En el marco del Día de los Museos, se llevó a cabo una actividad junto al Consejo Local de las Personas con Discapacidad organizada por Magalí Catriquir a cargo del Museo local Felipe Bonoli.
En la oportunidad, la museóloga ofreció a los visitantes una charla informativa sobre la historia de la casa que hoy alberga gran parte de la historia de Villa Regina. Además realizó una visita guiada por una de las primeras construcciones que se levantaron en lo que fue la colonia Regina Paccini de Alvear.
Además, Catriquir les presentó la maqueta realizada para que las personas con discapacidad visual puedan apreciar las características de la Casa Museo, tanto en sus dimensiones como en materiales.
Por otro lado, durante este mes el Museo estará abierto al público de lunes a viernes en el horario de 14 a 18 horas para que quienes lo deseen puedan visitarlo, siempre respetando los protocolos establecidos.
La migración es una experiencia de vida; y en los seres humanos, como en otras especies, comienza en la etapa embrionaria en lo que se ha dado a llamar: migración celular. Cuando hablamos de migración, hablamos de movimiento. Pero no son sólo las fronteras de un país que la definen, sino las necesidades, las defensas,…
El peronismo activó los primeros movimientos para voltear el DNU de la SIDE aunque todavía no tenga claro cómo ni cuándo concretarlo. Una diputada meticulosa le dijo a LPO que el Congreso «puede tratar de oficio el DNU», una vez que pasen los 10 días hábiles desde que la Jefatura de Gabinete mande el decreto al parlamento, aunque Martín Menem y Victoria Villarruel no hayan conformado las comisiones correspondientes para emitir dictamen.
El diputado Germán Martínez presentó este viernes, después del mediodía, una nota formal a Menem para que constituya la Comisión Bicameral de Inteligencia y la de Trámite Legislativo, que es la que puede dictaminar a favor o en contra del DNU 941/25, el que convierte al organismo que preside Cristian Aguadra en una «policía secreta» y habilita la persecución y el espionaje total de la ciudadanía. «Ambas comisiones deben abocarse al inmediato tratamiento del decreto», expresó el santafecino.
La jugada del jefe de la bancada peronista es un paso obvio pero crucial para lo que pueda suceder en los próximos días. Si el riojano se niega a conformar las comisiones después de ese reclamo de Martínez, que se suma al del interbloque de Provincias Unidas, podría quedar a tiro de una denuncia por incumplimiento de deberes, explicaron a LPO fuentes de Fuerza Patria.
Por su parte, un grupo de legisladores peronistas presentaron un proyecto de resolución para rechazar el decreto bajo el argumento de que «introduce una alteración sustancial del sistema democrático al otorgar a la SIDE facultades coercitivas incompatibles con el orden constitucional y el principio republicano de división de poderes». La iniciativa fue presentada por la diputada Lorena Pokoik, junto a los diputados Eduardo Valdés, Santiago Cafiero, Roxana Monzón, Nancy Sand, Pablo Todero, Andrea Freites, Hilda Aguirre, Ana María Ianni, Sabrina Selva, Martín Aveiro, Jorge Araujo y Carlos Cisneros, entre otros.
Por lo demás, lo que se conversaba entre peronistas y pichettistas al cierre de esta nota era la posibilidad de colar en recinto el tratamiento del DNU cuando el gobierno retome la agenda legislativa para impulsar la reforma laboral, la iniciativa que Patricia Bullrich debió suspender hasta febrero por falta de apoyo en el Senado. «¿Y si el gobierno no convoca a extraordinarias? Es mejor negocio para Milei dilatar la reforma y espiarnos a todos», dijo a LPO una legisladora incómoda ante la aparente parsimonia peronista.
Más allá del vértigo, el reglamento de la ley 26122, la que impulsó Cristina Kirchner en 2005 y que el Senado no pudo modificar en 2025 después de la media sanción de Diputados, habilita a las dos cámaras a tratar un decreto después de los 10 días de su llegada al Congreso. En este caso, Manuel Adorni debería remitir el DNU al parlamento, como máximo, al cumplirse 10 días de su publicación en Boletín Oficial.
