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La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina informa que los días martes y jueves se brindarán clases de apoyo escolar de Ciencias Sociales y Literatura del nivel secundario en la Biblioteca Crecer Juntos de barrio Nuevo a cargo del profesor Federico Minor.
Para consultas de horarios, llamar al 2984 673690 o bien dirigirse a Santa Cruz 276.
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La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina recuerda a artistas y a grupo de artistas de la ciudad que se pueden inscribir en el Registro Municipal de Artistas Reginenses que concentra la información de todas las expresiones artísticas existentes. Deben hacerlo en la página web de la Municipalidad a través del siguiente…
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Desde 1823 hasta hoy, la Doctrina Monroe funcionó como coartada ideológica para justificar invasiones, golpes de Estado, bloqueos económicos y condicionamientos políticos sobre América Latina. Un repaso histórico, crítico y documentado de una política imperial que sigue vigente y que hoy vuelve a exhibirse en el respaldo de Washington a Milei y en el grave episodio denunciado por Venezuela como el secuestro de Nicolás Maduro.
Por Alcides Blanco para NLI
La llamada Doctrina Monroe, formulada en 1823 por el entonces presidente estadounidense James Monroe, suele presentarse en los manuales como una advertencia contra el colonialismo europeo en el continente. Sin embargo, desde sus primeros usos reales, funcionó como una autoproclamación de tutela: América no sería para los pueblos americanos, sino para los intereses de Washington. En un contexto en el que Estados Unidos aún no era potencia global, la doctrina operó como una declaración de intenciones a largo plazo, que se consolidaría con el crecimiento económico, militar y financiero del país del norte.
A fines del siglo XIX, tras la guerra contra España y la ocupación de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, la Doctrina Monroe dejó de ser una consigna diplomática para convertirse en una herramienta activa de dominación regional, reforzada luego por el llamado Corolario Roosevelt, que legitimó la intervención directa en países latinoamericanos ante cualquier situación que Washington considerara una “amenaza”.
Durante el siglo XX, la Doctrina Monroe fue el marco político que permitió una seguidilla de intervenciones directas e indirectas. En 1954, el gobierno democrático de Jacobo Árbenz en Guatemala fue derrocado tras una operación organizada por la CIA para proteger intereses corporativos estadounidenses. En 1964, Estados Unidos respaldó el golpe militar en Brasil; en 1973, jugó un rol decisivo en el derrocamiento y asesinato de Salvador Allende en Chile; en 1976, apoyó activamente a la dictadura argentina.
Estos procesos no fueron excepciones, sino parte de una política sistemática: cuando un gobierno latinoamericano intentó desarrollar un camino autónomo, redistribuir riqueza o controlar recursos estratégicos, la respuesta fue la desestabilización. Golpes, sabotajes económicos, operaciones psicológicas y financiamiento a sectores opositores fueron prácticas recurrentes.
En los años setenta, la Doctrina Monroe se tradujo en su versión más brutal con la Operación Cóndor, una coordinación represiva entre dictaduras del Cono Sur, con apoyo logístico, tecnológico y de inteligencia de Estados Unidos. Miles de militantes políticos, sindicales y sociales fueron secuestrados, torturados y asesinados en nombre de la “lucha contra el comunismo”.
Lejos de ser un desvío, este entramado represivo fue funcional a la imposición de un nuevo modelo económico: apertura irrestricta, endeudamiento externo y destrucción del aparato productivo nacional. La violencia política fue el complemento necesario del saqueo económico.
Con el fin formal de la Guerra Fría, Estados Unidos no abandonó su política de injerencia, sino que la adaptó. Las invasiones militares dieron paso, en muchos casos, al disciplinamiento financiero, las sanciones económicas, el endeudamiento condicionado y el uso de organismos internacionales como herramientas de presión.
