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Beach básquet y caminata saludable animaron el sábado en la Isla 58

Un buen número de participantes tuvieron las propuestas de beach básquet y caminata saludable desarrolladas en  la Isla 58 en conjunto entre la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina y la Dirección de Gestión Deportiva de Río Negro.

Las actividades tuvieron lugar en el balneario municipal en la tarde del sábado y forman parte del cronograma establecido por el área que conduce Susana Fantini a nivel provincial que se llevan adelante en distintos puntos de Río Negro.

La Dirección de Deportes local agradece a quienes se acercaron a participar de estas iniciativas y a Deportes de la provincia por acercar las mismas a la comunidad reginense.

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  • El procurador Casal impulsa un DNU por el traspaso de la Justicia a la Ciudad y resiste al avance de Mahiques

     

    Eduardo Casal habría decidido dar la pelea para conservar su sillón en la Procuración General de la Nación, pese a que lo ocupa como interino desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó por las presiones del gobierno de Mauricio Macri. 

    Ante los insistentes rumores sobre las intenciones de quedarse con ese cargo que tiene el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, al igual que el juez Ariel Lijo, el jefe de los fiscales agitaba este lunes un borrador de decreto para que los funcionarios del Ministerio Público puedan intervenir ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la Ciudad, algo que empezó a producirse de facto por el fallo de la Corte en el caso Levinas, a fines de 2024.

    En medio de esa pulseada, Casal asistirá este martes a la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público en el Congreso para presentar el proyecto de DNU que debería sacar el Poder Ejecutivo para subsanar que el tribunal de alzada de los juzgados nacionales en territorio porteño termine siendo el TSJ de Capital Federal, sin una ley orgánica que regule la situación.

    Fuentes judiciales dijeron a LPO que la iniciativa ya fue notificada a Mahiques, por la procuradora ante la Corte, Laura Monto. «Es un pedido para que el gobierno le habilite la competencia para presentarse ante al TSJ de CABA en todas las causas relacionadas a las Cámaras Nacionales, porque la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal no le da legitimación para intervenir ante el máximo tribunal porteño», explicaron.

    El proyecto revela el malestar de los fiscales por el limbo donde quedaron tras el fallo firmado por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, un día antes de jubilarse. El caso Levinas era el que atendía a la demanda de la familia del artista León Ferrari, que acusaba al periodista Gabriel Levinas de haber vendido 11 dibujos suyos sin permiso del hombre fallecido ni sus herederos.

    La Corte Suprema sentó un precedente que favorece a Macri en la causa Correo 

    Los Ferrari llevaron la demanda hasta el máximo tribunal en plena pandemia del Covid pero el 29 de diciembre de 2024 los cortesanos dispusieron que la decisión final, como tribunal de alzada ante trámites de la justicia nacional en jurisdicción porteña, correspondía al TSJ. Ese fallo fue celebrado por Mauricio Macri, que pretendía el mismo destino en la causa Correo.

    Ahora, la tensión llega a los defensores del Ministerio Público. Según dos legisladores consultados por LPO, desde la Procuración «mandaron una nota con preocupación por la situación irregular que genera el fallo Levinas, que hace que defensores, fiscales y abogados estén dando vueltas entre la Justicia federal y la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y eso requiere de una solución».

    Sebastián Galmarini.

    El presidente de la Bicameral es el diputado peronista Sebastián Galmarini. En la citación formal de la Cámara Baja se detalla que, además de Casal, estarán presentes el titular de la Secretaría Disciplinaria y Técnica, Juan Manuel Casanovas, y su par de la Secretaría de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel.

    Un camarista deslizó que Olima «es el nexo clave del organismo con otros poderes», y adelantó que abordaría «cómo articular una solución legislativa frente a las trabas operativas que dejó el fallo Levinas».

    Desde la Procuración mandaron una nota con preocupación por la situación irregular que genera el fallo Levinas, que hace que defensores, fiscales y abogados estén dando vueltas entre la Justicia federal y la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y eso requiere de una solución.

    El desembarco de los funcionarios de la Procuración parece un desafío a los planes del gobierno para designar un nuevo procurador, a raíz del entusiasmo que habría generado en Mahiques y diversos actores del Poder Judicial la holgura con la que se aprobó la prórroga del pliego del padre del ministro, Carlos «Coco» Mahiques, como camarista de la Casación y el avance a paso firme de más de 70 pliegos desde marzo pasado.

