Si hay algo importante que había perdido el equipo argentino de fútbol antes de la victoria con Nigeria era precisamente el habla. Cuando los conflictos aparecen las resistencias se levantan, y el silencio es un telón de acero que no permite ver ni oír el escenario. La imagen de Lionel Messi hablando con su equipo en el túnel antes de salir al segundo tiempo, o la de Mascherano con su técnico en una de las prácticas antes del partido, son el claro ejemplo que, cuando uno no habla de lo que le pasa: el malestar no se resuelve o inclusive aumenta.
Ganaron el poder de hablar cuando el silencio (o demasiado ruido) de los problemas los había perdido
Perder algo o alguien es un trauma que pone en jaque nuestros sentimientos e identidad, pero al mismo tiempo, es una oportunidad para seguir intentando…
En el mismo plano, la victoria de Perú en el último partido desató la ira de sus aficionados, y uno se pregunta…, ¿cómo puede ser que festejen si vuelven a su casa? La respuesta es simple: son aquellos que ganan cuando pierden.
Uno nace y ya pierde el cálido ambiente materno, pero ganamos el aire y la salida al mundo. Perdimos la capacidad para zarandearnos en los árboles pero ganamos esas ganas de correr. Perdemos para ganar. Y sino, preguntémosle a Panamá quien a pesar de perder por goleada (6-1) se puede alegrar por su único tanto.
Siguiendo con el mundial, qué podemos decir de la victoria de Corea ante Alemania: una verdadera sorpresa hasta para ellos mismos. Sin exagerar, la simpatía contagia, y uno ya se siente coreano. Los asiáticos también se vuelven, pero con una inmensa alegría, ¿porqué? Porque son aquellos que ganan cuando pierden.
Columnista de LaTapa. Publicó los siguientes librillos o grillos de letras: "A temperatura dos murmúrios", "Espuma brutal" , "O lado oculto do azul"; "Playa nudista para poemas vestidos" (Biblioteca de Las Grutas, único ejemplar y única edición). También, diversos textos en diferentes espacios digitales.
El desplazamiento de Carlos Frugoni, funcionario del Ministerio de Economía, por ocultar propiedades en Estados Unidos abre una pregunta incómoda que el oficialismo evita responder: ¿por qué a algunos los echan y a otros, con situaciones similares, los sostienen?
Por Roque Pérez para NLI
La salida de Frugoni se produjo luego de que se confirmara que tenía al menos siete u ocho inmuebles en Florida sin declarar ante los organismos argentinos, además de sociedades en el exterior utilizadas para adquirirlos. El caso no fue menor: se trata de un funcionario clave en el área de infraestructura, bajo la órbita directa del ministro Luis Caputo.
El escándalo que terminó en despido
La investigación periodística reveló que Frugoni omitió incluir en sus declaraciones juradas propiedades valuadas entre 140.000 y 310.000 dólares cada una, muchas de ellas adquiridas a través de firmas registradas en Delaware, una jurisdicción conocida por su opacidad.
El propio funcionario terminó admitiendo la irregularidad. Reconoció que no había declarado esos bienes y aseguró que se trataba de un “error” que estaba intentando corregir.
Pero el daño ya estaba hecho. La normativa argentina es clara: todo funcionario debe declarar la totalidad de su patrimonio, tanto en el país como en el exterior, y la omisión puede configurar delitos como enriquecimiento ilícito u omisión maliciosa.
En ese contexto, el Gobierno decidió avanzar con su salida. Una decisión que, en apariencia, busca mostrar firmeza frente a la corrupción.
La incómoda comparación con Adorni
Sin embargo, el caso abre una contradicción evidente. Porque mientras Frugoni fue eyectado, Manuel Adorni sigue en su cargo pese a estar bajo cuestionamientos patrimoniales y judiciales similares, tal como ya trascendió en distintas investigaciones públicas.
La comparación no es menor: ambos casos giran en torno a inconsistencias en declaraciones juradas, patrimonio no declarado o bajo sospecha, y posibles irregularidades en el manejo de bienes.
Entonces, la pregunta es inevitable: ¿por qué a Frugoni sí y a Adorni no?
