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ACERCA DE ASADOS E INSECTOS VOLANDO CON ROCK DE LOS ´90

De noche, en el patio de mi hogar, con celular en mano, abro facebook y leo una reflexión de un amigo de Valcheta que dice: “Quiero volver a sonreír y ver rostros alegres por la calle. Quiero sentir olor a asado los fines de semana en casas de los vecinos. Quiero sentir que este país tiene futuro…” Este amigo, Yamil Mortada, refleja con profunda sensibilidad las sensaciones que experimentamos quienes queremos un país más justo.

De pronto, en el silencio nocturno aparece volando un bicho ruidoso, que dicen que aparece antes del agua; es un bicho helicóptero o libélula. Y pensando en la idea del olor a asado que refleja mi amigo, junto al insecto volador, me permito reseñar cuestiones que han dado vueltas estos días, acerca de las teorías que acusan “golpismo” o “club del helicóptero.”

El mandato del Poder Ejecutivo (Presidente) en nuestra Constitución Nacional dura 4 años con la posibilidad de reelección por un solo período (Art. 90 de la CN).

Pero la propia Carta Magna, suponiendo eventualidades que pueden ocurrir en la vida democrática de la república, y también con nuestros representantes, prevé mecanismos que son CONSTITUCIONALES, LEGÍTIMOS e INSTITUCIONALES.

Así el Art. 88 dice que: “…en caso de enfermedad, ausencia, muerte, renuncia o destitución del Presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación.” Y agrega que en caso de destitución, muerte, dimisión o inhabilidad del Presidente y vicepresidente, el Congreso designará a un funcionario público para hacerse cargo de la Presidencia, hasta que cese la inhabilidad o sea designado en elecciones un nuevo mandatario.

Y cuando la Carta Magna habla de destitución del Presidente, refiere al procedimiento de juicio político, donde la Cámara de Diputados acusa y el Senado juzga, siempre que se trate de “…mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes…”

Así tenemos, que este especial proceso constitucional requiere que la Cámara de Diputados forme acusación con una mayoría especial: 2/3 de sus miembros presentes. Y luego el Senado garantizando el debido derecho de defensa del acusado, podrá declarar su culpabilidad con destitución, pero también con una mayoría especial: 2/3 de sus miembros presentes (Arts. 53, 59 y 60).

Cabe recordar que el Art. 36 incorporado al bloque constitucional en la reforma del año 1.994, determina que la Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Esta cláusula de defensa de la democracia sanciona que los actos de levantamiento serán insanablemente nulos, y sus autores o cómplices serán considerados traidores a la patria con inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y demás penas que correspondan.

Desde el retorno de la democracia en 1.983 y aun pasando por la hiperinflación de Alfonsín y los dramáticos episodios de 2.001, nuestra institucionalidad democrática ha podido superar dichas circunstancias sin que se haya quebrado el orden constitucional.

Por eso, suponer que el Presidente de la Nación, pueda cesar su mandato antes de tiempo, no supone de ninguna manera tolerar una acusación de ser golpista o destituyente, cuando, como ya se señaló, la propia Constitución prevé hipótesis y supuestos personales o políticos que determinan el cese anticipado del mandato mediante mecanismos institucionales, democráticos y republicanos.

Que lindo que es el olor a asado, que lindo que es el asado que invita a reunión, que linda que es la argentinidad al palo.

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  • Caputo anticipó que la inflación de marzo superará el 3% , pero dijo que en abril bajará

     

    En la antesala del dato oficial de la inflación de marzo, el ministro de Economía, Luis Caputo, buscó anticipar el golpe y blanqueó que el IPC se ubicará por encima del 3%. Lo atribuyó a un shock externo. Más precisamente, al impacto de la guerra en Medio Oriente sobre los precios de la energía. La explicación es directa. La duda, también.

    El conflicto en Medio Oriente alteró el tránsito por el Estrecho de Ormuz, una arteria clave por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Las dificultades logísticas redujeron la oferta efectiva. Y el precio reaccionó. 

    El barril de Brent se mueve en torno a los 100 dólares. Un nivel que no es neutro para ninguna economía importadora de inflación como la Argentina. Porque los precios de las materias prima que exporta se fijan afuera. Como el trigo cotiza en Chicago, el pan también. 

    REM: El mercado empeora las previsiones sobre inflación, empleo y crecimiento

    Caputo tomó ese dato como explicación y como punto de partida. Dijo que el aumento de marzo responde a ese shock. Y, en paralelo, aseguró que desde abril comienza un proceso de desinflación y crecimiento. Habló de los «mejores 18 meses de la Argentina». Un contraste fuerte con el presente. Y más fuerte aún con el escenario internacional.

    Porque no hay señales de que ese shock esté cediendo. Al contrario. Los datos de Estados Unidos funcionan como un anticipo de lo que puede venir. La inflación anualizada fue del 3,3%. Para estándares norteamericanos es alta. Pero además tiene un rasgo clave: estuvo explicada casi en su totalidad por la energía. El petróleo, otra vez, como motor.

