Si hay algo importante que había perdido el equipo argentino de fútbol antes de la victoria con Nigeria era precisamente el habla. Cuando los conflictos aparecen las resistencias se levantan, y el silencio es un telón de acero que no permite ver ni oír el escenario. La imagen de Lionel Messi hablando con su equipo en el túnel antes de salir al segundo tiempo, o la de Mascherano con su técnico en una de las prácticas antes del partido, son el claro ejemplo que, cuando uno no habla de lo que le pasa: el malestar no se resuelve o inclusive aumenta.
Ganaron el poder de hablar cuando el silencio (o demasiado ruido) de los problemas los había perdido
Perder algo o alguien es un trauma que pone en jaque nuestros sentimientos e identidad, pero al mismo tiempo, es una oportunidad para seguir intentando…
En el mismo plano, la victoria de Perú en el último partido desató la ira de sus aficionados, y uno se pregunta…, ¿cómo puede ser que festejen si vuelven a su casa? La respuesta es simple: son aquellos que ganan cuando pierden.
Uno nace y ya pierde el cálido ambiente materno, pero ganamos el aire y la salida al mundo. Perdimos la capacidad para zarandearnos en los árboles pero ganamos esas ganas de correr. Perdemos para ganar. Y sino, preguntémosle a Panamá quien a pesar de perder por goleada (6-1) se puede alegrar por su único tanto.
Siguiendo con el mundial, qué podemos decir de la victoria de Corea ante Alemania: una verdadera sorpresa hasta para ellos mismos. Sin exagerar, la simpatía contagia, y uno ya se siente coreano. Los asiáticos también se vuelven, pero con una inmensa alegría, ¿porqué? Porque son aquellos que ganan cuando pierden.
Columnista de LaTapa. Publicó los siguientes librillos o grillos de letras: "A temperatura dos murmúrios", "Espuma brutal" , "O lado oculto do azul"; "Playa nudista para poemas vestidos" (Biblioteca de Las Grutas, único ejemplar y única edición). También, diversos textos en diferentes espacios digitales.
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina informa que el sábado 30 llega a la ciudad el ‘Autocine Cuidado’, oportunidad en la que se proyectará ‘El Kiosco’, de Pablo González Pérez. La actividad se desarrollará desde las 22 horas y tendrá lugar en el estacionamiento del Anfiteatro ‘Cono Randazzo’. “El Kiosco” relata…
El diputado Guillermo Michel alertó este sábado sobre un tajo de USD 3000 millones que la reforma laboral produciría en los recursos de Anses, a través de la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que el gobierno busca crear para el pago de indemnizaciones por despidos. El recorte agudizaría la crisis del sistema previsional argentino, producto del crecimiento de la informalidad laboral y el peso de la relación desequilibrada entre la cantidad de jubilados con cobertura previsional y el total de la población económicamente activa que realiza aportes en el sistema solidario de reparto.
La gentileza de los impulsores del proyecto con las empresas recorta un 3 por ciento sobre las contribuciones patronales y las obliga a colocar esa suma de dinero en agencias habilitadas por la CNV, dando lugar al surgimiento de minis AFJP.
PLos empleadores con más de 100 empleados registrados pagan 20 por ciento de la masa salarial por aportes, mientras que las firmas con menos de 100 trabajadores tributan un 18 por ciento. Como la iniciativa parlamentaria de Javier Milei y Federico Sturzenegger propone una poda «plana» sobre todos los rubros, sin distinción por magnitud del empleador, el legislador entrerriano estimó que Ansés perdería USD 3000 millones.
En efecto, entre los artículos 58, 59 y 60 se establece el modo en que se constituye el fondo, al tiempo que el artículo 76 deja en claro que el invento no supone un incremento en las contribuciones patronales. «Los empleadores tendrán una reducción de TRES (3) puntos porcentuales en la contribución patronal con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Nº 27.541 y sus modificatorias», dice la ley.
Por eso, Michel plantea que «para financiar el FAL, se desfinancia el Sistema de la Seguridad Social».
El diputado peronista consigna que, según datos de Seguridad Social, hasta agosto de este año había «437.587 empleadores -el 84% del total- que tienen registrados hasta 10 empleados». Ese conjunto totaliza 1.197.094 trabajadores formalizados, el 18% de los registrados.
