Árida es un proyecto de diseño editorial digital que tiene por fin crear una revista de circulación en internet, destinada al público en general y la comunidad educativa del IUPA, y dispuesta para narrar la esfera cultural local, regional, nacional e internacional desde los recursos que permite la conectividad global, el acceso a los productos culturales y los procesos de creación artística.
Árida nace en el medio de la cuarentena y busca cumplir con el objetivo de pensar contenidos divulgativos que contribuyan a la formación artística y permitan reponer lo que ocurre extra curricularmente: la formación fuera del aula como lema.
La revista se funda sobre el manifiesto expreso de que “En algún árido sur nace un río que llega al mar. Rodeando pueblos y ciudades, que son testigos de su pasar, el río avanza surcando al tiempo. Porque el tiempo pasa y el río, con su danza y su música, es el mismo. A su alrededor, un valle de colores acompaña las pinceladas de otoños primaverales y veranos con viento sur. La danza y la música del río, las pinceladas sobre el valle y la letanía del viento sur se hacen uno en el gran escenario patagónico que, visto así, de árido no tiene nada. O quizás, lo tiene todo.”
A partir del martes 25 de agosto estará disponible la primera edición de la revista digital desde este enlace
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Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy decidieron romper la estrategia de defensa unificada con el gobierno en el caso de la estafa LIBRA y desataron una crisis de nervios en los hermanos Javier y Karina Milei.
Fuentes al tanto de la situación dijeron a LPO que Terrones Godoy cambió al abogado que le había puesto el gobierno, Daniel Rubinovich, y contrató los servicios de Tomás Briganti y Nicolás Grimaldi. «Terrones se quiere bajar de la estrategia de los Milei y por eso cambió de abogado y puso unos pibitos», comentaron.
En efecto, Briganti y Grimalid, graduados en la Universidad de San Andrés y la UBA, respectivamente, fundaron un estudio jurídico a la medida de los criptobro. Con videos en Instagram y Youtube, en sus piezas publicitarias parecen más preocupados por defender a personas acusadas de abuso que de estafa.
Ese movimiento acaso revela el fin de la estrategia unificada en el caso que investiga el juez Marcelo Martínez de Giorgi, a quien el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quiso complacer con el ascenso de su esposa, Ana Juan, como jueza en el juzgado federal de Hurlingham, enviando su pliego al Senado para que lo trate la comisión de Acuerdos.
Como informó LPO, ese gesto obsceno del Poder Ejecutivo tenía por objetivo persuadir al magistrado para que contribuya con el fiscal Eduardo Taiano en el freno a la causa LIBRA. Sin embargo, el nombramiento de Ana Juan podría no haber sido suficiente para que Martínez de Giorgi planche el expediente: «le pegaron una apretada fea para que congele la causa», deslizaron en Comodoro Py.
Terrones Godoy cambió al abogado que le había puesto el gobierno, Daniel Rubinovich, y contrató los servicios de Tomás Briganti y Nicolás Grimaldi.
Pero Terrones Godoy no es el único problema de los hermanos Milei. Si bien Novelli mantiene a Rubinovich como defensor, ya amenaza con revelar la trama del escándalo. «Novelli le dijo a la Casa Rosada que, si a él lo embocan, va a hablar y va a contar todo», dijó a LPO un abogado que sigue de cerca el expediente $Libra.
El juez federal Martínez di Giorgi.
Esa es la razón por la que Karina entró en pánico en los últimos días y apeló a instrucciones más rigurosas sobre los magistrados que manejan las causas que podrían complicarla a ella y al Presidente en el plano judicial. «La designación de la esposa de Martínez de Giorgi es nada más que lo que se ve en la superficie», deslizó un juez preocupado por su colega.
El nerviosismo del gobierno creció exponencialmente desde que trascendieron documentos del teléfono celular de Novelli que revelaba un acuerdo con los Milei para pagarles USD 5 millones a cambio que difundan la cripto $Libra. El revuelo público que se armó dejó al descubierto que el fiscal Taiano tenía las pruebas pero no avanzaba o pisaba la investigación.