De hecho, el artículo 18 de aquella ley prescribe que la Bicameral trate el DNU de oficio si el Jefe de Gabinete no manda el decreto dentro del plazo estipulado. Los integrantes de la comisión de DNU tendrán, a partir de ese momento, otros 10 días para dictaminar.
Lorena Pokoik, en Diputados.
En tanto, el artículo 20 de esa norma establece que «vencido ese plazo sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto». A eso se refirió el ex ministro de Defensa y ex titular de la AFI, Agustín Rossi, cuando admitió en declaraciones a Radio 10 que «se está conversando con los bloques para poder llevarlo al recinto, pero eso tiene plazos legales».
Un diputado peronista asumió ante LPO que «todavía no está clara la estrategia del bloque». Aunque delegaba esa tarea en las autoridades de la bancada, se quejó de que hubiera «declaraciones pero nada más».
El DNU introduce una alteración sustancial del sistema democrático al otorgar a la SIDE facultades coercitivas incompatibles con el orden constitucional y el principio republicano de división de poderes.
Hasta Sergio Massa había circulado entre los legisladores del Frente Renovador un texto de pomposos bullet para intervenir en el ágora de Twitter, según comentaron en el bloque de Martínez.
Hay, sin embargo, una zona gris para los que están debatiendo el camino a seguir dentro del peronismo. La oposición cree que tiene el número para voltear el decreto pero también presume que Menem puede neutralizar su pelea por abrir el recinto, razón por la cual también existe la chance que alguna organización tramite un amparo ante el Poder Judicial frente a la afectación de garantías constitucionales.
En Mar del Plata, el reemplazante de Guillermo Montenegro en la intendencia, Agustín Neme, aún no superó su primer test de gobernabilidad. A más de un mes y medio de su asunción como interino, tanto el presupuesto como las ordenanzas fiscal e impositiva no fueron presentadas.
Tras sucesivas prórrogas, se espera que este viernes finalmente lleguen los proyectos al Concejo Deliberante, donde fuentes consultadas por LPO aseguran que la última dilación estuvo atada a la visita que por estas horas realiza Javier Milei a la ciudad.
Sucede que, al momento, existen diferencias entre las proyecciones del Ejecutivo y lo que estarían dispuestos a votar los cuatro concejales de La Libertad Avanza, voluntades clave para que Neme tenga su primer prespuesto y fiscal-impositiva.
Con esas tensiones flotando, aunque esta dispuesto tratar los proyectos en la primera quincena de enero, en el Concejo hay voces que definieron como «un riesgo» tratar el presupuesto y exponer diferencias entre libertarios y PRO a días de la llegada de Milei a la ciudad.
En concreto, las tensiones pasan por el tenor de los aumentos de tasas municipales, donde los libertarios recordaron que tienen «el lineamiento de arriba» de no aprobar nada por encima de la inflación.
La continuidad de la tasa vial en Mar del Plata pone en una posición incómoda a los cuatro concejales libertarios que hoy integran el espectro pan-oficialista en el legislativo local
Un escenario de este tipo en el municipio más grande a manos de un aliado libertario en la provincia es inaceptable para Karina Milei.
Pero, además, otro foco de tensión radica en la Tasa Vial creada por Montenegro. Se trata de un tributo a la carga de combustible que se convirtió en el más cuestionado por Luis «Toto» Caputo ya que varios distritos peronistas del conurbano lo aplican.
Cerca del bloque libertario señalaron que el referente local, el diputado Alejandro Carrancio tiene una muy buena relación con Neme y se muestra dispuesto a acordar algunas cuestiones del presupuesto que pasen por debajo del radar de Karina, pero que la mayor complejidad está en las tasas.
