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ACORRALADOS EN SU PROPIO HÁBITAT

Se registran más de 900 ejemplares de lobos marinos muertos por la gripe aviar y a esto le suma el ataque de jaurías de perros que atacan lobos en las costas del Golfo de San Matías.

La cifra de lobos marinos de uno y de dos pelos (Otaria flavescens y Arctocephalus australis) muertos asciende a más de 900 según la información suministra por el área de Ambiente de la Provincia de Río Negro y está en riesgo la colonia más grande de la región.

Los decesos en masa se han reflejado desde el balneario El Cóndor y hasta Playas Doradas, con especial hincapié en Punta Bermeja popularmente conocida como La Lobería, con lo cual está en serios riesgos la colonia de lobos más grande de la Patagonia.

Pero este no es el único problema respecto al cuidado de la colonia de lobos marinos de uno y dos pelos. Estas últimas semanas se hizo viral y público, algo que sucede desde hace ya más de un año, el ataque de jaurías a lobos marinos en las costas de SAO, SAE y Las Grutas. Es reiterativo, preocupante y triste.

Las autoridades que no han actuado anteriormente pese a los informes elevados por guarda ambientales más varias denuncias realizadas por vecinos y vecinas, recién tomas cartas en el asunto cuando la problemática se hace pública mediante distintos posteos en redes pero el problema es de larga data. Por ejemplo en SAO hay identificada una jauría de más de una docena de perros asilvestrados que tienen el comportamiento de ir a atacar a los lobos.

 
 
 
 
 
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Los ataques son tanto de perros callejeros (asilvestrados) como de animales con dueños, por lo que la responsabilidad es compartida. Vecinos y vecinas que no se hacen cargo de sus perros y de las autoridades ya que si vamos al marco legal la prohibición de transitar en la costa con animales ya existe, y está regulada por varias ordenanzas, algunas de la década del ´90. Pero hasta ahora no se cumplen y el área de zoonosis brilla por su ausencia. Aseguran autoridades que eso va a cambiar y que reforzarán controles.

Ambas problemáticas entrelazadas, la de la gripe aviar y la del ataque de jaurías a lobos marinos (algunos infectados), generan otra preocupación que es la propagación del virus desde la costa a la ciudad mediante los perros que pueden actuar como agentes de contagio. Sin embargo no hay evidencia que lo confirme.

“Se nos está complicando que la gente entienda, además, que con el brote de gripe aviar en lobos marinos hay que tener especial cuidado en que los perros no bajen a la costa» explicó la titular del área de zoonosis municipal, Ada Nahuelhual a Diario Rio Negro.

Enfatizó en que siempre la apuesta es generar consciencia entre los dueños de mascotas. «La omnipresencia del estado es imposible, todo depende de nuestra consciencia como ciudadanos» subrayó. «La multa sería ‘el último orejón del tarro’. Antes, hay que apostar al respeto y a nuestro rol como responsables de nuestros animales, porque somos nosotros los que tenemos el raciocinio» destacó al medio provincial dejando de lado la responsabilidad del área que dirige y que debe controlar la población de perros callejeros que son los que reiteran la conducta de atacar a los lobos.

Recomendación

En caso de sospecha o para reportar aves afectadas, se solicita a la población contactar al SENASA. Esto puede hacerse a través de la oficina local más cercana, mediante la aplicación Notificaciones SENASA para dispositivos Android, enviando un correo electrónico a [email protected], llamando al número 11 5700 5704 o completando el formulario en línea.

La colaboración y responsabilidad de todos/as son fundamentales en este momento para controlar la propagación y salvaguardar la salud de la población.

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  • El apuro del Gobierno por expandir el negocio del calamar dispara sospechas de corrupción

     

    El gobierno de Javier Milei apura la entrega de nuevos permisos para expandir la pesca del calamar, actualmente la especie más rentable. Busca hacerlo en tiempo récord, lo que desató sospechas de actores del sector sobre la transparencia del proceso y el rechazo del gobierno de Axel Kicillof, que acusa discriminación.

    En el Consejo Federal Pesquero (CFP) que integra con las provincias del litoral marítimo, Nación informó a mediados de mayo que estaba elaborando una propuesta para sumar nuevos buques poteros y expandir la explotación del calamar.

    Dos semanas más tarde ya tenía listo el texto de 21 artículos y seis anexos. Ahí, se estableció un plazo exprés de 20 días hábiles para la presentación de proyectos para obtener alguno de los 18 nuevos permisos de explotación por hasta 30 años.

    La celeridad fue tal que la resolución fue aprobada en votación directa en la misma sesión del CFP en la que se presentó. Eso, a pesar de no encontrarse en el orden del día previamente establecido.

