CALHAMBRE ECONÓMICO

¿Cómo salir de la disyuntiva entre lo elástico y lo duro? Las sustancias que constituyen la materia poseen cualidades que las acercan o alejan de ciertos principios de consistencia.

Lo que aquí nos preocupa es la propiedad de flexibilidad en las sociedades y en las leyes.

¿Hasta que punto una ley se petrifica y deja de ser funcional a los intereses de una comunidad? ¿Hasta cuándo es soportable la rigidez de las instituciones? ¿Cómo pueden coexistir lo blando y lo duro en los patrones Cambiantes que permiten la subsistencia?



Si pretendiésemos dar un ejemplo desde el cuerpo, la flexibilidad se expresa con claridad durante el embarazo, durante el comienzo de una nueva vida. La mujer embarazada debe adaptar su útero y organismo de una manera fenomenal para alojar y permitir que el bebé crezca dentro de ella.

Por otro lado, la rigidez nos contecta con la parálisis y el miedo, forma parte de una defensa ante amenazas, y también una señal desde las entrañas de la muerte. De hecho, uno de los signos que nos orientan y definen a la muerte es justamente la rigidez cadavérica.

Pero no podemos obviar que lo rígido, por otro lado, representa la solidez que algunas estructuras precisan para mantener su funcionamiento, como puede ser un hueso, el caparazón de una tortuga, las paredes de un Hospital, o los preceptos de un protocolo.

Lo duro y lo blando coexisten en los procesos de transformación y conservación de la materia y las organizaciones. Ahora, si nos dirigimos hacia lo simbólico, la consistencia lógica, o metalógica se define cuando la propiedad de ciertos conjuntos o fórmulas no reviste contradicción.

Pero la contradicción no cesa de aparecer, y es ahí que la contracción del tiempo con sus horarios reducidos de salida y apertura de negocios nos hace recuestionarla; al contrario, el espacio se expande y la aglomeración de personas aumenta, más allá del distanciamiento social que se pueda implementar…

Entre tanto, la rigidez en la contracción del tiempo facilita que las personas (ya entrado el invierno) estén más tiempo expuestas al frío por las colas de espera.

La contracción, además, se dio en la economía por el parate en el trabajo, en contraposición a la salud que se expandió en medidas de seguridad sanitaria. Promoviéndose así, un calhambre económico que aumentó los niveles de pobreza y precariedad, manifestándose en el incremento de concurrencia para el acceso a los alimentos en centros solidarios.

Si antes ya venía contracturada la economía, ahora sufrió un calhambre difícil de sostener. Una aproximación al calhambre ya lo vimos en una nota anterior (aunque con otras connotaciones) en la llamada «Calambre del indio comahue», por cierto mal llamado indio, probablemente propiciado por la blanquidad paternalista y hegemónica proveniente del colonialismo europeo.

Actualmente, pero siguiendo con el mismo patrón…, una «h» se entrometió para demostrarnos que los más vulnerables ante cualquier situación crítica, por lo general: terminan siendo los más perjudicados.

Entonces, analizamos a partir de la metalógica o la lógica de la consistencia, las contradicciones que se consolidan entre un durísimo tiempo contraído por medidas de aparente protección, y un espacio elongado que es ocupado masivamente por personas. La dureza de la economía se convirtió en un calhambre que impidió el elástico movimiento del trabajo, y que de a poco parece reactivarse; al contrario, la salud se tornó flexible para reaprender y tratar de forma desgastante y permanente a la pandemia… Por último, dicha metalógica nos favoreció recuestionarnos sobre las implicancias en la dinámica de lo blando y lo duro de la ley, las instituciones y los patrones de subsistencia cambiantes de la sociedad.

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  • Milei le quitó al Instituto de la Yerba toda capacidad de intervenir en el mercado y fijar precios

     

    Javier Milei dispuso una nueva restricción sobre el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), creado en 2002 para regular la actividad. A través del Decreto 812, firmado por el Presidente, se modificó el marco vigente y establece que el organismo no podrá adoptar medidas que afecten precios, competencia u oferta y demanda.

    De este modo, el gobierno le quita de manera completa al sector yerbatero su facultad de intervenir y fijar precios. El decreto lleva la firma de Milei, del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y del ministro de Economía, Luis Caputo.

    La nueva normativa reescribe gran parte del decreto 1240/02 que reglamenta las funciones y atribuciones del organismo y lo deja sin la capacidad de fijar precios de referencia por la materia prima que se le pagaba a los productores de manera definitiva, entre otros puntos.

    «El INYM no podrá dictar normas o establecer intervenciones que provoquen distorsiones en los precios de mercado, generen barreras de entrada, impidan la libre iniciativa privada y/o interfieran en la libre interacción de la oferta y la demanda en la producción y comercialización de la yerba mate y derivados», indica el decreto.

    Yerbateros echaron a libertarios de Oberá y Karina tuvo que suspender un acto

    Asimismo, se intruyó al organismo nacional para que «en el plazo máximo de 30 días desde la entrada en vigencia de la presente medida, releve y adecue toda normativa dictada por el citado Instituto Nacional que contradiga lo establecido en el artículo 8° del Decreto N° 1240 del 12 de julio de 2002».

    En diciembre de 2023, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/23 introdujo modificaciones sustanciales en el INYM, donde confluyen gobiernos de las provincias productoras, los yerbateros y las empresas. Entre otras, le quitó la potestad de fijar precios para la materia prima.

