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A LA CORTE SUPREMA POR EL GOLFO SAN MATÍAS

Las organizaciones que accionan sostienen que en el fallo del STJ existe un agravio que justifica el recurso extraordinario que se basa en la convicción de que principios fundamentales para la sanción de normas en materia ambiental no se respetan.

El sábado 3 de junio, en 4 puntos geográficos distintos (Loma Campana, Allen, Conesa y Las Grutas) donde pasaría el oleoducto de YPF organizaciones ambientales, sociales, sindicales, de derechos humanos, partidos políticos, movimientos ecuménicos y estudiantiles se movilizaron en una acción que se realizó de manera simultánea y con solo representantes de las organizaciones con el objetivo de advertir al gobierno sobre el estado de alerta declarado ante el intento de avance del proyecto.

El Supremo Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro (STJ) rechazó el pasado 10 de mayo de 2023 la legitimación activa de las organizaciones Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas; Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas; Fundación Greenpeace Argentina; Fundación Inalafquen y Fundación Patagonia Natural en la causa «Fundación Inalafquen Yub Otros C/ Provincia De Rio Negro S/ Acción De Inconstitucionalidad (Art. 15° De La Ley N° 5594)» (Expte. N° VI-00051-O-2022), que buscaba la declaración de inconstitucionalidad de la Ley N° 5.594 por considerarla regresiva y violatoria del derecho a un ambiente sano, poniendo en peligro el Golfo San Matías.

En septiembre de 2022 la Legislatura de la provincia, a puertas cerradas sin presencia de gente y en tiempo récord, aprobó la ley N° 5.594 que reforma la anterior Ley N° 3.308, que otorgaba una protección específica al Golfo San Matías por poseer características ecológicas, naturales y socioeconómicas únicas en el mundo y contaba con un amplio apoyo popular; levantando así la prohibición de instalación de gasoductos u otros ductos para el transporte de hidrocarburos y sus derivados, actividades altamente contaminantes que de llevarse a cabo en la zona pondrían en serio riesgo a toda la biodiversidad circundante y sus economías regionales: la pesca artesanal y el turismo.

La Legislatura de la provincia, a puertas cerradas sin presencia de gente y en tiempo récord, aprobó la ley N° 5.594 que reforma la anterior Ley N° 3.308, que otorgaba una protección específica al Golfo San Matías por poseer características ecológicas, naturales y socioeconómicas únicas en el mundo.

El STJ rechazó la presentación de las ONG ambientalistas, avalando el fallo de Jorge Crespo procurador general de la provincia porque consideró que no se encuentran legitimadas para hacerlo ya que la acción de inconstitucionalidad en sí no es un proceso colectivo. Expresó que es necesario para este tipo de procesos que la ley en cuestión produzca una afectación en sus derechos individuales y que dicha afectación no fue demostrada. Por lo tanto, dconcluyó una falta de cumplimiento del requisito formal para acreditar su condición de parte interesada y aplicó una interpretación restrictiva y minimizada de la legitimación activa en materia ambiental.

En el fallo no se encuentra siquiera una mención al Acuerdo Internacional de Escazú ratificado por la Argentina junto a otras 24 naciones desde su sanción en Costa Rica en el año 2018 y vigente en nuestro ordenamiento jurídico. Este acuerdo internacional prohíbe la regresión en materia de derechos ambientales, tal es el caso de la derogación y la aprobación de la ley 3.308 y 5.594 respectivamente, que pasa a permitir la industria petrolera antes prohibida en el Golfo de San Matías.

El STJ rechazó la presentación de las ONG ambientalistas, avalando el fallo de Jorge Crespo procurador general de la provincia porque consideró que no se encuentran legitimadas para hacerlo ya que la acción de inconstitucionalidad en sí no es un proceso colectivo.

Las organizaciones que accionan sostienen la existencia de un agravio que justifica la formulación de la demanda y que se basa en la convicción de que al menos 3 principios fundamentales para la sanción de normas en materia ambiental no se respetan: los procedimientos de participación ciudadana, el derecho a la información pública y la no regresividad de las normas en la materia.

“Lo único que hizo el STJ en su resolución es negarle la participación en la causa a actores territoriales orgánicos, representativos de la voluntad popular a lo largo de la provincia”, expresa el comunicado en la web de Abogados y abogadas ambientalistas, y es por esto que explican que el 31 de mayo interpusieron un Recurso Extraordinario Federal para que la Corte Suprema de la Nación modifique la arbitraria y absurda decisión del STJ rionegrino.

