Autor: Invitad@ Especial

  • Slokar recibió el Honoris Causa en la Universidad de Morón

     

    El juez Alejandro Slokar recibió el máximo honor académico que otorga la Universidad de Morón: el título de Doctor Honoris Causa. El acto de entrega se llevó a cabo el 4 de junio y reunió a importantes dirigentes y referentes políticos, empresariales, sociales y judiciales.

    Frente a un auditorio colmado, la presentación de la condecoración estuvo a cargo del ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni y del Padre Carlos Accaputo, quienes resaltaron la prolífica trayectoria de Slokar.

    Zaffaroni reconoció el privilegio que supone pronunciar unas palabras en tan significativa ocasión y recordó la enriquecedora relación que lo une con Slokar, signada por intensas discusiones teoricas que confluyeron en el célebre Tratado de Derecho Penal, elaborado por ambos junto con el Fiscal Alejandro Alagia. A su vez, elogió a Slokar y destacó la responsabilidad humanista que trae apareja la honorifica distinción que se le otorga.

    El Padre Carlos Accaputo explicó que es tarea de la política construir un orden justo en términos sociales, cuyo imperativo debe ser el bien común entendido como construcción de una comunidad, mientras que la labor propia de la iglesia reside en la caridad, traducida en amor al pueblo. En ese sentido llamó a reconstruir la política y conminó a aquellos que la ejercen a asumir la responsabilidad. Finalmente, resaltó que la Justicia Social es lo fundamental para que todos puedan vivir con dignidad.

    Al recibir la distinción como Doctor Honoris Causa el jurista advirtió que: «Sin Justicia Social cualquier proyecto de país es inviable» y luego expresó: «La Justicia Social constituye la dimensión más excelsa de la Justicia y es una condición irrenunciable para la conformación democrática de una Argentina moderna, integrada, mínimamente viable». Sobre ello, recordó al Papa Francisco cuando denunció que «en vez de pagar Justicia Social, pagan el gas pimienta».

    Asimismo, dijo que «toda decisión sobre las necesidades sociales no es económica, también es jurídica, antes ética. Cuando los recursos para la supervivencia escasean y acecha la intemperie, la comunidad no puede subordinase al cálculo de utilidad de los más fuertes, sino al amparo prioritario de los más vulnerables». Y remató: «Si la economía regula la escasez, el Derecho gestiona la dignidad».

    Al cierre de su exposición, Slokar concluyó: «La Justicia Social constituye el presupuesto de legitimidad del sistema político-institucional que se garantiza, fundamentalmente, cuando el Poder Judicial activa enérgicamente su imperativo decisorio».

    Estuvieron presentes, los diputados Miguel Angel Pichetto, Mario «Paco» Manrique, Fernanda Miño, Nicolás Tortta y Guillermo Michel, el ministro de Justicia de la PBA, Martín Mena, el presidente del BAPRO, Juan Cuattromo, el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, el ex intendente Julio Alak, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, Jorge Knoblovits (DAIA), Raúl O. Pleé (Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación), Alejandro «Peluca» Gramajo (Secretario General UTEP), el premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el ex gobernador y ex canciller Felipe Solá, Joaquin Da Rocha y Carlos Balbín, ex procuradores del Tesoro de la Nación, Victor Santa María (SUTERH), y Mariano Cascallares, consejero de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires.

    La distinción reconoce la trayectoria sobresaliente de Slokar en el campo del derecho penal y de los derechos humanos. A lo largo de su carrera, el magistrado se ha destacado por su rol protagónico en los juicios por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar en Argentina. La Universidad de Morón, con más de seis décadas de historia, reafirma así su compromiso con los valores de la democracia, la justicia y la memoria, al enaltecer la obra de quien ha dedicado su vida profesional a la defensa del orden jurídico y la protección de los derechos fundamentales.

     

  • Máximo y Kicillof retomaron el diálogo y organizan el velorio del Indio

     

    Máximo Kirchner y Axel Kicillof retomaron el diálogo para organizar el velorio del Indio Solari, en medio de la confusión que hay en el gobierno nacional sobre como ubicarse ante la muerte del ídolo de Los Redondos, ubicado en las antípodas de los libertarios.