    Caputo prometió que en abril bajará la inflación, pero en el mes en curso seguirá impactando fuerte la suba del precio de los combustibles.

    El detalle técnico es importante. Ese dato releva precios hasta el 22 de marzo. Es decir, capta el primer impacto de la suba de combustibles. Pero todavía no refleja el traslado completo a otros precios. Ni a servicios. Ni al consumo. En términos simples: el efecto de segunda ronda aún no apareció. Por eso, en los mercados creen que no se vio lo peor.

    Las proyecciones de los bancos van en esa línea. Goldman Sachs ajustó su escenario para el segundo trimestre: estima un Brent en torno a los 90 dólares si el contexto se estabiliza. Pero advierte que, si la tensión escala, puede subir a una zona de entre 100 y 115 dólares. Mientras que el especialista Fereidun Fesharaki advirtió que el precio del petróleo podría trepar a 150 dólares,  200 dólares o más, si el Estrecho de Ormuz sigue bloqueado.

    Ese contexto global ya tiene efectos concretos en Argentina. La nafta subió cerca de 23% desde el inicio del conflicto. El impacto se siente en el transporte, en la logística y en toda la estructura de costos. Es el canal más rápido de transmisión del shock externo a la inflación doméstica.

    Frente a eso, el Gobierno activó medidas paliativas. YPF decidió frenar los aumentos en surtidores hasta mediados de mayo bajo un esquema de «pacto con sus clientes». Esto quiere decir, que en caso de que el barril baje, el surtidor se mantendrá sin cambios para compensar la medida.  

    En paralelo, Caputo suspendió la actualización de los impuestos a los combustibles (ICL). Y autorizó a elevar el corte de bioetanol al 15%, buscando abaratar costos, lo que choca contra la disparada del precio de los fertilizantes. 

    Son herramientas defensivas. Buscan amortiguar. «Estamos comprando tiempo», reconoció a LPO un diputado aliado al gobierno. 

     

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  • Prat Gay se suma a las críticas del establishment: «No hay programa económico que enamore si no genera empleo

     

    El exministro de Economía y ex titular del Banco Central, Alfonso Prat-Gay, cuestionó la falta de rumbo del programa económico y se desmarcó fuerte de dos funcionarios que lo acompañaron durante el macrismo: Toto Caputo y Santiago Bausili.

    «No hay ningún programa económico que enamore si no genera empleo, más producción y exportación», afirmó en un almuerzo organizado por el Rotary Club de Buenos Aires y agregó: «Falta esto en el vocabulario de los que están a cargo de la gestión del Gobierno».

    Las críticas de Prat-Gay no parecen casuales. Coinciden con una profunda molestia de buena parte del establishment con Milei y el rumbo económico que motivo que numerosos economistas salgan a advertir que el dólar está atrasado, lo que desequilibró emocionalmente al ministro Caputo.

    Prat-Gay también apuntó contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus escándalos de corrupción. «Es obvio que estamos en una transición en la que murieron prácticas viejas, como financiar planes sociales sin presupuesto. Lo que no sabemos es si nació lo nuevo. El Gobierno vino a terminar con la casta y lo prebendario, pero el jefe de Gabinete quedó enfrascado en lo que decía que venía a cambiar. Para llevarnos a lo nuevo, los que nos conducen realmente tienen que ser probos y absolutamente éticos», sostuvo.

    El podcast de LPO: La imagen de Milei en caída libre y la apuesta del establishment por Bullrich

    En relación con la economía, marcó una tensión entre los indicadores macro y la situación cotidiana. «No puede estar bien la macro si la micro está mal. Si el resultado del programa económico es que la micro está mal, entonces está mal el programa», afirmó. También advirtió que el clima social tiende a deteriorarse, con sectores que mejoran y otros que enfrentan un cuadro más complejo.

    El Gobierno subestimó la inercia inflacionaria en un país de alta inflación y sigue sin interpretarlo bien. No solo hay que mirar el equilibrio fiscal y la emisión cero. También se intentó esto con el gobierno de Macri y no funcionó.

    Sobre la sostenibilidad del esquema, identificó dos puntos críticos. El primero es la imposibilidad de acceder al financiamiento externo. «Es paradójico que un gobierno libertario que cumplió todo lo que le pidió Wall Street no logró acceder al mercado internacional de deuda», señaló. 

    En ese contexto, remarcó que el país enfrenta compromisos en moneda extranjera por unos USD 20.000 millones anuales, sin acceso al refinanciamiento y con reservas internacionales netas negativas.

    Frente a ese escenario, fue categórico: «No es sostenible», y aclaró que el superávit comercial de bienes no compensa el resultado negativo cuando se incluyen servicios en la balanza de pagos.

    El segundo eje que destacó es la falta de confianza en la moneda local. «La gente no quiere pesos», sintetizó. A partir de allí, describió un mecanismo que se retroalimenta: sin demanda de dinero no hay crédito, sin crédito no hay reactivación, y sin reactivación no se acumulan reservas. «Es el perro que se come la cola», graficó.

