A LA CORTE SUPREMA POR EL GOLFO SAN MATÍAS
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A LA CORTE SUPREMA POR EL GOLFO SAN MATÍAS

Las organizaciones que accionan sostienen que en el fallo del STJ existe un agravio que justifica el recurso extraordinario que se basa en la convicción de que principios fundamentales para la sanción de normas en materia ambiental no se respetan.

El sábado 3 de junio, en 4 puntos geográficos distintos (Loma Campana, Allen, Conesa y Las Grutas) donde pasaría el oleoducto de YPF organizaciones ambientales, sociales, sindicales, de derechos humanos, partidos políticos, movimientos ecuménicos y estudiantiles se movilizaron en una acción que se realizó de manera simultánea y con solo representantes de las organizaciones con el objetivo de advertir al gobierno sobre el estado de alerta declarado ante el intento de avance del proyecto.

El Supremo Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro (STJ) rechazó el pasado 10 de mayo de 2023 la legitimación activa de las organizaciones Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas; Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas; Fundación Greenpeace Argentina; Fundación Inalafquen y Fundación Patagonia Natural en la causa «Fundación Inalafquen Yub Otros C/ Provincia De Rio Negro S/ Acción De Inconstitucionalidad (Art. 15° De La Ley N° 5594)» (Expte. N° VI-00051-O-2022), que buscaba la declaración de inconstitucionalidad de la Ley N° 5.594 por considerarla regresiva y violatoria del derecho a un ambiente sano, poniendo en peligro el Golfo San Matías.

En septiembre de 2022 la Legislatura de la provincia, a puertas cerradas sin presencia de gente y en tiempo récord, aprobó la ley N° 5.594 que reforma la anterior Ley N° 3.308, que otorgaba una protección específica al Golfo San Matías por poseer características ecológicas, naturales y socioeconómicas únicas en el mundo y contaba con un amplio apoyo popular; levantando así la prohibición de instalación de gasoductos u otros ductos para el transporte de hidrocarburos y sus derivados, actividades altamente contaminantes que de llevarse a cabo en la zona pondrían en serio riesgo a toda la biodiversidad circundante y sus economías regionales: la pesca artesanal y el turismo.

La Legislatura de la provincia, a puertas cerradas sin presencia de gente y en tiempo récord, aprobó la ley N° 5.594 que reforma la anterior Ley N° 3.308, que otorgaba una protección específica al Golfo San Matías por poseer características ecológicas, naturales y socioeconómicas únicas en el mundo.

El STJ rechazó la presentación de las ONG ambientalistas, avalando el fallo de Jorge Crespo procurador general de la provincia porque consideró que no se encuentran legitimadas para hacerlo ya que la acción de inconstitucionalidad en sí no es un proceso colectivo. Expresó que es necesario para este tipo de procesos que la ley en cuestión produzca una afectación en sus derechos individuales y que dicha afectación no fue demostrada. Por lo tanto, dconcluyó una falta de cumplimiento del requisito formal para acreditar su condición de parte interesada y aplicó una interpretación restrictiva y minimizada de la legitimación activa en materia ambiental.

En el fallo no se encuentra siquiera una mención al Acuerdo Internacional de Escazú ratificado por la Argentina junto a otras 24 naciones desde su sanción en Costa Rica en el año 2018 y vigente en nuestro ordenamiento jurídico. Este acuerdo internacional prohíbe la regresión en materia de derechos ambientales, tal es el caso de la derogación y la aprobación de la ley 3.308 y 5.594 respectivamente, que pasa a permitir la industria petrolera antes prohibida en el Golfo de San Matías.

El STJ rechazó la presentación de las ONG ambientalistas, avalando el fallo de Jorge Crespo procurador general de la provincia porque consideró que no se encuentran legitimadas para hacerlo ya que la acción de inconstitucionalidad en sí no es un proceso colectivo.

Las organizaciones que accionan sostienen la existencia de un agravio que justifica la formulación de la demanda y que se basa en la convicción de que al menos 3 principios fundamentales para la sanción de normas en materia ambiental no se respetan: los procedimientos de participación ciudadana, el derecho a la información pública y la no regresividad de las normas en la materia.