Además, «hay 9.516 empleadores (el 1,82% del total) que registran más de 100 empleados pero que concentran el 50% del empleo registrado, es decir 3.290.182 trabajadores», apunta Michel. «El 1,8 por ciento de las empresas concentra el 63 por ciento de los empleados», agrega.
Para financiar el FAL, se desfinancia el Sistema de la Seguridad Social. Hay 9.516 empleadores (el 1,82% del total) que registran más de 100 empleados pero que concentran el 50% del empleo registrado, es decir 3.290.182 trabajadores.
Esa discriminación habilita la inquietud acerca de qué sector se beneficia más con la ley que cuyo tratamiento el gobierno debió postergar por el fracaso legislativo del miércoles pasado en la Cámara de Diputados, con el presupuesto. «El sueldo promedio de los trabajadores que trabajan en empresas chicas, es decir de hasta 10 empleados, es de $ 1 millón. En cambio, en las empresas que emplean 100 o más empleados el sueldo promedio mensual es de $ 2,2 millones», señaló Michel en un documento de trabajo al que accedió LPO.
Pero el sueldo promedio es más alto a medida que se escala en la pirámide empresarial por cantidad de empleados. En las empresas con más de 1500 empleados, y hasta 2500, el salario promedio es de $2,4 millones pero en las que acreditan entre 2500 y 5000 es de $2,5 millones y en las de más de 5000 es de $3,3 millones.
Por eso, la información pública disponible en el registro de Seguridad Social indica que el 37% de la masa salarial lo aportan empresas con hasta 100 empleados y que el 63% restante, empresas con más de 100 empleados. «Estos empleadores son los que más aprovechan la reducción de 3 puntos porcentuales de las contribuciones para financiar sus futuras indemnizaciones», asegura el diputado.
Empleadores son los que más aprovechan la reducción de 3 puntos porcentuales de las contribuciones para financiar sus futuras indemnizaciones.
Si bien el proyecto de presupuesto 2026 prevé una recaudación de 55 billones de pesos por contribuciones patronales, la reforma laboral desfinanciaría al Sistema de la Seguridad Social en $4,8 billones. «Es el 0,46 por ciento del PBI y el equivalente a USD 3.000 millones considerando la evolución del dólar con el esquema de bandas actuales», dice Michel.
Existe, por otra parte, una dificultad para mensurar el impacto: el gobierno asegura que la ley aplicará sobre los nuevos empleos que se generen pero en ninguno de sus artículos se aclara ese aspecto explícitamente. Ese detalle puso de manifiesto el senador Mariano Recalde ante el secretario de Trabajo, Julio Cordero, cuando asistió esta semana al Senado para defender el proyecto del oficialismo.
Por último, Michel advierte sobre el golpe a las provincias, algo que gobernadores como Martín Llaryora ya detectaron. En base al coeficiente general de la ley de coparticipación, las provincias podrían terminar resignando 1,45 puntos porcentuales del PBI de recursos.
El Intendente Marcelo Orazi y la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro Betiana Minor recorrieron el inmueble donde próximamente funcionará la Comisaría de la Familia, donde se llevan adelante trabajos de pintura para su puesta en marcha. Recordemos que en los próximos días la Comisaría de la Familia atenderá en Ingeniero…
El Gobierno impulsa una reforma laboral que redefine la relación de dependencia, habilita nuevas formas de precarización, reduce indemnizaciones y debilita la negociación colectiva. El texto, presentado para tratar durante las sesiones extraordinarias, modifica de manera profunda la Ley de Contrato de Trabajo y reorganiza el mapa de poder entre capital y trabajo.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Un cambio de época escrito en letra chica
El proyecto de “modernización laboral” del oficialismo no es un simple aggiornamiento técnico ni un reordenamiento administrativo. Es un intento explícito de reconfigurar las reglas fundacionales de la relación laboral en Argentina, desde el momento en que una persona empieza a trabajar hasta la forma en que se calcula su indemnización cuando es despedida. Todo el texto está diseñado para mover el péndulo hacia el empleador, reduciendo la protección que la Ley de Contrato de Trabajo consolidó durante décadas y que constituyó uno de los pilares del modelo argentino.