    El hijo de Néstor y Cristina Kirchner se acercó en la mañana de este viernes al domicilio del Indio en Parque Leloir para tomar contacto con su familia. Un contacto que en el gobierno de Javier Milei no tienen y buscan de manera desesperada para evitar que la muerte del músico impacte de manera negativa en la imagen del libertario.

    Es que las primeras reacciones del oficialismo enervaron a los ricoteros: a la represión policial de los fans que se amontonaron en Plaza de Mayo se sumó el rechazo de Martín Menem a abrir el Congreso para el velorio del cantante. Esto desató una crisis en el gobierno, como anticipó LPO, que los obligó a filtrar que ponían a disposición el predio de Tecnópolis para el velorio, aunque no lograron contactarse con la familia.

    Menem no quiso velar al Indio en el Congreso y desató una crisis en el gobierno

    El líder de La Cámpora y el gobernador bonaerense se movieron rápido para capitalizar la falla del gobierno y barajan alternativas junto a la familia para organizar el evento que será el sábado.

    «Le pusimos a disposición de la familia todo lo que quiera», dijeron a LPO en el gobierno de Kicillof y aclararon que lo único descartado es el Estadio Único de La Plata porque está en obra.

    Le pusimos a disposición de la familia todo lo que quiera.

    Máximo es muy ricotero y llegó a tener una relación con la músico a quien solía visitar en su casa. En el kirchnerismo aseguran que el Indio, que en sus orígenes estaba más cómodo con el trotskismo, terminó siendo cercano a Cristina, con quien se fotografió en más de una ocasión. El escritor Marcelo Figuera, que trabajó las biografías autorizadas de Cristina y El Indio, fue uno de los puentes para ese acercamiento.

    Incluso, en las últimas horas corrieron versiones sobre una carta que el Indio le habría escrito a Cristina, pero que finalmente no se la habría enviado. En el entorno del músico descartaron que el texto que circula en redes sea auténtico.

    Lo que no descartaron es que exista una última entrevista de tres horas con el Indio, que por ahora no salió a la luz. 

    Como sea, en el peronismo evalúan que el cimbronazo emotivo de la muerte de un ícono popular de la envergadura del Indio termine sirviendo para unificar a los dos sectores que estaban en guerra. 

    El Indio y su esposa Virginia Mones Ruiz con Cristina Kirchner.

     

  • Trump activó el «Escudo de las Américas» para respaldar al gobierno de Paz en Bolivia

     

    Donald Trump activó el «Escudo de las Americas» para reunir el respaldo de países latinoamericanos al gobierno de Bolivia en medio de la crisis por las protestas de los movimientos sociales y la huelga de las centrales sindicales. 

    En ese marco, los países integrantes de la iniciativa de seguridad regional «Shield of the Américas» (Escudo de las Américas) emitieron una declaración conjunta en la que expresaron su respaldo a Rodrigo Paz y manifestaron su preocupación por las protestas y bloqueos de rutas que, según sostienen, buscan alterar el orden constitucional del país. 

    El comunicado, difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, señala que los miembros del bloque observan con inquietud las acciones de grupos que «intentan desestabilizar a Bolivia mediante manifestaciones y cortes de rutas». 

     La declaración se produce en medio de una creciente tensión política en Bolivia, donde distintos sectores vinculados al expresidente Evo Morales impulsan movilizaciones para exigir su habilitación como candidato presidencial. 

    Trump en la cumbre Escudo de las Américas: «El epicentro de la violencia es México»

    El gobierno boliviano ha denunciado que algunos de esos bloqueos afectan el abastecimiento y el normal funcionamiento de la economía. Los países miembros del Escudo de las Américas también hicieron un llamado a resolver las diferencias políticas mediante mecanismos democráticos y pacíficos, evitando acciones que puedan agravar la situación interna. Asimismo, ratificaron su apoyo a las autoridades bolivianas para preservar el orden constitucional y garantizar la seguridad de la población. 