“Lo único que hizo el STJ en su resolución es negarle la participación en la causa a actores territoriales orgánicos, representativos de la voluntad popular a lo largo de la provincia”, expresa el comunicado en la web de Abogados y abogadas ambientalistas, y es por esto que explican que el 31 de mayo interpusieron un Recurso Extraordinario Federal para que la Corte Suprema de la Nación modifique la arbitraria y absurda decisión del STJ rionegrino.

Las organizaciones que accionan sostienen la existencia de un agravio que justifica la formulación de la demanda y que se basa en la convicción de que al menos 3 principios fundamentales para la sanción de normas en materia ambiental no se respetan.

UN FALLO MINIMIZADO HASTA LO ABSURDO

Es imprescindible para la protección del Golfo San Matías en este caso pero para el cuidado del medio ambiente en cualquier territorio el respeto a los procedimientos y resulta imprescindible la necesidad de realizar una interpretación amplia de la legitimación activa en materia ambiental para asegurar el pleno ejercicio de los derechos ambientales.

El análisis abarcativo de la legitimación activa desempeña un papel fundamental en el ejercicio efectivo del cuidado de los derechos de injerencia colectiva. El reconocimiento de la legitimación de organizaciones y entidades que actúan en defensa de intereses colectivos cimienta la tutela de derechos que trascienden lo individual, como lo es el derecho a un ambiente sano.

Inclusive lo expreso por el principio precautorio presente en la Ley General del Ambiente, cuyas disposiciones son obligatorias para todas las provincias del país, se dispone la necesidad de tomar medidas protectoras frente la posibilidad de daños graves o irreversibles, aún cuando no exista certeza científica absoluta.

La legitimación de organizaciones y entidades que actúan en defensa de intereses colectivos cimienta la tutela de derechos que trascienden lo individual.

La legitimación activa, otorga la chance de toma acciones en nombre de estos colectivos, así se fomenta la igualdad de condiciones para la defensa de sus derechos, evitando la vulneración de intereses colectivos frente a poderes más concentrados. Siendo interpretada de manera amplia, permite abordar problemáticas que afectan a una comunidad o a un grupo de personas que, de manera individual, les podría ser muy complejo acceder a la justicia.

Frente a esta situación, la sentencia dictada por el STJ de Río Negro genera una profunda preocupación. El rechazo de la legitimación activa de las organizaciones, a la luz de una interpretación restrictiva hacia la población y amigable con las corporaciones, supone un grave retroceso en asegurar el derecho a un ambiente sano, que tiene raigambre constitucional y debe ser tutelado judicialmente. La sentencia supone un obstáculo significativo para el acceso a la justicia e impide abordar una problemática que es de interés general para toda la población.

LAS VOCES EN LOS TERRITORIOS

En la Estación de bombeo de Allen, se manifestaron la Asamblea por el Agua y la Tierra de Fiske Menuco, vocera de la articulación de las Asambleas provinciales del Curru Leufu, Asamblea de Cipolletti, la sección del sindicato docente universitario ADUNC Fiske Menuco, la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro -ASSPUR-, el Tribuna Ambiental, Polo Obrero, Plenario de Trabajadoras del Partido Obrero de Río Negro, Corriente Política Marabunta – Río Negro, Red Ecosocialista, el Frente de Organizaciones en Lucha, el Colegio de Profesionale de Trabajo Social y el Movimiento al Socialismo -MST-.

“Desde las asambleas del Curru Leufu y desde muchas organizaciones sociales, partidos políticos, sindicatos, estamos aquí presentes para advertir al gobierno nacional y provincial que le decimos No al oleoducto al Golfo San Matías y que estamos en estado de resistencia y alerta” comentó Maite Aranzabal de la Asamblea por el Agua y la Tierra de Fiske Menuco

En Conesa participaron las organizaciones Asamblea del Valle de Conesa, Agroconesa, el Centro de estudiantes Cet 4, la parroquia San Lorenzo, el Partido Obrero y la Fundación Azara. Con la preocupación por la intención del proyecto del oleoducto de atravesar el curso del río Negro a esa altura se reunieron en el balneario local. Con la consigna “Somos cuenca, somos mar”. Belén Galfrascoli, de la Asamblea de Conesa y del partido Obrero expresó “estamos en esta lucha en toda la provincia contra el oleoducto y la modificación de la ley 3308 porque consideramos que somos cuenca y para poder defender nuestros derechos tenemos que actuar de manera conjunta.

