El capital emprendedor volvió a acelerarse en Argentina. Después de un 2025 marcado por rondas más frecuentes pero de menor tamaño, las startups locales ya captaron más de USD 400 millones en los primeros cinco meses de 2026, una cifra que supera ampliamente los USD 270 millones registrados durante todo el año pasado.
Los datos surgen del informe Panorama del Capital Emprendedor Argentino 2026 elaborado por Arcap, la cámara que reúne a los fondos de venture capital del país. El reporte muestra que, pese a un contexto global todavía desafiante para la industria tecnológica, el ecosistema local recuperó dinamismo y volvió a atraer capital internacional.
Para Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, el renovado interés de los fondos extranjeros tiene una explicación clara. Según sostuvo, las startups argentinas que nacen hoy ya no están pensadas para el mercado local sino para competir globalmente desde el primer día, una característica que vuelve a poner al país en el radar de Silicon Valley.
«Dentro del ecosistema emprendedor, las startups de biotecnología lideraron la captación de fondos, seguidas muy de cerca por las fintech. Para entender este fenómeno y el interés de Silicon Valley, hay que mirar el ADN de estos proyectos: las empresas que nacen hoy en Argentina se diseñan desde el primer día para exportar y competir globalmente», explicó.
El ejecutivo agregó que el principal diferencial sigue siendo el capital humano. «El talento argentino destaca en el mundo por su flexibilidad, resiliencia y capacidad de adaptación», afirmó. Según su visión, esa combinación entre empresas globales y recursos humanos calificados explica por qué los inversores internacionales volvieron a mirar al ecosistema local luego de varios años de menor actividad.
El talento argentino destaca en el mundo por su flexibilidad, resiliencia y capacidad de adaptación.
La paradoja de 2025 fue que hubo más operaciones, pero menos dinero. Durante ese año se concretaron 73 transacciones, aunque el monto total quedó por debajo de los USD 422 millones registrados en 2024.
La explicación está en el perfil de las empresas financiadas. Más de la mitad de las rondas correspondieron a startups en etapa pre-seed y casi nueve de cada diez operaciones fueron inferiores a USD 5 millones. En otras palabras, ingresaron más emprendedores al circuito de financiamiento, aunque con tickets más pequeños.
Marcelo Cavazzoli de Lemon.
Según explicó el director ejecutivo de Arcap, Diego Páez Solchaga, se trató de una dinámica típica de la industria de venture capital, donde las empresas más jóvenes reciben montos reducidos y las grandes rondas suelen concentrarse en compañías más desarrolladas.
Aun así, el mercado siguió mostrando una fuerte concentración. Las nueve rondas más grandes representaron el 75,7 por ciento de toda la inversión realizada en el país durante 2025. Entre las compañías destacadas aparecieron Ualá, Mendel, Lemon, Remitee y N5 Now.
Ese fenómeno ayuda a entender por qué 2026 arrancó con tanta fuerza. Buena parte de los más de USD 400 millones captados hasta ahora corresponde a empresas más maduras que continúan ampliando rondas iniciadas en años anteriores.
El informe también muestra cambios estructurales dentro del ecosistema. Por segundo año consecutivo, la biotecnología desplazó a las fintech como el sector con mayor actividad.
La otra señal que entusiasma al mercado es el regreso de los fondos internacionales. En los últimos meses reaparecieron inversores de Silicon Valley y comenzaron a concretarse nuevas operaciones de salida para quienes habían ingresado en etapas tempranas. Entre los casos recientes aparecen Humand, que recibió inversión de Goodwater Capital, y Skyloom, donde se concretó una salida para Draper Cygnus.
Irán lanzó misiles sobre Israel y generó una alerta máxima en Medio Oriente. Con la guerra cumpliendo 100 días y las negociaciones para alanzar un alto al fuego más cerca del fracaso que del éxito, la región puede entrar nuevamente en una escalada.
Las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron un ataque contra los suburbios de Beirut, provocando una represalia iraní que amenaza con involucrar también a objetivos estadounidenses en la región.
