De noche, en el
patio de mi hogar, con celular en mano, abro facebook y leo una
reflexión de un amigo de Valcheta que dice: “Quiero volver a
sonreír y ver rostros alegres por la calle. Quiero sentir olor a
asado los fines de semana en casas de los vecinos. Quiero sentir que
este país tiene futuro…” Este amigo, Yamil Mortada, refleja con
profunda sensibilidad las sensaciones que experimentamos quienes
queremos un país más justo.
De pronto, en el
silencio nocturno aparece volando un bicho ruidoso, que dicen que
aparece antes del agua; es un bicho helicóptero o libélula. Y
pensando en la idea del olor a asado que refleja mi amigo, junto al
insecto volador, me permito reseñar cuestiones que han dado vueltas
estos días, acerca de las teorías que acusan “golpismo” o “club
del helicóptero.”
El mandato del Poder
Ejecutivo (Presidente) en nuestra Constitución Nacional dura 4 años
con la posibilidad de reelección por un solo período (Art. 90 de la
CN).
Pero la propia Carta
Magna, suponiendo eventualidades que pueden ocurrir en la vida
democrática de la república, y también con nuestros
representantes, prevé mecanismos que son CONSTITUCIONALES, LEGÍTIMOS
e INSTITUCIONALES.
Así el Art. 88 dice
que: “…en caso de enfermedad, ausencia, muerte, renuncia o
destitución del Presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el
vicepresidente de la Nación.” Y agrega que en caso de destitución,
muerte, dimisión o inhabilidad del Presidente y vicepresidente, el
Congreso designará a un funcionario público para hacerse cargo de
la Presidencia, hasta que cese la inhabilidad o sea designado en
elecciones un nuevo mandatario.
Y cuando la Carta
Magna habla de destitución del Presidente, refiere al procedimiento
de juicio político, donde la Cámara de Diputados acusa y el Senado
juzga, siempre que se trate de “…mal desempeño o por delito en
el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes…”
Así tenemos, que
este especial proceso constitucional requiere que la Cámara de
Diputados forme acusación con una mayoría especial: 2/3 de sus
miembros presentes. Y luego el Senado garantizando el debido derecho
de defensa del acusado, podrá declarar su culpabilidad con
destitución, pero también con una mayoría especial: 2/3 de sus
miembros presentes (Arts. 53, 59 y 60).
Cabe recordar que el
Art. 36 incorporado al bloque constitucional en la reforma del año
1.994, determina que la Constitución mantendrá su imperio aun
cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el
orden institucional y el sistema democrático. Esta cláusula de
defensa de la democracia sanciona que los actos de levantamiento
serán insanablemente nulos, y sus autores o cómplices serán
considerados traidores a la patria con inhabilitación perpetua para
ocupar cargos públicos y demás penas que correspondan.
Desde el retorno de
la democracia en 1.983 y aun pasando por la hiperinflación de
Alfonsín y los dramáticos episodios de 2.001, nuestra
institucionalidad democrática ha podido superar dichas
circunstancias sin que se haya quebrado el orden constitucional.
Por eso, suponer que
el Presidente de la Nación, pueda cesar su mandato antes de tiempo,
no supone de ninguna manera tolerar una acusación de ser golpista o
destituyente, cuando, como ya se señaló, la propia Constitución
prevé hipótesis y supuestos personales o políticos que determinan
el cese anticipado del mandato mediante mecanismos institucionales,
democráticos y republicanos.
Que lindo que es el
olor a asado, que lindo que es el asado que invita a reunión, que
linda que es la argentinidad al palo.
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) denunció que el régimen de concesiones viales con cobro de peaje que impulsa el gobierno de Javier Milei es «inconstitucional» y prevén presentaciones judiciales para frenar futuras licitaciones.
«Es volver a un régimen nefasto que fracasó en los 90», dijo a LPO el titular del Conaduv, Ricardo Lasca, que habló de un sistema de «falso peaje» porque no hay tránsito para implementarlo ni se vuelca lo que se recauda al camino.
«Vulnera la Constitución, al no contemplar la existencia de caminos alternativos libres de pago. Esta omisión implica una restricción indirecta al derecho constitucional de libre tránsito por el territorio nacional», denunciaron en Conaduv.
En concreto, denuncian que los pliegos licitatorios solo contemplan tareas de mantenimiento de rutina (corte de pasto, limpieza y conservación), pero sin exigir una ampliación de las rutas a concesionar.
De Capital a Bahía Blanca, van a existir ocho peajes y un camión va a pagar 35 millones de pesos por año sólo de peajes
Eso, mientras se prevé triplicar las tarifas y sumar 54 estaciones de peaje a las que ya existen, lo que representaría una frecuencia promedio de una estación cada 97 kilómetros.
«El camión se multiplica por eje, va a pagar de 25 mil a 30 mil pesos en cada estación. De Capital a Bahía Blanca, van a existir ocho peajes y un camión va a pagar 35 millones de pesos por año sólo de peajes», ejemplificó Lasca.