     En el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas señalaron que el plazo exiguo que se determinó para presentar propuestas «solo determina que, no todas, sino algunas empresas que hayan tenido conocimiento de la medida implementada con anterioridad se encontrarán en condiciones de realizar la presentación». 

    Pero la aprobación no fue por unanimidad. El representante de la provincia de Buenos Aires, Carlos Liberman, advirtió sobre la inexistencia de instancias previas de análisis del proyecto, alertó sobre el impacto que esa expansión podría tener el stock de calamar y denunció una situación de «gravedad inusitada».

    Ahí, sostuvo que, en las condiciones que estableció Nación para la selección de propuestas, aquellos interesados que propongan descargar el calamar en la provincia de Buenos Aires tienen solo por esa razón un puntaje inferior al de aquellos que propongan hacer sus descargas en otro puerto del país.

    Avanza en la Justicia una causa por la investigación de LPO sobre las coimas con las cuotas pesqueras

    «Esta discriminación es injustificada, choca con la Ley Federal de Pesca, es arbitraria e inconstitucional», denunció Liberman, según consta en las actas de la sesión del CFP donde se debatió el proyecto.

    En esa disparidad, el mayor perjuicio lo focalizan en Mar del Plata, donde este jueves el gremio Supa y la Federación de Cooperativas Portuarias presentaron una demanda contra la resolución que definieron como una «acción de gobierno que aparece deliberadamente en contra de los intereses marítimos de los marplatenses».

     El apuro por sacar los nuevos permisos fue tal que la resolución fue aprobada en votación directa en la misma sesión del CFP en la que se presentó. Eso, a pesar de no encontrarse en el orden del día previamente establecido. 

    Más directo fue el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), la entidad empresaria del sector más fuerte de Mar del Plata, que apuntó contra los tiempos acotados para presentarse por uno de los 18 permisos y reclamó modificar los plazos para llevarlo a un periodo no menor a los 180 días corridos.

    «El exiguo plazo contenido en esta normativa viola el principio de concurrencia y hace pensar que la misma podría estar dirigida», dijo la gerenta del Cepa, María Fernanda Grimaldi, en una nota dirigida al subsecretario de Pesca nacional y titular de CFP, Juan Antonio López Cazorla a la que tuvo acceso LPO.

    El subsecretario de Pesca y titular del Consejo Federal Pesquero, Juan López Cazorla.

    Y agregó: «Dicho plazo solo determina que, no todas, sino algunas empresas que hayan tenido conocimiento de la medida implementada con anterioridad se encontrarán en condiciones de realizar la presentación, mientras que el resto no».

    Algunas fuentes del sector consultadas por LPO ven el fantasma de lo sucedido hace dos años, cuando este medio dio cuenta de las versiones de coimas que sobrevolaron la cuotificación de la merluza hubbsi.

    La versión de un pedido de coima de 15 millones de dólares a las pesqueras llega a la Embajada de Estados Unidos 

    Ahora, en el entramado portuario hay quienes señalan que este proceso habilitará una mayor presencia de intereses chinos en la pesca nacional, reforzando lo que ya sucede con la pesca de calamar.

    Un informe reciente del investigador especializado en pesca ilegal y conservación marina Milko Schvartzman reveló que, de los 84 barcos poteros (especializados en captura de calamar) que operan dentro de las 200 millas marinas de jurisdicción argentina, 53 (más de un 63% el total) están controlados por firmas de origen chino.

    Se trata de empresas constituidas en el país, que operan con buques de bandera argentina -como todos los que pescan en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA)- pero que tienen origen de capital chino.

    En el sector que advierten que lo correcto hubiese sido medir en sendos informes científicos el impacto de esta medida sobre las cuatro poblaciones de calamar que pueden ser capturados en el mar argentino y no la nota de dos carillas del Inidep.

    Para sumar 18 barcos a los 84 existentes, en Nación se ampararon en una nota de una página y media del Inidep, el Instituto de Desarrollo Pesquero que asesora en el uso racional de los recursos.

    En esas dos carillas, el Inidep expuso que la flota potera nacional llegó a tener 150 buques, por lo que sumar hasta 20 más no implicaría un riesgo para el recurso.

    Ese argumento fue tajantemente objetado por la Provincia de Buenos Aires, donde expusieron que los buques actuales tienen una capacidad promedio de 550 toneladas, mientras que los 18 que se sumarían pueden llegar a pescar hasta 900.

    En Nación argumentaron que el calamar que no se pesca en la ZEEA es capturado por buques extranjeros en la milla 201. Pero en el gobierno bonaerense señalaron que las dos poblaciones de calamar que más se pescan, no salen de la ZEEA.

     Los buques poteros que hoy operan tienen una capacidad promedio de 550 toneladas, mientras que los 18 que se sumarían pueden llegar a contener hasta 900 tn. 