La escalada comenzó a última hora de la noche, cuando Irán lanzó varias oleadas de misiles que activaron las sirenas antiaéreas por primera vez desde la entrada en vigor del alto el fuego.
El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, advirtió que «Teherán debe arder», mientras aviones de combate israelíes despegaban para responder con ataques sobre territorio iraní.
Informado de inmediato sobre la escalada, el presidente estadounidense Donald Trump intentó rebajar la tensión durante una entrevista con Fox News. «Ya lanzaron sus misiles, basta de eso», dijo dirigiéndose a Irán, al que instó a regresar a la mesa de negociaciones y alcanzar un acuerdo.
«El ataque contra Beirut hizo que Israel cruzara todas las líneas rojas», afirmó el mando militar iraní al reivindicar la operación como respuesta al bombardeo israelí contra la periferia sur de la capital libanesa. El ataque alcanzó apartamentos en dos edificios situados en el barrio de Dahiyeh, considerado uno de los principales bastiones de Hezbolá respaldado por Irán.
Ya lanzaron sus misiles, basta de eso
Hasta ahora, esa zona había permanecido relativamente al margen de los ataques, habiendo sido alcanzada solo en dos ocasiones desde mediados de abril. Trump aseguró previamente haber pedido al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que realizara operaciones «más quirúrgicas» contra Hezbolá. Sin embargo, poco después del ataque, medios saudíes informaron que Israel había notificado previamente a Estados Unidos sobre la operación.
Antes de la represalia iraní, el diputado iraní Ebrahim Rezaei había advertido en la red social X: «Daremos una respuesta firme y dolorosa al ataque del régimen sionista contra Dahiyeh. Estos perros rabiosos deben ser castigados y puestos en su lugar. Esta noche observen el cielo de los territorios ocupados». Horas después, Irán lanzó su respuesta militar.
Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, también había amenazado a Washington, acusando a Estados Unidos de respaldar la ofensiva israelí.
La nueva crisis se produce mientras Trump insiste en que un acuerdo con Teherán está «muy cerca». No obstante, sigue sin ceder en una de las principales exigencias iraníes: el desbloqueo inmediato de 24.000 millones de dólares en activos congelados. «Eso ocurrirá más adelante», afirmó el mandatario estadounidense. «Si se comportan bien y hacen un buen trabajo, entonces comenzaremos a hablar de ello», añadió.
Irán condiciona cualquier acuerdo a la liberación de esos fondos, exigiendo que al menos la mitad sea desbloqueada en el momento de la firma. Según la prensa internacional, Washington también estudia la posibilidad de redirigir parte de los recursos iraníes hacia aliados del Golfo afectados por ataques de Teherán.
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, habría encargado una evaluación de los daños causados por Irán, aunque sin especificar qué activos estarían implicados. Teherán rechazó de inmediato esa posibilidad, afirmando que sus bienes «no son un botín de guerra de Washington ni un fondo de compensación para sus aliados».
Trump también volvió a referirse al programa nuclear iraní y reiteró que está dispuesto a colaborar con Teherán para retirar y destruir su uranio enriquecido. «Si alcanzamos un acuerdo y mantenemos buenas relaciones, retiraremos el uranio y lo destruiremos, ya sea en el lugar o en otro sitio», declaró. «Lo haremos con ellos o sin ellos. Pero no permitiremos que nos disparen, ¿queda claro?», afirmó
Asimismo, advirtió que, si fracasan las negociaciones, Estados Unidos estaría dispuesto a destruir las instalaciones nucleares iraníes «con extrema dureza». «Nos retiraremos antes de hacerlo, de modo que nuestra seguridad quede garantizada», concluyó.