Otra irregularidad detectada es que el sistema de concesiones a 30 años que promueve el libertario no estipula un ente regulador, que debería tener dado que las concesiones viales tienen carácter de servicio público.
Esa es otra de las razones por las que en la entidad analizan presentar una cautelar para detener el avance de licitaciones al menos hasta que se conforme por ley un ente regulador que integre a los usuarios.
Sin embargo, señaló que los planteos deberían ser canalizados a través del Defensor del Pueblo de la Nación, cargo sin cubrir hace 16 años y que recién por estos días se está discutiendo en el Congreso.
Por eso, al momento hicieron una presentación vía el defensor del Pueblo del Chaco pero el trámite judicial se paralizó porque un defensor del Pueblo provincial no tiene legitimidad federal. También se presentó un amparo en Gualeguaychú para que se suspenda el cobro de peajes en todas las rutas nacionales pero no prosperó.
En Conaduv analizan hacer una presentación judicial para detener el avance de licitaciones al menos hasta que se conforme por ley un ente regulador que integre a los usuarios.
En Conaduv señalaron que el Gobierno recauda por año alrededor de 3.000 millones de dólares en concepto de Impuesto al Combustible que debería volcar a la red vial y que, desde la llegada de Milei, no destinó un peso. «Son desviados hacia otros fines presupuestarios, configurando una forma de malversación», acusaron.
LPO contó que, en contradicción con el relato libertario, la primera concesión tendrá un fuerte financiamiento del Estado a partir de créditos a tasas subsidiadas del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) que depende de Economía.
Se trata de las rutas 12 y 14, que tuvieron como gran ganador de la licitación a José Cartellone, empresario que está siendo juzgado en Cuadernos por 10 pagos de sobornos y que, si resulta condenado, el Estado debería revocarle la concesión.
«Se están premiando a empresas de la patria contratista», dijo Lasca para marcar otra contradicción del relato libertario, que hablaba de «Cámara Argentina de la Corrupción» al referirse a las constructoras contratistas del Estado.
Al advertir que «las obras de envergadura para evitar los choques frontales no se van a ver» con el sistema impulsado por Milei, Lasca sostuvo que el sistema de peaje es inviable económicamente debido al bajo caudal de tránsito.
«En más de 35 años no se hizo un solo kilómetro de camino nuevo, lo poco que se hizo fue con fondos del Estado nacional o de las provincias», agregó el titular de Conaduv, que se había reunido por este tema con el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos. «Da bronca cómo nos mintieron», expuso.
En Conaduv pretenden que Vialidad Nacional -organismo que Milei intentó disolver-«reasuma la administración, mantenimiento y desarrollo de la red vial, priorizando un modelo de gestión pública transparente, con control ciudadano y destino específico de los fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles para obras».
El juez federal Gastón Salmain jugó muy fuerte este martes al ser finalmente indagado por cohecho en Rosario. Llegaba acusado de haber pedido un soborno para autorizar a un fideicomiso a comprar 10 millones de dólares en plena vigencia del cepo cambiario para pagar deudas financieras en el exterior. En un primer descargo negó haber cometido ningún delito y sostuvo que lo acusaban sin pruebas. Pero lo fundamental es que alegó que él ya había adoptado una resolución idéntica en un caso anterior. Y que sus superiores de la Cámara Federal de Rosario avalaron su criterio.
El caso que citó como antecedente es un amparo realizado por abogados del diario La Capital de Rosario que solicitaban en la misma época adquirir dólares en el mercado único libre de cambios (MULC), es decir a valor oficial, para pagar deudas contraídas en la compra del medio al Grupo América. Salmain hizo lugar a ese pedido. Reguló honorarios para el patrocinante que es el abogado Jorge Mattos, socio del estudio jurídico que tiene directores en el diario conocido como decano de la prensa argentina. Y remarcó que dos camaristas federales validaron su resolución.
El día que allanaron el despacho de Salmain a los investigadores les llamó la atención que sobre el escritorio estaba, impreso en papel, el escrito donde los abogados de La Capital presentan una mera declarativa para que se dicte luego una cautelar autorizando al MULC a vender dólares para cancelar deudas en moneda extranjera con su acreedor.
Entre cientos de trámites que se disponen en ese juzgado, Salmain tenía precisamente ese sobre su escritorio cuando llegaron a requisarlo. Cierto que podía ser para preparar su defensa, como lo hizo al ser indagado hoy, pero también parece insinuado el envío de un mensaje. Los investigadores saben que Salmain mantuvo una relación estrecha con abogados de ese estudio jurídico. Suponen que quiso orejear esa carta y también mandar recados hacia arriba. En el sentido de que si él procedió de modo criticable en su decisión judicial, también lo hicieron quienes lo avalaron.
