PorMunicipalidad Villa Regina
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La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina llevó adelante la apertura de seis calles que estaban proyectadas en el loteo Barazzutti.
Una vez finalizado el trabajo se comienza con las tareas de desmalezamiento y así poder continuar con el amojonamiento de parcelas y demarcación de terrenos.
Daniel Angelici llegó a un acuerdo con el Chiqui Tapia y Pablo Toviggino. El ex presidente de Boca habría aceptado ayudar a los máximos dirigentes de la AFA con sus problemas en la Justicia, afirmaron a LPO fuentes al tanto de las conversaciones.
De manera simultánea, Betano, la empresa de apuestas deportivas online que controla Angelici, pondrá su nombre a la Copa Argentina de Fútbol y de la Liga, los torneos más importantes que organiza la AFA.
No fue sencillo. Para darle a Angelici con el nombre de la Copa Argentina, Tapia y Toviggino tuvieron que correr a Mercado Libre. Despechado, el libertario Marcos Galperin se fue a auspiciar a Estudiantes de La Plata, equipo del también libertario Juan Sebastián Verón, enemigo público de Tapia y Toviggino.
El gobierno cree que tienen que meter preso a Tapia en marzo
La otra perjudicada fue la empresa Boldt de la familia Tabanelli, que era sponsor del torneo de la AFA con la casa de apuestas deportivas Bplay. Pero cuando Angelici cerró el acuerdo para Betano, la multinacional checa que en Argentina lo tiene de socio, pidieron explícitamente que excluyeran a Bplay del sponsoreo.
Para darle a Angelici con el nombre de la Copa Argentina, Tapia y Toviggino decidieron correr a Mercado Libre. Despechado, el libertario Marcos Galperin se fue a asupiciar a Estudiantes de La Plata, equipo de Juan Sebastián Verón, enemigo público de los líderes de la AFA.
Quienes siguen el escándalo que tiene al Chiqui a Toviggino como protagonistas están desorientados por el silencio de Mauricio Macri, de estrecho vínculo con Angelici. El líder del PRO fue un crítico feroz de Tapia, pero tras las denuncias se llamó a silencio.
Como sea, fuentes judiciales confirmaron a LPO que Angelici tiene buena llegada con varios de los jueces que intervienen en la maraña de causas que enfrentan Tapia y Toviggino.
Tapia quedó en el centro de las miradas por los manejos financieros de la AFA y llamativas triangulaciones de dinero. La Justicia comenzó a avanzar contra Sur Finanzas, una empresa que tendría lazos con el titular de la AFA y su tesorero y que está investigada por lavado de dinero.
Tapia cuando anunció el sponsoreo de Mercado Libre, ahora remplazado por Betsson, empresa de Angelici.
A fin de año, la justicia platense decidió quitarle a Luis Armella la causa contra Sur Finanzas y se la entregaron al juez federal Federico Villena.
El juez de Lomas de Zamora tiene dos expedientes pendientes en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, que a partir de este año controlará un hombre ligado a Daniel Angelici.
Angelici controlará la comisión que frena o impulsa la destitución de jueces
Mientras que las investigaciones contra Toviggino, como reveló LPO, comenzaron a tener ramificaciones que llegaron hasta Santiago del Estero, que maneja con puño de hierro su jefe político el ex gobernador y ahora senador nacional, Gerardo Zamora.
María Eugenia Capucchetti es otra de las juezas que interviene en otra causa contra Sur Finanzas que toca de cerca a la AFA. Capuchetti es amiga personal del macrista Cristian Ritondo y muy cercana al Tano, que fue clave en su nombramiento en la justicia federal.
La justicia platense decidió quitarle a Luis Armella la causa contra Sur Finanzas y se la entregaron al juez federal Federico Villena. El juez federal de Lomas de Zamora tiene dos expedientes pendientes en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, que a partir de este año controlará un hombre ligado a Daniel Angelici.
El acuerdo del Tano con Tapia y Toviggino llega después de algunos ruidos. «Mi vecino es Toviggino», dijo en diciembre Angelici. Pícaro, el Tano confirmó las sospechas de que la mansión de Pilar repleta de autos de colección pertenecía al tesorero de la AFA y mano derecha del Chiqui Tapia.
Toviggino había cultivado una excelente relación con el Tano, que fue su padrino en la AFA, pero tras el ascenso de Tapia se acercó al Chiqui y se alejó de Angelici.
En paralelo se produjo la pelea con Galperín. Por eso, Mercado Libre cerró un acuerdo para auspiciar la camiseta de Estudiantes, apenas unas semanas después de que Tapia decidiera de un día para el otro premiar a Rosario Central como campeón de la tabla anual.
En ese momento comenzaron los problemas para el presidente de la AFA. Estudiantes se negó a hacer el «pasillo de campeón» al equipo de Ángel di María y el tema se instaló fuerte en los medios.
El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón.
No fue una mera cuestión de caballerosidad deportiva: Tapia había decidido quitarle al Grupo Clarín las transmisiones del fútbol de ascenso, como reveló LPO. Se abrió así una pelea que todavía sigue.
