Árida, un nuevo proyecto editorial del IUPA.

 

La muerte de Alberto Iribarne cierra la trayectoria de un dirigente peronista que ocupó responsabilidades en distintos momentos de la democracia argentina: fue diputado nacional, convencional constituyente en 1994, ministro de Justicia durante el gobierno de Néstor Kirchner y embajador en Uruguay durante la presidencia de Alberto Fernández.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La noticia de la muerte de Alberto Juan Bautista Iribarne atravesó este sábado al peronismo y a buena parte de la dirigencia política argentina. El exministro de Justicia y exembajador argentino falleció tras una extensa trayectoria vinculada a la función pública y a la vida interna del Partido Justicialista, en un recorrido que comenzó mucho antes de su llegada al gabinete de Néstor Kirchner y que continuó, con distintos roles, durante varios gobiernos de signo peronista. La familia comunicó su fallecimiento y eligió poner el acento no solamente en los cargos que ocupó, sino también en la dimensión personal de quien definieron como un hombre afectuoso, solidario y de profundas convicciones.

Una trayectoria que atravesó distintas etapas del peronismo

Iribarne nació en Buenos Aires en 1950, se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires y desde joven estuvo ligado al peronismo. Su carrera política y administrativa se desarrolló durante décadas y lo llevó a ocupar responsabilidades tanto partidarias como institucionales, incluyendo funciones durante las administraciones de Carlos Menem y Eduardo Duhalde, antes de convertirse en una figura relevante del gobierno de Néstor Kirchner. También tuvo una participación particularmente significativa en la vida constitucional argentina al integrar la Convención Constituyente de 1994, que produjo una de las reformas más importantes de la Constitución Nacional desde la recuperación democrática.

Esa trayectoria explica, en buena medida, el lugar que ocupó Iribarne dentro del universo político justicialista: no fue una figura construida alrededor de una única elección o de una coyuntura electoral, sino un dirigente formado en la administración pública y en las estructuras políticas del peronismo, con vínculos que atravesaron distintas generaciones y sectores internos. Su perfil estuvo más asociado a la construcción política y a la gestión que a la exposición permanente, una característica que varios de sus contemporáneos destacaron al recordarlo después de conocerse su muerte.

Su llegada al Ministerio de Justicia se produjo en julio de 2005, después de la salida de Horacio Rosatti. El nombramiento quedó formalizado mediante el Decreto 905/2005, publicado en el Boletín Oficial, y convirtió a Iribarne en el tercer ministro que tuvo Néstor Kirchner en esa cartera durante su presidencia. Permaneció al frente del área hasta el final del mandato presidencial, en diciembre de 2007.

Justicia, derechos humanos y la etapa de Néstor Kirchner

El paso de Iribarne por el Ministerio de Justicia se produjo en una etapa particularmente significativa para la política argentina. El gobierno de Néstor Kirchner había colocado la cuestión de los derechos humanos y el juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado en un lugar central de su agenda, y durante la gestión de Iribarne continuaron desarrollándose políticas vinculadas con la protección de testigos y víctimas y con los procesos relacionados con las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura.

La documentación oficial permite observar parte de esa orientación. En 2007, por ejemplo, una resolución firmada por Iribarne como ministro estableció medidas destinadas a fortalecer la protección de personas involucradas en procesos judiciales vinculados con graves violaciones a los derechos humanos y contempló la intervención de organismos de derechos humanos y de la Secretaría de Derechos Humanos para asistir a querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado.

Su gestión también estuvo atravesada por discusiones sobre el funcionamiento de la Justicia y por proyectos destinados a modificar aspectos del sistema penal. En esos años se impulsaron debates sobre reformas procesales, tiempos de los procesos, situación de las víctimas y funcionamiento de los organismos judiciales, en un contexto en el que el gobierno kirchnerista buscaba dejar atrás buena parte de las características que habían marcado la relación entre el Poder Ejecutivo y la Justicia durante décadas anteriores.