En América Latina, esta etapa incluyó bloqueos como el impuesto a Cuba y Venezuela, persecuciones judiciales selectivas contra líderes populares —el llamado lawfare— y el financiamiento de proyectos políticos alineados con la agenda de Washington. La Doctrina Monroe mutó, pero nunca desapareció.
El caso de Bolivia es uno de los ejemplos más claros del intervencionismo estadounidense en el siglo XXI, adaptado a nuevas formas. En 2019, el presidente Evo Morales, primer mandatario indígena del país y artífice de un proceso de nacionalización de recursos estratégicos —en especial el gas y el litio— fue forzado a renunciar tras una operación de desestabilización política, mediática e institucional.
El rol de la Organización de Estados Americanos, alineada históricamente con la política exterior de Washington, fue clave. Un informe preliminar sin sustento técnico sobre supuestas irregularidades electorales fue utilizado como excusa para legitimar un golpe de Estado que derivó en la instalación de un gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez, inmediatamente reconocido por Estados Unidos.
Durante el régimen posterior al golpe, Bolivia vivió masacres en Sacaba y Senkata, persecución judicial contra dirigentes del Movimiento al Socialismo y una política de alineamiento total con Washington. El objetivo fue claro: interrumpir un proyecto soberano y disciplinar a un país que había decidido controlar sus recursos naturales y construir alianzas fuera del eje estadounidense.
En Ecuador, la Doctrina Monroe se expresó a través de una modalidad cada vez más frecuente: la persecución judicial selectiva. Tras una década de gobierno de Rafael Correa, marcada por la recuperación del rol del Estado, la reducción de la pobreza y una política exterior autónoma, se desplegó una ofensiva para borrar políticamente a su principal referente.
Correa fue víctima de un proceso de lawfare que incluyó causas judiciales armadas, condenas sin pruebas materiales sólidas y la imposibilidad de presentarse a elecciones. Todo ocurrió bajo el gobierno de Lenín Moreno, quien llegó al poder con un discurso de continuidad pero rápidamente giró hacia un alineamiento pleno con Estados Unidos, restaurando acuerdos militares, entregando información estratégica y revirtiendo políticas soberanas.
La persecución contra Correa no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia regional: neutralizar líderes populares sin necesidad de tanques en la calle, usando tribunales, medios concentrados y presión internacional.
El caso de Brasil es otro capítulo central del intervencionismo contemporáneo. Luiz Inácio Lula da Silva, líder histórico del Partido de los Trabajadores y dos veces presidente, fue encarcelado en 2018 tras un proceso judicial plagado de irregularidades, que luego serían reconocidas incluso por la propia Justicia brasileña.
La causa que llevó a Lula a prisión se construyó sin pruebas directas y tuvo como resultado inmediato su proscripción electoral, allanando el camino para el triunfo de Jair Bolsonaro, un dirigente alineado ideológicamente con Washington y funcional a sus intereses geopolíticos y económicos.
Años más tarde, quedó demostrado que el proceso contra Lula estuvo atravesado por coordinación entre jueces, fiscales y actores externos, incluyendo cooperación informal con agencias estadounidenses. El objetivo fue inequívoco: desarticular un proyecto político autónomo que había fortalecido la integración regional, los BRICS y la independencia económica de Brasil.
Venezuela se convirtió en uno de los principales blancos de esta política en el siglo XXI. Desde la llegada de Hugo Chávez y la recuperación del control estatal sobre el petróleo, Estados Unidos desplegó una estrategia de hostigamiento constante: sanciones económicas, intentos de aislamiento diplomático, reconocimiento de autoridades paralelas y amenazas militares explícitas.
En las últimas horas, el gobierno venezolano denunció un hecho de extrema gravedad: el secuestro del presidente Nicolás Maduro en el marco de una operación atribuida a fuerzas estadounidenses. Más allá de la versión que intenta instalar Washington, el episodio fue calificado por Caracas y por diversos actores internacionales como una violación flagrante de la soberanía y un regreso abierto a las prácticas más crudas del intervencionismo.
