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PLAN CASTELLO: EL PARCHE

El gobierno provincial presenta al Plan Castello como una oportunidad histórica para las ciudades para poder contraer crédito sin interferencia de entidades financieras, con el objeto de realizar obras de infraestructura y permitir el acceso a maquinarias para el mantenimiento del ejido municipal. Sin embargo, la situación financiera nacional y la fluctuación del dólar significan un riesgo para las finanzas futuras de los municipios, que adhieren al plan pero no se endeudan. En limpio, provincia cede 11,2 millones de pesos no reintegrables, y otros  450 en carácter de préstamo que se asignarían según índices de coparticipación y serán optativos.

El concejo deliberante local en consonancia con el ejecutivo, decidieron que Villa Regina rechazará el empréstito, sumándose a 19 comunas rionegrinas que no lo aceptan y sólo toman la parte no reintegrable distribuida en partes iguales. Aún restan unas 16 municipalidades definir sus posicionamientos. Es cierto que en este contexto económico tomar un crédito en dólares es nocivo para el futuro de sus arcas y es válido esperar otra situación más favorable para reanalizarlo.

El dilema político de Regina con respecto al Plan Castello no surge de la negativa al préstamo reintegrable, si no en base a la lectura política mezquina de usar el crédito para parchar huecos y errores políticos suscitados hace años y sin vías propias de solución. El marco político reginense se ocupó el último tiempo del reposicionamiento de sus actores políticos (motivados por intereses que exceden la ciudad) frente a la renuncia del ex intendente Fioretti, y luego a la campaña eleccionaria. No existió durante ese lapso un verdadero reordenamiento resolutivo y pragmático hacia dentro en beneficio de los vecinos.

El intendente Carlos Vazzana explicó que el aporte no reintegrable será destinado a ejecutar obras de infraestructura en loteos sociales. Lo absurdo de la situación es que se prevé hacer obras que ya fueron pagas por los contribuyentes, que hace años las abonaron, y aún deben golpear puertas para saber porque no se las han entregado.

Evidenciada la coyuntura política local, otra arista. Si se utiliza plata de la provincia para llevar a cabo infraestructura que ya fue abonada por vecinos, se les debería reintegrar los montos con sus intereses. Si no se estaría pagando dos veces por la misma obra. Una locura inadmisible. E inclusive la decisión de usar los fondos para cubrir políticamente su “mala praxis” fue presionada por el esfuerzo incansable de quienes fueron una y otra vez al concejo a reclamar por lo suyo que no les fue dado.

El ejecutivo local encontró la solución a este problema estructural de la peor manera, utilizando los recursos que pueden servir para desarrollar a la comunidad, como lo es el proyecto de la nueva planta de tratamiento de efluentes que  permitiría reutilizar las aguas grises en el riego para emprendimientos productivos, lo que generaría ingresos, puestos de trabajo y vuelco “0” de efluentes al río Negro. Pero además, podría aprovecharse como base de inicio del plan económico  industrial en alta barda que promovió Vazzana en su campaña electoral.

Debemos encontrar la manera de reestructurar la toma de decisiones sociales y ser eficientes para instrumentar herramientas para que la sociedad misma incida en este tipo de resoluciones importantes y que no terminen atadas a individuos con determinados intereses políticos y particulares, que se colocan detrás de estrategias políticas que arrasan el real interés social de Villa Regina.

LA TAPA

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    YPF: los vínculos ocultos que el Gobierno niega y el fallo dejó al descubierto

     

    Mientras Milei celebra el fallo favorable por YPF, un entramado de relaciones con fondos buitres, negociaciones paralelas y tensiones internas deja al descubierto contradicciones profundas dentro del propio oficialismo. El caso ya no es solo jurídico: es político.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    Desde que la Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en la causa por la expropiación de YPF, el Gobierno intentó instalar una narrativa de triunfo. Sin embargo, detrás de esa victoria judicial emergen datos incómodos que exponen una trama de intereses, contactos y contradicciones que comprometen al propio oficialismo.

    El análisis del periodista Leandro Renou revela que, lejos de sostener una postura coherente, sectores del Gobierno venían manteniendo conversaciones con actores directamente enfrentados a los intereses del país en el litigio.


    Negociaciones en las sombras

    Uno de los puntos más sensibles del caso es el rol del ministro de Economía, Luis Caputo. Según reconstruye Renou, desde principios de 2025 ya existían contactos con operadores del fondo Burford —principal beneficiario del juicio contra Argentina— con la intención de negociar un eventual pago.

    Ese dato no es menor: implica que mientras el Estado defendía judicialmente la legalidad de la expropiación de YPF, parte del equipo económico evaluaba una salida que reconocía el reclamo de los fondos buitres, en abierta contradicción con la estrategia de la Procuración del Tesoro.

    La situación adquiere mayor gravedad si se considera que el fallo final terminó favoreciendo la postura argentina, validando la expropiación impulsada en 2012 y desarmando el reclamo millonario.


    Presiones internacionales y aliados inesperados

    Otro elemento clave que surge del informe es el escenario internacional. Cuatro países respaldaron la posición argentina ante la jueza Loretta Preska, cuestionando el criterio que favorecía a los fondos especulativos.

    Este dato muestra que el conflicto trascendía lo jurídico: se trataba de una disputa geopolítica en torno al control de recursos estratégicos como Vaca Muerta, uno de los mayores reservorios energéticos del mundo.

    En ese contexto, el alineamiento discursivo del gobierno de Milei con posiciones críticas hacia la expropiación generó tensiones, ya que coincidía parcialmente con los argumentos de los demandantes.


    El giro forzado del oficialismo

    La paradoja es evidente: el mismo Gobierno que cuestionó históricamente la estatización de YPF terminó celebrando un fallo que valida esa decisión.

    Dirigentes del campo nacional señalaron que la resolución judicial confirma la legalidad del proceso llevado adelante durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, reforzando la idea de soberanía energética como eje estratégico.

    Sin embargo, el trasfondo que describe Renou deja en evidencia que dentro del oficialismo no existía una única línea, sino tensiones entre quienes buscaban acordar con los fondos y quienes sostenían la defensa judicial.


    Mucho más que un juicio

    El caso YPF dejó de ser un expediente técnico para convertirse en un espejo de la política económica del gobierno de Milei.

    Las negociaciones paralelas, los contactos con fondos especulativos y la falta de una estrategia unificada muestran un esquema donde conviven intereses contradictorios.

    Como advierte el propio Renou, el fallo no solo resolvió una disputa legal: también expuso quiénes estaban de cada lado del mostrador en una de las causas más sensibles para la soberanía económica argentina.

     

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