    El Escudo de las Américas es una coalición impulsada por Donald Trump que nuclea a líderes de derecha y dice estar orientada a coordinar esfuerzos regionales contra el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y otras amenazas a la seguridad hemisférica. La iniciativa reúne países como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago

    La declaración sobre Bolivia constituye una de las intervenciones políticas más explícitas realizadas hasta ahora por el bloque, que originalmente fue concebido como un mecanismo de coordinación en temas de seguridad. 

    Esto refleja la creciente voluntad de sus miembros de actuar también frente a crisis políticas consideradas una amenaza para la estabilidad regional y la defensa cerrada de todos los gobiernos de derecha que orbita bajo el liderazgo de Trump.

     

  • En el axelismo creen que pueden sumar a Pullaro y Valdés a un armado electoral

     

    Axel Kicillof trabaja en silencio para seducir al radicalismo y sumarlos a su carrera para la presidencia. Todo es muy incipiente, pero en la provincia de Buenos Aires apunta a un acercamiento con el sector que lidera Miguel Fernández, mientras que en el resto del país busca tender puentes al menos con los gobernadores Maximiliano Pullaro y Juan Pablo Valdés.

    Armadores de Kicillof sostienen que los gobernadores de Santa Fe y de Corrientes podrían concretar un cierre electoral con Axel, antes que firmar un acuerdo con Javier Milei. Parte de esa premisa tiene que ver con el reciente viaje del bonaerense a Corrientes donde mantuvo un encuentro público con Valdés.

    Sin embargo, a pesar del optimismo del axelismo, los movimientos de Pullaro y Valdés no parecen tan claros. Por caso, el correntino tuvo que salir a decir, tras la foto con Kicillof, que está en contra de las PASO. Una manera de mantener abiertos los puentes con los libertarios.

    Kicillof visitó al radical Valdés en Corrientes: «tenemos el trabajo de construir una alternativa»

    Pullaro en tanto, parece más reticente todavía a un acuerdo electoral con el peronismo. Este viernes, el gobernador de Santa Fe se mostró en la capital junto a Mauricio Macri recorriendo obras del Estadio Multipropósito del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD).

    Las intenciones del gobernador de sumar al radicalismo a su armado político no son nuevas. Se sabe que en 2023 Kicillof le ofreció a Fernández -ex presidente del Comité Provincia- la vicegobernación. Fernández rechazó la oferta, en una decisión que hoy todavía se discute en algunos sectores del radicalismo.

    Mauricio Macri y Maximiliano Pullaro.

    En la provincia, pese a la lista de unidad que se logró semanas atrás, el radicalismo está fracturado. El senador Maximiliano Abad recuperó la conducción del Comité Provincia y busca un acuerdo con La Libertad Avanza o con un eventual resurgimiento de Juntos por el Cambio. Abad sostiene que el radicalismo debe ir a 2027 en un frente electoral.

    La elección de 2025 fue desastrosa para todo el radicalismo bonaerense. La alianza con Somos Buenos Aires lo llevó a perder nada menos que 149 concejales en los distritos, incluidos todos los concejales del conurbano. En la Legislatura bonaerense perdió 12 de los 14 legisladores que puso en juego.

    Intendentes radicales niegan un acercamiento a Kicillof y uno ya se lanzó para la Gobernación

    El radicalismo siempre tuvo un nicho de poder en la provincia: los intendentes que controlan distritos importantes del verde interior bonaerense. Sin embargo, en septiembre pasado 17 de los 28 intendentes perdieron la elección.

    A fines de mayo, un grupo de intendentes radicales se mostraron junto a Kicillof en un acto enmarcado en contratos de leasing del Banco Provincia. La foto disparó versiones que hablaban de un acercamiento al axelismo de los jefes comunales UCR.

    Lo cierto es que esos puentes siempre estuvieron abiertos. El diálogo abierto entre la actual administración bonaerense y el Foro de Intendentes radicales ya ha generado especulaciones de corte electoral y, en un caso, hasta sondeos de incorporación al gabinete.

    Como sea, las versiones obligaron una desmentida. En un documento, el Foro UCR señaló que no integran «ningún armado político impulsado por el oficialismo provincial». De paso, aclararon que nada tienen que ver tampoco con «el proyecto político del presidente Javier Milei». Esa movida, también forzó la candidatura de Franco Flexas, intendente de General Viamonte (Los Toldos) en la carrera por la Gobernación. 