La Fundación Faro, uno de los principales usinas ideológicas del mileísmo y conducida políticamente por Agustín Laje, quedó en el centro de una inesperada tormenta. La Inspección General de Justicia (IGJ) la intimó para que explique el origen de casi $5.000 millones recibidos durante 2024, identifique a sus aportantes y aclare una serie de inconsistencias contables que ponen bajo la lupa el financiamiento de la llamada “batalla cultural” libertaria.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La noticia cayó como una bomba en los círculos libertarios. La IGJ otorgó un plazo de diez días hábiles para que la Fundación Faro entregue información detallada sobre quienes realizaron los aportes que permitieron a la entidad declarar ingresos cercanos a los $4.957 millones durante 2024. Según la documentación observada por el organismo, los balances fueron presentados con retraso, sin identificar a los donantes y con diversos puntos que requieren aclaración.
No se trata de una organización cualquiera. Faro se convirtió en los últimos dos años en la principal plataforma de difusión ideológica del oficialismo, impulsando actividades, encuentros empresariales y campañas de comunicación alineadas con el proyecto político de Milei. La fundación tiene a Agustín Laje como figura emblemática y mantiene estrechos vínculos con sectores del gobierno nacional.
De una pequeña fundación a una maquinaria multimillonaria
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los organismos de control es la velocidad del crecimiento patrimonial. Hasta 2023 la entidad se llamaba Fundación Valorar y declaraba un patrimonio cercano a los $12 millones. Tras el cambio de autoridades y su transformación en Fundación Faro, el patrimonio informado superó los $4.300 millones y los ingresos rozaron los $5.000 millones.
Los números son impactantes incluso para los estándares de las organizaciones vinculadas a la política. La evolución representa un incremento patrimonial superior a las 350 veces en apenas un ejercicio contable. Esa expansión es precisamente uno de los elementos que motivaron el interés de la IGJ, que ahora exige conocer quiénes financiaron semejante crecimiento.
La intimación también apunta a préstamos sin explicación suficiente, libros contables sin actualizar y la ausencia de información que permita identificar con precisión el origen de los fondos declarados. Según trascendió, el organismo considera indispensable determinar quiénes realizaron las contribuciones más importantes y bajo qué modalidad se efectuaron.
Una interna libertaria que asoma detrás del expediente
La investigación administrativa también alimentó especulaciones sobre las tensiones internas que atraviesan al oficialismo. Distintos análisis periodísticos señalaron que la avanzada de la IGJ ocurre en medio de la creciente disputa entre los sectores alineados con Karina Milei y el espacio que responde políticamente a Santiago Caputo, uno de los dirigentes más influyentes del entorno presidencial.
La particularidad del caso es que Faro fue presentada desde su nacimiento como la herramienta destinada a sostener la denominada «batalla cultural» libertaria. El propio Milei participó de actos y actividades de la fundación, respaldando públicamente su papel dentro de la construcción política oficialista.
Ahora, sin embargo, la discusión ya no gira alrededor de las ideas sino del dinero. La pregunta que busca responder la IGJ es simple y al mismo tiempo explosiva: ¿quiénes aportaron los casi $5.000 millones que permitieron el despegue de la organización?
La respuesta podría convertirse en un problema político de magnitud para un gobierno que llegó al poder prometiendo transparencia y cuestionando los mecanismos de financiamiento que durante años criticó en otras fuerzas políticas. Mientras tanto, la Fundación Faro enfrenta el desafío de justificar el origen de recursos multimillonarios que hasta hoy permanecen envueltos en un manto de opacidad.
Mientras el oficialismo construyó buena parte de su identidad política alrededor de la idea de combatir los privilegios de la “casta”, la situación patrimonial de Manuel Adorni se convirtió en uno de los episodios más incómodos para la administración de Milei. La demora en la presentación de su declaración jurada, las explicaciones cambiantes y las prórrogas administrativas terminaron transformando un trámite formal en una crisis política de credibilidad.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
Durante meses, el Gobierno hizo de la transparencia una bandera discursiva. Funcionarios, voceros y dirigentes libertarios cuestionaron a gobiernos anteriores por presuntas irregularidades patrimoniales y reclamaron estándares más altos de rendición de cuentas. Sin embargo, cuando el foco comenzó a apuntar hacia el entonces vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la reacción oficial fue cualquier cosa menos contundente.