El propio Iribarne reivindicaría años después una característica que atribuía a la relación de Kirchner con el Poder Judicial. En 2013, ya alejado del Gobierno, sostuvo que el expresidente había sido respetuoso de la independencia judicial y marcó diferencias con otras discusiones posteriores sobre el funcionamiento de la Justicia.

Después de abandonar el Ministerio de Justicia, Iribarne continuó vinculado a la política y a la actividad pública. Su nombre llegó incluso a ser considerado para la representación argentina ante la Santa Sede, aunque aquella designación finalmente no prosperó. Más de una década después, durante la presidencia de Alberto Fernández, regresó a la diplomacia y fue designado embajador argentino ante Uruguay, cargo que ejerció entre 2020 y 2023.

La despedida de un dirigente de perfil bajo

La noticia generó rápidamente mensajes de dirigentes peronistas que habían compartido con Iribarne diferentes etapas de su recorrido político. Agustín Rossi lo recordó como un defensor de la causa peronista, mientras que Aníbal Fernández expresó públicamente su pesar y lo despidió como amigo. Las palabras elegidas por ambos reflejaron una característica que aparece recurrentemente en las semblanzas publicadas tras su muerte: la de un dirigente que mantuvo una presencia política sostenida, pero sin convertir la exposición personal en el centro de su actividad.

La familia, por su parte, decidió resumir su legado desde un lugar diferente al de los cargos ocupados. En el mensaje difundido tras su fallecimiento, sus hijas Florencia e Inés señalaron que Iribarne fue un “hombre afectuoso y solidario, de profundas convicciones” y que hizo del compromiso social y político una forma de vida y de servicio. También remarcaron que, más allá de los honores y las responsabilidades institucionales, permanecían su generosidad, su palabra, sus enseñanzas y la huella dejada en quienes compartieron su camino.

La muerte de Alberto Iribarne deja así el registro de una generación de dirigentes que atravesó buena parte de la historia política argentina posterior a la recuperación democrática, desde la reorganización institucional de los años ochenta hasta la reforma constitucional de 1994, pasando por los gobiernos justicialistas de los noventa, la crisis de 2001 y la reconstrucción política iniciada en 2003. Su recorrido fue, en ese sentido, el de un hombre que hizo de la función pública una parte central de su vida y que permaneció ligado al peronismo aun cuando cambiaron los gobiernos, las alianzas y las internas del movimiento.

 

 

Luis “Toto” Caputo es el funcionario encargado de administrar los dólares, las reservas y el sistema financiero argentino, pero cuando se trata de su propio dinero parece elegir otro destino: el 95,3% de sus depósitos bancarios está en el exterior.

Por Roque Pérez para NLI

La nueva declaración jurada patrimonial de Luis “Toto” Caputo dejó una fotografía difícil de pasar por alto: mientras el ministro de Economía conduce una gestión que insiste en que los argentinos deben recuperar la confianza en el peso, llevar sus dólares al sistema financiero y apostar por el rumbo económico del Gobierno, el 95,3% de los depósitos bancarios que declara personalmente está fuera de la Argentina. Al cierre de 2025, Caputo informó un patrimonio total de $19.509 millones, frente a los $11.851 millones declarados un año antes, mientras que sus depósitos bancarios alcanzaron aproximadamente $13.030 millones, de los cuales $12.422 millones estaban radicados en el exterior.

El dato adquiere todavía mayor relevancia cuando se observa la evolución del patrimonio completo. Entre el inicio y el cierre de 2025, la fortuna declarada por Caputo aumentó nominalmente un 64,6% en pesos, de acuerdo con la comparación de sus declaraciones juradas. La estimación difundida en dólares ubica el crecimiento en torno al 37%, aunque el porcentaje exacto depende del tipo de cambio utilizado para convertir los valores patrimoniales de cada período. En cualquier caso, hay una certeza que no depende de ninguna metodología: el patrimonio declarado por el ministro creció con fuerza durante su segundo año al frente de Economía, y una proporción abrumadora de sus activos líquidos continúa colocada fuera del país.