El Gobierno lo presenta como un salto hacia la flexibilidad, la innovación y el empleo moderno. Pero cuando se analizan las modificaciones artículo por artículo, lo que se revela es una arquitectura jurídica pensada para abaratar despidos, diluir la estabilidad, fragmentar la negociación colectiva y habilitar nuevos mecanismos de contratación más débiles.
A continuación, un análisis profundo de las modificaciones más relevantes, ordenadas por grandes bloques temáticos, con explicación detallada y sus efectos concretos sobre la vida laboral de las y los trabajadores.
1. el corazón del proyecto: redefinir quién es trabajador
Reforma del concepto de trabajo y del ámbito de aplicación
La LCT históricamente estableció que toda prestación personal realizada bajo dependencia es trabajo, y por lo tanto merece protección. El proyecto del oficialismo introduce modificaciones que amplían las excepciones y atomizan el régimen.
La clave está en ensuchar el concepto de dependencia, que siempre fue lo que blindó a los trabajadores frente a las falsas modalidades. El proyecto incorpora referencias explícitas a trabajadores independientes, prestadores de servicios, contratos civiles y prestadores de plataformas digitales que podrían quedar fuera de la LCT si el empleador así lo organiza.
Ejemplo concreto
Hoy, si un mensajero de aplicaciones trabaja todos los días, con horarios, instrucciones y control de la empresa, la Justicia puede reconocer la relación de dependencia. Con la reforma, la empresa podrá argumentar —y con aval legal— que se trata de un “prestador independiente” sujeto a regulación específica, reduciendo la posibilidad de reconocimiento judicial.
La consecuencia es un piso mínimo de derechos más bajo y un aumento exponencial de relaciones supuestamente “autónomas” que en realidad son empleo encubierto.
2. la presunción de relación laboral: el golpe más fino del texto
Limitación de la presunción de dependencia
La presunción de que la prestación personal genera contrato de trabajo es una de las piedras angulares de la LCT. Sin ella, cualquier empleador podría disfrazar la relación de mil maneras. El proyecto introduce un límite decisivo: Si existe contrato de servicios, facturación, recibos u otros instrumentos civiles, la presunción de dependencia no operará.
Esto implica que la simple emisión de una factura —algo que hoy se usa masivamente para precarizar— pasará a ser un blindaje para el empleador. La carga de la prueba recae íntegramente sobre el trabajador, que deberá demostrar la subordinación.
Ejemplo concreto
Una diseñadora gráfica que trabaja todos los días para la misma empresa, recibe órdenes y usa equipos provistos por la firma. Si le hacen facturar, ya no podrá invocar automáticamente la presunción de dependencia. Tendrá que litigar durante años, sin ingresos, para que un juez reconozca su situación.
El proyecto multiplica así la precarización legal.
3. la negociación colectiva: una poda que debilita a los sindicatos
Eliminación de la aplicación analógica de los convenios
Uno de los cambios más graves consiste en prohibir que los convenios colectivos se apliquen por analogía o extensión. Es decir, si un trabajador realiza una tarea similar a otra ya regulada, pero no está específicamente contemplado en su convenio, no podrá beneficiarse automáticamente de ese estándar.
Este artículo fractura la herramienta histórica que encontró el movimiento obrero para ampliar derechos, impedir disparidades injustificadas y evitar que los empleadores fragmenten convenios a su gusto.
Qué significa en la práctica
Menos trabajadores cubiertos por protección colectiva.
Más margen para redactar convenios “a medida” en empresas pequeñas.
Mayor debilidad de trabajadores aislados o de sectores nuevos.
Este cambio promueve un modelo laboral de negociación atomizada, donde cada empresa se mueve con su propio “mini-convenio”, debilitando la fuerza gremial.
La reforma del principio protectorio
Además, el proyecto interviene la regla de “norma más favorable”, obligando interpretaciones más restrictivas. Esto limita la posibilidad de que, ante dudas, los jueces elijan la solución más protectora para el trabajador.