Sin embargo, como contó LPO, en las planillas que publicó el ministro de Economía semanas atrás para escrachar a intendentes, resultó que el municipio que más alto cobra la tasa vial es Mar del Plata.
Cerca del bloque libertario señalaron que el referente local, el diputado Alejandro Carrancio tiene una muy buena relación con Neme y que se muestra dispuesto a acordar algunas cuestiones del presupuesto que pasen por debajo del radar de Karina, pero que la mayor complejidad está en las tasas.
«Es llamativo, Montenegro va a La Derecha Fest pero pagaba sueldos con lo que le saca de la tasa más cuestionada por el Gobierno», dijo a LPO una fuente del Concejo Deliberante marplatense que alude al destino de los recursos de la Tasa Vial durante la gestión del hoy senador provincial.
Frente a ese cuadro, el kirchnerismo hizo su aporte a las tensiones dentro de la alianza oficialista con un proyecto presentado en los últimos días para eliminar esa tasa vial.
«La tasa vial no existía. Fue creada por Montenegro en 2024 y presentada como una herramienta para arreglar y mantener las calles», señalaron en el bloque kirchnerista, donde agregaron: «Las calles no mejoraron. Por el contrario, están peor que nunca».
En esa línea, acusaron: «Quedó en evidencia que los recursos que se recaudan no se destinan exclusivamente al arreglo de calles, sino que se utilizan para el pago de sueldos».
Como sea, la continuidad de la tasa vial en Mar del Plata pone en una posición incómoda a los cuatro concejales libertarios que hoy integran el espectro pan-oficialista en el legislativo local y que, de rechazar algunos puntos, dejan en una situación comprometida al interino de Montenegro.
A través del Decreto 189/21, la Municipalidad de Villa Regina adhiere en todos sus términos a la Resolución del Ministerio de Salud de Río Negro Nº N° 8951/21 que establece el ‘PASE LIBRE COVID’ como requisito para asistir a aquellas actividades realizadas en el territorio de la provincia que representan mayor riesgo epidemiológico, además de…
En la mañana de hoy, en la vereda del Paseo del Arroyo, se encontraron bolsas de basura rotas y se pueden observar varias jeringas usadas entre otra tanta suciedad. Se pide suma responsabilidad a los vecinos y que este tipo de elementos como jeringas, agujas, vidrios rotos, etc, sean descartados con las medidas de precaución…
El Gobierno anunció la entrada en vigencia de un nuevo régimen de subsidios energéticos focalizados, como le impuso el FMI, pero aun no ha sido implementado.
A una semana de la publicación del decreto que debía poner en marcha el nuevo esquema, siguen vigentes los precios mayoristas de gas y electricidad del régimen anterior. No hay nuevos cuadros tarifarios. Tampoco hay precisiones operativas. Las categorías por ingresos N1, N2 y N3 continúan activas, pese a que el discurso oficial ya las dio por superadas.
A fines de diciembre, la Secretaría de Energía que conduce María Tettamanti ajustó el precio estacional de la energía (PEST) un 3% y el precio del gas en el ingreso al sistema de transporte (PIST) apenas un 0,53%. Ambos movimientos se hicieron bajo los parámetros del esquema anterior.
Esos dos precios no son un detalle técnico. Son la base sobre la cual los entes reguladores calculan los cuadros tarifarios que llegan a las facturas. El argumento oficial fue que faltaba la norma que ordenara la instrumentación del nuevo régimen.
Esa norma llegó recién el 2 de enero, primer día hábil de 2025, cuando Javier Milei firmó el decreto 943/2025 de subsidios energéticos focalizados. Desde entonces pasaron seis días hábiles y Energía todavía no publicó los nuevos valores de PEST y PIST para usuarios residenciales, ni para los que recibirán subsidios ni para los que quedarán afuera. En la práctica, los hogares de mayores ingresos siguen percibiendo ayuda estatal en sus boletas de luz y gas, algo que el propio Gobierno dice querer eliminar.