    En ese marco, planteó una duda central sobre el programa económico: «¿Qué pasa que los argentinos no terminan de confiar en el peso y qué pasa que los acreedores externos no terminan de confiar en el programa? Mientras no se resuelva esto, vamos a estar en una situación muy frágil».

    También cuestionó la dinámica inflacionaria. Señaló que, a casi 30 meses de gestión, la inflación mensual se ubica en torno al 3%, por encima de otras experiencias comparables. «El Gobierno subestimó la inercia inflacionaria en un país de alta inflación y sigue sin interpretarlo bien. No solo hay que mirar el equilibrio fiscal y la emisión cero. También se intentó esto con el gobierno de Macri y no funcionó», afirmó.

    A su vez, observó una falta de coordinación en la estrategia económica. «Los programas tienen que ir sincronizados. Si es shock en lo fiscal, debería ser shock en lo monetario, y viceversa», indicó.

    En defensa de su propia gestión, explicó: «No había ningún margen para hacer un shock fiscal cuando yo era ministro. Teníamos a la expresidente [Cristina Kirchner] vivita y coleando, compitiendo por una banca, no estaba presa. Además, lo que pedía el soberano en ese momento es distinto a lo que pide ahora. La audacia de Milei fue leer bien lo que pedían y avanzar rápido en lo fiscal».

    Finalmente, si bien no descartó que el programa pueda consolidarse, advirtió que hoy faltan condiciones clave para lograrlo, como crecimiento sostenido y una mejora en la distribución territorial del desarrollo. Cerró con una advertencia: «Que Dios no permita que resucite lo viejo, pero en primer lugar el Gobierno tiene que lograr que no pase.»

     

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    Se apaga una fábrica histórica: Tía Maruca deja de producir y expone la crisis del modelo Milei

     

    La emblemática marca nacional de galletitas dejó de fabricar en su planta principal y pasó a tercerizar su producción en medio de la caída del consumo, el aumento de costos y la falta de financiamiento. Otro golpe a la industria argentina que desnuda el impacto real del ajuste.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    La postal se repite con una insistencia alarmante: fábricas que se achican, líneas de producción que se apagan y marcas históricas que dejan de fabricar. Esta vez, el golpe lo da Tía Maruca, una de las firmas más reconocidas del rubro alimenticio, que decidió dejar de producir en su planta principal de San Juan y migrar a un esquema de tercerización para intentar sobrevivir.

    Detrás de la decisión, lejos de cualquier relato épico empresarial, aparece un combo conocido: caída del consumo interno, aumento sostenido de costos y dificultades para acceder al crédito. Una radiografía que coincide, punto por punto, con el deterioro económico que atraviesa el país bajo el modelo de Milei.

    La planta de Albardón, que llegó a emplear a cerca de 300 trabajadores, ya no producirá las clásicas galletitas que supieron ganar mercado frente a gigantes del sector. En su lugar, funcionará elaborando productos para terceros, mientras la marca intentará sostenerse mediante producción externalizada.

    No es un cierre total en términos formales, pero sí un retroceso industrial evidente: la pérdida de producción propia implica menor valor agregado, menor integración productiva y mayor dependencia de terceros.

    La industria en retirada

    El caso de Tía Maruca no es aislado ni repentino. La empresa arrastraba problemas desde hace años, incluyendo un concurso preventivo en 2019 y el cierre de otra planta en Chascomús en 2025 con despidos incluidos.

    Sin embargo, el contexto actual aceleró el desenlace. La caída del consumo masivo —producto del ajuste, la pérdida del poder adquisitivo y la recesión— impactó de lleno en alimentos básicos, incluso en segmentos populares como las galletitas.

    A eso se suma el incremento de insumos clave como harina y azúcar, que comprimió márgenes hasta volverlos inviables, y un sistema financiero que no ofrece crédito accesible para sostener o modernizar la producción.

    El resultado es previsible: empresas que, ante la imposibilidad de sostener la producción, optan por achicarse, tercerizar o directamente cerrar.

    El “costo invisible” del ajuste

    El discurso oficial insiste en mostrar orden fiscal y equilibrio macroeconómico. Pero detrás de esos números, la economía real muestra otra cara: desindustrialización progresiva y pérdida de capacidad productiva nacional.

    Cuando una empresa deja de producir, aunque siga existiendo como marca, el daño es profundo. Se pierden encadenamientos productivos, se debilitan economías regionales y se precariza el empleo, incluso cuando no hay despidos inmediatos.

    En San Juan, la planta seguirá operativa, pero ya no como motor de una marca nacional, sino como proveedor para terceros. Es decir: menos industria propia y más lógica de subsistencia.

    El caso de Tía Maruca se suma así a una lista cada vez más extensa de empresas que retroceden en su escala productiva. Y plantea una pregunta incómoda: ¿cuántas “reconversiones” más hacen falta para reconocer que el problema no es empresarial, sino estructural?

    La respuesta, por ahora, se cocina en silencio, mientras otra línea de producción se apaga.

     

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