Pero en los últimos días corrió el rumor de que Tapia había capitulado y le volvería a dar el fútbol de ascenso a Clarín o al menos una parte. El problema es que en el nuevo canal AFA TV que diseñan Tapia y Toviggino, por ahora Clarín recibiría menos derechos que los que tenía.
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Bajo el discurso de la “eficiencia”, la “transparencia” y el “orden administrativo”, el decreto 942/2025 firmado por Milei elimina la Agencia Nacional de Discapacidad y concentra todas las políticas del sector dentro del Ministerio de Salud. Detrás del lenguaje técnico, la medida implica más controles, más auditorías y un riesgo concreto de recorte de derechos para las personas con discapacidad.
Por Roque Pérez para NLI
La publicación del DNU 942/2025 pasó casi inadvertida en medio del cierre de año, pero su contenido es de enorme gravedad para uno de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. El decreto no solo prorroga la emergencia sanitaria, sino que desmantela la estructura institucional que durante años tuvo a su cargo la política pública en discapacidad.
La decisión central es clara: la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) deja de existir como organismo descentralizado y pasa a ser absorbida por el Ministerio de Salud bajo la figura de una Secretaría Nacional de Discapacidad. Lo que el texto presenta como una “reorganización” es, en los hechos, una fuerte centralización política y presupuestaria.
Hasta ahora, la ANDIS contaba con cierta autonomía funcional y administrativa. Eso le permitía tener un presupuesto propio, equipos técnicos especializados y un margen —limitado, pero real— para sostener políticas públicas específicas.
Con el decreto de Milei, la discapacidad deja de ser una política integral de derechos y pasa a ser un área subordinada a las prioridades sanitarias y fiscales del Ministerio de Salud. Esto no es neutro: implica que las decisiones sobre discapacidad quedarán atravesadas por criterios de ajuste, “racionalización del gasto” y metas presupuestarias.
En otras palabras, la discapacidad deja de ser un derecho humano garantizado y pasa a ser un costo a administrar.
Uno de los puntos más sensibles del decreto está en el nuevo inciso 39 del artículo 23 de la Ley de Ministerios. Allí se establece que el Ministerio de Salud tendrá a su cargo:
“el otorgamiento, control, revisión y auditoría de las pensiones por invalidez”.
La inclusión explícita de las palabras control, revisión y auditoría no es casual. El propio decreto justifica la medida hablando de “irregularidades”, “falencias” y “desorden administrativo”.
La experiencia histórica en la Argentina es clara: cuando se anuncian auditorías masivas sobre pensiones por invalidez, lo que sigue son suspensiones, demoras y bajas, muchas veces injustificadas. Personas con discapacidad que dependen de ese ingreso quedan meses sin cobrar o deben atravesar procesos humillantes para volver a demostrar una condición que ya fue certificada.
El decreto habilita legalmente ese escenario.
El texto reconoce que existen problemas en la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD): sistemas fragmentados, falta de interoperabilidad y demoras. Sin embargo, la solución que propone no es fortalecer el acceso, sino centralizar la información y endurecer los mecanismos de control.
Esto puede traducirse en:
Para miles de personas, sin CUD no hay prestaciones, transporte gratuito, medicamentos ni acompañamientos terapéuticos. Cualquier demora o restricción impacta directamente en su vida cotidiana.
La Ley 24.901 garantiza un sistema de prestaciones básicas que incluye tratamientos, rehabilitación, transporte, apoyos y acompañantes terapéuticos. El decreto afirma que busca “transparentar contrataciones” y “optimizar el gasto”.
En la práctica, este tipo de procesos suele derivar en:
No hace falta un recorte explícito: la asfixia administrativa también es una forma de ajuste.
El decreto cita reiteradamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero no crea ningún mecanismo nuevo y concreto de participación de las organizaciones del sector. Todo queda concentrado en la estructura ministerial.
Esto contradice el espíritu mismo de la Convención, que exige la participación activa de las personas con discapacidad en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que las afectan.
La prórroga de la emergencia sanitaria hasta diciembre de 2026 le otorga al Ejecutivo un margen extraordinario para tomar decisiones sin debate parlamentario. En ese marco, la política de discapacidad queda sujeta a resoluciones administrativas, reestructuraciones internas y cambios de criterio que pueden afectar derechos adquiridos.
Menos Congreso, menos control, menos garantías.
El decreto 942/2025 marca un giro claro: la discapacidad deja de ser abordada desde una perspectiva de derechos y pasa a ser tratada como un problema de gestión y gasto público.
Detrás de palabras como “eficiencia”, “trazabilidad” y “orden”, se esconde un riesgo concreto de ajuste sobre quienes más necesitan del Estado. La eliminación de la ANDIS no es un hecho técnico: es una decisión política con consecuencias reales.
En tiempos donde el gobierno de Milei repite que “no hay plata”, la pregunta es inevitable: ¿el ajuste también va a caer sobre las personas con discapacidad?
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