Las organizaciones que accionan sostienen la existencia de un agravio que justifica la formulación de la demanda y que se basa en la convicción de que al menos 3 principios fundamentales para la sanción de normas en materia ambiental no se respetan.

UN FALLO MINIMIZADO HASTA LO ABSURDO

Es imprescindible para la protección del Golfo San Matías en este caso pero para el cuidado del medio ambiente en cualquier territorio el respeto a los procedimientos y resulta imprescindible la necesidad de realizar una interpretación amplia de la legitimación activa en materia ambiental para asegurar el pleno ejercicio de los derechos ambientales.

El análisis abarcativo de la legitimación activa desempeña un papel fundamental en el ejercicio efectivo del cuidado de los derechos de injerencia colectiva. El reconocimiento de la legitimación de organizaciones y entidades que actúan en defensa de intereses colectivos cimienta la tutela de derechos que trascienden lo individual, como lo es el derecho a un ambiente sano.

Inclusive lo expreso por el principio precautorio presente en la Ley General del Ambiente, cuyas disposiciones son obligatorias para todas las provincias del país, se dispone la necesidad de tomar medidas protectoras frente la posibilidad de daños graves o irreversibles, aún cuando no exista certeza científica absoluta.

La legitimación de organizaciones y entidades que actúan en defensa de intereses colectivos cimienta la tutela de derechos que trascienden lo individual.

La legitimación activa, otorga la chance de toma acciones en nombre de estos colectivos, así se fomenta la igualdad de condiciones para la defensa de sus derechos, evitando la vulneración de intereses colectivos frente a poderes más concentrados. Siendo interpretada de manera amplia, permite abordar problemáticas que afectan a una comunidad o a un grupo de personas que, de manera individual, les podría ser muy complejo acceder a la justicia.

Frente a esta situación, la sentencia dictada por el STJ de Río Negro genera una profunda preocupación. El rechazo de la legitimación activa de las organizaciones, a la luz de una interpretación restrictiva hacia la población y amigable con las corporaciones, supone un grave retroceso en asegurar el derecho a un ambiente sano, que tiene raigambre constitucional y debe ser tutelado judicialmente. La sentencia supone un obstáculo significativo para el acceso a la justicia e impide abordar una problemática que es de interés general para toda la población.

LAS VOCES EN LOS TERRITORIOS

En la Estación de bombeo de Allen, se manifestaron la Asamblea por el Agua y la Tierra de Fiske Menuco, vocera de la articulación de las Asambleas provinciales del Curru Leufu, Asamblea de Cipolletti, la sección del sindicato docente universitario ADUNC Fiske Menuco, la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro -ASSPUR-, el Tribuna Ambiental, Polo Obrero, Plenario de Trabajadoras del Partido Obrero de Río Negro, Corriente Política Marabunta – Río Negro, Red Ecosocialista, el Frente de Organizaciones en Lucha, el Colegio de Profesionale de Trabajo Social y el Movimiento al Socialismo -MST-.

“Desde las asambleas del Curru Leufu y desde muchas organizaciones sociales, partidos políticos, sindicatos, estamos aquí presentes para advertir al gobierno nacional y provincial que le decimos No al oleoducto al Golfo San Matías y que estamos en estado de resistencia y alerta” comentó Maite Aranzabal de la Asamblea por el Agua y la Tierra de Fiske Menuco

En Conesa participaron las organizaciones Asamblea del Valle de Conesa, Agroconesa, el Centro de estudiantes Cet 4, la parroquia San Lorenzo, el Partido Obrero y la Fundación Azara. Con la preocupación por la intención del proyecto del oleoducto de atravesar el curso del río Negro a esa altura se reunieron en el balneario local. Con la consigna “Somos cuenca, somos mar”. Belén Galfrascoli, de la Asamblea de Conesa y del partido Obrero expresó “estamos en esta lucha en toda la provincia contra el oleoducto y la modificación de la ley 3308 porque consideramos que somos cuenca y para poder defender nuestros derechos tenemos que actuar de manera conjunta.