El problema dejó de ser únicamente la declaración jurada. Lo que comenzó como una demora administrativa terminó convirtiéndose en una prueba política. Cada día sin presentación alimentó nuevas preguntas. ¿Por qué un funcionario que prometía transparencia absoluta no mostraba rápidamente su patrimonio? ¿Por qué el Gobierno parecía más preocupado por administrar los tiempos que por despejar las dudas?
La prórroga que agravó las sospechas
La situación se volvió todavía más delicada cuando la Oficina Anticorrupción resolvió extender los plazos para la presentación de declaraciones juradas de los funcionarios nacionales hasta el 31 de julio. Formalmente, la medida fue justificada por cuestiones técnicas vinculadas a vencimientos fiscales. Sin embargo, la decisión coincidió con el momento de mayor presión política sobre Adorni y fue interpretada por amplios sectores como un alivio a medida para el funcionario.
Lejos de cerrar la discusión, la prórroga la amplificó. La oposición comenzó a cuestionar si el organismo encargado de controlar a los funcionarios estaba actuando con independencia o si se había convertido en un instrumento para ganar tiempo político.
La paradoja fue evidente. El mismo gobierno que prometía terminar con los privilegios aparecía beneficiado por una resolución que reducía la presión sobre uno de sus principales dirigentes.
Un funcionario bajo la lupa
En las últimas semanas trascendió que Adorni continuaba trabajando con asesores y contadores para completar la documentación patrimonial y fijó como horizonte el 15 de junio para realizar una presentación pública de su situación económica.
La explicación oficial sostiene que se trata de un proceso complejo y que toda la información será presentada en tiempo y forma. Pero políticamente el daño ya está hecho. Cuando un gobierno construye su legitimidad sobre la idea de que es distinto a los demás, los estándares que se le aplican son más altos.
Ese es el verdadero problema para la Casa Rosada. La discusión dejó de girar alrededor de balances, inmuebles o formularios. Lo que está en juego es la coherencia entre el discurso y la práctica.
El costo de predicar una cosa y hacer otra
La administración de Milei suele responder a los cuestionamientos apelando a la confrontación. Sin embargo, el caso Adorni no es un conflicto externo ni una disputa con gobernadores, sindicalistas o dirigentes opositores. Es una controversia nacida dentro del propio oficialismo.
Por eso genera tanta incomodidad. Resulta difícil acusar de “operación” a quienes simplemente preguntan por qué un funcionario central del Gobierno aún no exhibió plenamente la información patrimonial que se espera de cualquier alto cargo del Estado.
Incluso dirigentes aliados comenzaron a marcar distancia. Algunos referentes libertarios y oficialistas reclamaron que la situación se resolviera cuanto antes para evitar que la polémica siguiera creciendo.
La preocupación es lógica: cuanto más se extiende el tema, más se instala la percepción de que existe algo que ocultar, aun cuando eso no esté probado.
El espejo de la casta
El episodio encierra una ironía política difícil de ignorar. Durante años, Milei y sus dirigentes construyeron su narrativa denunciando privilegios, opacidad y falta de controles sobre la dirigencia tradicional. Ahora es uno de sus funcionarios más importantes quien debe explicar por qué la transparencia prometida tarda tanto en llegar.
El Gobierno todavía tiene margen para cerrar la controversia. Pero cada demora adicional profundiza una contradicción central: la de una administración que llegó prometiendo ser distinta y que, frente a un cuestionamiento sensible, parece recurrir a las mismas maniobras dilatorias que durante años criticó.
Porque al final del día, la discusión no pasa por una declaración jurada. Pasa por la credibilidad. Y en política, cuando la confianza empieza a erosionarse, ningún formulario alcanza para recuperarla.