Una fortuna líquida mirando hacia afuera

El detalle de los depósitos permite entender mejor la magnitud del fenómeno. De los aproximadamente $13.030 millones que Caputo declara en el sistema bancario, sólo unos $608 millones corresponden a depósitos en la Argentina, mientras que los restantes $12.422 millones están en el exterior. Dentro del país figuran cinco plazos fijos en pesos que en conjunto rondan los $584 millones, una caja de ahorro en dólares valuada en aproximadamente $23 millones y pequeñas cajas de ahorro en pesos cuyos saldos resultan prácticamente insignificantes frente al volumen de su patrimonio financiero. También declaró unos $122.000 en efectivo.

La diferencia no es menor ni puede explicarse diciendo simplemente que el ministro posee “algunos ahorros afuera”. La mayor parte de su dinero bancarizado está fuera de la Argentina. Según las conversiones realizadas sobre la declaración, sus depósitos exteriores equivalen a unos US$8,6 millones, mientras que sus depósitos locales representan una fracción muy pequeña de ese total. Si se toma el patrimonio completo, incluyendo inmuebles y participaciones societarias, aproximadamente dos tercios de sus bienes están radicados en el exterior.

El corazón de esa fortuna exterior aparece en una cuenta que tuvo un movimiento extraordinario durante 2025. Una cuenta corriente en dólares, identificada en los análisis de la declaración como radicada en Estados Unidos, pasó de estar valuada en $4.018.483.336 al comienzo del ejercicio a $11.738.447.944 al cierre. Es decir, la valuación declarada aumentó en aproximadamente $7.720 millones durante el año. La DDJJ pública no permite identificar el banco donde está radicada esa cuenta, por lo que no corresponde adjudicar esos fondos a una entidad financiera específica sin documentación adicional.

El movimiento de esa cuenta resulta todavía más significativo cuando se observa el conjunto de los depósitos exteriores. Al comenzar 2025, Caputo declaraba aproximadamente $5.937 millones en depósitos fuera del país; al finalizar el ejercicio, la cifra había trepado hasta $12.422 millones. Expresado en dólares mediante el tipo de cambio oficial correspondiente a cada fecha, el crecimiento fue de aproximadamente US$5,6 millones a US$8,3 millones, un incremento cercano al 48%. Es decir, no se trata exclusivamente de una ilusión contable producida por la evolución del tipo de cambio: también hubo un aumento de los fondos financieros exteriores medidos en dólares.

Creció la fortuna, pero no todo fue dinero nuevo

Hay, de todos modos, una precisión fundamental para no convertir una información patrimonial en una acusación que los documentos no permiten sostener. Que el patrimonio de Caputo haya aumentado 64,6% en pesos no significa que durante 2025 haya recibido ingresos equivalentes a ese porcentaje. Una parte importante del incremento está explicada por diferencias de valuación de bienes que ya estaban incorporados a su patrimonio. El análisis de la declaración identifica aproximadamente $4.530 millones de aumento asociados a esas diferencias de valuación.

La distinción es importante porque una propiedad que vale más al final del ejercicio incrementa el patrimonio declarado aunque su dueño no haya vendido el inmueble ni embolsado un solo peso adicional. Lo mismo puede suceder con participaciones societarias u otros activos. Por eso, decir que “Caputo ganó 64,6%” sería incorrecto. Lo que sí puede afirmarse es que su patrimonio declarado valía 64,6% más al terminar 2025 que al comenzar el año, y que dentro de esa evolución hubo además un crecimiento considerable de sus depósitos exteriores.

Las participaciones societarias también registraron movimientos. Caputo declara el 89% de Palmeral Chico, participación valuada en más de $2.288 millones, y el 33,33% de Sacha Rupaska, valuado en aproximadamente $459,5 millones. También conserva el 50% de Anker Latinoamericana, participación declarada en unos $61,2 millones. En sentido contrario, Ancora Investments LP, otro activo exterior, pasó de aproximadamente $1.870 millones a unos $889 millones, una caída cercana al 52,5%. La fotografía patrimonial, por lo tanto, no muestra un crecimiento homogéneo: hay activos que se valorizan, otros que pierden valor y una concentración especialmente fuerte de liquidez en el exterior.

