De noche, en el
patio de mi hogar, con celular en mano, abro facebook y leo una
reflexión de un amigo de Valcheta que dice: “Quiero volver a
sonreír y ver rostros alegres por la calle. Quiero sentir olor a
asado los fines de semana en casas de los vecinos. Quiero sentir que
este país tiene futuro…” Este amigo, Yamil Mortada, refleja con
profunda sensibilidad las sensaciones que experimentamos quienes
queremos un país más justo.
De pronto, en el
silencio nocturno aparece volando un bicho ruidoso, que dicen que
aparece antes del agua; es un bicho helicóptero o libélula. Y
pensando en la idea del olor a asado que refleja mi amigo, junto al
insecto volador, me permito reseñar cuestiones que han dado vueltas
estos días, acerca de las teorías que acusan “golpismo” o “club
del helicóptero.”
El mandato del Poder
Ejecutivo (Presidente) en nuestra Constitución Nacional dura 4 años
con la posibilidad de reelección por un solo período (Art. 90 de la
CN).
Pero la propia Carta
Magna, suponiendo eventualidades que pueden ocurrir en la vida
democrática de la república, y también con nuestros
representantes, prevé mecanismos que son CONSTITUCIONALES, LEGÍTIMOS
e INSTITUCIONALES.
Así el Art. 88 dice
que: “…en caso de enfermedad, ausencia, muerte, renuncia o
destitución del Presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el
vicepresidente de la Nación.” Y agrega que en caso de destitución,
muerte, dimisión o inhabilidad del Presidente y vicepresidente, el
Congreso designará a un funcionario público para hacerse cargo de
la Presidencia, hasta que cese la inhabilidad o sea designado en
elecciones un nuevo mandatario.
Y cuando la Carta
Magna habla de destitución del Presidente, refiere al procedimiento
de juicio político, donde la Cámara de Diputados acusa y el Senado
juzga, siempre que se trate de “…mal desempeño o por delito en
el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes…”
Así tenemos, que
este especial proceso constitucional requiere que la Cámara de
Diputados forme acusación con una mayoría especial: 2/3 de sus
miembros presentes. Y luego el Senado garantizando el debido derecho
de defensa del acusado, podrá declarar su culpabilidad con
destitución, pero también con una mayoría especial: 2/3 de sus
miembros presentes (Arts. 53, 59 y 60).
Cabe recordar que el
Art. 36 incorporado al bloque constitucional en la reforma del año
1.994, determina que la Constitución mantendrá su imperio aun
cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el
orden institucional y el sistema democrático. Esta cláusula de
defensa de la democracia sanciona que los actos de levantamiento
serán insanablemente nulos, y sus autores o cómplices serán
considerados traidores a la patria con inhabilitación perpetua para
ocupar cargos públicos y demás penas que correspondan.
Desde el retorno de
la democracia en 1.983 y aun pasando por la hiperinflación de
Alfonsín y los dramáticos episodios de 2.001, nuestra
institucionalidad democrática ha podido superar dichas
circunstancias sin que se haya quebrado el orden constitucional.
Por eso, suponer que
el Presidente de la Nación, pueda cesar su mandato antes de tiempo,
no supone de ninguna manera tolerar una acusación de ser golpista o
destituyente, cuando, como ya se señaló, la propia Constitución
prevé hipótesis y supuestos personales o políticos que determinan
el cese anticipado del mandato mediante mecanismos institucionales,
democráticos y republicanos.
Que lindo que es el
olor a asado, que lindo que es el asado que invita a reunión, que
linda que es la argentinidad al palo.
Durante este miércoles, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) realizó controles en los supermercados adheridos al programa ‘Carnes’. El objetivo de estas inspecciones fue verificar que los precios sean los establecidos por el gobierno nacional para la Patagonia, controlar el stock disponible y la calidad ofrecida. El resultado fue positivo en la primera…
Donald Trump anunció como «terminadas las hostilidades con Irán» en una carta enviada al Congreso que le permitió evitar el plazo legal que lo obligaba a buscar autorización legislativa para continuar el conflicto iniciado el 28 de febrero.
El mensaje fue dirigido al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al presidente pro tempore del Senado, Chuck Grassley, justo cuando se cumplían los 60 días desde la notificación formal del inicio de las operaciones militares, el límite fijado por la Resolución de Poderes de Guerra de 1973.
Esa normativa establece que el presidente debe cesar el uso de las Fuerzas Armadas pasado ese plazo, salvo que el Congreso autorice la intervención o habilite una prórroga para la retirada de tropas.
Sin embargo, ninguna de esas opciones se concretó: el Senado volvió a rechazar un nuevo intento de los demócratas para frenar el conflicto y los legisladores se retiraron de Washington por una semana.
De todas formas, la Casa Blanca sostuvo que el plazo no corresponde porque las hostilidades ya habían cesado con el cese al fuego alcanzado a comienzos de abril. «No ha habido intercambio de disparos entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril de 2026. Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han cesado», afirmó Trump en la carta.