En la costa atlántica la actividad se centró en la localidad de Las Grutas, epicentro de la lucha contra el oleoducto y en defensa del Golfo San Matías. Allí se reunieron las organizaciones Asamblea por el Agua y la Tierra de Las Grutas, Multisectorial Golfo San Matías, el Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, APDH Alto Valle; MARA, el COA KIUS (Club de Observadores de Aves), la Asamblea de Vecinos Autoconvocados Viedma-Patagones, Pastoral social Diócesis de Viedma, el Movimiento Socialista de los Trabajadores de Viedma, la Fundación Inalafquen, el Club Costa Sur, Deportes Náuticos Sin Motor, las Comunidades Católicas Stella Maris y San Cayetano, el Colectivo Cultural Les Mirones, el Centro de Estudiantes del IFDC- SAO, Fm La Korneta, Comerciantes Independientes de Las Grutas, Propietarios de casas y departamentos de alquileres de Las Grutas y SAO.

La Asamblea por el Agua y la Tierra de Las Grutas exigió la restitución de la ley 3308 que fue inconstitucionalmente modificada para permitir las actividades hidrocarburíferas. Suyay Quilapan vocera de la Asamblea se dirigió al Tribunal Superior de Justicia expresándoles que “somos legítimos accionantes para el pedido de inconstitucionalidad” a su vez instó a que se exprese por la demanda de fondo, cosa que consideran que aún no ocurrió. Alicia Calendino también participante de la Asamblea comentó nuestra actividad productiva es en base al turismo y a la pesca, decimos que no a este proyecto porque pone en riesgo a estas actividades productivas”.

Compartimos el cierre del comunicado publicado por las Asambleas del Currú Leufú:

“Expresamos nuestra profunda preocupación ante el despliegue de todas estas estrategias institucionales con las que buscan imponernos el frente exportador de Vaca Muerta, apoyado e impulsado también por el Estado Nacional a través de la Secretaría de Energía. Nos preocupa, además, el despliegue de discursos desarrollistas y “eldoradistas” con los que instalaron la idea de que Vaca Muerta nos va a salvar de la crisis económica y la falta de dólares. Discursos que nos demonizan y desde los que se nos representa como enemigos del progreso y de la patria, que buscan deslegitimarnos para garantizar el avance del proyecto desconociendo el rechazo contundente de las comunidades, desconociendo los graves impactos por demás documentados y a la vista de estos proyectos extractivos, como los incidentes ambientales, la contaminación, los sismos, los despojos territoriales, la sequía, las enfermedades, la profundización de la pobreza y las desigualdades, el colapso y destrucción de las rutas, puentes y caminos, etcétera.

Frente a esta realidad, advertimos que mientras no se nos escuche, mientras no se respete nuestro legítimo derecho a opinar, a ser consultadas, a defender nuestros territorios, mantendremos y multiplicaremos las acciones. Así como en 1999 conseguimos la sanción de la Ley 3308, así como luchamos por la ley anticianuro, contra la planta nuclear, las granjas porcinas o las tierras cedidas para agronegocios, seguiremos resistiendo ahora. No vamos a permitir el avance del extractivismo que viene a profundizar las desigualdades, a atentar contra nuestras formas de vida y nuestras economías regionales, a agudizar la destrucción del ambiente. Esta resistencia no será la excepción

Exigimos el cese inmediato del proyecto Vaca Muerta Sur y el respeto por los mecanismos democráticos.”

Contactos

  • 2934 46-0520 Suyhay Quilapán | Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas
  • 11 7362-3820 Fabricio Di Giacomo | Multisectorial Golfo San Matías
  • 2984 20-3310 Pedro Pérez Pertino | Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco (Roca)

Fuentes
https://asambleasdelcurruleufu.wordpress.com/
https://www.carbono.news/
https://aadeaa.org/

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     El Grupo México del magnate Germán Larrea aparece como el caballo del comisario de la administración libertaria para quedarse con el Belgrano Cargas, el tren de cargas más importante de la Argentina. A tal punto que en el sector ferroviario comentan que ejecutivos de ese holding frecuentan diariamente las oficinas del Belgrano Cargas en Palermo.

    El dato circuló con fuerza entre empresarios y técnicos del sector. Un vocero de la empresa lo negó a LPO. Es que si se confirmara, empañaría todo el proceso licitatorio que el gobierno pretende adjudicar en las próximas semanas.

