuentro internacional, el gobierno avanzó con el pliego de Tomás Rodríguez Ponte, secretario y protegido de Lijo. Además, la causa Adorni parece haber entrado en un letargo tras meses de filtraciones diarias.
El juzgado de Ana Juan está en la misma situación que el de Micheli, pero parece que no fue impedimento para que Milei la designe jueza. Esto lleva a pensar que en realidad el gobierno utilizó el pliego como moneda de cambio para que Martínez De Giorgi voltee la causa Libra
Como contó LPO, el gobierno ya está trabajando en el siguiente paso para garantizar la impunidad de la causa Libra con el envío de los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi para que integren la Sala I de la Cámara Federal porteña, que será la encargada de tratar las apelaciones a la decisión de Martínez De Giorgi.
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Metrogas aprobó el reparto de dividendos por primera vez en 25 años mientras mantiene una deuda millonaria con Enarsa, la empresa de energía del Estado, por el gas suministrado durante los últimos años.
La asamblea de accionistas aprobó la distribución de $65.000 millones en dividendos, el primer reparto desde 2001. La decisión se apoya en las ganancias acumuladas tras la mejora de los resultados financieros de la compañía, favorecida por la recomposición tarifaria y la desregulación del sector. El problema es que le debe casi exactamente esa cifra a la estatal Enarsa por compras de gas no pagadas.
El desembolso también se apuró para que se realice antes que se concrete la privatización en marcha del paquete que tiene YPF en la empresa. La operación sería ilegal, porque necesitaría la aprobación formal de la Secretaría de Energía y el Enargas.
Los balances muestran que Metrogas todavía arrastra una importante deuda con la estatal Energía Argentina (Enarsa). El 3 de septiembre de 2025 la empresa firmó un acuerdo para cancelar los montos adeudados por provisión de gas correspondientes al período comprendido entre agosto de 2019 y septiembre de 2023, incluyendo intereses devengados hasta el 31 de julio de 2025 e impuestos. El saldo consolidado alcanzó los $67.557 millones.
La decisión de repartir dividendos por casi los mismos 60 mil millones que Metrogas le debe a la estatal Enarse, se parece bastante a un vaciamiento justo antes de su privatización.
La decisión de repartir dividendos por casi el mismo monto que la empresa debe al Estado se parece bastante a un vaciamiento justo antes de su privatización.
El acuerdo para pagar la deuda que se firmó en su momento estableció que la mitad de esa deuda sería cancelada con los fondos obtenidos mediante un préstamo sindicado. El 50% restante quedó refinanciado en nueve cuotas trimestrales y consecutivas, con vencimientos que se extienden hasta noviembre de 2027. El cronograma prevé dos cuotas iniciales del 5%, una tercera del 8%, dos pagos del 11% durante 2026 y cuatro cuotas finales del 15% cada una durante 2027. Mientras tanto, el saldo pendiente continúa generando intereses a una tasa equivalente a TAMAR más un margen del 8,15% anual.
Ese dato es el que alimenta los cuestionamientos regulatorios. En el sector sostienen que la distribución de dividendos no resulta consistente con una empresa que todavía mantiene un acuerdo de pago vigente con una compañía estatal. «Como mínimo, la Secretaría de Energía y el Enargas tendrían que haber revisado esta decisión antes de autorizar el reparto. No es una situación habitual que una distribuidora distribuya utilidades mientras mantiene este nivel de deuda con Enarsa», explicó a LPO una fuente del sector.
No se trata de una prohibición expresa, sino de un criterio regulatorio. En un servicio público, el regulador suele priorizar que las empresas cumplan con sus obligaciones financieras, sostengan las inversiones y garanticen la prestación antes de girar fondos a los accionistas.
La decisión además coincide con el proceso de venta de Metrogas. YPF controla indirectamente la distribuidora a través de Gas Argentino S.A. (GASA) y contrató al Banco Santander para desprenderse de esa participación. Sin embargo, el proceso perdió a uno de los interesados más importantes cuando el grupo Neuss resolvió retirarse de la compulsa, reduciendo la lista de potenciales compradores. En carrera quedan Jose Luis Manzano, Manuel Santos Uribelarrea y Alberto Pierri.
Como mínimo, la Secretaría de Energía y el Enargas tendrían que haber revisado esta decisión antes de autorizar el reparto. No es una situación habitual que una distribuidora distribuya utilidades mientras mantiene este nivel de deuda con Enarsa.
En el mercado suele darse por descontado que YPF está obligada a vender Metrogas por las incompatibilidades previstas en la Ley del Gas. Sin embargo, esa interpretación no es unívoca. Jurídicamente, la petrolera podría conservar el activo si así lo decidiera.
El principal argumento es que la Resolución I-2566/2013 de Enargas, que autorizó la adquisición del control de Gas Argentino S.A., continúa plenamente vigente. Ese acto administrativo consolidó la propiedad de YPF sobre Metrogas y nunca fue anulado por la Justicia. Tampoco existe una sentencia firme que ordene desprenderse de esas acciones ni una resolución que disponga una venta compulsiva.
En los hechos, los planteos regulatorios formulados en los últimos años consistieron en intimaciones para adecuar la estructura societaria y abrir instancias de negociación, pero no constituyen una orden de liquidación forzosa. A eso se suma otro argumento que esgrimen especialistas: tras la expropiación de YPF en 2012, las normas específicas que regulan a la petrolera bajo control estatal pueden prevalecer transitoriamente sobre las restricciones generales de la Ley 24.076 cuando está comprometido un activo considerado estratégico.
Por eso, la salida de Metrogas responde hoy más a una decisión política y empresaria que a una obligación legal inmediata. Mientras tanto, los accionistas cobrarán dividendos, pese a que la deuda por casi exactamente el mismo monto sigue sin saldar.
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