No ha habido intercambio de disparos entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril de 2026. Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han cesado
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, respaldó esa postura al señalar que el cese al fuego implica que el «reloj de 60 días se pausa o se detiene».
Chuck Grassley, preisdente protempore del Senado de EEUU.
Desde la oposición, el senador demócrata Tim Kaine advirtió que el estatuto no respalda esa lectura, mientras que su colega Richard Blumenthal sostuvo que «no hay botón de pausa en la Constitución ni en la Ley de Poderes de Guerra».
No obstante, mas allá de declarar el fin de las hostilidades, la propia carta reconoce que la amenaza iraní «sigue siendo significativa» y que las operaciones buscan «asegurar una paz duradera».
En paralelo, la Armada de Estados Unidos mantiene un bloqueo naval para impedir la salida de petroleros iraníes, mientras Teherán conserva el control del estratégico estrecho de Ormuz.
Antes de viajar a Florida, Trump descartó pedir autorización al Congreso y reprochó que «ningún otro presidente lo ha pedido antes. Nunca se ha usado antes. ¿Por qué deberíamos ser diferentes?». Además, volvió a calificar la norma como «totalmente inconstitucional», una postura que ya habían sostenido mandatarios como Bill Clinton y Barack Obama.
El ministerio de Capital Humano homologó sin modificaciones el acuerdo salarial que habían celebrado la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) en representación de los trabajadores, y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), en representación de los empresarios.
El acuerdo paritario que había anunciado FAECYS contempla para el primer trimestre un incremento del 5% distribuido de forma escalonada de la siguiente manera: un 2% en abril, un 1,5% en mayo y un 1,5% en junio. Asimismo, se estableció el pago de un bono extraordinario de $120.000 para los trabajadores de todas las categorías, y una contribución empresarial por la vigencia de convenio de 28 mil pesos por cada trabajador de comercio.
Al respecto, el secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, señaló que «este acuerdo es el resultado de un diálogo maduro y responsable. Somos plenamente conscientes de la difícil situación que atraviesa la economía y que impacta directamente tanto en el bolsillo de los trabajadores como en la operatividad de las pymes y los comercios de cercanía».
A eso agregó: «Uno de los puntos era el valor de la cuota solidaria, que con la excusa de una modernización se pretendía asfixiar a los sindicatos. La discusión quedó saldada con la medida cautelar que fijó el Juzgado Federal N 2 de San Martin, al suspender la aplicación de los artículos 131 y 133 de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, dando continuidad a todas las cláusulas convencionales y que establece que las empresas deben mantener la retención y el depósito de las contribuciones solidarias pactadas, fundamentales para el funcionamiento de las organizaciones gremiales».
Lula sufrió un duro revés político. El Senado de Brasil le rechazó a Lula la nominación de Jorge Messias para ocupar una vacante en el Supremo Tribunal Federal, algo que no ocurría desde 1894.
La votación terminó con 42 votos en contra y 34 a favor, cuando se necesitaban al menos 41 respaldos entre los 81 senadores.
Messias, de 46 años y actual jefe de la Abogacía General de la Unión (AGU), era una apuesta personal de Lula para reemplazar a Luís Roberto Barroso, quien dejó anticipadamente su lugar en la Corte.
Sin embargo, desde el inicio su postulación encontró fuerte resistencia dentro del Senado, especialmente por parte del presidente de la Cámara Alta, Davi Alcolumbre, que impulsaba el nombre de Rodrigo Pacheco, ex presidente del cuerpo.
La Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) había logrado una aprobación ajustada -16 votos a 11-, sin embargo, el pleno del Senado terminó rechazándolo en voto secreto.
Tras esta derrota, el gobierno de Lula desplegó una intensa operación política para salvar la nominación, pero no alcanzó. Reuters destacó que Lula se convirtió así en el primer presidente brasileño en más de un siglo en ver caer a su candidato para la máxima corte por decisión del Congreso.
Jorge Messias,
El episodio también refleja la creciente tensión entre el Ejecutivo, el Legislativo y el propio STF y fue utilizado por la oposición bolsonarista como una ofensiva política contra el máximo tribunal y el Gobierno a quien acusan de haber pactado para encarcelar a Jair Bolsonaro en medio de un clima preelectoral cada vez más polarizado.
Tras esta derrota, el gobierno de Lula desplegó una intensa operación política para salvar la nominación, pero no alcanzó. Reuters destacó que Lula se convirtió así en el primer presidente brasileño en más de un siglo en ver caer a su candidato para la máxima corte por decisión del Congreso.
Los senadores bolsonaristas plantearon postergar la cobertura de la vacante con la expectativa de una eventual victoria de la derecha en las presidenciales de octubre pero finalmente el líder brasileño tendrá que presentar otro nombre.
De esta manera, para Lula, el impacto va más allá del revés institucional sino expone una pérdida de capacidad de negociación en el Senado y fortalece a figuras de la oposición como Flávio Bolsonaro en la pelea por la presidencia que tendrá lugar en octubre.