El resultado final es una estructura patrimonial en la que los dólares y los activos financieros exteriores ocupan un lugar central. No estamos hablando solamente de propiedades, campos o participaciones empresarias cuyo valor puede resultar difícil de realizar de inmediato. Una parte sustancial de la riqueza declarada por Caputo está constituida por dinero depositado en cuentas bancarias fuera de la Argentina, con una cuenta corriente en dólares que concentra una porción extraordinariamente importante del total.

La paradoja del ministro de Economía

Aquí aparece la dimensión política inevitable del dato. Caputo no es un funcionario cualquiera: es el hombre que ocupa el Ministerio de Economía y que tiene bajo su responsabilidad buena parte de las decisiones vinculadas con el dólar, las reservas, el régimen cambiario, las tasas de interés, el crédito y las condiciones generales del sistema financiero argentino. Durante la gestión de Javier Milei, además, el Gobierno convirtió la recuperación de la confianza y el retorno de los dólares al circuito económico local en una de sus principales banderas.

El propio Caputo fue protagonista de políticas destinadas a estimular la utilización de los dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema formal. El Gobierno llegó incluso a promover mecanismos para que esos fondos ingresaran al circuito económico sin que sus titulares tuvieran que explicar el origen de cada peso gastado dentro de determinados límites. En ese contexto, la declaración patrimonial del ministro ofrece una paradoja difícil de ignorar: quien administra la política económica destinada a que los argentinos confíen en el rumbo del país mantiene aproximadamente 95 de cada 100 pesos bancarizados de su patrimonio fuera de la Argentina.

Eso, por sí mismo, no constituye una irregularidad ni demuestra que Caputo desconfíe personalmente de su propia gestión. Una persona puede mantener legalmente activos en el exterior por múltiples razones, particularmente alguien cuya trayectoria profesional estuvo durante décadas vinculada con los mercados financieros internacionales. Tampoco la DDJJ permite conocer cuáles fueron las operaciones concretas que explican cada movimiento entre cuentas. Pero desde el punto de vista político y simbólico, la composición patrimonial de un ministro de Economía es un dato relevante: las decisiones públicas que toma afectan al mismo sistema financiero en el que él decide mantener apenas una pequeña parte de su liquidez.

La cuestión tampoco es cuánto dinero tiene Caputo. Su patrimonio previo a ocupar cargos públicos ya era considerable y la existencia de activos en el exterior es anterior a su actual gestión. El punto está en observar qué ocurrió mientras estuvo al frente de Economía. Y allí los números son contundentes: entre el comienzo y el cierre de 2025, sus depósitos exteriores pasaron de unos $5.937 millones a $12.422 millones, mientras que una sola cuenta corriente en dólares pasó de aproximadamente $4.018 millones a $11.738 millones en la valuación declarada. Al mismo tiempo, su patrimonio total pasó de $11.851 millones a $19.509 millones.

La declaración jurada no permite saber si cada dólar que terminó en esas cuentas provino de rentas, inversiones anteriores, ventas de activos, transferencias entre cuentas, resultados financieros u otras operaciones. Tampoco demuestra que el crecimiento patrimonial tenga relación causal con las decisiones adoptadas por el Ministerio de Economía. Pero sí permite saber dónde está el dinero declarado por el ministro: mayoritariamente afuera.

Y esa es quizás la imagen más potente que deja la DDJJ 2025. Mientras el Gobierno reclama confianza en su programa económico, mientras Caputo administra el mercado cambiario y mientras Milei insiste en que los argentinos deben sacar los dólares “del colchón” para ponerlos a trabajar en la economía, el propio ministro de Economía declara que el 95,3% de sus depósitos bancarios está en el exterior.

No es una prueba de delito. No es, por sí sola, una demostración de conflicto de intereses. Pero sí es un dato político imposible de ocultar detrás de una planilla contable: el ministro que pide confianza en su modelo económico tiene la mayor parte de su dinero fuera del país que ese mismo modelo pretende transformar.