En la costa atlántica la actividad se centró en la localidad de Las Grutas, epicentro de la lucha contra el oleoducto y en defensa del Golfo San Matías. Allí se reunieron las organizaciones Asamblea por el Agua y la Tierra de Las Grutas, Multisectorial Golfo San Matías, el Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, APDH Alto Valle; MARA, el COA KIUS (Club de Observadores de Aves), la Asamblea de Vecinos Autoconvocados Viedma-Patagones, Pastoral social Diócesis de Viedma, el Movimiento Socialista de los Trabajadores de Viedma, la Fundación Inalafquen, el Club Costa Sur, Deportes Náuticos Sin Motor, las Comunidades Católicas Stella Maris y San Cayetano, el Colectivo Cultural Les Mirones, el Centro de Estudiantes del IFDC- SAO, Fm La Korneta, Comerciantes Independientes de Las Grutas, Propietarios de casas y departamentos de alquileres de Las Grutas y SAO.

La Asamblea por el Agua y la Tierra de Las Grutas exigió la restitución de la ley 3308 que fue inconstitucionalmente modificada para permitir las actividades hidrocarburíferas. Suyay Quilapan vocera de la Asamblea se dirigió al Tribunal Superior de Justicia expresándoles que “somos legítimos accionantes para el pedido de inconstitucionalidad” a su vez instó a que se exprese por la demanda de fondo, cosa que consideran que aún no ocurrió. Alicia Calendino también participante de la Asamblea comentó nuestra actividad productiva es en base al turismo y a la pesca, decimos que no a este proyecto porque pone en riesgo a estas actividades productivas”.

Compartimos el cierre del comunicado publicado por las Asambleas del Currú Leufú:

“Expresamos nuestra profunda preocupación ante el despliegue de todas estas estrategias institucionales con las que buscan imponernos el frente exportador de Vaca Muerta, apoyado e impulsado también por el Estado Nacional a través de la Secretaría de Energía. Nos preocupa, además, el despliegue de discursos desarrollistas y “eldoradistas” con los que instalaron la idea de que Vaca Muerta nos va a salvar de la crisis económica y la falta de dólares. Discursos que nos demonizan y desde los que se nos representa como enemigos del progreso y de la patria, que buscan deslegitimarnos para garantizar el avance del proyecto desconociendo el rechazo contundente de las comunidades, desconociendo los graves impactos por demás documentados y a la vista de estos proyectos extractivos, como los incidentes ambientales, la contaminación, los sismos, los despojos territoriales, la sequía, las enfermedades, la profundización de la pobreza y las desigualdades, el colapso y destrucción de las rutas, puentes y caminos, etcétera.

Frente a esta realidad, advertimos que mientras no se nos escuche, mientras no se respete nuestro legítimo derecho a opinar, a ser consultadas, a defender nuestros territorios, mantendremos y multiplicaremos las acciones. Así como en 1999 conseguimos la sanción de la Ley 3308, así como luchamos por la ley anticianuro, contra la planta nuclear, las granjas porcinas o las tierras cedidas para agronegocios, seguiremos resistiendo ahora. No vamos a permitir el avance del extractivismo que viene a profundizar las desigualdades, a atentar contra nuestras formas de vida y nuestras economías regionales, a agudizar la destrucción del ambiente. Esta resistencia no será la excepción

Exigimos el cese inmediato del proyecto Vaca Muerta Sur y el respeto por los mecanismos democráticos.”

