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 Una fuerte tensión se desató entre dos municipios vecinos de la provincia. El intendente radical de Tandil, Miguel Lunghi, acusó a su par de Azul, el camporista Nelson Sombra por el «traslado compulsivo e irregular» de personas en grado de extrema vulnerabilidad social y económica.

Concretamente, el tandilense denunció que 11 personas de un mismo grupo familiar fueron transportadas en un vehículo municipal de Azul «y abandonadas en una estación de trenes en desuso» de Tandil «con el evidente propósito de transferir de manera fáctica y desarticulada la asistencia integral de los mismos a este municipio».

En una dura carta, Lunghi intimó a Sombra a reparar la situación denunciada en el plazo de 48 horas, con el regreso a Azul de la familia en cuestión y resarciendo económicamente al municipio de Tandil por los gastos destinados a atender a estas personas.

 «Ante la emergencia social provocada por la imprudencia de su administración, la Municipalidad de Tandil debió desplegar de forma inmediata sus recursos humanos, logísticos y financieros para resguardar la integridad psicofísica de las once personas», acusó Lunghi a Sombra 

«Dicha conducta, desplegada por funcionarios dependientes de su Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, no solo vulnera los principios elementales de la solidaridad y el federalismo municipal, sino que configura una flagrante violación al marco normativo vigente», agregó el intendente radical en la nota a Sombra.

Antes, desde la gestión municipal de Azul, el secretario de Desarrollo, Omar Seoane dijo que la familia en cuestión se presentó en el Municipio y solicitó voluntariamente ser trasladada a Tandil.

«Obramos de buena fe. Lo que hicimos fue aportarle el transporte a una familia que se quería radicar en otra localidad», dijo Seoane.

Lunghi habló de incumplimiento de la ley provincial de Protección de los Derechos del Niño y de infracciones administrativas en las que puso de relieve la ausencia de comunicación institucional y protocolo social entre ambas gestiones locales.

«Ante la emergencia social provocada por la imprudencia de su administración, la Municipalidad de Tandil debió desplegar de forma inmediata sus recursos humanos, logísticos y financieros para resguardar la integridad psicofísica de las once personas», acusó Lunghi, que pasó factura de la «erogación presupuestaria extraordinaria» que le demandó a su comuna la atención de esa familia.

 Obramos de buena fe. Lo que hicimos fue aportarle el transporte a una familia que se quería radicar en otra localidad 

Por todo eso, además del resarcimiento financiero, intimó al intendente de Azul a remitir un «informe técnico detallado» donde se justifiquen los fundamentos jurídicos y sociales que motivaron el traslado.

También, Lunghi reclamó identificar a los funcionarios que ordenaron y ejecutaron el operativo y «arbitrar los medios urgentes para coordinar el retorno seguro y la asunción definitiva de la asistencia de la familia en su jurisdicción de origen».

En caso de «silencio, negativa o respuesta evasiva», Lunghi amenazó con iniciar acciones civiles por cobro de gastos, promover las denuncias pertinentes ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia «y evaluar la radicación de denuncias penales».

 Según consta en la denuncia a la que tuvo acceso LPO, Puyou sostuvo que uno de los trasladados le informó que «fueron dejados en la estación». Se trata de una familia que reside en el predio «Los Piletones», un asentamiento de Azul cuyas familias se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

Previo a eso, el concejal radical Agustín Puyou denunció a Omar Seoane, de «incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, agravado por la presencia de menores y adultos en situación de vulnerabilidad».

Según consta en la denuncia a la que tuvo acceso LPO, Puyou sostuvo que uno de los trasladados le informó que «fueron dejados en la estación». Se trata de una familia que reside en el predio «Los Piletones», un asentamiento de Azul cuyas familias se encuentran en situación de vulnerabilidad.

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Días atrás esa familia atravesó una situación de violencia. El concejal radical dijo haberse comunicado con el secretario de Gobierno local, Xavier Cabrera Cisneros, solicitando custodia policial para que la familia pueda reingresar en su hogar, que abandonó tras el conflicto intrafamiliar.

Al día siguiente, el padre de la familia le contó al concejal que estaba en Tandil, que no habían hablado con el municipio tandilense y que «los dejaron tirados como perros».

Ante esa denuncia, Seoane rechazó las acusaciones abandono de persona y sostuvo sobre la presentación del edil radical: «Me parece una mala maniobra política», sostuvo.

 

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