Avanza el fuero laboral porteño: ya está el listado de jueces y esperan que funcione en febrero

Avanza el fuero laboral porteño: ya está el listado de jueces y esperan que funcione en febrero

 

La Ciudad avanza con el traspaso de la justicia laboral y esperan que en febrero de 2027 ya estén en funcionamiento 10 juzgados y dos salas de cámara. Las causas colectivas seguirán en el fuero nacional. Los jueces y fiscales compartirán equipos para las tareas administrativas. Aún no está cerrado el monto que transferirá Nación.

La magistratura porteña envió a la Legislatura el listado de los primeros diez jueces y los primeros seis camaristas que tendrá el fuero laboral porteño, además de fiscales, fiscales de cámara y asesores tutelares. Allí irán a parar los nuevos casos expedientes vinculados al mundo del trabajo. Los viejos continuarán tramitándose con sus jueces naturales en el fuero nacional.

A diferencia de lo que ocurre en Nación, el Consejo no elabora ternas, sino listados que corresponden al orden de mérito. En los que elevó el jueves no hay casi diferencia con el puntaje del examen escrito y los antecedentes.

Entre los postulantes para jueces y camaristas del fuero laboral que debe votar la Legislatura hay abogados de empresas, de sindicatos, jueces y ex funcionarios como Horacio Pitrau. Durante 27 días fue subsecretario de Trabajo de Milei y viceministro de Jorge Triaca. Aparece en el listado de los camaristas.

Pese al rechazo del PJ, el Senado aprobó el pliego del juez que avaló la reforma laboral

Sebastián Luis Caset y Agustina Bergonzelli son candidatos a jueces de primera instancia y vienen del mundo del derecho empresario. Silvia Inés Gutiérrez Garay, postulada para camarista, fue abogada del Suterh. Patricia Paola Ceriani, también candidata a camarista, es Coordinadora Técnico Legal y Jurídica de la Dirección General de Administración de Infracciones de la Ciudad.

En la Ciudad apuntan a tener al menos 40 juzgados y 5 salas con tres camaristas. 

Diego Javier Tula es juez laboral en la Provincia mientras que Martín Furchi pertenece al fuero contencioso administrativo de la Ciudad. Ambos están en la lista de camaristas.

El traspaso era resistido por los jueces nacionales y un amparo frenó por varios meses el concurso organizado por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Por eso la decisión fue que los juzgados nacionales continúen funcionando hasta que no tengan más tareas.

Las causas colectivas, aquellas que involucran a sindicatos, seguirán tramitándose en los juzgados nacionales.

En la Ciudad apuntan a tener al menos 40 juzgados y 5 salas con tres camaristas. En Nación buscan bajar ese número. «Todavía estamos discutiendo cuestiones del traspaso de la policía, esto viene para largo», bromeó un funcionario porteño.

El fuero podrá comenzar a funcionar 180 después de que la Legislatura y el Congreso aprueben el traspaso.

Para los nuevos juzgados, la Ciudad aplicará el modelo de gestión asociado. Implica la conformación de equipos administrativos especializados que trabajarán para varios juzgados en simultáneo. La intención es tener un servicio de justicia más rápido y eficiente.

«Vas a tener algunos que solo hagan notificaciones, otros que manejen las audiencias. Va a ser gente especializada que trabaja en una sola tarea», le dijo a LPO un funcionario judicial. El modelo ya se aplica en el fuero de relaciones de consumo y en ejecución penal.

Fue una innovación basada en los casos de Neuquén y Tucumán y también de España y Chile que tuvo su debut en las fiscalías de la Ciudad.

«Se bajan los costos, también se reduce el poder de los jueces. Y al final el servicio de Justicia es más rápido y efectivo», explicaron desde el gobierno porteño.

