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Se venció otra privatización menemista: Milei inicia la transición y abre un camino de incógnitas sobre el futuro de las represas hidroeléctricas de Tucumán
Después de 30 años terminó la concesión privada de las represas hidroeléctricas de Tucumán. Milei abrió una transición y crecen las incógnitas sobre su futuro.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Treinta años después de haber sido entregadas en concesión durante la ola privatizadora del menemismo, las represas hidroeléctricas de Tucumán llegaron al final del contrato que las mantenía bajo administración privada. La decisión del Gobierno de Javier Milei de establecer un período de transición, en lugar de renovar automáticamente la concesión o anunciar una nueva licitación, abre un escenario de incertidumbre sobre el destino de un conjunto de activos estratégicos para la generación eléctrica y para el manejo del recurso hídrico de la provincia.
El final de una concesión nacida al calor del modelo privatizador de los años 90
La resolución de la Secretaría de Energía que puso en marcha la transición de las centrales El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo marca un nuevo capítulo en la larga historia de las privatizaciones argentinas, un proceso que comenzó a principios de la década del noventa y que transformó profundamente la relación entre el Estado y los servicios considerados estratégicos.
Durante el gobierno de Carlos Menem, y luego de la sanción de la Ley de Reforma del Estado en 1989, la Argentina ingresó en una etapa de transferencia al sector privado de empresas y activos que durante décadas habían sido administrados por organismos estatales. Bajo la promesa de mejorar la eficiencia, atraer inversiones y reducir la participación estatal en la economía, el Gobierno nacional avanzó sobre sectores como telecomunicaciones, transporte, energía y servicios públicos.
En ese contexto, la generación hidroeléctrica también fue alcanzada por el proceso privatizador. Muchas de las obras construidas durante décadas con financiamiento público fueron entregadas bajo esquemas de concesión a empresas privadas, que pasaron a administrar la explotación comercial de centrales que seguían teniendo una importancia estratégica para el sistema energético nacional.
Así nació Hidroeléctrica Tucumán S.A., la empresa que recibió la concesión de los complejos hidroeléctricos El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, tres instalaciones fundamentales para la provincia. El contrato firmado en 1996 estableció un plazo de explotación privada de 30 años, período que comenzó formalmente el 30 de julio de ese año y llegó a su vencimiento en julio de 2026.
La fecha de finalización no fue una sorpresa ni una decisión política tomada de manera repentina: estaba contemplada desde el inicio del contrato. Sin embargo, su llegada obliga ahora al Estado a definir qué hacer con un patrimonio energético que vuelve a quedar bajo su órbita después de tres décadas.
Qué decidió el Gobierno de Milei y por qué no implica una estatización
La Resolución 168/2026 de la Secretaría de Energía publicada hoy en el Boletín Oficial, no dispuso una estatización de las represas ni anunció la creación de una nueva empresa pública para administrarlas. Lo que hizo fue activar el mecanismo previsto en el contrato de concesión para garantizar la continuidad operativa durante una etapa intermedia, evitando que el vencimiento del vínculo privado genere un vacío de gestión sobre instalaciones que requieren supervisión permanente.
El Gobierno estableció un período de transición hasta el 15 de diciembre de 2026, durante el cual Hidroeléctrica Tucumán S.A. continuará operando las centrales bajo un régimen especial, mientras la autoridad energética nacional supervisará el funcionamiento de los complejos.
Para esa tarea fue designada la Subsecretaría de Energía Eléctrica como veedor estatal, con la responsabilidad de controlar la operación, verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas y garantizar que las condiciones de seguridad de las represas permanezcan intactas. Además, se invitó a la Provincia de Tucumán a participar mediante la designación de un representante.
La medida responde a una cuestión central: una central hidroeléctrica no puede simplemente cambiar de manos de un día para otro. Se trata de infraestructura compleja, vinculada no sólo a la generación de electricidad sino también al manejo del agua, la seguridad de las poblaciones ubicadas aguas abajo y la planificación energética de largo plazo.
Por eso, aunque la concesión terminó formalmente, la operación continúa bajo un esquema transitorio mientras el Gobierno define el próximo paso.
Los bienes vuelven al Estado después de 30 años
Uno de los aspectos más relevantes del proceso es que el vencimiento de la concesión implica el retorno al Estado de los bienes afectados al servicio, tal como estaba establecido en el contrato original firmado durante la década del noventa.
No se trata de una expropiación ni de una compra. La lógica contractual establecía que, al finalizar el período de explotación privada, las instalaciones, equipamientos y activos vinculados al funcionamiento de las centrales debían quedar nuevamente bajo control estatal.
Ese punto resulta significativo porque muestra una diferencia entre el discurso político que acompañó las privatizaciones de los años 90 y la realidad jurídica de muchos de esos contratos: las concesiones privadas no implicaban una transferencia definitiva de la propiedad de los recursos estratégicos, sino un derecho temporal de explotación.
Ahora, tres décadas después, el Estado vuelve a estar frente a la responsabilidad de decidir cómo administrar esos activos.
La paradoja de un Gobierno que busca privatizar frente al vencimiento de una privatización
El caso tucumano presenta además una particular contradicción política para la administración de Javier Milei.
Desde su llegada al poder, el Gobierno libertario impulsó una agenda basada en la reducción del Estado, la apertura económica y la privatización de empresas públicas consideradas ineficientes. Sin embargo, en este caso específico, una concesión privada heredada de la década menemista llegó a su fin y obligó al Estado a asumir nuevamente un rol de supervisión directa.
