«En las últimas 24 horas se han diagnosticado dos casos positivos a coronavirus. Se trata de un hombre de 63 años que se encontraba aislado en el Hospital Interdistrital número 8 y una joven de 16 años, esta asintomática», informó el ministro de Gobierno provincial, Jorge González, en la lectura del reporte diario de situación.
Según el reporte, el hombre de 63 años se encontraba aislado en el Hospital Distrital número 8 y «presentaba síntomas leves de dolor de garganta y cefalea y la joven de 16 años, asintomática, es hija de un paciente que diera positivo anteriormente, perteneciente al circuito 2 de la planta alta del Centro de Alojamiento del Juan Pablo II».
Ambos pacientes, «fueron derivados al Hospital Interdistrital de Contingencia Covid-19», agregó González, por esto «la provincia de Formosa ha diagnosticado hasta la fecha 43 casos positivos a coronavirus: 3 mujeres y 40 varones».
El ministro añadió que las personas infectadas se encuentran «en buen estado general, de ellos, 36 evolucionan sin síntomas a la fecha, 6 evolucionan con síntomas leves y 1 paciente presenta síntomas moderados, evolucionando favorablemente».
Con respecto a casos sospechosos, González indicó en la lectura del reporte que «al día de la fecha, se encuentran aislados seis pacientes en el Hospital Distrital número ocho como casos sospechosos por protocolo».
Explicó que «se trata de cuatro hombres de 28, 46, 53 y 59 años pertenecientes al circuito 1 del Centro de Alojamiento Juan Pablo II, que presentan síntomas leves y dos personal de salud, sin fiebre, de los cuales uno pertenece al Hospital Interdistrital Evita que presenta dolor de garganta y muscular, y el otro perteneciente al Hospital Distrital número 8, que presenta tos y dificultad respiratoria».
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Frente a la desesperación de los municipios para enfrentar los gastos diarios por la caída de la recaudación, el peronismo empuja en la Legislatura bonaerense proyectos para auxiliar las exigidas arcas municipales mediante el alquiler de banquinas para siembra.
Hoy, la ley 10.342 de 1985 le da a los municipios la potestad de arrendar las franjas adyacentes a las rutas provinciales, pero excluye a las banquinas. Además, lo recaudado no es de libre disponibilidad, sino que debe ser afectado al Consejo Escolar (60%), Bomberos (20%) y caminos rurales (20%).
La iniciativa más reciente, presentada por la diputada massista Ayelén Rasquetti busca incluir a las banquinas, al advertir que su actual exclusión genera «el desperdicio de recursos productivos» y «priva de manera sistémica a los municipios de una fuente legítima de recaudación».
Para la diputada del Frente Renovador, la puesta en valor de esa tierra «no solo dinamizará el empleo local en los sectores rurales y semiurbanos, sino que fortalecerá las finanzas municipales en un contexto donde se requiere optimizar la recaudación fiscal autónoma».
Como contó LPO, es crítica la situación que atraviesan numerosos municipios a raíz del derrumbe de la coparticipación y de la cobrabilidad de las tasas locales. Eso, incluso, llevó a que algunos intendentes le pidan a la Provincia adelantos de coparticipación para cumplir con los aguinaldos.
El proyecto de Rasquetti estipula un Registro de Usufructuarios de Banquinas Municipales con eje en la seguridad vial, ya que plantea que Vialidad bonaerense junto con los organismos competentes en la materia, deberán determinar qué sectores son aptos para sembrar.
En la actualidad, varios municipios aplican el sistema de arrendamientos de franjas adyacentes a las rutas provinciales, pero intendentes consultados por LPO dieron cuenta de las limitaciones que tienen a la hora de hacer uso de los recursos.
«Son momentos donde necesitamos que los fondos que llegan sean de libre disponibilidad», sintetizó un jefe comunal consultado que recordó también la discusión en torno al Fondo de Fortalecimiento que llega de la provincia y que los intendentes piden que estén encorsetados a destinos afectados.
El proyecto de Rasquetti estipula un Registro de Usufructuarios de Banquinas Municipales con eje en la seguridad vial, ya que plantea que Vialidad bonaerense junto con los organismos competentes en la materia, deberán determinar qué sectores son aptos para sembrar.
Por su parte, también dentro del bloque de Fuerza Patria, el diputado y ex intendente de Daireaux Alejandro Acerbo presentó un proyecto para modificar las condiciones de arrendamiento de las tierras adyacentes a las rutas provinciales.