En este contexto regional, la Argentina atraviesa una etapa de subordinación explícita. Durante el proceso electoral que llevó a Milei al poder, el respaldo político y económico de Estados Unidos fue público y determinante. Señales financieras, gestos diplomáticos y apoyos externos funcionaron como un mensaje claro al sistema local: había un candidato alineado con los intereses de Washington.
Lejos de ocultarlo, Milei celebró ese respaldo y adoptó una política exterior de alineamiento automático, avalando sanciones, intervenciones y acciones que históricamente el peronismo y los movimientos nacionales habían cuestionado. El resultado es una Argentina que renuncia a la autonomía regional y se reubica, sin negociación alguna, dentro del esquema de la Doctrina Monroe.
A más de doscientos años de su formulación, la Doctrina Monroe sigue viva. Cambió de formas, de discursos y de métodos, pero mantiene intacto su núcleo: América Latina como zona de influencia exclusiva de Estados Unidos. Desde los golpes militares del siglo XX hasta el condicionamiento económico y las operaciones encubiertas del presente, la lógica es la misma.
La historia demuestra que cada vez que un país latinoamericano intentó salirse de ese corset, la respuesta fue la presión, la desestabilización o la violencia. Entender ese recorrido no es un ejercicio académico: es una condición necesaria para defender la soberanía, la democracia real y el derecho de los pueblos a decidir su propio destino.
Después de semanas de caos por las demoras y los vuelos cancelados de Flybondi, el gobierno nacional simuló una reacción ante las críticas por no hacer nada y le labró «actas de infracción» a la low cost de Leonardo Scatturice.
La Secretaría de Transporte y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) anunciaron la medida, que en los hechos no tiene ninguna implicancia salvo el apercibimiento y la apertura de un sumario.
«Las actas de infracción son instrumentos administrativos labrados por funcionarios habilitados que certifican acciones inapropiadas u omisiones en la prestación del servicio. Su aplicación da inicio a un sumario administrativo y, en caso de comprobarse responsabilidades, las sanciones pueden ir desde multas económicas hasta la suspensión o cancelación de la autorización para operar servicios aerocomerciales», informó la ANAC.
Flybondi canceló 200 vuelos en lo que va de enero y critican al gobierno por no hacer nada
Se trata de un llamado de atención que parece poco ante el desastre que está generando Flybondi a miles de pasajeros en todo el país. El gobierno recién reaccionó cuando el tema llegó a los medios masivos, que empezaron a mostrar los problemas en Aeroparque.
Hace un año el gobierno nacional también había simulado una reacción ante Flybondi y la intimó a que presente un plan para mejorar el servicio. En el sector aerocomercial dicen que Flybondi presentó un plan flojo de papeles con medidas que ya venía anunciando, como la incorporación de nuevos aviones, y que nunca lo cumplió.
En lo que va de enero, apenas dos semanas, la low cost canceló 221 vuelos y otros 399 tuvieron demoras de más de media hora, según los datos del sitio Failbondi.
En lo que va de enero, apenas dos semanas, la low cost canceló 221 vuelos y otros 399 tuvieron demoras de más de media hora
Pero el problema ya viene desde diciembre, cuando hubo decenas de vuelos cancelados y miles de pasajeros afectados en fechas sensibles como las Fiestas de fin de año y el inicio de las vacaciones.
Como contó LPO, fuentes del sector aeronáutico indicaron que Flybondi tuvo que parar algunos aviones por cuestiones técnicas y nunca cumplió con las promesas de traer al país nuevas aeronaves. Sospechan, además, que hubo sobreventas de pasajes.
Flybondi fue comprada el año pasado por COC Global Enterprise, un fondo estadounidense propiedad de Leonardo Scatturice, empresario cercano al gobierno de Javier Milei que también se quedó con OCA y cerró varios negocios con el Estado.