    En paralelo, un informe reciente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, señaló que desde el inicio del proceso de desregulación, en diciembre de 2023, el precio real de la yerba mate cayó 44,3%, mientras que el valor nominal se mantiene estable desde julio de 2024. El documento agrega que la producción y las exportaciones crecieron 29% y 16,6%, respectivamente, entre 2023 y 2024.

    El Instituto informó además que las exportaciones alcanzaron 42 millones de kilos a septiembre, superando los volúmenes de 2021, 2022 y 2023, y casi igualando el récord de 2024, cuando se enviaron 43,8 millones de kilos. Las proyecciones oficiales apuntan a que 2025 cerrará con más de 50 millones de kilos vendidos al exterior. 

     

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    Tasers en la Ciudad: un nuevo instructivo refuerza el uso policial sin sumar controles reales

     

    La Ciudad aprobó un nuevo instructivo para el uso de armas eléctricas D.E.I.M., derogando la versión de 2023. El texto incluye pautas internas para la Policía de la Ciudad, pero mantiene amplias zonas de discrecionalidad, sin controles externos ni límites técnicos definidos. La normativa se apoya en criterios de organismos internacionales, aunque omite las advertencias más fuertes sobre riesgos y abusos documentados en el mundo.

    Por Roque Pérez para NLI

    Un instructivo que promete precisión, pero deja amplios márgenes de decisión policial

    La Resolución 1546/MSEGC/25 publicada hoy en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires deroga la normativa anterior y aprueba una nueva guía para el uso de los Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Momentánea, las conocidas “Tasers”. El Ministerio de Seguridad afirma que el instructivo busca garantizar legalidad, proporcionalidad, gradualidad y rendición de cuentas, alineándose —al menos en el discurso— con los principios que mencionan las leyes 5.688 y 6.684.

    Sin embargo, el texto no fija límites técnicos concretos sobre:

    • duración máxima de descargas,
    • cantidad de aplicaciones permitidas,
    • distancia recomendada para minimizar lesiones,
    • parámetros para personas en estado de vulnerabilidad fisiológica.

    Son aspectos que otros países sí incorporaron. En Reino Unido, por ejemplo, hay reglas operativas que establecen tiempos máximos de impulso eléctrico y prohíben múltiples descargas consecutivas salvo casos excepcionales. En Canadá, muchas jurisdicciones exigen reportes públicos trimestrales con datos desagregados de cada uso.

    En contraste, el instructivo porteño deja estos puntos enteramente a criterio del operador, dentro de fórmulas generales como “riesgo cierto e inminente”.


    La capacitación obligatoria es un avance, pero sin auditoría independiente

    La resolución encomienda al Instituto Superior de Seguridad Pública la formación de instructores y operadores, algo que sí aparece como un punto positivo frente a otras provincias donde estas armas se incorporaron sin entrenamiento previo obligatorio.

    Pero el esquema de capacitación queda cerrado hacia adentro, sin participación de organismos de derechos humanos ni de instituciones externas, un aspecto que la ONU recomienda explícitamente en sus orientaciones de 2021.

    El Alto Comisionado de las Naciones Unidas —citado incluso por la propia resolución— también advierte que las armas eléctricas pueden generar lesiones graves, especialmente en:

    • personas con afecciones cardíacas,
    • personas reducidas en el piso,
    • personas expuestas previamente a otros métodos de control,
    • situaciones de estrés intenso o consumo de sustancias.

    El instructivo porteño menciona la necesidad de brindar atención médica inmediata, pero no establece cómo se verificará, quién lo controlará ni si se difundirá información pública sobre estos procedimientos. Sin ese componente, la posibilidad de opacidad se mantiene intacta.


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    En la región, ciudades como Bogotá o Montevideo solo permiten estos dispositivos bajo estrictas reglas de disparo, y en muchos casos obligan a activar mecanismos de supervisión civil para cada incidente. Algunas incluso prohíben completamente su uso en contextos de protesta social.

    El instructivo del gobierno de Jorge Macri no incorpora estos resguardos. Tampoco establece la obligación de publicar reportes periódicos sobre cada uso, lo que impide conocer cuántos disparos se realizan, en qué contextos y con qué consecuencias. Sin datos públicos, la ciudadanía queda sin herramientas para evaluar el impacto real.

    El propio ACNUDH remarca que la “baja letalidad” solo es efectiva cuando existe supervisión externa, transparencia y límites verificables. En ausencia de esos elementos, estas armas tienden a expandirse hacia situaciones donde no existe peligro grave, especialmente en controles rutinarios y detenciones selectivas.


    Una regulación que ordena la herramienta, pero no soluciona el riesgo estructural

    El nuevo instructivo aporta organización interna para la Policía de la Ciudad, pero no resuelve el problema de fondo: la falta de controles públicos, límites precisos y garantías para prevenir abusos.

    Sin mecanismos independientes de auditoría, sin datos públicos y sin participación civil, la regulación aprobada corre el riesgo de consolidar un uso más extendido y discrecional de las armas eléctricas, bajo un marco que formalmente habla de proporcionalidad pero que no incorpora los resguardos que sí aplican otras ciudades del mundo.

    La verdadera modernización no llega con equipamiento, sino con transparencia, controles externos y responsabilidad estatal. Nada de eso aparece con claridad en el instructivo porteño.

     

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