    Hay actores del sector que advierten sobre el riesgo para el recurso y reclamaron que lo correcto hubiese sido medir en sendos informes científicos el impacto de esta medida sobre las cuatro poblaciones de calamar que pueden ser capturados por estos buques, y no la nota de dos carillas del Inidep.

    Por eso, el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense a cargo de Javier Rodríguez interpuso un recurso de reconsideración ante el CFP que entró en la sesión de este jueves. El planteo fue girado para su análisis, pero en la Provincia no se hacen demasiadas expectativas y, de ser rechazado el planteo, analizan ir a la Justicia.

    No queda mucho tiempo. El plazo establecido por el CFP para presentar propuestas vence en los primeros días de julio. «Quieren hacer todo antes de que termine el Mundial», dijo una fuente del sector que alertó que, de avanzar el otorgamiento de estos permisos, una mecánica similar tendrá la cuotificación del langostino.

     

     

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    Milei y el caso $LIBRA: una causa paralizada que suma otro escándalo judicial y alimenta el riesgo de impunidad

     

    A casi un año y medio del estallido del caso $LIBRA, la investigación judicial atraviesa uno de sus momentos más críticos. Sin testigos citados, sin indagatorias, con la fiscalía admitiendo que carece de recursos técnicos y ahora con los querellantes apartados del expediente, la causa que salpica a Milei parece ingresar en un preocupante callejón sin salida.

    Por Roque Pérez para NLI

    Lo que comenzó como una investigación sobre la presunta estafa vinculada al lanzamiento y derrumbe del memecoin $LIBRA, promocionado por Milei, hoy exhibe un escenario que preocupa incluso a especialistas en derecho penal económico. Después de casi dieciocho meses de trámite, el expediente pasó por varios magistrados y fiscales, pero todavía no hubo declaraciones testimoniales relevantes, ni llamados a indagatoria para los principales involucrados, mientras continúan acumulándose cuestionamientos sobre el ritmo de la investigación.

    Una resolución que cambió el escenario

    La situación se agravó con la reciente decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien resolvió excluir de la causa a todos los querellantes particulares al considerar que no acreditaron suficientemente haber sido damnificados por el colapso de $LIBRA.

    La resolución generó fuertes críticas porque, según distintos especialistas, el magistrado habría avanzado sobre cuestiones de fondo que todavía deberían investigarse, al sostener que las pérdidas sufridas por los inversores podrían responder simplemente a la volatilidad propia del mercado de los llamados «memecoins» y no necesariamente a una maniobra fraudulenta.

    Esa interpretación también llamó la atención porque el propio expediente reconoce que todavía no pudo reconstruirse completamente el recorrido del dinero ni identificarse a todos los titulares de las billeteras virtuales involucradas, una tarea indispensable para determinar si existió o no una operatoria fraudulenta.

    Sin recursos, sin avances y con advertencias de impunidad

    Otro dato que agrava el panorama es el reconocimiento formulado por el propio Ministerio Público Fiscal respecto de las dificultades para investigar operaciones complejas con criptomonedas.

    Según consta en el expediente, la fiscalía admitió que no dispone del presupuesto, del software especializado ni de las licencias tecnológicas necesarias para reconstruir adecuadamente las transacciones realizadas mediante blockchain, una limitación que viene demorando medidas consideradas centrales para esclarecer los hechos.

    Desde el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, que participa como amicus curiae, advirtieron que la combinación entre la exclusión de los querellantes y la demora en impulsar medidas clave incrementa seriamente el riesgo de impunidad.

    Su director ejecutivo, Pedro Biscay, sostuvo que las demoras en ordenar indagatorias y avanzar sobre las máximas responsabilidades debilitan el proceso penal y comprometió que la organización continuará impulsando medidas para intentar esclarecer completamente lo ocurrido.

    Una causa cada vez más cuestionada

    La decisión de apartar a quienes se presentan como presuntas víctimas tampoco parece alinearse plenamente con criterios adoptados anteriormente por la Cámara Federal, que había permitido su participación mientras avanzaban diversas pericias técnicas sobre blockchain y trazabilidad de fondos.

    Ahora, esos damnificados anticiparon que apelarán la resolución, mientras crecen las dudas sobre el futuro de una investigación que continúa sin definir responsabilidades pese a la enorme repercusión política e institucional que tuvo el caso desde febrero de 2025.

    Con el expediente prácticamente estancado, sin avances sustanciales sobre los principales imputados y con limitaciones reconocidas por los propios investigadores, el caso $LIBRA se convirtió en uno de los ejemplos más visibles de las dificultades que enfrenta la Justicia argentina para investigar presuntos delitos económicos cometidos mediante activos digitales, al tiempo que continúa proyectando una sombra política sobre Milei y su entorno.

     

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