 

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    El 86% de los argentinos asegura que su salario pierde contra la inflación

     

    Un relevamiento nacional de junio revela que el 86,1% de los argentinos considera que su sueldo no le gana a la inflación. También crece el pesimismo económico y cae la aprobación del gobierno de Javier Milei.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    El relato de la baja de la inflación no alcanza: un informe sostiene que el 86% de los argentinos siente que su salario sigue perdiendo

    Mientras el Gobierno nacional insiste en mostrar la desaceleración de la inflación como su principal logro económico, la percepción social parece ir por otro camino. Un informe nacional realizado durante junio revela que ocho de cada diez argentinos consideran que su salario continúa perdiendo frente al aumento de los precios, evidenciando una fuerte desconexión entre los indicadores macroeconómicos y la realidad cotidiana de millones de trabajadores.

    El dato surge del Monitor de Opinión Pública de junio de 2026, elaborado por Zentrix Consultora sobre una muestra nacional de 1.297 casos relevados entre el 15 y el 22 de junio. El estudio muestra que el 86,1% de los consultados afirma que su salario no le está ganando a la inflación, mientras apenas el 10,3% sostiene que sí logra superar el aumento de los precios.

    Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, el trabajo sostiene que este indicador permanece prácticamente sin cambios desde marzo y se mantiene en uno de los niveles más elevados de toda la serie histórica que releva la consultora.

    El bolsillo sigue siendo el principal termómetro de la economía

    El informe pone en cuestión uno de los principales argumentos del Gobierno de Javier Milei: que la desaceleración inflacionaria por sí sola alcanza para mejorar las condiciones de vida.

    Según los investigadores, la percepción social ya no está determinada únicamente por cuánto aumentan los precios, sino por la capacidad real de recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos años. En otras palabras, la inflación puede mostrar una tendencia descendente, pero si los salarios permanecen rezagados, la sensación de deterioro económico continúa siendo dominante.

    En ese contexto, el 68,8% de los encuestados además considera que el índice de inflación publicado por el INDEC no refleja adecuadamente la variación de precios que experimenta en su vida cotidiana, una cifra que refleja un persistente nivel de desconfianza hacia los datos oficiales.

    Para la consultora, esto demuestra que la estabilización macroeconómica todavía no logra traducirse en una mejora concreta de la economía familiar, principal preocupación de buena parte de la población.

    El deterioro atraviesa incluso a votantes oficialistas

    Uno de los aspectos más llamativos del estudio es que la pérdida del poder adquisitivo no aparece únicamente entre quienes se identifican con la oposición.

    Entre quienes votaron al oficialismo en las elecciones legislativas de 2025, el 70,2% reconoce que su salario no le gana a la inflación, mientras que entre los votantes opositores esa cifra asciende al 96,6%.

    La diferencia, sostiene el informe, no radica tanto en la experiencia económica sino en la interpretación política de esa situación. Mientras parte del electorado libertario continúa considerando que el sacrificio forma parte de una etapa de transición, entre la oposición predomina la idea de que el deterioro constituye una evidencia del fracaso del modelo económico.

    El mismo patrón aparece cuando se analiza hasta qué momento del mes alcanzan los ingresos familiares. Una proporción significativa de los hogares declara llegar con dificultades a fin de mes, reforzando la percepción de pérdida sostenida del poder adquisitivo.

    El malestar económico vuelve a impactar en la imagen del Gobierno

    El trabajo también detecta que el clima económico comienza a reflejarse nuevamente en la evaluación política de la gestión nacional.

    Tras varios meses de recuperación durante el segundo semestre de 2025 y comienzos de 2026, la aprobación del gobierno de Milei volvió a retroceder hasta ubicarse en torno al 32-33%, mientras la desaprobación escaló al 56,6% durante junio, según los datos del relevamiento.

    Además, el 55,1% de los consultados cree que «lo peor está por venir», un indicador que refleja un predominante pesimismo respecto de la evolución económica de los próximos meses.