Lo que están planteando es desarmar el Plan Gas como si fuera una resolución administrativa más, y no lo es. Son contratos firmados, con plazos, compromisos de inversión y garantías de abastecimiento. Romper eso sería romper contratos, así de simple.
Las demoras no son inocuas. Las distribuidoras tienen cada vez menos margen para adaptar sus sistemas de facturación. Se elimina una categoría. Se incorpora una bonificación adicional del 25% que rige este año y se va reduciendo hasta desaparecer en diciembre. Si el esquema no entra en vigencia este mes, todo el cronograma se corre y el ahorro fiscal prometido también, tal como calculó el portal especializado El Post Energético.
Pero en la industria miran otro frente. Afirman que la indefinición sobre el costo de la energía está íntimamente ligada a las dificultades para desarmar el Plan Gas.
La plata de Fortín de Piedra de Techint en Vaca Muerta.
«Lo que están planteando es desarmar el Plan Gas como si fuera una resolución administrativa más, y no lo es. Son contratos firmados, con plazos, compromisos de inversión y garantías de abastecimiento. Romper eso sería romper contratos, así de simple. Y cuando un Estado rompe contratos, el mensaje al mercado es devastador. Si el Gobierno quiere modificar el esquema, debería sentarse a renegociar, buscar una transición ordenada, no avanzar de hecho. Desarmarlo de un día para otro es jurídicamente muy difícil y económicamente peligroso. No es una perilla que se apaga: atrás hay inversiones, financiamiento y producción en curso», afirmó a LPO un importante empresario petrolero.
En rigor, el nuevo diseño del precio del gas natural introduce un cambio estructural: el valor será el mismo todo el año, sin diferenciar invierno y verano.
El nuevo esquema fija subsidios del 50% del costo del gas entre abril y septiembre, con volúmenes que dependen de la región, y suma la bonificación del 25% el primer año. Con esa lógica, el nuevo PIST debería ubicarse todo el año en 3,79 dólares por millón de BTU. El problema es que los cuadros hoy vigentes fijan 2,98 dólares para el verano. Mientras no se actualicen, los usuarios reciben un subsidio mayor al previsto.
Paolo Rocca, líder del grupo Techint que tiene en Vaca Muerta la operación de gas más importante en el área de Fortín de Piedra, fue y es un gran defensor de esa iniciativa del kirchnerismo.
Ese precio plano obliga a reformular el Plan Gas, que fue diseñado justamente con precios diferenciados por estacionalidad. Y ahí aparece el nudo político y económico. El Plan Gas fue, para las empresas, un negocio redondo. Paolo Rocca, líder del grupo Techint que tiene en Vaca Muerta la operación de gas más importante en el área de Fortín de Piedra, fue y es un gran defensor de esa iniciativa del kirchnerismo.
El Estado compró toda la producción hasta 2028, garantizando un precio dolarizado por encima de la referencia internacional. Además, el esquema incluye cláusulas de take or pay: aunque no necesite todo el gas contratado, el Estado debe pagar al menos el 75% del volumen acordado.
Para el Estado, el acuerdo también tenía una lógica. Le dio previsibilidad al sistema energético. El gas no es solo lo que llega por red o garrafa. Es el insumo clave de la generación térmica que explica buena parte de la electricidad del país.
Ahora el Gobierno busca desarmar ese andamiaje. Para eso, empezó a ofrecer «regalitos» a las petroleras para que acepten salir antes de los contratos. Eliminar el control sobre los planes de inversión. Quitar la obligación de destinar un 30% de la producción al sector industrial. Y pagar un 5% más de adelanto por los volúmenes inyectados, solo con declaración jurada y sin certificaciones.
En el sector deslizan que el «regalito» mayor todavía no se mostró. «Cuando aparezca, el costo no lo van a pagar las petroleras. Como casi siempre, va a terminar en la boleta», afirmó un especialista consultado.
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