    Casal habría apelado a esta maniobra justo cuando en el Senado empiezan a circular proyectos parlamentarios para modificar la duración del procurador en su cargo. La peronista jujeña Carolina Moisés elaboró una iniciativa para establecer en 5 años el mandato del jefe de los fiscales, con posibilidad de una reelección consecutiva y el impedimento de postularse en años de elecciones presidenciales.

    Ya en 2020, un grupo de senadores de la por entonces alianza Juntos por el Cambio había presentado también una propuesta para modificar la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, algo que podría reflotarse en los próximos meses. Entre los legisladores que firmaron aquel expediente se encontraban desde los radicales Martín Lousteau, Víctor Zimmermann, Pablo Blanco y Pamela Verasay hasta los macristas Alfredo De Angeli y Humberto Schiavonni, pasando por los ex senadores Juan Carlos Romero y Guadalupe Tagliaferri.

    Más allá de la puja por la Procuración, Casal remitió esta semana al Congreso el informe de gestión 2025 del Ministerio Público Fiscal, un texto de más de 700 páginas.

     

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  • La nueva jefa de economistas del FMI es tucumana y nieta de un peronista desaparecido

     

    La nueva economista jefe del FMI nació en Tucumán, se formó en la universidad pública de su provincia, obtuvo un doctorado en Harvard y terminó en la cúspide de la tecnocracia global. Silvana Tenreyro asumirá en agosto como consejera económica y directora del Departamento de Investigación del Fondo. En Washington la presentaron con el idioma prolijo de los organismos: excelencia académica, liderazgo intelectual y experiencia en política económica. Pero el apellido Tenreyro trae otra historia. Una que no entra fácil en un paper.

    Tenreyro será una de las voces centrales del Fondo en un momento sensible para la Argentina. El organismo informó que reemplazará a Pierre Olivier Gourinchas y que asumirá el 10 de agosto. Kristalina Georgieva la definió como «globally respected economist» y destacó su experiencia en bancos centrales, academia e instituciones internacionales. El cargo no es decorativo: desde allí se ordena la mirada técnica del Fondo sobre inflación, crecimiento, deuda, comercio, crisis externas y programas de estabilización.

    El currículum impresiona. Se recibió de economista en la Universidad Nacional de Tucumán en 1997. Después hizo una maestría en Harvard en 1999 y el doctorado en 2002. Sus directores fueron Alberto Alesina, Robert Barro y Kenneth Rogoff. No se fue por el kirchnerismo, como podría ordenar rápido alguna sobremesa porteña. Se fue antes. A los pocos meses de graduarse ya estaba en Massachusetts. La crisis de 2001 la encontró afuera, mirando desde Harvard el derrumbe de la convertibilidad y el país en llamas.

    Antes había estudiado en el colegio Santa Rosa de Tucumán y había trabajado como asistente de investigación de Víctor «Turco» Elías, uno de los economistas tucumanos más reconocidos. La Gaceta la presentó en 2017 como una «chica 10» tucumana cuando fue designada en el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra. En esa nota se recordaba que había obtenido uno de los mejores promedios en la UNT y que ya tenía experiencia en bancos centrales.

    Milei ya no dinamita el Central, ahora quiere ajustar la carta orgánica al mandato del FMI

    Su carrera después tuvo escala global. Fue economista de la Reserva Federal de Boston entre 2002 y 2004. En 2004 entró a la London School of Economics. Fue lecturer, reader, profesora y desde 2025 ocupa la cátedra James E. Meade. Integró el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra entre 2017 y 2023. También fue miembro externo del comité del Banco Central de Mauricio entre 2012 y 2014, visitante académica del Banco Central Europeo y parte del grupo asesor externo de la directora gerente del FMI desde 2023.

    Tenreyro será una de las voces centrales del Fondo en un momento sensible para la Argentina. El cargo de economista jefe del FMI no es decorativo: desde allí se ordena la mirada técnica del Fondo sobre inflación, crecimiento, deuda, comercio, crisis externas y programas de estabilización.

