Antiguamente, cuando una persona presentaba una crisis en la esfera de lo mental, el psiquiatra sometía a dicha persona a un procedimiento llamado electroshock, en una institución conocida como manicomio. En ese entonces, digamos que, más de cincuenta años atrás, el poder médico decidía sobre el «paciente» (quien espera que el médico actúe), sobre un modelo verticalista de tipo paternalista. Esta situación cambió gracias, en parte, al surgimiento de la Bioética, la cual pregona cuatro principios: la autonomía de la persona, beneficencia, la no maleficencia, y la justicia. De esto se desprende el «primum non nocere», o sea, «primero no hacer daño», precepto griego, en este caso en latín. Cuando no se tiene en cuenta la decisión del otro, suceden este tipo de cosas. En gobiernos donde primalo que llamaré las cuatro M: monarquía, monopolio, manipulación, y manicomio; van apareciendo señales de turbación y alteración en la consciencia. De golpe, puff: un electroshock económico. Uno va al supermercado y ve cómo el precio de un producto se disparó al más del cien por ciento, o subió la luz, o el gas, todo de una manera disruptiva, invasiva y poco empática. La cuestión del electroshock social viene desde la conformación de este país, llamado Argent-ina, siendo la palabra argent, de origen francesa, significando dinero. Pero, para que la independencia de este territorio cercado por fronteras ocurriera: se «electrocutó» simbólica, física y materialmente a las personas que ya habitaban estos territorios, generándose un manicomio nacional, cerrado y con un discurso hegemónico. En la medida en que el poder sea centralizado, y sólo se lo utilice para ganar votos, territorios, dinero, o más poder y el mismo no se redistribuya, los monopolios, y la labor de las manos, ya no en un sentido peyorativo, sino más bien colaborativo, seguiremos hablando de lo mismo…
Una emotiva presentación de la Filarmónica de Río Negro se vivió en la tarde del sábado último en el emblemático cine teatro Círculo Italiano. Con la presencia de Clara Parodi como directora invitada, la orquesta de la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia abordó obras de Strauss, Dukas, Britten,Copland y Wagner; integrando también…
La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina invita a participar de las actividades que se realizarán en adhesión a ‘Vendimia Celebra 2021’ que surgen del sector privado con el objetivo de acompañar el impulso turístico-productivo que refleja la actividad vitivinícola. En este marco, ‘Explora tu mundo’ a cargo de Yanina Plos EVT…
El Gobierno de Río Negro dispuso la obligatoriedad desde el lunes 13 próximo del uso de protectores faciales de distinto tipo, incluidos los de fabricación personal (denominados «tapaboca»), a todas las personas que circulen en la vía pública. La medida, dispuesta por decreto de la gobernadora Arabela Carreras, se fundamenta en la necesidad de reforzar…
Desde hace un tiempito, cada vez entro a Facebook, recuerdo una famosa frase de nuestro candidato al Nobel de la Paz, Luisito D´elia: te odio… odio tu estética, odio tus sugerencias, odio tu publicidad invasiva, odio los pedidos de amistad de gente que no conozco… (No se gasten en proponer la solución ingenua, “si no…
En el día de ayer, se llevó a cabo el encuentro en dónde se evaluaron distintas políticas sociales y programas que ya están en agenda y de los cuáles Regina va a participar durante el 2022. Una reunión muy positiva, con la idea de seguir articulando con provincia, políticas sociales para los sectores más vulnerables….
Con el Decreto 787/2025, Milei eliminó el sistema de control que limitaba los aumentos y obligaba a los colegios privados subvencionados a rendir cuentas ante el Estado. Desde hoy, las instituciones podrán fijar libremente sus cuotas y matrículas, incluso en medio de la inflación más alta en décadas. En nombre de la “libertad de mercado”, el Gobierno deja a las familias a merced de precios sin techo.
