En el marco del Día de los Museos, se llevó a cabo una actividad junto al Consejo Local de las Personas con Discapacidad organizada por Magalí Catriquir a cargo del Museo local Felipe Bonoli.
En la oportunidad, la museóloga ofreció a los visitantes una charla informativa sobre la historia de la casa que hoy alberga gran parte de la historia de Villa Regina. Además realizó una visita guiada por una de las primeras construcciones que se levantaron en lo que fue la colonia Regina Paccini de Alvear.
Además, Catriquir les presentó la maqueta realizada para que las personas con discapacidad visual puedan apreciar las características de la Casa Museo, tanto en sus dimensiones como en materiales.
Por otro lado, durante este mes el Museo estará abierto al público de lunes a viernes en el horario de 14 a 18 horas para que quienes lo deseen puedan visitarlo, siempre respetando los protocolos establecidos.
En Tribunales hay malestar con los jueces de Cuadernos porque aceptaron que el artífice de la causa, el chofer Oscar Centeno, no se presentara a declarar como estaba estipulado.
Tanto los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero que integran el Tribunal Oral Federal n° 7 como la fiscal Fabiana León, reivindicada en los medios como «incorruptible», asumieron con naturalidad que el arrepentido colaborador no declare.
El remisero está bajo un programa de protección de testigos y se acercó a Comodoro Py el jueves custodiado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Pero no quiso responder preguntas, lo que encendió una luz de alarma en Tribunales, puesto que su testimonio no es uno más.
No sólo lo esperan los dirigentes políticos imputados, como Cristina Kirchner, sino los empresarios que están acusados y necesitan que Centeno aclare lo que en teoría escribió en los cuadernos que se quemaron.
Hay casos como el del empresario Armando Loson, que denunció que parte de las menciones que se hacían sobre él en los cuadernos del chofer habían sido adulteradas.
Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, los jueces del TOF 7.
El difunto juez Claudio Bonadío justamente les decía a los empresarios acusados que tendrían la posibilidad de aclarar las inconsistencias que había en los escritos en la etapa del juicio. Por eso el silencio de Centeno arroja un manto de sospecha. La pregunta que recorre Tribunales es si Centeno puede hablar y explicar lo que escribió o si siempre siguió un guion.
El caso de Claudio Uberti tampoco aporta transparencia en el proceso: el ex funcionario kirchnerista leyó su declaración y no aceptó preguntas.
Fuentes judiciales aseguraron a LPO que la negativa de Centeno es un disparate que pone en tela de juicio todo el proceso.
El martes, Cristina Kirchner impugnó las actuaciones judiciales de la etapa de instrucción de la causa y apuntó contra Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli, a quienes acusó de extorsionar empresarios junto al falso abogado Marcelo D’Alessio para que declarasen contra ella.
El entramado de préstamos que rodea al vocero presidencial suma ahora un dato que complejiza aún más el cuadro: una de las mujeres que habría aportado dinero fue ascendida durante la gestión de Patricia Bullrich en Seguridad. Documentación oficial revela vínculos que abren interrogantes sobre relaciones, favores y circuitos de financiamiento poco transparentes.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La trama financiera que involucra a Manuel Adorni continúa sumando capítulos incómodos. A partir dela Declaración Jurada del funcionario, donde se detalla que el actual vocero presidencial habría recibido 100.000 dólares en préstamos de al menos dos mujeres, ,adre e hija, ahora se agrega un elemento que tensiona aún más la situación: una de ellas cuenta con antecedentes dentro de la estructura de seguridad del Estado y fue beneficiada con un ascenso durante el gobierno de Mauricio Macri, bajo la órbita directa de Patricia Bullrich.
El dato no es menor. Según surge del Decreto 1308/2016, firmado por Mauricio Macri y por entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, Graciela Isabel Molina de Cancio —quien revestía como Comisario— fue ascendida al rango de Comisario Inspector dentro del Escalafón Seguridad. Se trata de un ascenso formal dentro de la Policía Federal Argentina, que la ubica en una posición jerárquica relevante dentro de la fuerza.
La coincidencia entre ese nombre y el de una de las personas señaladas como prestamistas en la operatoria que rodea a Adorni abre preguntas inevitables. ¿Cuál es la naturaleza del vínculo entre el funcionario y una integrante de las fuerzas de seguridad con ascenso político-administrativo? ¿Se trata de una relación personal, profesional o de otro tipo? Hasta el momento, no hay explicaciones públicas que despejen estas dudas.
Préstamos, hipotecas y relaciones
La investigación periodística que tomó estado público describe un esquema en el cual Adorni habría recurrido a financiamiento privado para afrontar operaciones inmobiliarias, incluyendo la hipoteca de un departamento en Caballito. En ese contexto, aparecen dos mujeres como prestamistas de una suma considerable en dólares, lo que ya de por sí genera interrogantes sobre la trazabilidad de esos fondos y las condiciones en que se otorgaron.
Sin embargo, la incorporación del dato sobre Molina de Cancio modifica el eje de análisis. Ya no se trata únicamente de préstamos entre particulares, sino de la posible participación de una figura con recorrido dentro de la estructura estatal y con un ascenso otorgado en un contexto político específico. La relación entre poder político, fuerzas de seguridad y financiamiento privado comienza a dibujar un mapa más complejo y difícil de justificar como una simple operatoria personal.
El peso de los antecedentes
El Decreto 1308/2016 no deja lugar a interpretaciones: el ascenso de Molina de Cancio fue parte de una serie de promociones dentro de la fuerza durante la gestión de Cambiemos. En aquel entonces, Patricia Bullrich consolidaba su influencia sobre el aparato de seguridad, promoviendo cuadros de confianza en puestos clave.
En ese marco, la aparición de una de esas figuras en una operatoria financiera vinculada a un funcionario del actual gobierno libertario no puede leerse como un dato aislado. Por el contrario, sugiere la persistencia de vínculos y redes que atraviesan gestiones y espacios políticos, conectando a actores que, en apariencia, pertenecen a universos distintos pero que en los hechos podrían compartir circuitos de confianza.
Silencio oficial y preguntas abiertas
Hasta ahora, desde el entorno de Adorni no hubo aclaraciones sustantivas sobre estos vínculos ni sobre el origen preciso de los fondos recibidos. Tampoco se explicó por qué una funcionaria policial con trayectoria y ascenso formal habría decidido otorgar un préstamo de tal magnitud, ni bajo qué condiciones se habría realizado dicha operación.
El silencio, en este contexto, lejos de despejar dudas, las amplifica. Porque lo que está en juego no es solo la situación patrimonial de un funcionario, sino la posible existencia de relaciones cruzadas entre política, seguridad y financiamiento privado que podrían comprometer la transparencia institucional.
En un gobierno que llegó con la promesa de terminar con los privilegios y la “casta”, la aparición de este tipo de vínculos vuelve a poner en cuestión el discurso oficial. Y deja flotando una certeza incómoda: detrás de la retórica antiestablishment, los nombres, los contactos y los mecanismos parecen ser, muchas veces, los de siempre.
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