¿Por qué llegó acusado Salmain? Los cuatro fiscales que investigaron este caso sospechan que los 10 millones de dólares o parte de ellos comprados a precio oficial fueron vendidos por el fideicomiso Atilla al valor blue lo que generó una suculenta ganancia por la diferencia de cambio. El fideicomiso lo explotaba el financista rosarino Fernando Whpei quien hoy está en prisión domiciliaria por distintas causas penales, una de ellas una extorsión a un par de agentes bursátiles en coordinación con el ex juez federal Marcelo Bailaque. Whpei al declarar como arrepentido dijo que para habilitar la cautelar Salmain solicitó un retorno del 10 por ciento surgido de la diferencia de cambio entre los billetes tomados en el oficial y vendidos en el blue. Y que el encargado de negociarlo fue el escribano y lobista del Poder Judicial Santiago Busaniche.
Salmain plantea que la resolución similar que dio también en 2023 al pool de empresas que compraron La Capital encabezadas por el empresario Gustavo Scaglione (Comunicación 3SA) fue avalada por los camaristas Aníbal Pineda y Silvina Andalaf.
En su descargo, que hizo junto a sus abogados Ignacio Carbone y Gustavo Feldman, Salmain trituró a Whpei, a quien calificó como un «arrepentido serial». Dijo que su testimonio lo inventó a cambio de una promesa de no quedar detenido en una cárcel común. También alegaron que no basta en un caso de cohecho que el soborno se concrete, sino que el delito se comete cuando el funcionario pide la coima. Y que no hay ninguna evidencia de que él haya pedido nada.
«Es una cuestión de interpretación eso. Para algo existen los valijeros, de modo que el funcionario no haga él mismo la transacción. Pero acá lo inusual fue la medida que tomó que para el BCRA y para muchos espectadores fue disparatada», comentó a LPO un abogado que analiza de muy cerca este pleito.
El empresario Fernando Whpei.
Salmain plantea que la resolución similar que dio también en 2023 al pool de empresas que compraron La Capital encabezadas por el empresario Gustavo Scaglione (Comunicación 3SA) fue avalada por los camaristas Aníbal Pineda y Silvina Andalaf y la disidencia de Fernando Barbara. En esa demanda mera declarativa los abogados solicitaban al Banco Macro la venta de 2.282.000 dólares para pagar al Grupo América por la transferencia de La Capital Medios SA. El Banco Macro rechazaba el planteo. Salmain hizo lugar al pedido de La Capital.
Fuentes del BCRA consideraron una estratagema defensiva traer a colación este caso. Indicaron a LPO que si bien hubo medidas similares en distintas jurisdicciones ante demandas de firmas que pedían comprar dólares a precio oficial en el mercado libre ninguna fue como la del fideicomiso Attila donde el BCRA quedaba obligado, por la resolución de Salmain, a entregar dólares billetes en efectivo. «Se quiere disfrazar la maniobra con una mentira de patas cortas. Sobre todo porque en el caso que se cita (el de La Capital) el demandado no es el Banco Central sino el Banco Macro. El Central solo es citado como tercero».
Salmain dijo ser blanco de una campaña de persecución, de un armado donde situó como instigadores a algunos medios de prensa, en particular a LPO por las notas publicadas en torno de sus actos públicos. Afirmó que no se había pedido diferir la indagatoria que se hizo este martes por problemas de salud de los que dijo no estar repuesto pero que lo hizo, por zoom, por su obligación institucional. Adujo que su temperamento como juez es resolver con celeridad extrema y que eso acarrea malestar entre sus colegas que alimentan la adversidad en su contra.
Fuentes del BCRA consideraron una estratagema defensiva traer a colación el caso de La Capital. Indicaron a LPO que si bien hubo medidas similares ante demandas de firmas que pedían comprar dólares a precio oficial, ninguna fue como la del fideicomiso Attila donde el BCRA quedaba obligado, por la resolución de Salmain, a entregar dólares billetes en efectivo.
Los fiscales Juan Argibay Molina, Federico Reynares y Sergio Rodríguez habían solicitado que se indague a Busaniche, Whpei y al juez Salmain «por haber formado parte de una instancia asociativa destinada a cometer delitos, dentro de la cual entre el mes de septiembre del año 2023 y hasta abril del año 2024, pergeñaron la salida a cuentas en el exterior de USD$10.000.000, mediante la manipulación contraria a derecho de un expediente judicial radicado en el Juzgado Federal N°1 de Rosario».
Los fiscales señalaron Busaniche, por su aporte operativo, y el Salmain, por su aporte como magistrado a cargo de la causa, solicitaron el pago del diez por ciento de la diferencia del tipo de cambio al momento de la operación entre el dólar oficial y el dólar blue, suma que ascendía aproximadamente a 200.000 dólares. Es así que, para cumplir con el plan criminal, dijeron, Salmain se reunió previamente con Whpei al menos una vez en su despacho el 2 de septiembre de 2023, donde el financista le hizo entrega del escrito que presentarían, y el magistrado se manifestó sobre su viabilidad técnica solicitando que lo demás lo arreglara con Busaniche.
El juez a cargo de la indagatoria, Carlos Vera Barros, tiene diez días para resolver la situación procesal, vale decir procesar o dictar falta de mérito. Le mantuvo el estado de libertad lo que es una formalidad a derecho porque a Salmain lo amparan sus fueros como juez que le dan inmunidad de arresto.
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