Discrecionalidad, relato y costo político
La respuesta parece menos jurídica que política. Frugoni era un funcionario técnico, prescindible dentro del esquema de poder. Adorni, en cambio, es una figura central en la comunicación del gobierno de Milei, con exposición mediática diaria y rol estratégico en la construcción del relato oficial.
En otras palabras, no todos los funcionarios valen lo mismo dentro del dispositivo político.
El gobierno intenta instalar una narrativa de “tolerancia cero” frente a irregularidades, pero los hechos muestran otra cosa: la vara cambia según el peso político del implicado.
Un problema más profundo
El caso Frugoni no es un hecho aislado. Se inscribe en una serie de episodios que golpean el discurso de transparencia de la actual gestión, especialmente en áreas sensibles como la obra pública y la administración de recursos.
La utilización de sociedades en el exterior, la omisión de bienes y las inconsistencias patrimoniales no son meros tecnicismos: son señales de posibles circuitos de opacidad que contradicen el discurso anticasta.
Y cuando la reacción del Estado es selectiva, el problema se agrava.
La pregunta que queda abierta
El desplazamiento de Frugoni podría haber sido un gesto de institucionalidad. Pero pierde fuerza cuando no se aplica el mismo criterio a todos.
Porque en política, tan importante como sancionar es hacerlo sin discrecionalidad. Y hoy, la sensación que queda es otra: no hay una política anticorrupción, sino una administración del costo político de cada escándalo.
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La designación de Lucila Crexell como embajadora en Canadá reaviva una de las acusaciones más explosivas del último tiempo: el presunto intercambio de favores políticos en el Congreso. Mientras el oficialismo habla de “consensos”, la oposición denuncia directamente una compra de votos para aprobar la ley más importante del gobierno de Milei.
Por Roque Pérez para NLI
La política argentina volvió a exhibir su costado más crudo. La exsenadora Lucila Crexell fue designada embajadora en Canadá tras haber sido una pieza clave en la aprobación de la Ley Bases, en medio de acusaciones de que su voto fue “negociado” a cambio del cargo.
El dato no es menor: el Senado aprobó su pliego con 45 votos a favor y 26 en contra, en una sesión atravesada por denuncias de “coima” y “dádivas” lanzadas desde distintos sectores de la oposición.
Un voto que valía una embajada
El eje de la polémica es claro. Durante el debate de la Ley Bases, Crexell pasó de cuestionar aspectos del proyecto a votarlo favorablemente, en un contexto donde ya circulaban versiones sobre su posible designación diplomática.
Las sospechas no quedaron en rumores. En el recinto, legisladores denunciaron abiertamente que la entonces senadora “negoció su voto por un cargo en la embajada”, señalando que su decisión no fue autónoma sino parte de un acuerdo político.
Incluso se llegó a plantear que el caso podría constituir un delito, con pedidos para reabrir investigaciones judiciales vinculadas a posibles dádivas.
La escena es brutal en términos políticos: una ley estructural para el programa de Milei aprobada con votos bajo sospecha y, meses después, el “premio” materializado en un cargo diplomático de alto nivel.
La casta que no era casta
El discurso libertario construyó su identidad sobre la denuncia a “la casta”. Sin embargo, este episodio expone una contradicción difícil de ocultar: los mecanismos más clásicos de la política —negociaciones, intercambios, recompensas— siguen plenamente vigentes.
No se trata de una interpretación aislada. Desde el propio oficialismo se llegó a justificar este tipo de prácticas como parte de los “acuerdos y consensos” necesarios para gobernar, lo que en los hechos equivale a admitir la lógica de negociación de poder que se decía combatir.
El problema es más profundo: cuando esos acuerdos incluyen cargos públicos estratégicos, la línea entre política y clientelismo institucional se vuelve difusa.
Un precedente peligroso
El nombramiento de Crexell no es un hecho menor ni aislado. Marca un precedente político delicado: legitima la idea de que un voto clave en el Congreso puede tener recompensa directa en la estructura del Estado.
Y en un contexto de ajuste, recorte del gasto público y discurso anti-Estado, el contraste se vuelve aún más evidente: mientras se predica austeridad, se distribuyen cargos diplomáticos como moneda de negociación.
La pregunta que queda flotando es incómoda pero inevitable: si esto no es “casta”, ¿qué es?
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