Una medida que favorece a los colegios, no a las familias
El decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial deroga el Decreto 2417/1993, que durante más de treinta años reguló la fijación de aranceles y garantizaba cierta previsibilidad para las familias con hijos en escuelas privadas con aportes estatales. El nuevo texto, firmado por Milei, Manuel Adorni, Sandra Pettovello y Luis Caputo, sostiene que los controles estatales “distorsionan el mercado” y “restringen el derecho de propiedad” de las instituciones educativas.
En la práctica, esto significa que los colegios podrán aumentar las cuotas cuando y como quieran, sin pedir autorización ni informar previamente al Estado. Tampoco estarán obligados a transparentar el uso de los subsidios públicos que continúan recibiendo. En nombre de la “libertad de contratación”, Milei deja sin resguardo el bolsillo de miles de familias que mes a mes hacen malabares para sostener la educación de sus hijos.
Adiós a los topes, bienvenidos los aumentos
Hasta ahora, los colegios incorporados a la enseñanza oficial estaban alcanzados por el régimen creado por el Decreto 2542/1991, que establecía la obligatoriedad de informar aranceles, topes y estructuras de costos, con supervisión estatal. Esa norma fue complementada por el Decreto 2417/1993, que ordenaba la comunicación de cuotas y matrículas antes del inicio de cada ciclo lectivo para evitar aumentos arbitrarios.
Con el nuevo Decreto 787/2025, todo ese esquema desaparece. Desde hoy, los valores podrán modificarse según las “fluctuaciones del mercado”. En un contexto de inflación incontrolada, esto equivale a permitir incrementos mensuales sin intervención ni límite alguno. Los colegios, en lugar de prever sus costos anuales, podrán ajustar sus precios cada vez que lo consideren necesario, trasladando todos los aumentos directamente a las familias.
Libertad para los colegios, incertidumbre para las familias
El propio texto del decreto justifica la medida afirmando que la obligación de informar las cuotas con anticipación “genera incertidumbre” en los establecimientos y los lleva a fijar valores más altos de lo necesario. Lo que no menciona es que ese mismo mecanismo protegía a las familias frente a subas desmedidas y garantizaba un mínimo control sobre la utilización de fondos públicos.
A partir de hoy, el Gobierno se desentiende completamente. Los colegios quedan habilitados para cobrar lo que quieran, mientras los padres deberán asumir el riesgo de una educación que puede volverse inaccesible de un mes a otro. La medida no mejora la calidad educativa: apenas asegura que los dueños de los colegios puedan trasladar todos los costos —y sus ganancias— sin rendir cuentas.
El fin de los controles y el avance de la desregulación
En el caso educativo, el impacto será directo: las instituciones privadas —muchas de ellas confesionales— podrán mantener subsidios estatales, pero ahora sin obligación alguna de justificar sus aumentos o la distribución de esos fondos. Es decir, dinero público en manos privadas sin transparencia ni control.
Un paso más hacia la mercantilización educativa
El decreto instruye además al Ministerio de Capital Humano, encabezado por Pettovello, a revisar las pautas del Decreto 2542/1991 y elevar una propuesta de modificación. Esa revisión podría implicar un cambio de fondo: alterar o incluso eliminar el sistema de subsidios a la educación privada, o transformarlo en un esquema sin supervisión estatal.
Cualquiera de las dos opciones consolida el mismo rumbo: la educación entendida como un negocio, no como un derecho. En nombre de la libertad de mercado, el Estado abandona su responsabilidad de garantizar igualdad de acceso y control sobre los fondos públicos.
Conclusión: la libertad del más fuerte
Con esta medida, Milei consagra la libertad del más fuerte: los colegios podrán decidir cuánto cobrar, sin límite ni rendición. Las familias quedarán expuestas a aumentos permanentes, y el Estado renuncia a su rol de árbitro y garante del derecho a la educación.
El Decreto 787/2025 no es una modernización, como intenta presentarse: es un paso más en la destrucción del sistema público y en la mercantilización del derecho a aprender. Una libertad que, como tantas otras en este gobierno, solo sirve a quienes pueden pagarla.