     

  • Kicillof abre la negociación con los intendentes para aprobar su reforma en seguridad

     

    El gobierno de Axel Kicillof acelera la discusión de la reforma de la Ley de Seguridad Pública, proyecto que, en la última apertura de sesiones en la Legislatura, el gobernador adelantó que presentará para modificar la normativa que data de los 90.

    Para eso, profundizó esta semana la ronda de negociaciones que abrió el mes pasado en Escobar, cuando el Ministerio de Seguridad a cargo de Javier Alonso reunió a intendentes del Conurbano en Escobar.

    Como contó LPO, en aquella oportunidad también hubo un principio de acuerdo para empezar a dar forma a un proyecto de ley que vuelva a crear la Policía Municipal en los distritos de la provincia.

    Como sea, la descentralización y la necesidad de mayores recursos son aspectos que cruzan la discusión de políticas de seguridad en todos los municipios.

    En ese encuentro de Escobar, la Provincia reunió mayoritariamente a intendentes del peronismo, con la única excepción de Ramón Lanús que, a pesar de su extracción PRO, mantiene un diálogo fluído con la cartera de Seguridad provincial.

    El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, durante el encuentro de este viernes entre intendentes de la Cuarta y funcionarios de Seguridad.

    Ahora, el gobierno de Kicillof expandió en debate a intendentes de otros espacios. Esta semana, realizó encuentros en tres secciones electorales (Cuarta, Quinta y Séptima), convocando a cerca de una treintena de jefes comunales, algunos de ellos radicales, vecinalistas y del PRO.

    El último de estos encuentros para debatir la reforma de la ley de seguridad pública se hizo en Chivilcoy, municipio gobernado por el vecinalista Guillermo Britos, de buena relación con el gobierno provincial y que esta semana se mostró en La Plata con Julio Alak, uno de los intendentes del peronismo que piensa en la Gobernación.

    En el gobierno de Kicillof  señalaron que la intención es construir una política de seguridad «que reconozca y fortalezca el rol de los intendentes», articulando ese trabajo con la función que cumple la Policía bonaerense dentro de una estructura de conducción provincial.

    En la Provincia sostienen que la actual ley no contempla gran parte de las herramientas que los municipios desarrollaron en las últimas décadas, como Centros de monitoreo, sistemas de alerta, programas de asistencia a víctimas e iniciativas de seguridad rural.

    En esos dispositivos y otros es que, sostienen, buscan darle un marco legal específico que las regule e integre dentro del sistema de seguridad provincial.

    En esa línea, señalaron que la intención es construir una política de seguridad «que reconozca y fortalezca el rol de los intendentes», articulando ese trabajo con la función que cumple la Policía de la Provincia de Buenos Aires dentro de una estructura de conducción provincial.

    Principio de acuerdo entre Kicillof y los intendentes para reflotar la Policía Municipal

    En los encuentros realizados esta semana en secciones electorales del interior bonaerense, los intendentes coincidieron en la necesidad de diferenciar las problemáticas que atraviesan municipios del interior con respecto a los del conurbano y que eso sea contemplado en la ley.

    «Pero los pedidos son los de siempre: falta de móviles, de personal, más recursos. Cada vez que se hacen reuniones con Seguridad, llueven los pedidos de ese tipo», dijo a LPO uno de los intendentes que participó de estos encuentros.

     

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    «No hay más secundario»: empresas de colectivos descargan la crisis sobre los estudiantes y ponen en jaque un derecho conquistado

     

    La escena se repite cada vez con más frecuencia y expone una realidad alarmante. Este mediodía, estudiantes que intentaban viajar con el boleto estudiantil secundario en la línea 8 recibieron una respuesta tan contundente como preocupante: «No hay más secundario», les dijo el chofer del interno 722. A partir de allí, los jóvenes quedaron ante una disyuntiva imposible: pagar una tarifa que muchos no pueden afrontar o descender de la unidad y perder la posibilidad de llegar a la escuela o retornar a sus hogares.