Santiago Viola se juega la confianza de Karina Milei en el destino de los casos Andis y Adorni, ambas investigaciones en manos de Ariel Lijo. Después de una semana traumática para el gobierno, signada por la pelea con Patricia Bullrich y la batalla por el pliego de la cuñada de Alconada Mon, el foco de la secretaria General de la Presidencia podría virar de Juan Bautista Mahiques al apoderado de LLA.
Fuentes del Congreso dijeron a LPO que el joven abogado le había prometido a la hermana presidencial y a Javier Milei su capacidad para administrar las causas que los martirizan. «Viola le vendió a Karina que iba a poder controlar a Lijo porque había trabajado mucho tiempo con él», comentaron.
La jugada del abogado revela una autoestima elevada. En Comodoro Py, la familia judicial no olvida que fue partícipe de la operación con la que instaló, a través de dos testigos falsos, que el juez Sebastián Casanello se había reunido con Cristina Kirchner en la residencia presidencial de Olivos. «Eso se paga, independientemente que Casanello guste más o menos», deslizó un magistrado.
Por eso, parece difícil que Viola cuente con recursos como para persuadir a Lijo de frenar la investigación sobre las coimas de la Andis o el patrimonio del Jefe de Gabinete, cuando las pruebas que sobre sus inconsistencias patrimoniales son de tal magnitud que hunden las mejores intenciones de ayudarlo.
Viola le vendió a Karina que iba a poder controlar a Lijo porque había trabajado mucho tiempo con él.
LPO reveló que ya le pasó a Adorni algo similar: el jefe de Gabinete no tuvo mejor idea que ir al despacho de Mahiques para que lo auxilie con su llegada al fiscal Gerardo Pollicita, quien lleva adelante la causa en su contra.
Mahiques llamó a Pollicita con Adorni presente para pedirle -en tono canchero- que lo ayude. Pero el fiscal cortó la comunicación de forma abrupta, ofendido por la brutalidad del acercamiento. En esa misma época el ministro de Justicia intentó usar el envío del pliego de José Tomás Rodríguez Ponte, un protegido de Lijo, como rehén para condicionar al juez federal. No le fue mejor y tuvo que terminar soltándolo, sin mayores seguridades.
Hasta ahora, Viola ha gozado del beneficio de ser el hijo de Claudia Balbín, una operadora radical de larga trayectoria que cultiva una profunda amistad con la jueza María Servini, quien considera «un sobrino» al viceministro de Justicia. Acaso el afecto de ambas mujeres le haya alcanzado hasta el momento pero en el gobierno siguen esperando los resultados que prometió a Karina en las causas que tiene Lijo.
El Fondo de Asistencia Laboral quedó reglamentado, pero no operativo. El Decreto 408 puso en papel el manual de uso del nuevo sistema de financiamiento de indemnizaciones, aunque prorrogó su entrada en vigencia plena hasta el 1º de noviembre de 2026. Hasta entonces, las empresas seguirán pagando las contribuciones patronales como hasta ahora. En paralelo, la Secretaría de Trabajo, ARCA, la CNV y la Secretaría de Finanzas tienen 45 días hábiles para dictar la letra chica que permita que el mecanismo funcione sin que el engranaje se trabe en la primera declaración jurada.
El FAL no elimina la indemnización. Ese es el primer punto técnico. La Ley 27.802 dice que el régimen «no modifica, sustituye ni altera» el sistema indemnizatorio vigente. El trabajador sigue teniendo derecho a cobrar lo que corresponde por la Ley de Contrato de Trabajo. Lo que cambia es la forma en que el empleador fondea ese pago. Ya no se trata sólo de sacar la plata de caja al momento del despido, sino de acumular mes a mes recursos en una cuenta financiera propia. Una alcancía con candado bursátil.
El sistema alcanza a empleadores privados. Quedan excluidas las relaciones del sector público, el régimen de la construcción de la ley 22.250 y el personal de casas particulares de la ley 26.844. El fondo puede utilizarse para pagar obligaciones vinculadas con despido, preaviso, integración del mes de despido, mutuo acuerdo, incapacidad, muerte del trabajador, fuerza mayor, quiebra y otros supuestos previstos en los artículos laborales detallados por la ley. También cubre indemnizaciones de estatutos profesionales y del régimen agrario, siempre dentro de las condiciones fijadas por la norma.