El espíritu de la LCT se centra históricamente en compensar la desigualdad estructural entre empleado y empleador. El proyecto la reduce a un principio casi decorativo.
4. indemnizaciones: un recorte estructural
Redefinición de la base de cálculo
El proyecto especifica qué conceptos se incorporan para determinar la indemnización y cuáles quedan fuera. La lógica general es reducir el monto final del despido.
En particular:
Se excluyen o limitan pagos variables y sumas no remunerativas.
Se recalculan promedios de manera que reduzcan el impacto de meses con remuneraciones altas.
Se introducen aclaraciones que favorecen el criterio más bajo cuando hay dudas.
Por qué es un cambio profundo
En Argentina la indemnización tiene carácter disuasivo: busca evitar despidos arbitrarios. Al abaratarla, se incentiva la rotación y se da mayor libertad a las empresas para despedir.
Un empleador hoy puede dudar antes de echar a un trabajador con diez años de antigüedad. Con la reforma, el costo será mucho menor: despedir será más barato.
Otros efectos
Impacto directo en trabajadores con premios por productividad.
Menor protección para trabajadores con salarios compuestos.
Incentivo a convertir partes del salario en pagos no remunerativos.
5. tercerización, agencias de servicios y trabajo eventual
Responsabilidad solidaria reducida
La LCT establece que, cuando una empresa terceriza tareas, la empresa usuaria es solidariamente responsable. La reforma reduce esa responsabilidad al período en que el trabajador prestó tareas “directamente” para la empresa principal.
Esto abre un espacio peligroso: cualquier empresa podrá tercerizar actividades principales sin asumir plenamente las consecuencias.
Legalización de la eventualidad rotativa
El proyecto amplía el margen para contratar mediante agencias de servicios eventuales, con menor representación gremial y menores obligaciones. Esto profundiza un modelo donde:
Un trabajador puede pasar años contratado “a prueba”.
La antigüedad se desdibuja.
La estabilidad desaparece en la práctica.
Ejemplo concreto
Un supermercado podrá cubrir cajas, góndolas, depósitos y logística con personal eventual rotado por agencias, sin integrar nunca al plantel estable.
El efecto es una reconfiguración estructural del mercado de trabajo donde la eventualidad deja de ser excepcional.
6. tiempo de trabajo, vacaciones y “flexibilidad”
Bancos de horas
El proyecto habilita mecanismos que permiten compensar horas extras con descanso, en lugar de pago. En un país con salarios depreciados, esto implica una transferencia directa desde el trabajador hacia la empresa.
Vacaciones y licencias
El texto introduce fórmulas para liquidar vacaciones y calcular retribuciones que, según la redacción, tienden a reducir valores efectivamente percibidos.
Además, se incorporan mayores márgenes para reorganizar jornadas y turnos según “necesidades productivas”, ampliando la flexibilidad unilateral del empleador.
7. economía digital: trabajadores de plataformas
Una categoría paralela sin derechos plenos
El proyecto menciona expresamente a los prestadores de plataformas digitales, remitiéndolos a una regulación posterior. Lo que parece una “precisión técnica” es en realidad una señal política clara: las plataformas no quieren—y el Gobierno no exige—que estos trabajadores entren a la LCT.
Esto consolida un modelo donde:
No hay estabilidad.
No hay indemnización.
No hay licencias pagas.
No hay aguinaldo ni vacaciones.
Es la formalización de un sector precario como “normal”.
8. justicia laboral: más carga sobre el trabajador
El proyecto endurece los requisitos probatorios y formales en acuerdos y conciliaciones. Aunque mantiene la gratuidad del trabajador en ciertos procesos, exige intervenciones judiciales más complejas y abre margen para cuestionamientos formales.
Esto implica que, ante un conflicto:
El trabajador necesitará más pruebas.
El empleador tendrá más herramientas para demorar o litigar.
Los juicios podrán extenderse durante años.
Una vez más, la balanza se inclina hacia el lado empresarial.
conclusión: un proyecto que reescribe el contrato social argentino
La reforma laboral del oficialismo no es una “modernización”. Es una reforma estructural del poder dentro del mundo del trabajo. Sus pilares son claros:
Desarmar la presunción de dependencia.
Debilitar la negociación colectiva.