Contactos

  • 2934 46-0520 Suyhay Quilapán | Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas
  • 11 7362-3820 Fabricio Di Giacomo | Multisectorial Golfo San Matías
  • 2984 20-3310 Pedro Pérez Pertino | Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco (Roca)

Fuentes
https://asambleasdelcurruleufu.wordpress.com/
https://www.carbono.news/
https://aadeaa.org/

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    Malvinas: Boris Johnson respondió al giro de Milei pidiendo más tropas, aviones y barcos británicos

     

    El endurecimiento del reclamo argentino sobre las Islas Malvinas tuvo una reacción inmediata en uno de los dirigentes más representativos del nacionalismo británico. Boris Johnson, ex primer ministro del Reino Unido y hombre que hasta hace poco elogiaba públicamente a Javier Milei, reclamó que Londres envíe refuerzos militares al archipiélago, incluyendo cazas, tropas y unidades navales. La respuesta expone una paradoja incómoda para el Gobierno argentino: la afinidad ideológica con figuras de la derecha británica no modifica, cuando se trata de Malvinas, la defensa cerrada que esas mismas figuras hacen de la ocupación colonial.

    Por Luis Bulnes Valdez para NLI

    Durante años Javier Milei hizo de su admiración por Margaret Thatcher uno de los aspectos más provocadores de su construcción política, aun cuando la ex primera ministra británica fue quien condujo al Reino Unido durante la guerra de 1982. También cultivó relaciones con referentes conservadores británicos y fue presentado por el propio Boris Johnson como una suerte de emblema internacional de la batalla contra el Estado y el intervencionismo económico. Pero el conflicto de soberanía demostró una vez más los límites concretos de esas afinidades: cuando Buenos Aires elevó el tono sobre Malvinas, Johnson abandonó cualquier camaradería ideológica y pidió incrementar la capacidad militar británica frente a la Argentina.

    De los elogios a Milei al pedido de militarización

    Johnson publicó una columna en el Daily Mail después de la cadena nacional en la que Milei volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la agenda argentina. El dirigente conservador reclamó al gobierno británico de Andy Burnham que actúe con rapidez y envíe refuerzos a las islas, planteando explícitamente la posibilidad de sumar aviones de combate, efectivos militares o unidades navales. Su artículo fue presentado bajo una consigna inequívoca: Londres debía “tomar el control” de la situación y reforzar inmediatamente el archipiélago.

    El pedido no surge en el vacío. Milei anunció el endurecimiento de las sanciones contra compañías que exploten hidrocarburos en el área de Malvinas sin autorización argentina, anticipó modificaciones legales para ampliar la capacidad punitiva del Estado y ratificó la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego. El principal foco económico es Sea Lion, el gigantesco proyecto petrolero operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, cuya explotación proyectada volvió a transformar el conflicto territorial en una disputa inmediata por recursos estratégicos.

    En su intervención, Johnson también vinculó el cambio de clima diplomático con las recientes declaraciones de Donald Trump, quien admitió que Washington está revisando su posición sobre Malvinas. Estados Unidos mantiene históricamente una posición formalmente neutral respecto de la disputa de soberanía, aunque en 1982 el gobierno de Ronald Reagan terminó dando apoyo decisivo al Reino Unido durante la guerra. Trump no anunció todavía una modificación concreta de esa política, pero la sola posibilidad de una revisión fue interpretada por sectores británicos como una señal que obliga a Londres a extremar precauciones.

    Johnson reconoció precisamente esa incomodidad. Según sostuvo, Milei habría aprovechado el nuevo escenario internacional para intensificar el reclamo argentino. El dato resulta particularmente significativo porque el ex premier británico conoce bien al Presidente argentino y anteriormente había destacado su admiración por Thatcher. Aquella simpatía política, sin embargo, termina exactamente donde comienza la cuestión territorial: para Johnson, Malvinas sigue siendo una posición británica que debe preservarse incluso mediante una ampliación de su despliegue militar.