De hecho, la semana pasada el diputado Grabois pidió la indagatoria del Presidente, Karina, Terrones Godoy, Novelli, su hermana Pía y su madre María Alicia Raffaele. Martínez de Giorgi tiene una decisión difícil por delante.
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En apenas tres días, dos resoluciones del INCUCAI dejaron al descubierto un cambio profundo: mientras el financiamiento público de la ciencia y la salud cae de manera sostenida, el propio Estado empieza a cobrarle más caro —y sin excepciones— a sus propias instituciones. El giro no es aislado: se inscribe en una lógica más amplia que atraviesa organismos regulatorios, sistema científico y hospitales públicos.
Por Amparo Lestienne para NLI
El caso INCUCAI: de la excepción al cobro universal
El punto de partida es la Resolución INCUCAI 84/2026, publicada el 27 de marzo. La norma actualiza los aranceles para la evaluación de protocolos de investigación clínica vinculados a trasplantes y uso de órganos, tejidos y células, con el objetivo explícito de “asegurar los recursos operativos y técnicos” del organismo.
Pero el dato clave estaba en su artículo 2°: mantenía la lógica histórica del sistema argentino al eximir del pago a hospitales públicos, universidades nacionales y Fuerzas Armadas.
Esa excepción no era un detalle menor, sino la continuidad de un principio consolidado en normativas previas. Por ejemplo, ya en la Resolución 128/2019 del propio INCUCAI se establecía exactamente la misma exención para el sector público, en línea con la idea de que la investigación sanitaria estatal no debía ser tratada como una actividad comercial.
Sin embargo, apenas tres días después, el 30 de marzo, llegó la Resolución INCUCAI 95/2026, que directamente eliminó esa excepción. El resultado es contundente: el Estado empezó a cobrarle a sus propios hospitales y universidades por investigar.
Un cambio de lógica: del financiamiento a la autofinanciación
El argumento oficial es técnico: los protocolos requieren financiamiento y, por lo tanto, deben cubrir los costos regulatorios. Pero detrás de esa justificación aparece una transformación más profunda.
Históricamente, el sistema funcionaba bajo una premisa clara: la investigación pública en salud es parte del sistema sanitario y, por lo tanto, es financiada por el Estado. Eso implicaba que los organismos regulatorios podían cobrar aranceles, pero hacían excepciones cuando el actor era público.
Hoy esa lógica se invierte: todos los actores —incluso los públicos— deben pagar por el servicio estatal. Este cambio no surge en el vacío. Está directamente vinculado con el deterioro del financiamiento general del sistema científico.
El telón de fondo: caída del presupuesto científico
Según distintos informes y análisis del sistema nacional de ciencia y tecnología, el financiamiento público del sector atraviesa una contracción sostenida. Entre 2023 y 2026, la inversión estatal acumula una caída real estimada entre el 30% y el 40%, como resultado de la combinación entre recortes presupuestarios y el efecto de la inflación. En paralelo, la participación de la ciencia en el producto bruto interno se redujo a niveles por debajo del 0,3%, cuando en años anteriores se ubicaba en torno al 0,5%.
En términos concretos, el deterioro no es homogéneo sino que golpea con mayor intensidad en áreas clave del sistema. Las transferencias a universidades nacionales y organismos públicos muestran recortes que, en términos reales, se ubican entre el 25% y el 35%, afectando el funcionamiento cotidiano de institutos, laboratorios y proyectos en curso. A esto se suma el deterioro sostenido de los ingresos del personal científico y técnico, cuyos salarios perdieron aproximadamente entre un 20% y un 30% de su poder adquisitivo, mientras que la inversión en equipamiento —fundamental para sostener la capacidad experimental— registra caídas aún más pronunciadas, que en algunos casos superan el 50% en términos reales.
En este escenario, organismos como el CONICET ven afectada su capacidad de sostener proyectos, becas y estructuras de investigación, lo que introduce tensiones crecientes en todo el sistema científico.
ANMAT y el modelo de tasas: el antecedente silencioso
Este viraje tampoco es nuevo en la administración pública. La ANMAT funciona desde hace años con un sistema de aranceles para trámites regulatorios, donde cada procedimiento tiene un costo asociado.