La cobertura tiene dos filtros. El primero es la registración. El FAL sólo cubre trabajadores registrados con una antigüedad mínima de 12 meses antes de la extinción laboral. No cubre trabajadores no registrados. Si la relación está registrada de manera deficiente, por ejemplo con una remuneración menor a la real, una fecha falsa o una categoría incorrecta, el fondo sólo paga según los datos declarados. Todo lo que quede por fuera de esa registración sigue siendo responsabilidad del empleador.
El segundo filtro es el período de carencia. El fondo no responde hasta que haya recibido al menos seis contribuciones mensuales completas y consecutivas. La cuenta no se activa desde el primer día. Necesita capitalizarse. El período se cuenta desde el mes calendario en que ARCA registre la integración efectiva de la primera contribución. Si una empresa despide antes de cumplir esa carencia, no puede cubrirse con el FAL. La indemnización sigue existiendo, pero debe salir de caja.
El fondo no responde hasta que haya recibido al menos seis contribuciones mensuales completas y consecutivas. La cuenta no se activa desde el primer día. Necesita capitalizarse.
El aporte mensual obligatorio será del 1% de la masa salarial para grandes empresas y del 2,5% para micro, pequeñas y medianas empresas. La base de cálculo es la misma que se usa para las contribuciones patronales con destino al SIPA. La ley también habilita al Poder Ejecutivo a subir esos porcentajes hasta el 1,5% para grandes empresas y hasta el 3% para MiPyMEs, pero sólo si lo dispone por cumplimiento de metas fiscales y con aprobación de la Comisión Bicameral de Control de Fondos de la Seguridad Social.
La clave fiscal está en que ese aporte no aparece como un costo nuevo para el empleador. Se detrae de las contribuciones patronales que ya iban a la seguridad social. El decreto reglamenta que las empresas restarán la alícuota del FAL de las contribuciones destinadas a los subsistemas de las leyes 19.032, 24.013, 24.241 y 24.714. En castellano: PAMI, Fondo Nacional de Empleo, SIPA y asignaciones familiares. Lo que antes iba directo a la caja pública ahora se desvía hacia una cuenta financiera del empleador.
La cadena tiene varios actores. Primero está el empleador, que elige la entidad habilitada. Después aparece ARCA, que recibe la declaración y deriva la contribución mensual. Luego interviene la CNV, que autoriza, regula, supervisa y sanciona a los vehículos. Y finalmente entra el mercado: sociedades administradoras de fondos, bancos, sociedades depositarias, fiduciarios financieros y ALyCs, que pueden participar en la colocación, administración, custodia y distribución del producto. El decreto no habla de una cuenta salarial. Habla de una rueda financiera completa, con regulador bursátil, patrimonios separados y activos negociables.
En el caso de los Fondos Comunes de Inversión, el dinero de las empresas se convierte en cuotapartes. La sociedad gerente administra la cartera. La sociedad depositaria custodia los activos. Las ALyCs y bancos pueden operar como canales comerciales para captar empresas y ofrecerles rendimiento, liquidez y servicio. En el caso de los fideicomisos financieros, el fiduciario recibe el patrimonio, lo separa del resto de sus bienes y lo administra con un destino exclusivo: pagar las obligaciones laborales cubiertas por el régimen. Si el fideicomiso tiene vencimiento, debe prever la renovación o migración ordenada de activos con 24 meses de anticipación
El circuito operativo arranca antes del primer pago. Cada empleador deberá elegir una entidad habilitada por la CNV, seleccionar un vehículo de inversión colectiva autorizado y abrir una cuenta individual. Esa cuenta no es por trabajador. Es por empresa. Es común para toda la nómina. La entidad asignará un identificador único, el «ID FAL», y deberá informar la cuenta bancaria del fondo o fideicomiso que recibirá las contribuciones. Después, el empleador deberá cargar ese ID FAL ante ARCA.