    La lista sigue. Fue presidenta de la European Economic Association entre 2021 y 2022. Es fellow de la British Academy, de la Econometric Society y de la Royal Economic Society. En 2023 recibió la distinción de Comandante de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la economía. Ganó el premio Yrjö Jahnsson en 2021, el Birgit Grodal en 2022 y el Bernhard Harms en 2025. Tiene publicaciones sobre política monetaria, comercio internacional, volatilidad, desarrollo, Brexit, dominancia del dólar, fragmentación comercial e inflación.

    Su producción no es la de una economista de manual. Trabajó sobre cómo la política monetaria se transmite a la economía real. Es decir, cómo una tasa no queda encerrada en una planilla: pega sobre empleo, salarios, producción y demanda. En una entrevista con Martín Kanenguiser, en Infobae, dijo que su objetivo era entender «cómo se transmite la política monetaria a la economía real». También marcó que las rigideces salariales son clave para explicar el efecto de una baja de tasas sobre empleo y producción.

    En esa misma conversación defendió «la apertura al comercio internacional» como una vía para diversificar shocks domésticos. Su argumento fue que las economías más ricas y abiertas tienden a ser «menos volátiles» porque tienen más compradores, más proveedores y tecnologías más variadas. También sostuvo que, en una crisis, las políticas monetarias y fiscales óptimas son contracíclicas, y que idealmente debería verse una «expansión fiscal y monetaria». Un razonamiento bastante menos lineal que el reflejo pavloviano de cortar gasto ante cualquier incendio.

    La propia Tenreyro explicó alguna vez por qué estudió economía. Dijo que quería trabajar en políticas para combatir pobreza, desigualdad, desempleo e inflación. Y dejó una frase que ahora toma otro peso: «mi abuelo, desaparecido en el 76, era también economista». Ese abuelo era Juan Eduardo Tenreyro, funcionario del gobierno peronista de Amado Juri en Tucumán.

    Los registros de organismos de Derechos Humanos ubican a Juan Eduardo Tenreyro Díaz como detenido desaparecido. El Parque de la Memoria consigna que fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 en San Miguel de Tucumán, que tenía 64 años y que era contador público nacional. Según consta en la Comisión Bicameral de Tucumán fue Seecretario de Hacienda de Amado Juri. O sea, era parte del poder constitucional tucumano que Antonio Domingo Bussi vino a arrasar.

    La propia Tenreyro explicó alguna vez por qué estudió economía. Dijo que quería trabajar en políticas para combatir pobreza, desigualdad, desempleo e inflación. Y dejó una frase que ahora toma otro peso: «mi abuelo, desaparecido en el 76, era también economista». Ese abuelo era Juan Eduardo Tenreyro, funcionario del gobierno peronista de Amado Juri en Tucumán.

    La Comisión Bicameral describió la represión contra el gobierno justicialista de Tucumán como una ofensiva directa contra las autoridades constitucionales. Amado Juri estuvo detenido casi tres años. Funcionarios, legisladores y dirigentes fueron encarcelados, torturados, perseguidos o desaparecidos. En esa lista aparecen Dardo Molina, Juan Eduardo Tenreyro, Guillermo Vargas Aignasse y José Chebaia, entre otros. No fue sólo una cacería ideológica. Fue también la demolición de un elenco político completo.

    En noviembre de 2003, el fiscal federal Emilio Ferrer acusó al ex gobernador Antonio Bussi por el secuestro y la desaparición de Juan Eduardo Tenreyro. Bussi ya estaba detenido por la desaparición del ex senador peronista Guillermo Vargas Aignasse. Ferrer sostuvo que el militar tenía una responsabilidad penal «fuera de toda discusión y duda» y pidió además la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final por inconstitucionales.

    El operativo contra Tenreyro fue en la madrugada del golpe. Según el expediente, lo secuestraron en su casa de avenida Mitre 224. Los hombres que llegaron se identificaron como policías y se movían en un Ford Falcon. Pocos minutos después apareció personal del Ejército bajo las órdenes del mayor Capitán, con la excusa de cumplir una orden de detención. Para el fiscal, ese grupo no iba a detenerlo. Iba a comprobar que la misión hubiera salido bien.

    Juan Gelman reveló un ángulo todavía más oscuro en una contratapa de Página/12 publicada a fines de los noventa. El texto se tituló «Revisiones» y retomó el testimonio de Andrés Francisco Valdez, un preso por delitos comunes que dijo haber actuado como asesor de inteligencia. Gelman escribió que Valdez había viajado a Tucumán enviado por el Batallón 601 y que había quedado bajo las órdenes del coronel Ramón Fernández. 