    Sin embargo, el nivel de discusión que tiene este grupo con el gobierno se asemeja bastante a las condiciones que pone una empresa que está a punto de asumir la conducción del ferrocarril, más que a un competidor en ua licitación abierta. La gente del Grupo México le marcó al Gobierno de Milei tres límites para hacerse cargo del Belgrano Cargas: no acepta que le adosen una línea de pasajeros, rechaza el sistema de Open Access y descarta un modelo de licitación atomizado donde por un lado se liciten las vías, por otro los talleres y en un tercer rubro el material rodante.

    Grupo México analiza invertir en Argentina, porque el gobierno le traba un inversión clave en Baja California

    Sucede que mientras que el tren de cargas es el que genera rédito económico, el de pasajeros tiene que ser subsidiado por el Estado. Es por eso que en los ’90, cuando Carlos Menem privatizó los ferrocarriles lo hizo con el criterio que suele utilizarse a nivel mundial: obligar a que los concesionarios de carga también se hagan cargo de un ramal de pasajeros. Sin embargo, el Grupo México aclaró al gobierno de Milei que no acepta ese modelo.

    «Los mexicanos están dejando bien clarito al gobierno de Milei bajo qué condiciones juegan», confirmó a LPO un empresario ferroviario. A fines de noviembre visitó Buenos Aires del CEO de la filial ferroviaria del grupo, que maneja un doble discurso: en México dicen que la posibilidad de invertir en la Argentina no está entre sus prioridades y en la Argentina afirman que están muy interesados en quedarse con el Belgrano Cargas.

    Los mexicanos están dejando bien clarito al gobierno de Milei bajo qué condiciones juegan.

    El dueño del Grupo México es el magnate Germán Larrea Mota-Velasco, que no está en un buen momento con el gobierno de Claudia Sheinbaum, que le tiene pisada la habilitación de una mega mina de cobre en baja California. El cobre es el core bussines de este grupo, que tiene minas en México, España y Perú. En otra señal de su momento complejo en México, el año pasado intentó crecer en el sistema financiero, pero perdió la pulseada para quedarse con la operación del Citibanamex.

    Aunque el Belgrano Cargas aparece como el principal interés del grupo de Larrera, en el sector afirman que la apuesta va más allá y el objetivo es avanzar sobre el control del sistema ferroviario de cargas en su conjunto, incluyendo también la línea San Martín, clave para la salida de la producción agrícola, minera e industrial de la región del Cuyo a los puertos.

    El presidente Javier Milei.

    El grupo se quedó en los 90 con el tren de cargas que conecta a México con Texas y desarrollo know how en el tipo de cargas que trabajaría en la Argentina. 

    Sin embargo, la licitación plantea algunos desafíos. Al grupo mexicano no le convence el sistema Open Access que es uno de los puntos requeridos por el sector agroexportador. Ese sistema habilita a distintos operadores a circular por la misma infraestructura pagando un canon, algo que el Gobierno evalúa como forma de fomentar competencia.

    El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, es uno de los más fervientes defensores de la modalidad Open Access. 

    Para los mexicanos ese esquema diluye los incentivos a invertir, porque quien pone el capital no controla ni la vía ni la carga. La idea del Open Acces cobró fuerza durante el gobierno de Macri cuando Guillermo Dietrich se embanderó detrás de los intereses de los agroexportadores que reclamaban esta modalidad. Sin embargo, en el Grupo México recuerdan el antecedente del Reino Unido, donde la fragmentación del sistema terminó en mayores costos, menor eficiencia y una red ferroviaria degradada.

    Aunque el Belgrano Cargas aparece como el principal interés del grupo de Larrera, en el sector afirman que la apuesta va más allá y el objetivo es avanzar sobre el control del sistema ferroviario de cargas en su conjunto, incluyendo también la línea San Martín, clave para la salida de la producción agrícola y minera a los puertos.

    Con los mismos argumentos explican el rechazo al esquema de desintegración de la licitación, frente a la idea de la Casa Rosada de separar la concesión de las vías, los talleres y la operación, además de vender el material rodante existente para financiar obras. El planteo mexicano es exactamente el opuesto: sin control integral del sistema, el negocio no cierra. Más carga, trenes más largos y previsibilidad operativa son las únicas variables que permiten ganar competitividad frente al camión y justificar inversiones de largo plazo.

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