ARCA actuará como agente de derivación. Va a integrar el pago del FAL dentro de la Contribución Unificada de la Seguridad Social y girará la plata a la cuenta del vehículo financiero elegido. Pero el Estado no responde si la empresa no paga, si el fondo no tiene liquidez o si el saldo no alcanza. La responsabilidad frente al trabajador sigue siendo exclusiva del empleador. ARCA cobra y deriva. No garantiza. La CNV regula. No indemniza.
Si el empleador no informa un ID FAL válido, ARCA imputará los aportes y contribuciones a los subsistemas de seguridad social que correspondan, no derivará fondos al FAL y retendrá las sumas vinculadas a esa contribución sin imputación específica. Si pasa un mes desde el vencimiento y la empresa sigue sin informar el ID correcto, ARCA avisará a la CNV. La CNV podrá asignar de oficio un vehículo de inversión colectiva. Recién ahí ARCA transferirá los fondos acumulados a la cuenta individual asignada.
El Estado no responde si la empresa no paga, si el fondo no tiene liquidez o si el saldo no alcanza. La responsabilidad frente al trabajador sigue siendo exclusiva del empleador. ARCA cobra y deriva. No garantiza. La CNV regula. No indemniza.
Las entidades habilitadas podrán administrar el FAL bajo dos formatos: fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros. En ambos casos, deberán estar autorizados y supervisados por la CNV. La cuenta del empleador será un patrimonio separado, independiente, inenajenable, inembargable y de afectación específica. No se mezcla con el patrimonio del banco, de la sociedad de bolsa ni del fiduciario. Tampoco puede ser utilizada para otros fines. Si la empresa usa los recursos para algo distinto o elige una entidad sobre la que tiene participación directa o indirecta, puede recibir una multa de hasta el doble del monto ingresado al fondo más los rendimientos.
La política de inversión también viene cerrada. Los fondos sólo podrán colocarse en instrumentos financieros o valores negociables emitidos y negociados en la Argentina. No se admiten activos cuyo subyacente esté emitido o negociado en el exterior. En la práctica, las carteras deberán combinar liquidez, cobertura y bajo riesgo relativo dentro del mercado local. El objetivo legal es que el dinero esté disponible para pagar una desvinculación, pero el camino natural conduce a letras, bonos y otros instrumentos nacionales. El Gobierno lo presenta como inversión productiva local. En la City lo leen como una nueva fuente de financiamiento al Tesoro.
El pago al trabajador también tiene procedimiento propio. Si el empleador decide usar el FAL, debe presentar una declaración jurada electrónica ante la entidad administradora. Allí tiene que informar CUIT y domicilio legal, nombre y CUIL del trabajador, datos completos de la cuenta bancaria, fecha y causa de extinción, copia del acto extintivo o acuerdo, detalle de la liquidación, mejor remuneración mensual normal y habitual, fecha de ingreso, antigüedad computable, monto a transferir y, si corresponde, carátula y número de expediente judicial o administrativo. La administradora sólo valida tres cosas: que la cuenta bancaria sea del trabajador, que el trabajador esté registrado y que la declaración jurada esté completa.
Con esos requisitos cumplidos, la entidad liquida la posición del empleador en el vehículo de inversión colectiva y transfiere el dinero a la cuenta bancaria del trabajador dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles. Después debe reflejar el retiro en el estado de cuenta y notificar a la Secretaría de Trabajo. Pero el cálculo de la indemnización no lo hace el fondo. Lo hace la empresa. Si el monto está mal calculado, si falta plata o si la cuenta acumulada no alcanza, el reclamo vuelve al empleador. El FAL paga hasta donde llega. La diferencia no desaparece.
Miguel Simioni, presidente de La Bolsa de Rosario.