En este caso, Acerbo elimina las pautas de distribución de los recursos que contempla la ley vigente y estipula que las sumas percibidas por este concepto deberán «destinarse a gastos o inversiones determinados por ordenanza» y que, «al menos un tercio del total de esos recursos deberá ser asignado al mantenimiento de caminos y/o banquinas de las rutas».
También, ese proyecto amplía los plazos de explotación, que pasaría de un año a tres y con posibilidad de renovación.
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Un decreto publicado este martes modifica el mecanismo creado en 2003 para la designación de integrantes de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General. Aunque el Gobierno sostiene que busca agilizar los plazos, la decisión reaviva el debate sobre el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el control democrático que ejerce el Senado.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La publicación de hoy del Decreto 467/2026 no pasa inadvertida en el mundo judicial ni en los pasillos de la política. La norma modifica varios artículos del Decreto 222/03, el procedimiento impulsado hace más de dos décadas para dotar de mayor publicidad y participación ciudadana a la designación de ministros de la Corte Suprema, Procurador General y Defensor General de la Nación.
La principal novedad es que el Poder Ejecutivo queda obligado a publicar, dentro de un plazo máximo de treinta días desde que se produzca una vacante, el nombre y los antecedentes de las personas que estén siendo consideradas para ocupar el cargo. La difusión deberá realizarse durante tres días en el Boletín Oficial y en la página del Ministerio de Justicia.
Un cambio que acelera los tiempos políticos
Hasta ahora, el decreto de 2003 regulaba el procedimiento de publicidad y participación, pero no establecía un límite temporal tan preciso para que el Ejecutivo iniciara formalmente el proceso. Con la modificación, el Gobierno busca transmitir la idea de que las vacantes no podrán permanecer indefinidamente sin un candidato oficial.
La norma también endurece las exigencias de transparencia para los postulantes. Además de la declaración patrimonial prevista por la Ley de Ética Pública, deberán presentar una declaración detallando las asociaciones civiles y sociedades de las que forman o formaron parte, los estudios jurídicos donde trabajaron y la nómina de clientes o contratistas de los últimos ocho años, en la medida permitida por las normas de ética profesional.
El texto fundamenta estas modificaciones afirmando que la designación de magistrados constituye «un acto institucional complejo» en el que el Senado cumple la función de controlar públicamente la idoneidad de los candidatos y garantizar la representación federal prevista por la Constitución. El propio decreto reconoce expresamente ese papel de la Cámara alta.
El impacto político detrás del cambio
Más allá del contenido técnico, el decreto llega en un contexto de fuerte disputa por la integración de la Corte Suprema y por el funcionamiento del Ministerio Público.
La decisión puede interpretarse como una señal de Milei de que pretende acelerar futuras nominaciones y evitar que las vacantes permanezcan abiertas durante largos períodos, especialmente en un escenario donde la negociación parlamentaria se volvió uno de los principales obstáculos para el Gobierno.
Sin embargo, el decreto no modifica el requisito constitucional más importante: los candidatos siguen necesitando el acuerdo del Senado, por lo que el Ejecutivo no obtiene una vía alternativa para completar los nombramientos.
En términos políticos, el Gobierno intenta instalar un discurso de mayor transparencia y rapidez administrativa, mientras que la oposición probablemente pondrá el foco en la oportunidad elegida y en la posibilidad de que el nuevo esquema funcione como un mecanismo para presionar sobre futuras negociaciones judiciales.
Una reforma limitada pero con alto contenido simbólico
El Decreto 467/2026 no altera la Constitución ni elimina instancias de participación ciudadana. Tampoco modifica el control legislativo sobre las designaciones. Su alcance es reglamentario y reorganiza los plazos y la información que deberán presentar los candidatos.
Sin embargo, en un escenario donde la integración de la Corte Suprema se convirtió en uno de los ejes centrales de la disputa institucional, cualquier cambio en el procedimiento adquiere una dimensión política mucho mayor que su contenido administrativo.
La decisión de fijar un plazo de treinta días para iniciar el proceso de cobertura de vacantes y ampliar las declaraciones juradas de los postulantes puede ser presentada como una medida de transparencia, pero también funciona como un mensaje político: el Gobierno busca marcar el ritmo de una discusión que inevitablemente terminará otra vez en el Senado y en el centro del debate público.
