Si hay algo importante que había perdido el equipo argentino de fútbol antes de la victoria con Nigeria era precisamente el habla. Cuando los conflictos aparecen las resistencias se levantan, y el silencio es un telón de acero que no permite ver ni oír el escenario. La imagen de Lionel Messi hablando con su equipo en el túnel antes de salir al segundo tiempo, o la de Mascherano con su técnico en una de las prácticas antes del partido, son el claro ejemplo que, cuando uno no habla de lo que le pasa: el malestar no se resuelve o inclusive aumenta.
Ganaron el poder de hablar cuando el silencio (o demasiado ruido) de los problemas los había perdido
Perder algo o alguien es un trauma que pone en jaque nuestros sentimientos e identidad, pero al mismo tiempo, es una oportunidad para seguir intentando…
En el mismo plano, la victoria de Perú en el último partido desató la ira de sus aficionados, y uno se pregunta…, ¿cómo puede ser que festejen si vuelven a su casa? La respuesta es simple: son aquellos que ganan cuando pierden.
Uno nace y ya pierde el cálido ambiente materno, pero ganamos el aire y la salida al mundo. Perdimos la capacidad para zarandearnos en los árboles pero ganamos esas ganas de correr. Perdemos para ganar. Y sino, preguntémosle a Panamá quien a pesar de perder por goleada (6-1) se puede alegrar por su único tanto.
Siguiendo con el mundial, qué podemos decir de la victoria de Corea ante Alemania: una verdadera sorpresa hasta para ellos mismos. Sin exagerar, la simpatía contagia, y uno ya se siente coreano. Los asiáticos también se vuelven, pero con una inmensa alegría, ¿porqué? Porque son aquellos que ganan cuando pierden.
Columnista de LaTapa. Publicó los siguientes librillos o grillos de letras: "A temperatura dos murmúrios", "Espuma brutal" , "O lado oculto do azul"; "Playa nudista para poemas vestidos" (Biblioteca de Las Grutas, único ejemplar y única edición). También, diversos textos en diferentes espacios digitales.
La propia justicia estadounidense reconoció en las últimas horas que el llamado “Cártel de los Soles” nunca fue una organización real. La admisión dinamita uno de los pilares con los que Washington justificó la captura de Nicolás Maduro y deja en evidencia el seguidismo acrítico del Gobierno argentino, que llegó a declarar “terrorista” a un ente que hoy EE.UU. reconoce como inexistente.
Por Roque Pérez para NLI
Durante años, Estados Unidos construyó una narrativa judicial y mediática alrededor del supuesto Cártel de los Soles, presentado como una estructura narcoterrorista organizada, jerárquica y liderada por Nicolás Maduro. Esa figura fue utilizada para imponer sanciones, escalar la confrontación con Venezuela y, finalmente, respaldar la detención del mandatario venezolano.
Sin embargo, esa construcción empezó a derrumbarse desde adentro. En una acusación judicial revisada y difundida tras la captura de Maduro, el Departamento de Justicia de EE.UU. eliminó la afirmación de que el Cártel de los Soles sea una organización real, reconociendo de manera tácita lo que especialistas vienen señalando desde hace décadas.
Un invento periodístico reciclado como causa judicial
Según expertos en crimen organizado y narcotráfico en América Latina, el “Cártel de los Soles” nunca describió una organización concreta, sino que fue un término coloquial surgido en Venezuela en los años 90, utilizado por medios locales para aludir de manera genérica a funcionarios militares o civiles sospechados de corrupción vinculada al narcotráfico.
La nueva acusación estadounidense abandona la idea de un cartel estructurado y pasa a definirlo como un “sistema de clientelismo” y una “cultura de corrupción”, sostenida por el dinero de las drogas. Ya no hay jefes, ni organigrama, ni comando criminal: solo una descripción política y difusa, muy lejos de la figura de organización terrorista que se vendió durante años.
El contraste es brutal: donde antes el expediente mencionaba decenas de veces al Cártel de los Soles como entidad real, ahora apenas aparece como una referencia secundaria, sin entidad jurídica ni criminal autónoma.
El silencio incómodo tras la detención de Maduro
La rectificación llega después de la detención de Maduro, lo que expone la fragilidad del andamiaje legal con el que se justificó la operación. Aunque los fiscales estadounidenses mantienen acusaciones por narcotráfico y conspiración, el eje central que presentaba a Maduro como líder de una organización terrorista directamente se desmoronó.