    Por Tomás Palazzo para NLI

    El episodio no aparece como un hecho aislado. Según denuncian usuarios y familias, situaciones similares comienzan a multiplicarse en distintas líneas de transporte, en un contexto marcado por el aumento permanente de los combustibles, la crisis financiera que atraviesa el sector y la reducción de la asistencia estatal. Sin embargo, detrás de cada estudiante obligado a pagar o a bajarse de un colectivo existe una pregunta de fondo: ¿quién debe garantizar el acceso a la educación, las empresas privadas o el Estado?

    Cuando la crisis la pagan los estudiantes

    El boleto estudiantil no es un beneficio comercial ni una concesión graciosa de las empresas. Se trata de una herramienta destinada a garantizar el acceso a la educación pública, evitando que el costo del transporte se transforme en una barrera para miles de familias trabajadoras.

    Cuando una empresa decide desconocer ese derecho o limitar su aplicación, el impacto no recae sobre balances empresariales ni sobre funcionarios. Lo sufren directamente los estudiantes. Cada viaje que deja de estar cubierto implica un gasto adicional para hogares que ya enfrentan aumentos constantes en alimentos, tarifas, alquileres y servicios.

    La consecuencia es tan sencilla como brutal: estudiar se vuelve más caro. Y cuando la educación pública comienza a incorporar costos que antes estaban garantizados por políticas estatales, quienes terminan pagando son los sectores populares.

    La situación remite inevitablemente a una larga historia de luchas estudiantiles. El reclamo por el boleto estudiantil forma parte de una tradición de organización juvenil que tuvo uno de sus capítulos más trágicos durante la dictadura con la recordada Noche de los Lápices, cuando estudiantes secundarios fueron secuestrados, torturados y desaparecidos tras participar, entre otras reivindicaciones, de la defensa de ese derecho. Por eso, cada retroceso en esta materia tiene una carga simbólica que trasciende la discusión económica.

    El Estado se corre y los derechos quedan a merced de privados

    La situación también expone una tendencia cada vez más visible durante la gestión de Milei: la retirada del Estado de áreas sensibles y la transferencia de responsabilidades públicas hacia actores privados.

    Desde NLI ya habíamos advertido sobre este fenómeno el pasado 26 de mayo, cuando se conoció la eliminación de compensaciones para los pasajes gratuitos de personas con discapacidad, en una decisión que no tuvo la trascendencia necesaria ni la dimensión esperada, oculta tras el mando de discusiones internas o Declaracines Juradas no presentadas. En aquel caso, el Gobierno dejó de financiar una política pública y trasladó la carga económica a las empresas, convirtiéndolas de hecho en administradoras de un derecho que debería estar garantizado por el Estado.

    Ahora el mecanismo parece repetirse. Mientras el transporte enfrenta aumentos de costos y problemas de financiamiento, los controles estatales brillan por su ausencia y los usuarios quedan atrapados en el medio. En lugar de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos adquiridos, el Gobierno parece optar por correrse y dejar que cada empresa resuelva la situación como considere conveniente.

    El resultado es previsible: cuando los números no cierran, quienes primero sufren las consecuencias son los sectores más vulnerables.

    Un nuevo golpe contra la educación pública

    La negativa a reconocer el boleto estudiantil no puede analizarse únicamente como un conflicto de transporte. También constituye un nuevo capítulo en el deterioro de las condiciones de acceso a la educación pública.

    Durante los últimos meses, estudiantes, docentes y universidades protagonizaron múltiples reclamos frente a recortes presupuestarios, pérdida salarial y reducción de programas de asistencia. Ahora, a ese escenario se suma la incertidumbre sobre una herramienta fundamental para que miles de jóvenes puedan asistir a clases.

    Detrás de cada estudiante obligado a pagar un pasaje que antes estaba cubierto existe una definición política. Porque cuando el Estado abandona su rol de garante y permite que derechos básicos queden sujetos a la capacidad económica de empresas privadas, lo que está en discusión ya no es solamente una tarifa de colectivo. Lo que está en juego es la igualdad de oportunidades.

    Y una vez más, quienes terminan soportando el peso del ajuste son aquellos que menos tienen y más necesitan de la presencia estatal para ejercer derechos que deberían estar fuera de cualquier discusión.