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PLAN CASTELLO: EL PARCHE

El gobierno provincial presenta al Plan Castello como una oportunidad histórica para las ciudades para poder contraer crédito sin interferencia de entidades financieras, con el objeto de realizar obras de infraestructura y permitir el acceso a maquinarias para el mantenimiento del ejido municipal. Sin embargo, la situación financiera nacional y la fluctuación del dólar significan un riesgo para las finanzas futuras de los municipios, que adhieren al plan pero no se endeudan. En limpio, provincia cede 11,2 millones de pesos no reintegrables, y otros  450 en carácter de préstamo que se asignarían según índices de coparticipación y serán optativos.

El concejo deliberante local en consonancia con el ejecutivo, decidieron que Villa Regina rechazará el empréstito, sumándose a 19 comunas rionegrinas que no lo aceptan y sólo toman la parte no reintegrable distribuida en partes iguales. Aún restan unas 16 municipalidades definir sus posicionamientos. Es cierto que en este contexto económico tomar un crédito en dólares es nocivo para el futuro de sus arcas y es válido esperar otra situación más favorable para reanalizarlo.

El dilema político de Regina con respecto al Plan Castello no surge de la negativa al préstamo reintegrable, si no en base a la lectura política mezquina de usar el crédito para parchar huecos y errores políticos suscitados hace años y sin vías propias de solución. El marco político reginense se ocupó el último tiempo del reposicionamiento de sus actores políticos (motivados por intereses que exceden la ciudad) frente a la renuncia del ex intendente Fioretti, y luego a la campaña eleccionaria. No existió durante ese lapso un verdadero reordenamiento resolutivo y pragmático hacia dentro en beneficio de los vecinos.

El intendente Carlos Vazzana explicó que el aporte no reintegrable será destinado a ejecutar obras de infraestructura en loteos sociales. Lo absurdo de la situación es que se prevé hacer obras que ya fueron pagas por los contribuyentes, que hace años las abonaron, y aún deben golpear puertas para saber porque no se las han entregado.

Evidenciada la coyuntura política local, otra arista. Si se utiliza plata de la provincia para llevar a cabo infraestructura que ya fue abonada por vecinos, se les debería reintegrar los montos con sus intereses. Si no se estaría pagando dos veces por la misma obra. Una locura inadmisible. E inclusive la decisión de usar los fondos para cubrir políticamente su “mala praxis” fue presionada por el esfuerzo incansable de quienes fueron una y otra vez al concejo a reclamar por lo suyo que no les fue dado.

El ejecutivo local encontró la solución a este problema estructural de la peor manera, utilizando los recursos que pueden servir para desarrollar a la comunidad, como lo es el proyecto de la nueva planta de tratamiento de efluentes que  permitiría reutilizar las aguas grises en el riego para emprendimientos productivos, lo que generaría ingresos, puestos de trabajo y vuelco “0” de efluentes al río Negro. Pero además, podría aprovecharse como base de inicio del plan económico  industrial en alta barda que promovió Vazzana en su campaña electoral.

Debemos encontrar la manera de reestructurar la toma de decisiones sociales y ser eficientes para instrumentar herramientas para que la sociedad misma incida en este tipo de resoluciones importantes y que no terminen atadas a individuos con determinados intereses políticos y particulares, que se colocan detrás de estrategias políticas que arrasan el real interés social de Villa Regina.

LA TAPA

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    Kicillof vs. Milei: ¿cómo impacta el cruce político en el comercio y la industria argentina?

     

    Axel Kicillof acusó al presidente Javier Milei de liderar un modelo “destructivo” que podría afectar industria, empleo y comercio y advirtió que podría convertir a Argentina en un esquema similar al peruano sin clase media y con menor capacidad productiva.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El conflicto político que preocupa al sector comercio

    El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, arremetió públicamente contra el presidente Javier Milei, al calificar su modelo económico como “destructivo” y pronosticar un retroceso estructural en la economía nacional. Estas declaraciones se inscriben en una disputa política más amplia que, a juicio de sectores del comercio y la industria, podría tener implicancias directas en la actividad productiva, el empleo y la capacidad competitiva de las pymes argentinas.

    Kicillof sostuvo que la orientación del Gobierno nacional tiende a “volver al modelo agroexportador”, en detrimento de una economía diversificada donde el comercio y la producción industrial juegan un papel central. En ese sentido, advirtió que la clase media está en riesgo bajo el rumbo actual, comparando el escenario con la realidad peruana, donde existe una mayor precariedad social sin una base industrial fuerte.


    Críticas al modelo económico y efectos en la industria nacional

    Una de las principales preocupaciones explícitas por Kicillof es lo que denominó un “plan de exterminio de la industria nacional”. Según el mandatario provincial, el actual Gobierno no ha reaccionado ante cierres de empresas emblemáticas como FATE, situación que debería generar respuestas activas para sostener la producción y mantener el empleo dentro de cadenas de valor comerciales consolidadas.

    Para el sector comercio, donde muchas pymes comprenden insumos y mercados interconectados con la industria, una política que favorezca un giro primario-exportador —sin protección a los eslabones productivos locales— puede traducirse en:

    • Menor demanda de bienes intermedios
    • Disminución de las compras locales de insumos
    • Reducción de consumo interno por pérdida de capacidad adquisitiva de empleados industriales

    Estas tendencias agravarían la ya frágil dinámica comercial de muchas regiones fuera del AMBA, donde la producción y el consumo están estrechamente conectados.


    Implicancias para empleo, comercio minorista y cadenas de valor

    El diagnóstico político de Kicillof sugiere que la combinación de políticas económicas desreguladoras con apertura sin mecanismos de apoyo productivo puede profundizar desequilibrios:

    • Caída de empleo formal industrial, impactando directamente en el poder de compra de hogares y, por ende, en el comercio minorista.
    • Migración de capital y recursos hacia sectores financieros o extractivos, reduciendo inversiones en actividades de alto empleo intensivo.
    • Mayor desigualdad estructural, traducida en un consumo orientado a bienes esenciales de bajo valor agregado.

    Este escenario, vinculado al cruce político entre dos modelos opuestos —uno que prioriza el rol del Estado y la protección industrial, y otro que apuesta por la apertura sin contrapesos— genera incertidumbre en comerciantes y fabricantes que dependen de estabilidad para planificar inversiones y contratos.


    Perspectiva sectorial: comercio, industria y políticas públicas

    Para analistas del sector comercio, el debate político va más allá de una disputa retórica: entra en la esfera de decisiones públicas que afectan la competitividad y la sustentabilidad de negocios. Un enfoque excesivo en la apertura sin políticas activas de integración productiva puede empujar a una economía más dependiente de importaciones de bajo costo, debilitando las cadenas de valor locales que sostienen a miles de comercios y pymes.

    Las tensiones políticas recientes, donde Kicillof advierte sobre un rumbo que considera “a contramano del mundo”, reflejan un choque de visiones que tendrá consecuencias prácticas en variables clave como:

    • Tipo de cambio real y competitividad exportadora
    • Nivel de aranceles y barreras para proteger industria y comercio
    • Incentivos fiscales para pymes manufactureras y comercializadoras

    Este debate será central en los próximos meses, en especial si se recrudece la disputa por recursos, inversiones y estrategias de desarrollo industrial.

     

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