Lo que cambia ahora no es la existencia de aranceles, sino su alcance: antes aplicaban principalmente a actores privados; ahora tienden a universalizarse. Es decir, el modelo basado en tasas por servicio empieza a expandirse a otros organismos, pero sin las protecciones históricas para el sector público.
La tensión central: menos presupuesto, más costos
La combinación de estas dos dinámicas —menor financiamiento y mayor carga arancelaria— configura una tensión estructural difícil de sostener en el tiempo. Por un lado, el Estado reduce su inversión directa en ciencia y salud; por otro, incrementa los costos que deben afrontar sus propias instituciones para desarrollar investigaciones.
Esto implica que universidades públicas, hospitales y centros de investigación no sólo cuentan con menos recursos, sino que además deben destinar parte de esos fondos a cubrir aranceles regulatorios que antes no existían para ellos. La consecuencia es una presión creciente sobre estructuras ya debilitadas.
El resultado es una paradoja evidente: el Estado se retrae como financiador, pero se consolida como cobrador.
Especialistas y debate: el riesgo de mercantilización
En el ámbito científico y sanitario, este tipo de transformaciones suele encender señales de alerta. Diversos análisis en políticas públicas advierten que, cuando se reducen los recursos estatales y se trasladan costos a los propios actores del sistema, tienden a producirse efectos previsibles: disminución en la cantidad de proyectos, mayor dependencia de financiamiento externo y desplazamiento de investigaciones hacia áreas con retorno económico más inmediato.
La investigación clínica en hospitales públicos suele estar orientada a necesidades sanitarias concretas de la población y no a intereses de mercado
En el caso de la salud, el impacto puede ser aún más sensible, porque la investigación clínica en hospitales públicos suele estar orientada a necesidades sanitarias concretas de la población y no a intereses de mercado. Buena parte de la producción científica argentina en salud se genera en estos ámbitos, donde la práctica asistencial se articula con la investigación sobre pacientes reales y problemáticas locales.
Ese rasgo tiene antecedentes históricos claros. La Misión de Estudios de Patología Regional Argentina, impulsada por Salvador Mazza, desarrolló en el siglo XX investigaciones clave sobre enfermedades como el Chagas, a partir del trabajo territorial en regiones postergadas del país. Difícilmente ese tipo de investigación hubiera sido financiado por el sector privado, dado que su lógica no era la rentabilidad sino la respuesta a una problemática sanitaria concreta.
Ese mismo patrón se replica, con otras formas, en la actualidad. Hospitales públicos de referencia como el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas combinan atención médica, formación profesional e investigación clínica orientada a enfermedades prevalentes en su población, muchas veces vinculadas a sectores sociales vulnerables y sin atractivo comercial para la industria.
El problema es que este tipo de investigación —centrada en necesidades reales y no en retornos económicos— depende estructuralmente del financiamiento público. Cuando ese financiamiento se reduce y, al mismo tiempo, se introducen costos adicionales para investigar, el riesgo no es sólo cuantitativo sino cualitativo: no sólo se investiga menos, sino que se empieza a investigar otra cosa.
Conclusión: un cambio silencioso pero estructural
Lo ocurrido entre el 27 y el 30 de marzo con el INCUCAI no es un episodio aislado ni meramente administrativo. Es la expresión concreta de un cambio más amplio en la forma en que el Estado se vincula con la ciencia y la salud: menos financiamiento directo, eliminación de excepciones históricas y expansión de esquemas de arancelamiento.
En ese nuevo escenario, el sistema deja de apoyarse en la lógica de política pública para acercarse a un modelo de servicios, donde investigar ya no sólo depende del conocimiento y la capacidad técnica, sino también de la disponibilidad de recursos para pagar por ello.
La incógnita que queda abierta es tan estructural como urgente: hasta qué punto puede sostenerse un sistema científico y sanitario público cuando se le exige autofinanciarse en un contexto de retracción presupuestaria.
El Intendente Marcelo Orazi firmó en la tarde de este lunes con la Gobernadora Arabela Carreras el convenio específico para la ejecución de infraestructura para la provisión de servicios al loteo Barazzutti en el marco del programa provincial ‘Suelo Urbano’. Se trata de las obras de redes de agua potable, red eléctrica y alumbrado público…
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