Antiguamente, cuando una persona presentaba una crisis en la esfera de lo mental, el psiquiatra sometía a dicha persona a un procedimiento llamado electroshock, en una institución conocida como manicomio. En ese entonces, digamos que, más de cincuenta años atrás, el poder médico decidía sobre el «paciente» (quien espera que el médico actúe), sobre un modelo verticalista de tipo paternalista. Esta situación cambió gracias, en parte, al surgimiento de la Bioética, la cual pregona cuatro principios: la autonomía de la persona, beneficencia, la no maleficencia, y la justicia. De esto se desprende el «primum non nocere», o sea, «primero no hacer daño», precepto griego, en este caso en latín. Cuando no se tiene en cuenta la decisión del otro, suceden este tipo de cosas. En gobiernos donde primalo que llamaré las cuatro M: monarquía, monopolio, manipulación, y manicomio; van apareciendo señales de turbación y alteración en la consciencia. De golpe, puff: un electroshock económico. Uno va al supermercado y ve cómo el precio de un producto se disparó al más del cien por ciento, o subió la luz, o el gas, todo de una manera disruptiva, invasiva y poco empática. La cuestión del electroshock social viene desde la conformación de este país, llamado Argent-ina, siendo la palabra argent, de origen francesa, significando dinero. Pero, para que la independencia de este territorio cercado por fronteras ocurriera: se «electrocutó» simbólica, física y materialmente a las personas que ya habitaban estos territorios, generándose un manicomio nacional, cerrado y con un discurso hegemónico. En la medida en que el poder sea centralizado, y sólo se lo utilice para ganar votos, territorios, dinero, o más poder y el mismo no se redistribuya, los monopolios, y la labor de las manos, ya no en un sentido peyorativo, sino más bien colaborativo, seguiremos hablando de lo mismo…
Conmemoramos la lucha histórica de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de nuestros derechos. El pedido por una justicia antipatriarcal marca el camino de las principales demandas este 8M. Me comuniqué con Fabiola Parra, responsable del Área Mujer y Diversidad dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, para conocer cuáles serían las…
Juan Pazo ya decidió que quiere dejar la conducción del organismo recaudador. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es uno de los lugares de mayor poder real del Estado. Por eso sorprende su decisión. «Nadie deja ese lugar», afirmó a LPO un veterano de la ex AFIP.
Pazo es uno de los hombres de mayor confianza de Toto Caputo, con quien comparte incluso negocios en el sector agropecuario. Su paso por ARCA no fue sencillo porque tuvo que compartir poder con Santiago Caputo que puso a los titulares de la DGI y la Aduana, pero en los últimos tiempos esa tensión estaba aplacada.
«Es un cargo de tensión permanente», explicó a LPO un funcionario que conoce a Pazo. En efecto, el adelgazamiento del superávit esta generando una presión adicional sobre el organismo recaudador que viene presionando a las grandes empresas con supuestas deudas de impuestos por sumas tan importantes que el tema ya se trató en la cúpula de la UIA.
La decisión podría anunciarse la semana próxima y como reemplazante se menciona a Juan Waisman, un empleado de carrera de la ex AFIP que hoy trabaja como jefe de Gabinete de Karina Milei.
En el máximo nivel analizan que lugar ofrecerle a Pazo para que continúe en el gobierno. Se menciona la posibilidad que se sume al directorio del Banco Nación, el BICE o alguna dependencia de la Cancillería con vínculo con las empresas.
La versión fue desestimada por un antiguo compañero de trabajo de Waisman. «No lo veo conduciendo ARCA, no creo que quiera», afirmó.
«Es raro que Karina se meta en un lugar de Toto, ella no quiere conflictos con Luis y se lleva muy bien», agregó a LPO un funcionario libertario.
Mientras tanto, en el máximo nivel analizan que lugar ofrecerle a Pazo para que continúe en el gobierno. Se menciona la posibilidad que se sume al directorio del Banco Nación, el BICE o alguna dependencia de la Cancillería con vínculo con las empresas.
Repudiamos enfáticamente un nuevo hecho vandálico contra los bienes públicos, esta vez ocurrido en el barrio El Sauce. En el acceso a ese sector de la ciudad robaron 4 equipos peritas del alumbrado público con 200 metros de cable. Esto constituye un ataque a las mejoras que en materia de infraestructura lleva adelante el Municipio…
La Municipalidad de Villa Regina informa que el aumento registrado en la última facturación de las tasas por servicios retributivos se debe principalmente al incremento autorizado por el Departamento Provincial de Agua (DPA) para los servicios de agua y de cloacas que presta el Municipio. A través de la Resolución Nº 893 publicada en el…
El proyecto Cabrón Patagonia Argentina, se estableció en la Localidad de Valle Azul del Alto Valle de Río Negro, con el objeto de elaborar grandes vinos típicos y con la menor intervención posible. La enología está a cargo del Lic. Ramiro Simone, un mendocino de amplia trayectoria por bodegas de Mendoza y Neuquén, que encontró…
Con un escrito de la Fiscalía de Estado, el gobierno de Santa Fe recusó a última hora a cuatro ministros de la Corte Suprema provincial, que en forma inminente debe decidir sobre incidentes previsionales, iniciados luego de que Maximiliano Pullaro impulsara y lograra un cambio de la ley que fija retenciones sobre los haberes de pasivos del Poder Judicial. Los recusados son cuatro de los ministros con más edad del máximo tribunal.