    Aunque el Gobierno continúa exhibiendo la desaceleración de la inflación como el principal éxito de su programa económico, la encuesta sugiere que el verdadero examen sigue estando en el bolsillo de los trabajadores. Mientras la mayoría perciba que los salarios continúan perdiendo capacidad de compra, la mejora de los indicadores macroeconómicos difícilmente alcance para modificar el humor social o consolidar el respaldo político al oficialismo.

     

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  • Ante la suba del petróleo, las pymes proponen aumentar la mezcla con biodiesel

     

     Las pymes elaboradoras de biodiesel presentaron un proyecto alternativo al impulsado por el oficialismo para amortiguar el aumento del crudo por la nueva escalada bélica en Medio Oriente.

    Las empresas buscan elevar el corte obligatorio al 12,5% y distribuir la producción entre las plantas regionales, las compañías no integradas y las grandes aceiteras.

    La propuesta de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) contempla reservar un 5% del corte para las 17 plantas regionales, otro 2,5% para ocho compañías no integradas y el 5% restante para las aceiteras.

    Patricia Bullrich intenta que se apruebe el proyecto que pone en riesgo 10 mil empleos, dicen desde la Cámara

    Por un lado, buscan amortiguar el precio final del combustible y a su vez, garantizar un mercado interno para grandes y chicos, una salida superadora al proyecto impulsado por Patricia Bullrich que habilitaba a las grandes cerealeras a quedarse con todo el negocio.

    «Las pymes no cuestionan la incorporación de las grandes empresas al mercado interno, pero reclaman que el crecimiento de la demanda no se produzca a costa de la producción que actualmente tienen asignada las plantas del interior», explicaron a LPO desde la Cámara.

     Las pymes no cuestionan la incorporación de las grandes empresas al mercado interno, pero reclaman que el crecimiento de la demanda no se produzca a costa de la producción que actualmente tienen asignada las plantas del interior 

    Para CEPREB, la iniciativa oficial es «la sentencia de cierre de 25 plantas del interior» y pone en peligro unos 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

    «La discusión no es contra nadie. Es a favor de que la ley respete la inversión de las 25 pymes del interior del país y los 10.000 puestos de trabajo que están en riesgo», señalaron desde la entidad.

    [Las pymes del biodiesel denuncian que Bullrich les entrega el negocio a las cerealeras y pone en riesgo 25 fábricas]

    Las plantas regionales sostienen que no pueden competir en igualdad de condiciones con las aceiteras, debido a que deben comprarles a esas mismas empresas el aceite de soja que utilizan como materia prima para fabricar el biodiesel.

    Además, detrás de las 25 plantas funciona una cadena integrada por unas 400 extrusoras que producen aceite y agregan valor a la soja en distintas localidades del interior.

     La discusión no es contra nadie. Es a favor de que la ley respete la inversión de las 25 pymes del interior del país y los 10.000 puestos de trabajo que están en riesgo 

    El sector advierte que una reducción del cupo no afectaría solamente a las elaboradoras de biodiesel, sino también a sus proveedores y a las economías de las ciudades donde se encuentran instaladas.

    Las plantas están distribuidas entre Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis y producen unas 900.000 toneladas anuales para abastecer el corte vigente del 7,5%. Santa Fe aporta 360.000 toneladas; Buenos Aires, 355.000; La Pampa, 85.000; Entre Ríos, 55.000; y San Luis, 45.000.

    Según los cálculos de CEPREB, elevar el corte al 12,5% generaría una demanda adicional de 600.000 toneladas. Santa Fe sería la principal beneficiada porque concentra las compañías no integradas y buena parte de la capacidad aceitera del país.

    Sin embargo, las pymes advierten que el proyecto oficial habilita el coprocesamiento y no establece un reparto explícito, por lo que las grandes empresas podrían quedarse tanto con el crecimiento del mercado como con parte de la producción que actualmente corresponde a las plantas regionales.

     

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