El Intendente Marcelo Orazi participó el sábado del acto académico de entrega de diplomas a 147 alumnos que finalizaron sus estudios en distintas disciplinas en el Instituto Crecer.
En la oportunidad estuvo acompañado por la Legisladora Marcela Ávila, el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros y la Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra, entre otros funcionarios.
Recordemos que en mayo Orazi había firmado con la representante del Instituto Crecer Miriam Troncoso un convenio para el otorgamiento de becas para capacitaciones destinadas a personas en situación de vulnerabilidad y la posibilidad de acceder a los cursos de la institución tanto a beneficiarios de programas sociales como a no beneficiarios.
Durante el acto, Orazi destacó las oportunidades que ofrece las distintas capacitaciones del Instituto Crecer en el sentido de que otorga herramientas para acceder al mercado laboral.
La decisión del gobierno de Milei de avanzar sobre las históricas unidades turísticas de Chapadmalal volvió a encender un fuerte conflicto político con la provincia de Buenos Aires. Esta vez fue el gobernador Axel Kicillof quien acusó directamente a la administración libertaria de esconder un “negocio inmobiliario” detrás del plan para concesionar el complejo durante las próximas décadas.
Por Roque Pérez para NLI
El conflicto gira alrededor de uno de los símbolos más reconocibles del turismo social argentino. Construidos durante el primer peronismo, los hoteles de Chapadmalal fueron pensados para que trabajadores, jubilados, estudiantes y familias de bajos recursos pudieran acceder a vacaciones a precios populares. Hoy, ese modelo histórico aparece amenazado por la intención oficial de entregar la explotación del predio a operadores privados por un plazo de hasta 30 años.
El choque entre la Provincia y la Casa Rosada
Desde el gobierno bonaerense aseguran que la administración nacional no busca únicamente reducir gastos del Estado, como sostiene oficialmente, sino avanzar sobre tierras de enorme valor económico. Kicillof sostuvo que detrás de la iniciativa existe un proyecto de carácter inmobiliario que podría modificar definitivamente el destino de uno de los complejos turísticos más emblemáticos del país.
La Provincia volvió a reclamar formalmente que la gestión de Chapadmalal sea transferida a Buenos Aires para garantizar la continuidad de los programas de turismo social y preservar las fuentes laborales vinculadas al complejo. El planteo no es nuevo, pero cobró fuerza luego de que el Gobierno nacional avanzara con medidas administrativas y cambios en el funcionamiento de las unidades turísticas.
En la misma línea, el ministro bonaerense de Producción, Augusto Costa, había advertido días atrás que no permitirán que “rematen nuestra historia” ni que un derecho social termine convertido en un negocio para sectores privados. Las declaraciones reflejan una disputa que ya excede el plano administrativo y se transformó en un nuevo capítulo de la confrontación política entre la gestión provincial y la Casa Rosada.
Lo que está en juego
La discusión sobre Chapadmalal va mucho más allá de unos hoteles. Para amplios sectores del peronismo, el complejo representa una de las expresiones más concretas del concepto de justicia social impulsado durante los gobiernos de Juan Domingo Perón y Eva Perón. Durante décadas, miles de familias argentinas pudieron conocer el mar gracias a un sistema de turismo accesible financiado por el Estado.
La administración de Milei, en cambio, sostiene que el esquema actual resulta deficitario y que la participación privada permitiría atraer inversiones y reducir costos de mantenimiento. Sin embargo, las críticas apuntan a que una concesión de semejante magnitud podría terminar restringiendo el acceso popular y transformando un patrimonio histórico en un emprendimiento orientado al mercado.
Mientras continúan los reclamos por despidos, pases a disponibilidad y la incertidumbre sobre el futuro del predio, la disputa por Chapadmalal comienza a convertirse en un símbolo más amplio del choque entre dos modelos de país: uno que concibe determinados servicios como derechos sociales y otro que busca trasladarlos al ámbito de los negocios privados. Y en ese escenario, la pelea recién empieza.
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En un duro revés político para Donald Trump, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles una resolución que busca restringir la capacidad de la Casa Blanca para continuar las operaciones militares contra Irán sin autorización expresa del Congreso.
La medida fue aprobada por 215 votos a favor y 208 en contra, convirtiéndose en la primera iniciativa legislativa exitosa contra la estrategia bélica de Trump desde el inicio del conflicto hace más de tres meses.
La resolución, impulsada por legisladores demócratas y respaldada por un pequeño grupo de republicanos, invoca la War Powers Resolution de 1973, una ley diseñada para limitar el poder presidencial de involucrar al país en conflictos armados sin la aprobación del Congreso.
El texto exige que Estados Unidos cese las hostilidades contra Irán salvo que exista una declaración formal de guerra o una autorización específica del Poder Legislativo. La votación representa un cambio significativo respecto de intentos anteriores que habían fracasado por estrecho margen. En marzo, una iniciativa similar fue derrotada por 219 a 212 votos, mientras que en mayo otra propuesta terminó empatada 212 a 212.
Esto confirma el creciente desgaste político del capital de Trump por una guerra que dijo que duraría 4 o 5 semanas y ya lleva tres meses sin indicios de resolución. Además, generó un aumento de los costos de combustibles y un repunte de la inflación.
La resolución, impulsada por legisladores demócratas y respaldada por un pequeño grupo de republicanos, invoca la War Powers Resolution de 1973, una ley diseñada para limitar el poder presidencial de involucrar al país en conflictos armados sin la aprobación del Congreso
El presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, había postergado previamente el debate para evitar una derrota de la Casa Blanca. Sin embargo, la presión bipartidista y el deterioro del apoyo al conflicto hicieron inevitable la votación.
Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes.
El secretario de Estado, Marco Rubio, cuestionó la iniciativa y advirtió que podría ser interpretada por Teherán como una señal de debilidad estadounidense. Rubio sostuvo ante el Congreso que limitar las opciones militares de Washington podría fortalecer la posición negociadora iraní en medio de las conversaciones diplomáticas que continúan paralelamente al conflicto.
Pese al impacto político de la votación, el futuro de la resolución sigue siendo incierto. La medida deberá ser considerada por el Senado, donde ya existen señales de creciente descontento con la guerra, aunque todavía no está garantizada su aprobación definitiva. Incluso si superara ese obstáculo, enfrentaría la probable oposición de Trump mediante un veto presidencial.
Más allá de sus efectos prácticos inmediatos, la votación marca uno de los mayores cuestionamientos institucionales a la política exterior de Trump en su segundo mandato y reabre el histórico debate sobre quién debe tener la última palabra cuando Estados Unidos entra en una guerra: el presidente o el Congreso.
El día lunes 17 de enero asumirán dos nuevos funcionarios en el Gabinete Municipal. La nueva Directora de Turismo, Profesora María Luján Musso y el nuevo Director de Cultura, Martín Betancourt. El Intendente Marcelo Orazi agradece a Silvia Alvarado y Katerina Iogna por el trabajo y compromiso que han tenido en sus tareas. Convencido que…
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