En otras palabras: primero capturaron al presidente venezolano y después admitieron que la organización terrorista que decían combatir no existía.
Bullrich y el seguidismo automático
En este contexto, el papel del Gobierno argentino roza el bochorno. En 2025, la Argentina incluyó al “Cártel de los Soles” en su registro oficial de organizaciones terroristas, siguiendo casi de manera calcada la línea discursiva de la administración Trump.
La decisión fue impulsada por Patricia Bullrich, que se subió sin matices a la narrativa estadounidense y declaró terrorista a un “cartel” que hoy EE.UU. admite que nunca fue tal. No hubo investigación propia, ni evaluación independiente, ni fundamentos jurídicos sólidos: solo copia y obediencia.
Con la admisión del Departamento de Justicia estadounidense, la designación argentina queda completamente vaciada de sustento, dejando expuesta una política exterior subordinada, más preocupada por agradar a Washington que por sostener criterios legales serios.
Un precedente peligroso
El episodio abre interrogantes graves. ¿Cuántas decisiones en materia de seguridad, terrorismo y política internacional se toman en la Argentina replicando construcciones ajenas sin verificación propia? ¿Qué valor tienen las listas de “organizaciones terroristas” si se basan en conceptos que ni siquiera el país que los impulsó sostiene?
Mientras algunos funcionarios estadounidenses, como Marco Rubio, siguen repitiendo el libreto viejo, los propios documentos judiciales desmienten esa narrativa. La contradicción es evidente y deja al descubierto el uso político del derecho penal internacional.
Cuando la realidad alcanza al relato
La admisión de que el “Cártel de los Soles” no existe como organización real no limpia las acusaciones que EE.UU. mantiene contra dirigentes venezolanos, pero sí desnuda una construcción discursiva inflada, funcional a la geopolítica y carente de rigor.
Para la Argentina, el saldo es claro: otro papelón internacional, otra muestra de alineamiento automático y otra decisión que hoy queda en ridículo por haber seguido, sin chistar, una ficción que ya ni sus propios autores sostienen.
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En su discurso de hoy en el Foro Económico Mundial de Davos, Milei volvió a desplegar una narrativa que excede largamente la economía y se adentra en una concepción ideológica de la historia, la cultura y la civilización. Más allá de las reiteradas defensas del capitalismo de libre mercado, hubo un eje particularmente revelador: la idea de que América arrastra una supuesta “deuda civilizatoria” con Occidente y que su misión histórica sería saldarla regresando a la filosofía griega, el derecho grecorromano y los valores judeocristianos.
Lejos de ser una simple reflexión cultural, este planteo condensa una visión profundamente política, excluyente y funcional a un proyecto de poder.
La “deuda civilizatoria”: una noción problemática desde el origen
Cuando Milei afirma que América debe “pagar una deuda civilizatoria” a Occidente, introduce una categoría que no es neutra ni inocente. Hablar de deuda implica subordinación, implica aceptar que existe un centro civilizatorio legítimo —Europa y su tradición occidental— y una periferia que debe agradecer, imitar y reparar.
Esta idea desconoce deliberadamente que América no es una hoja en blanco escrita por Grecia, Roma o el cristianismo europeo. Es un continente atravesado por civilizaciones milenarias, por procesos históricos propios, por luchas sociales, políticas y culturales que no pueden reducirse a una herencia importada. La noción de deuda borra de un plumazo a los pueblos originarios, las tradiciones populares, las experiencias emancipatorias y los proyectos políticos que disputaron —y disputan— el sentido mismo de la modernidad. Nos deja sin identidad.
Además, el concepto remite peligrosamente a las viejas justificaciones coloniales: Europa como portadora de civilización, América como territorio incompleto que debe “agradecer” lo recibido. No es una novedad discursiva: es un reciclaje ideológico con lenguaje contemporáneo.
Filosofía griega y derecho grecorromano: apropiación selectiva del pasado
El llamado de Milei a “inspirarse en la filosofía griega” y “abrazar el derecho grecorromano” opera como una selección interesada de la historia. No se trata de un análisis académico ni de una reivindicación crítica del pensamiento clásico, sino de una utilización simbólica para legitimar un orden político y económico actual.
La Grecia clásica y Roma no fueron paraísos de libertad universal: fueron sociedades atravesadas por la esclavitud, la exclusión política, la desigualdad estructural y la negación de derechos a amplios sectores de la población. Presentarlas como modelos morales sin esas contradicciones es falsear la historia.