Abaratar el despido.
Normalizar la tercerización.
Crear nuevas categorías más baratas y desprotegidas.
Flexibilizar jornadas y reducir costos indirectos.
Es, en esencia, un proyecto que busca que la relación laboral deje de ser un vínculo protegido para convertirse en un acuerdo privado entre partes formalmente “libres” pero en realidad profundamente desiguales.
El texto no mejora la productividad. No genera empleo de calidad. No impulsa el desarrollo industrial. Lo que hace es ajustar al trabajador, reduciendo derechos conquistados durante décadas y abaratando la mano de obra para que el mercado se ordene bajo la lógica del empleador.
En un país donde el trabajo digno fue siempre un eje identitario, esta reforma implica un retroceso histórico. Y lo más grave: pretende que ese retroceso sea permanente.
El gobierno logró aprobar el presupuesto con el apoyo de los gobernadores peronistas Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz.
Con 46 votos afirmativos, 25 en contra y una abstención, correspondiente a la cordobesa Alejandra Vigo, la ley se aprobó en general tras 10 horas de debate. Victoria Villarruel puso rápidamente en tratamiento el capítulo 1 de la ley, que iba del artículo 1° al 10°, y logró la misma cantidad de apoyos y rechazos.
Pero al momento de votar el capítulo 2, que contenía el polémico artículo 30, el chaqueño Jorge Capitanich reclamó votación por separado de ese fragmento del proyecto, que promovía un ajuste en educación, ciencia y defensa. Bartolomé Abdala contestó que el plan de labor aprobado impedía ese mecanismo y lo propio sostuvo el jujeño Ezequiel Atauche.
Ante la negativa, la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti pidió una cuestión de privilegio, un recurso para realizar una diatriba que no tiene efectos prácticos sobre el debate parlamentario en curso, y acusó a los libertarios de impulsar un artículo inconstitucional que viola el principio de progresividad. «No tiene nada que ver con el déficit fiscal, lo que se hace es borrar por tierra todos los consensos que logramos en la Argentina para la educación y la ciencia y la tecnología», expresó.
Abdala quería apurar la votación pero Capitanich planteó cambiar varios artículos de ese capítulo, entre otros el 30. Atauche, como miembro inform ante, declinó ese planteo y se activó el tablero electrónico para emitir el voto. El resultado fue de 42 votos a favor, 28 en contra y las abstenciones de Vigo y la neuquina Julieta Corroza.
Como anticipó LPO, el gobierno logró fracturar al interbloque peronista para compensar los tres votos que perdía por el lado de la UCR, que sufrió la fuga de Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger para votar contra el artículo 30. El catamarqueño Guillermo Andrada, la tucumana Sandra Mendoza y la jujeña Carolina Moisés, que responden a Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz, respectivamente, aportaron sus tres voluntades para abultar más la diferencia del oficialismo con la oposición. Sin sus votos, el gobierno igual se hubiese impuesto por 39 a 28.
También acompañaron a los libertarios la salteña Flavia Royón, que estaba en contra del artículo 30 pero votó a favor de todo el capítulo por instrucción de Sáenz, el correntino Carlos «Camau» Espínola y la tucumana Beatriz Ávila, que rebautizó su monobloque con el nombre Independencia recientemente, en sintonía con Jaldo y los diputados suyos en la Cámara Baja. Sin ellos tres y sin los tres peronistas de Convicción Federal, el gobierno quedaba más comprometido: esos seis legisladores, más las abstenciones de Vigo y Corroza, contuvieron cualquier efecto cascada opositor.
Al cierre de esta nota, los libertarios peleaban por atribuirse las gestiones en la victoria parlamentaria. Como anticipó LPO, Santiago Caputo se había metido en la negociación, según fuentes del Congreso y la Casa Rosada, cuando parecía que flaqueaban los respaldos para el capítulo 2 y Patricia Bullrich reclamaba que los que estuvieran para votar contra el gobierno, al menos, se abstuvieran para no hundir la ley.
Diego Santilli, Martín y Lule Menem y Carlos Guberman se habían instalado en el despacho de la exministra de Seguridad para terminar de urdir acuerdos que salvaran el presupuesto de cualquier modificación que exigiera un retorno a la cámara de Diputados, una preocupación que atormentaba sobre todo a Luis Caputo por el frente financiero.