La administración nacional tenía distintas alternativas frente al vencimiento: extender la concesión, avanzar rápidamente hacia una nueva licitación o establecer un esquema transitorio. Finalmente optó por esta última opción, dejando abierta la definición sobre el futuro de las centrales.
La resolución no determina si habrá una nueva privatización, si se buscará un esquema mixto con participación estatal y privada o si el Estado mantendrá algún tipo de control directo sobre las represas. Esa indefinición será uno de los puntos centrales del debate energético en los próximos meses.
Un recurso estratégico que vuelve al centro de la discusión
Más allá de la discusión contractual, las represas tucumanas representan un activo estratégico que excede la generación eléctrica. Los complejos de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo cumplen funciones vinculadas al almacenamiento y regulación del agua, al desarrollo productivo regional y a la infraestructura energética de la provincia.
Por eso, la discusión sobre su futuro no es solamente empresarial: implica definir qué papel tendrá el Estado en la administración de recursos considerados esenciales y cuál será la relación entre la inversión privada y la planificación pública en áreas sensibles.
La resolución publicada por el Gobierno marca el cierre formal de una etapa iniciada durante el menemismo, cuando una parte importante del patrimonio energético argentino pasó a manos privadas mediante contratos de concesión de largo plazo. Ahora comienza una nueva fase, todavía abierta, en la que deberá definirse si el final de aquella privatización será simplemente el comienzo de otra concesión o si representará un cambio más profundo en la forma de administrar la energía hidroeléctrica tucumana.
El presidente de Rosario Central a Quirno: «usted tiene y genera odio»
El presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, escaló el conflicto con el canciller Pablo Quirno y lo intimó a rectificar antes del miércoles por las publicaciones en las que acusó al club de haber eliminado deliberadamente a Lionel Messi y Lionel Scaloni de una foto de la Selección por la identificación con Newell’s.
La carta, firmada por el presidente del club, sostiene que el ministro de Relaciones Exteriores difundió afirmaciones «falsas, maliciosas, malintencionadas y ofensivas» y lo acusa de haber «mentido a sabiendas y con mala intención» para desprestigiar a la institución.
[Ahora el canciller Quirno se la agarró con Lo Celso por la bandera de Malvinas]
Como contó LPO, Quirno replicó en twitter la campaña que agitaron los libertarios que aseguraban que Central había borrado a Messi y a Scaloni de una foto de la Selección. Sin embargo, la imagen correspondía al partido frente a Jordania, el único en el que Giovani Lo Celso entró de titular y el club eligió esa formación para homenajear al futbolista surgido de sus inferiores.
Belloso le recuerda además al canciller que la fotografía «no fue cortada ni editada» y le responde con ironía que «cualquiera puede contar que en la foto hay once jugadores», por lo que resultaba evidente que se trataba de la formación titular de un partido y no de una imagen manipulada para excluir al capitán y al entrenador del seleccionado.
«Usted está buscando generar violencia con sus dichos agraviantes. Usted tiene y genera odio. Es inconcebible e inaceptable que usted promueva deliberadamente esos sentimientos de odio y discriminación hacia nuestra institución», cuestionó Belloso.
Posteo de Rosario Central con los once jugadores que fueron titular contra Jordania
El presidente del club siguió denunciando la campaña en contra y consideró a las declaraciones de Quirno de «miserables y absolutamente falsas» al acusar de «excluir al director técnico y al capitán de la Selección Nacional por su origen en otro club que busca adrede perjudicar la imagen, el prestigio y el honor de nuestra institución, adjudicándole una intención perversa y mezquina con el propósito de generar una antipatía pública, que van a sufrir nuestros simpatizantes, jugadores y toda la institución como tal».
El dirigente también le recordó a Quirno que por su condición de canciller tiene deberes especiales de cuidado para con los ciudadanos y organizaciones civiles y lo cuestiona por ocupar tiempo en atacar a un club de fútbol en vez de ocuparse de la política exterior:
«Los argentinos esperamos que se ocupe de las múltiples y trascendentes cuestiones que imponen las relaciones exteriores de la República, en lugar de agraviar innecesariamente a una prestigiosa institución del fútbol argentino».
Es que en Central interpretan que ataque al club excede al episodio de la foto y la vinculan a la ofensiva del gobierno contra el «Chiqui» Tapia. Belloso es un dirigente muy cercano al presidente de la AFA y en Casa Rosada lo ven como un obstáculo para avanzar con las Sociedades Anónimas.
Hasta el periodista Eduardo Feinmann se plegó a las críticas contra Rosario Central con la versión de que el club había borrado a Messi y Scaloni de la foto. En Arroyito creen que «hay sectores que buscan instalar una acusación falsa para atacar a la AFA».
En su programa Feinmann insistió con que habían cortaron a Messi y a Scaloni en la foto posteada. En rigor, la publicación correspondió a la formación titular contra Jordania donde se ve claramente que hay once jugadores, los reglamentarios para iniciar un partido. Messi no aparece porque entró en el segundo tiempo y Scaloni como es el Director Técnico no suele estar en las foto de formación. A pesar de ello, Feinmann desafió: «que Belloso publique la foto completa».
Como sea, el presidente de Central intimó por carta documento al canciller a publicar una rectificación por la misma vía en la que difundió sus mensajes y adelantó que, si obtiene una indemnización judicial, donará íntegramente ese dinero a las divisiones inferiores de los clubes de Rosario a través de la Asociación Rosarina de Fútbol.
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