Más aún, Milei invoca estas tradiciones como si condujeran de manera natural a un capitalismo desregulado y a un Estado mínimo, cuando buena parte de la filosofía clásica discutió justamente los límites del poder económico, la función de la comunidad y la centralidad de lo público. No hay herencia universal: hay recortes ideológicos.
Valores judeocristianos: moral selectiva y contradicción política
El tercer pilar del discurso fue el llamado a “retornar a los valores judeocristianos para salvar a Occidente”. Aquí la operación es doble. Por un lado, se construye un supuesto consenso moral único, invisibilizando otras tradiciones éticas, espirituales y culturales que forman parte tanto de América como del mundo occidental contemporáneo.
Por otro lado, se produce una contradicción evidente entre el discurso y la práctica política. Valores como la solidaridad, el cuidado del prójimo, la justicia social y la dignidad humana, históricamente asociados a la tradición judeocristiana, chocan de frente con políticas de ajuste, desprotección social y mercantilización extrema de la vida.
La apelación religiosa funciona así como un recurso retórico de legitimación, no como una guía ética real. Se invocan valores abstractos mientras se impulsan medidas concretas que profundizan la desigualdad y la exclusión.
Una idea de civilización que excluye
El discurso de Milei en Davos no propone una civilización plural ni un diálogo entre culturas. Propone una restauración: un Occidente idealizado, homogéneo, jerárquico y alineado con un modelo económico específico. Todo lo que queda fuera de ese canon —otras identidades, otros proyectos políticos, otras formas de organización social— aparece como desviación, amenaza o atraso.
La “deuda civilizatoria” no es, entonces, una reflexión histórica. Es una herramienta política que busca ordenar el mundo entre quienes encajan en ese relato y quienes deben ser corregidos, disciplinados o descartados.
En definitiva, el discurso de Milei en Davos revela con claridad que su proyecto no se limita a la economía: aspira a redefinir qué se entiende por civilización, quién tiene derecho a representarla y quién debe someterse a ella. Bajo una retórica grandilocuente sobre Grecia, Roma y los valores judeocristianos, se esconde una visión regresiva que empobrece el pasado, simplifica el presente y clausura la diversidad del futuro.
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Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, anunció que presentará ante la Asamblea Nacional una ley de amnistía general para liberar a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la fecha, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.
«Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente», dijo Rodríguez en el acto del inicio del año judicial, en el Tribunal Supremo de Justicia.
La líder chavista encargó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la convivencia y la paz para que en las próximas horas presenten la ley ante la AN, así como la «máxima colaboración» al cuerpo legislativo para su aprobación.
«Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos», añadió.
Delcy pidió a los presos políticos del país, incluyendo a aquellos que ya han recibido medidas de excarcelación, que «no se imponga la venganza, la revancha ni el odio».
Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos
A su vez, indicó que esta propuesta de ley excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.
Cárcel del Helicoide, en Caracas.
Varias ONG han insistido desde hace años en una amnistía general para todos los presos políticos, presentando, al mismo tiempo, varias propuestas de ley. La última fue propuesta el martes pasado por la organización Surgentes y el Comité de Madres por la Verdad.
El texto de la ONG y el Comité incluía 12 artículos y proponía la amnistía para «todas esas personas que han sido perseguidas, luchadores sociales, periodistas, integrantes de comité de víctimas, militares y personas perseguidas o privadas de su libertad en el contexto de movilizaciones postelectorales».
A principios de mes, una fracción parlamentaria de Venezuela planteó también una ley de amnistía para, argumentó, llevarle «sosiego» a los familiares de las personas «que están injustamente detenidas».
Actualmente, según la ONG Foro Penal, hay 711 presos políticos, pero el Gobierno venezolano negaba que en el país hubiera personas detenidas por estos motivos y señalaba que los detenidos cometieron delitos, en su mayoría, relacionados al terrorismo.
La última vez que se promulgó una ley de amnistía en Venezuela fue en diciembre de 2007, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez perdonó a personas involucradas en el golpe de Estado en su contra en 2002.
En 2016, el Parlamento, para entonces controlado por la oposición, aprobó una ley de amnistía, declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que es afín al chavismo, y nunca se pudo aplicar.
En agosto de 2020, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, otorgó, mediante decreto, 110 medidas de indultos a opositores, sindicalistas y actores sociales acusados de diversos delitos, de cara a elecciones legislativas que se celebraron en diciembre de ese año, un evento al que el grueso de la oposición no se presentó.