Cuando llegó el momento del cierre del debate, Bullrich dio un discurso que mezcló conceptos del coaching y frases de autoayuda con planteos dogmáticos del gobierno sobre la inflación y el déficit, aduciendo que en Argentina se había instalado la idea de que «el esfuerzo no valía la pena». «Hoy no estamos acá simplemente discutiendo números, estamos definiendo si la Argentina vuelve a creer en sí misma porque este presupuesto no es solo una herramienta económica sino un punto de partida para refundar una historia emocional de la Argentina», expresó. Desde los palcos seguían su intervención el ministro del Interior y el secretario de Hacienda.
Santilli con los Menem
Según la presidenta del bloque de LLA, «gobernar no es prometer, gobernar es decidir, incluso cuando duele». «La pobreza, aquellos que hablan tanto de justicia social no lo van a poder creer, se redujo a la mitad», planteó Bullrich antes de agregar que la baja de la inflación permite planificar.
El jefe de la bancada radical, Eduardo Vischi, defendió la necesidad de contar con un presupuesto y reivindicó la importancia del «equilibrio fiscal». «Entró», dijo como una idea que finalmente calzó en los distintos espacios políticos. Sin embargo, el argumento del correntino para no rechazar el ajuste en educación previsto en el artículo 30 fue que nunca se alcanzó el 6 por ciento del PBI para la inversión en ese área, tal como establecía la ley de financiamiento educativo de 2005.
La peronista Juliana di Tullio, por su parte, cargó contra los artículos 55 y 56, que flexibilizan el marco para la toma de deuda o las renegociaciones por parte del gobierno. «Estos dos artículos derogan parte de la ley Guzmán. Entonces ni Toto ni nadie van a tener que respetar tasa, monto y plazo. ¿Quién va a garpar la joda de Toto? El pueblo argentino. Con los votos de ustedes, ¿eh?», explicó.
Gobernar no es prometer, gobernar es decidir, incluso cuando duele.
La senadora bonaerense advirtió que «esto se va a rajar en algún momento», en referencia a la situación económica y social.»Si Cristina tenía que saber cuánto salía el metro de la ruta de no sé dónde, imagínense: Toto se va a ir de vacaciones pero Milei va a terminar preso», vaticinó.
En el arranque del debate, el jujeño Ezequiel Atauche señaló que «el objetivo principal es sostener por tercer año consecutivo el superávit financiero», aunque lamentó que la proyección tiene «una alta rigidez porque el 92% del gasto total ya está comprometido en partidas de difícil modificación». Sin embargo, pretendió que lo que se votaba este viernes era un «punto de quiebre», por tratarse de un presupuesto «sin déficit fiscal».
Los Menem con Santilli.
El primero en salirle al cruce había sido Capitanich, que consideró que el presupuesto en debate es «una «violación sistemática del reglamento y la Constitución». Tras una larga intervención, se manifestó contra el ajuste en educación que promueve el artículo 30.
De eso también se agarró el radical Maximiliano Abad. «Bajo el mantra del equilibrio fiscal, el Gobierno niega que la innovación y el conocimiento tengan que ver con el desarrollo». Por eso, denominó al artículo 30 como ‘el artículo escoba’, porque barre los pisos de educación, pero también las proyecciones en inversión de ciencia».
La tucumana Ávila, senadora del monobloque Independencia, admitió que el proyecto «no es el ideal, pero sí da previsibilidad y es una herramienta para salir de un círculo vicioso de improvisación, crisis y desigualdad». «Mi provincia se ha hecho cargo de obras que la Nación ha abandonado. Necesitamos imperiosamente que la Nación tenga inversión en infraestructura», completó.
La tenista Agustina García es la deportista destacada de los Premios Etapas 2023. Terminaron los Premios eTapas 2023 con una nueva participación de 20 deportistas locales en etapa formativa que fueron destacadxs y elegidxs por sus propios profesores, siendo esta selección un premio en sí mismo. En los eTapas buscamos destacar el compromiso, el compañerismo, la dedicación…