La portabilidad es otro engranaje central. El empleador podrá mudar los recursos acumulados desde una administradora a otra o desde un vehículo de inversión a otro, siempre que el destino esté autorizado por la CNV. Para hacerlo, no puede haber obligaciones pendientes de pago o, si las hay, deben quedar provisiones suficientes en la cuenta de origen. La transferencia debe cumplir los criterios que fije la CNV y comunicarse a ARCA. En los fideicomisos, además, el fiduciario deberá prever la renovación o migración ordenada de activos con al menos 24 meses de anticipación al vencimiento.
También existe una puerta de salida temporal. Si una empresa acredita que el saldo acumulado cubre las posibles contingencias laborales de su nómina según los parámetros que fijen Trabajo y Economía, podrá pedir la suspensión o interrupción de la obligación mensual de aportar. Si se concede, deja de contribuir por el plazo autorizado. Si las condiciones cambian, la Secretaría de Trabajo puede ordenar que vuelva a pagar desde el período siguiente. Es una válvula pensada para empresas con bajo riesgo de rotación, pero también puede agrandar la desigualdad entre firmas estables y empresas con alta movilidad de personal.
En caso de cese, disolución, liquidación o quiebra del empleador, la cuenta individual se extingue. Los recursos deben transferirse a una cuenta bancaria de la empresa en el país, salvo que el juez de la quiebra disponga otra cosa. Si la empresa no tiene trabajadores registrados durante seis meses continuos y no acredita reclamos laborales pendientes, también puede extinguirse la cuenta. Si hay indemnizaciones a pagar, el FAL sirve hasta donde alcanza. Si sobra, el remanente entra en la masa de la quiebra. Si falta, el trabajador conserva su crédito laboral por la diferencia.
El IERAL advirtió durante el debate que el diseño del FAL tiene «aspectos discutibles», que su costo fiscal directo se estimaba en torno al 0,5% del PIB y que su impacto neto dependía de que efectivamente generara empleo formal adicional, algo que no estaba garantizado.
Los informes técnicos marcan varios puntos críticos. El IERAL advirtió durante el debate que el diseño del FAL tiene «aspectos discutibles», que su costo fiscal directo se estimaba en torno al 0,5% del PIB y que su impacto neto dependía de que efectivamente generara empleo formal adicional, algo que no estaba garantizado. También señaló el problema de una prima fija: puede ser insuficiente para empresas con alta rotación y excesiva para firmas con planteles estables. Como alternativa, planteó un mínimo no imponible sobre la masa salarial, más simple, más focalizado y fiscalmente más acotado.
Del otro lado del mostrador, la Bolsa de Comercio de Rosario lo leyó como una oportunidad para el mercado de capitales. Con estimaciones de AXIS, calculó que el sector privado registrado reúne cerca de 6,2 millones de trabajadores, con un salario bruto promedio de 2,15 millones de pesos y una masa salarial total de 13,3 billones de pesos. Con 35% del empleo en grandes empresas y 65% en MiPyMEs, las alícuotas del 1% y 2,5% darían un flujo mensual de 263.268 millones de pesos, unos 2.179 millones de dólares anuales. Ese es el tamaño de la caja que empiezan a mirar bancos, ALyCs y sociedades administradoras.
Ahí aparece la lectura política. El FAL ordena técnicamente una cuenta de asistencia para despidos, pero lo hace con recursos que antes financiaban la seguridad social. No es plata nueva. Es una reasignación. La ANSES pierde recaudación corriente y el mercado financiero gana flujo obligatorio. Luego esos fondos deben invertirse en instrumentos argentinos. Una parte puede terminar comprando deuda del Tesoro. La operación cierra como un rulo prolijo: se debilita el ingreso previsional, se crea una caja administrada por privados y se refuerza la demanda de títulos públicos.
Por eso la comparación con las AFJP aparece al final, no al principio. El FAL no paga jubilaciones ni abre cuentas individuales por trabajador. Pero reproduce una lógica conocida: recursos de origen laboral que salen del circuito solidario y pasan a vehículos privados de administración financiera. La vieja promesa era eficiencia, capitalización y mercado. La nueva se llama previsibilidad laboral, liquidez y modernización.