El motivo esgrimido es que los recusados se encuentran en condiciones de recibir la jubilación, o ya la tramitaron. Según el planteo del Poder Ejecutivo, estaría comprometida su imparcialidad para resolver un caso que los tendrá en breve como beneficiarios.
Los apuntados son los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Rubén Weder. Los tres primeros, que anunciaron que se retiran el año que viene, tienen en curso el trámite jubilatorio desde hace tiempo. El último, que se incorporó este año al máximo tribunal, ya es jubilado y suspendió el beneficio al ser aprobado su pliego.
La ley jubilatoria de Pullaro provocó una oleada de protestas en empleados y funcionarios judiciales, que tuvo una de sus manifestaciones más expresivas en la movilización en la puerta de los Tribunales provinciales de Rosario, con un centenar de jueces para demostrar su contrariedad.
En 2024, la Legislatura de Santa Fe sancionó una ley previsional que entre otras cosas implementó un aporte solidario para jubilados con haberes superiores a cierto umbral (unos 3 haberes mínimos, alrededor de 1.533.171 pesos en diciembre 2025), que van del 2% al 6% según el monto. También estableció un tope jubilatorio máximo, equivalente a 20 haberes mínimos (cerca de siete millones de pesos), buscando equilibrar el sistema.
Los apuntados son los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Rubén Weder. Los tres primeros, que anunciaron que se retiran el año que viene, tienen en curso el trámite jubilatorio desde hace tiempo.
Estos dos planteos fueron objetados por muchos jubilados del Poder Judicial, por inconstitucionales. Jueces de primera instancia y camaristas de distintas jurisdicciones provinciales se pronunciaron de diferentes maneras y ahora muchos de los trámites los dirime la Corte de Santa Fe. Fue por esto que el gobierno provincial, a través de un dictamen del Fiscal de Estado de Santa Fe, Domingo Rondina, recusó este viernes a cuatro de los siete ministros de la Corte.
El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérez.
El tema no es solamente un pleito jurídico sino que fue desde el inicio de la discusión legislativa de la ley de una altísima litigiosidad política en Santa Fe. Desde distintos sectores del Poder Judicial y de los patrocinantes de los recursos indican que el planteo del gobierno es pobre desde lo conceptual y lo muestran como una jugada política. Aducen que todos los jueces serán jubilados algún día, por tanto no hay ningún magistrado que al resolver no disponga algo que lo incumbe directamente. No solo les concierne, dicen, a los que se jubilan de modo más inminente, como pasa con los cuatro ministros que se busca desplazar.
Pero además aluden a otro motivo técnico, por lo que arguyen el caso debe ser rechazado in límine. Indican que las recusaciones no pueden ser planteadas cuando el caso termina. Los impulsores debieron hacerlas no cuando el tema llegó finalmente a la Corte, sino cuando se constituyó el tribunal. Ahora, dicen, el tribunal está consentido.
Los planteos cuestionan, por un lado, el aporte previsional de emergencia y, por otro, los topes para haberes más altos, donde hay mucha jurisprudencia nacional sobre la intangibilidad de los haberes de magistrados, que corren tanto para los activos como para los pasivos.
«Un ministro de la Corte jubilado gana unos 14 millones de pesos. Con el tope pasa a ganar 7 millones. Eso no guarda racionalidad con los principios de la intangilibidad. Le baja el ingreso a la mitad», es el argumento.
En los despoblados tribunales rosarinos había furia. De los siete ministros de la Corte quedarán tres, que son Daniel Erbetta, Margarita Zabalza y Jorge Baclini, para resolver este diferendo. Se le deberán agregar cuatro conjueces. «Van a digitar todo para que salga un fallo para defender la ley del gobierno», masculló un juez que habló con LPO caliente como una estufa.
Un ministro de la Corte jubilado gana unos 14 millones de pesos. Con el tope pasa a ganar 7 millones. Eso no guarda racionalidad con los principios de la intangilibidad. Le baja el ingreso a la mitad.
Esto ocurre, además, cuando Pullaro presionó de manera manifiesta para desplazar a los tres ministros de la Corte que aún perduran y que ya cumplieron los 75 años de edad. Luego de una acción de fuerte exposición y desgaste, los ministros en cuestión -Spuler, Falistocco y Gutiérrez- anunciaron que se retiran entre septiembre y noviembre de 2026. El gobernador firmó hace dos días el decreto con los que postulará para reemplazarlos. Son tres ministros muy cercanos a su ideario político y el de su espacio de aliados.
Uno es el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde. Otro es Diego Maciel, que es el secretario legislativo del senador radical Felipe Michlig, el principal articulador del gobernador en la Cámara Alta. La restante es la abogada rosarina y jueza de faltas, Jorgelina Genghini, impulsada por Julián Galdeano, armador político del radicalismo y secretario de Vinculación Institucional del gobierno provincial, y por su hermano Lucas Galdeano, presidente del Colegio de Abogados de Rosario.