    Una ocupación sostenida por una estructura militar permanente

    El reclamo de nuevos refuerzos tampoco parte de una presencia militar simbólica. El Reino Unido mantiene desde hace décadas una infraestructura permanente en las islas cuyo eje es el Mount Pleasant Complex, construido después de la guerra de 1982. La propia Royal Air Force informa actualmente que allí se encuentran desplegados cuatro cazas Typhoon FGR4, además de un avión cisterna Voyager y un transporte militar Atlas A400M. Londres define oficialmente a las British Forces South Atlantic Islands como una estructura destinada a realizar una “demostración visible” de su soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

    El Ministerio de Defensa británico evita informar públicamente la cantidad exacta de efectivos actualmente destinados en el Atlántico Sur alegando razones de seguridad operativa. En marzo de este año, ante una pregunta formal presentada en el Parlamento británico sobre el nivel de fuerzas existente en Mount Pleasant, el gobierno se negó expresamente a proporcionar las cifras. Lo que sí sostiene Londres es que revisa periódicamente el despliegue y que su presencia militar posee, según su interpretación, carácter “defensivo”.

    Esa caracterización resulta inevitablemente discutible desde la perspectiva argentina. Para Buenos Aires, las islas forman parte del territorio nacional ocupado ilegalmente por una potencia extranjera desde 1833, mientras que la disputa de soberanía permanece reconocida en el sistema de Naciones Unidas y la Argentina sostiene constitucionalmente que su recuperación debe realizarse respetando el derecho internacional y los intereses de los habitantes. Londres, en cambio, fundamenta su posición en el principio de autodeterminación y en el referéndum celebrado entre los habitantes de las islas en 2013. La existencia de esas posiciones contrapuestas es precisamente la razón por la que Naciones Unidas ha reclamado históricamente negociaciones entre ambos Estados.

    El elemento nuevo es que la disputa dejó nuevamente de ser exclusivamente diplomática. La próxima explotación de hidrocarburos convierte al Atlántico Sur en un espacio donde se cruzan soberanía, petróleo, rutas marítimas, proyección antártica y presencia militar. El yacimiento Sea Lion tendría recursos estimados en alrededor de 1.700 millones de barriles, una dimensión suficiente para modificar estructuralmente la economía de las islas y consolidar todavía más la ocupación británica mediante ingresos provenientes de recursos cuya explotación la Argentina considera ilegítima.

    El límite de las afinidades ideológicas

    La reacción de Johnson deja además una enseñanza política que excede la coyuntura. Durante buena parte de su carrera, Milei subordinó numerosas definiciones internacionales a afinidades ideológicas y personales: su cercanía con Trump, su admiración por Thatcher o su identificación con dirigentes conservadores europeos y británicos fueron presentadas como herramientas capaces de mejorar la inserción argentina. Pero los Estados actúan primordialmente según intereses nacionales, y Malvinas vuelve a ofrecer una demostración difícilmente más gráfica.

    Johnson puede elogiar el programa económico de Milei, compartir su discurso contra el Estado y celebrar su admiración por Thatcher. Nada de eso impide que, frente al reclamo argentino, pida más cazas, más soldados y más barcos británicos en territorio cuya soberanía reclama la Argentina. La afinidad partidaria desaparece allí donde Londres considera comprometido un interés estratégico propio.

    El episodio también obliga a administrar cuidadosamente el nuevo giro discursivo del Gobierno argentino. Milei aseguró en su cadena nacional que la Argentina no busca una resolución militar y que su estrategia continuará dentro de los canales diplomáticos. La respuesta británica, sin embargo, demuestra cómo cualquier escalada retórica puede ser utilizada por los sectores más duros de Londres para justificar una mayor militarización del Atlántico Sur. Johnson cerró su planteo recuperando una máxima de tradición militar: la paz, sostuvo, exige estar preparado para la guerra.

    Para la Argentina, el desafío es exactamente el inverso: fortalecer el reclamo soberano sin entregar argumentos para consolidar la ocupación militar que pretende cuestionar. Eso supone recuperar capacidad diplomática, construir apoyos internacionales, impedir jurídicamente la explotación unilateral de recursos y sostener una política de Estado consistente en el tiempo. Porque la respuesta de Boris Johnson acaba de recordarlo con una claridad brutal: detrás de las sonrisas, los elogios y las coincidencias ideológicas, cuando Londres escucha la palabra Malvinas, responde todavía pensando en términos de poder, recursos y control territorial.

     

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