    En esa columna, Gelman citó la declaración de Valdez sobre Chebaia, Vargas Aignasse, Dardo Molina y Tenreyro. Según ese relato, Tenreyro fue interrogado el 27 de marzo en la Jefatura de Policía. Valdez dijo que la orden había sido de Bussi y que luego fue «muerto y fondeado». Gelman subrayó además una confusión reveladora: Valdez hablaba del dique «El Acheral», aunque en Acheral no hay dique. La referencia real, escribió, conducía al Cadillal.

    Gelman agregó otra hipótesis, más incómoda todavía. En Tucumán, escribió, era «secreto a voces» que Chebaia y Tenreyro habían sido secuestrados por tierras en Taco Ralo con las que terminaron quedándose militares. La represión, entonces, no sólo disciplinaba cuerpos y partidos. También iba a por las propiedades y los negocios.

    Ahí está el pliegue de la historia. La nieta de un funcionario peronista desaparecido por Bussi llega a la jefatura económica del FMI. La casa que durante décadas le habló a la Argentina de equilibrio, disciplina y reformas ahora tendrá como principal voz técnica a una tucumana cuya biografía familiar remite al costado más brutal del poder económico y militar.

     

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  • Trump defendió el derecho de la Scaloneta a mostrar la bandera de Malvinas y dejó en ridículo a Milei

     

    El gobierno de Donald Trump salió en defensa de los jugadores de la Scaloneta que mostraron la bandera de las Malvinas tras el partido contra Inglaterra y dejó en un ridículo mundial al gobierno de Javier Milei.

    Luego de que su ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, intentara prohibir referencias a las Malvinas en el partido, el gobierno entró en un laberinto del que no puede salir. El presidente recibió miles de comentarios negativos por ponerse del lado de los ingleses, que querían evitar pronunciamientos sobre las islas argentinas.

    Incluso después que los propios jugadores se burlaran de la «medida» de Monteoliva, Milei había dicho que habían sido «imprudentes» por mostrar la sábana que rezaba «Las Malvinas son argentinas». Además, agregó que no sabían nada de diplomacia pese a que gracias a la bandera, los jugadores lograron que en Inglaterra se abra el debate sobre si no es hora de negociar con Argentina por las Islas Malvinas.

    El libertario se la pasó los últimos dos días descalificando a los jugadores e incluso mandó a su vocero a desmentir a Lionel Messi, que dijo que la gente no llega a fin de mes en Argentina.

    Este viernes el tema escaló al peor escenario imaginable para Milei: su ídolo Trump se puso del lado de los jugadores y desestimó cualquier intento de sancionarlos, como habían sugerido los propios funcionarios del gobierno argentino.

    El encargado de sentar la postura del gobierno de Trump fue Andrew Giuliani, el  director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial.

    «¿Estuvieron mal los jugadores argentinos al usar un estadio del Mundial para reclamar la soberanía de las Islas Malvinas, que son territorio de su gran aliado, el Reino Unido? ¿Deberían esos jugadores argentinos que politizaron un partido del Mundial ser excluidos de la final?», le preguntó un periodista a Giuliani en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

    Giuliani respaldó a los jugadores con una respuesta que ya recorre el mundo. «Mira, creemos en nuestros derechos de la Primera Enmienda aquí en los Estados Unidos de América», dijo en primer término

    «Creo que esta va a ser una final increíble, ¿no? Al pensar en Argentina, la increíble remontada que lograron contra el equipo inglés, que era realmente bueno. Mucha gente pensó que este sería el año en que finalmente, después de 60 años, Inglaterra llegaría a una final. Tendrán que esperar hasta el 2030 o más. Pero, sabes, Messi es uno de los mejores de todos los tiempos», dijo en una chicana al reclamo de los ingleses.

    «Y, en cuanto a la capacidad, la oportunidad de poder hacer esas declaraciones, tienen la capacidad de hacerlo en los Estados Unidos de América», remató Giuliani, que de este modo dejó en ridícula la maniobra de Milei y Monteoliva para bloquear las expresiones de los argentinos en Atlanta.

     

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  • COVID-19: nuevas medidas sanitarias hasta el 30 de julio

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