Fuentes del gobierno de brasileño afirmaron a LPO que la relación con el Senado está rota pero no descartan que Lula termine impulsando a Rodrigo Pacheco que, paradójicamente, es el candidato a gobernador del líder del Partido de los Trabajadores para la gobernación de Minas Gerais.
La crisis de lectura actual no se explica por una “falta de hábito”, sino por el síntoma de una ocupación territorial: el tiempo —el insumo básico para la construcción de sentido— ha sido colonizado por un complejo entramado de precarización laboral, gestión algorítmica y extractivismo atencional. Los datos de la última encuesta nacional de consumos culturales muestran que la proporción de la población argentina que leyó al menos un libro (físico o digital) en el año pasó del 57 por ciento en 2013 al 51 por ciento en 2022. A esto se le suman los datos de Cámara Argentina del Libro (CAL): el 80 por ciento de las editoriales declaró haber vendido menos libros durante 2024 y 2025 que en el año previo.
Leer un libro hoy demanda ejercer una violencia deliberada contra la propia agenda. Es una operación de sabotaje contra un sistema que penaliza la improductividad y fragmenta la concentración. Esta crisis no es estética, es de soberanía sobre el propio tiempo. Como sostiene Jonathan Crary, el sistema actual avanza hacia la colonización total de las horas del día, erosionando cualquier intervalo de inactividad como si fuera un residuo a eliminar. El “tiempo improductivo”, escribe, es “una interrupción intransigente del robo de tiempo que el capitalismo ejerce sobre nosotros”.
Leer un libro no es mejor ni peor que otras formas de usar el tiempo libre. Pero tiene algo que la mayoría de esas formas perdieron: exige estar entero. Mientras uno lee, los ojos siguen la línea, las manos sostienen el libro, la respiración se acomoda al ritmo de las frases. No hay pantalla que parpadee, notificación que interrumpa, algoritmo que adivine la página siguiente. Ese tiempo no se fragmenta, no se acelera, no se extrae. Es de uno y no le sirve a nadie más.
La lectura no es una marca de un culto de iniciados. Es una herramienta política y social, un entrenamiento en la demora del juicio. Mientras el algoritmo nos empuja a decidir en fracciones de segundo —me gusta, no me gusta, siguiente—, un libro obliga a sostener una frase, un párrafo o un argumento que puede tardar cien páginas en cerrarse. Ese ritmo pausado es una forma de resistencia cognitiva al cortoplacismo que domina el debate público. La lectura nos prepara mejor para seguir razonamientos complejos, para detectar contradicciones, para no morder el anzuelo de una consigna. En una época donde la política se reduce a titulares y tuits, leer sostiene la posibilidad de pensar de otra manera.
Esa ocupación del tiempo se materializa a través de lo que Nick Srnicek caracterizó como “capitalismo de plataformas”. Las grandes empresas tecnológicas funcionan como nuevas infraestructuras digitales cuya principal materia prima es la extracción masiva de datos de comportamiento, que luego se procesan para predecir y modular nuestras acciones. Shoshana Zuboff acuñó el término “excedente conductual” para profundizar esta idea y describir cómo las plataformas no solo extraen datos sino que fabrican productos de predicción sobre nuestro comportamiento futuro, compitiendo en “mercados de futuros conductuales”. Su diagnóstico es contundente: el poder de estas corporaciones ya no se limita a conocernos, sino a modificarnos.
Ante este panorama, la lucha por la lectura es inseparable de la lucha por la soberanía sobre la atención. La crisis de la lectura no es, en este sentido, una crisis de gustos o de hábitos; es una crisis del propio tiempo, de nuestra disponibilidad hacia y para nosotros mismos, de nuestra capacidad de moldearnos de maneras alternativas.
Para que alguien abra un libro hoy, debe ganar una guerra en tres frentes. No es una metáfora: es una disputa por la base material de la existencia humana. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con jerarquía constitucional, reconoce explícitamente el derecho de toda persona “al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren”, entre otras cosas, “descanso, disfrute del tiempo libre y limitación razonable de las horas de trabajo”.
I. Frente remunerado: la jornada sin muros
El empleo mutó en una “jornada total”. La tecnología eliminó la barrera física de la oficina, pero el marco legal argentino —tras las reformas laborales comprendidas en la ley bases y “modernización laboral”— profundizó este sendero imponiendo nuevas modalidades de flexibilización de la jornada: el banco de horas, la desregulación de la jornada a tiempo parcial, la exclusión del límite diario y semanal para determinadas actividades y la ampliación indiscriminada de las facultades del empleador.
A ello debemos sumar al menos dos factores trascendentales. En primer lugar, el 43 por ciento de los ocupados en Argentina lo hace de manera informal, es decir, unas 8,9 millones de personas sin derechos laborales y, en la mayoría de los casos, en condiciones de mayor precariedad, sin límite legal de la jornada. Y a esto se le suma que, en los últimos ocho años, la cantidad de personas con más de una ocupación aumentó en más de un 40 por ciento, según datos relevados por el Centro CIFRA. Y de los pluriempleados, según estudios del FCE-UBA, más del 60% trabaja en aplicaciones de plataforma.
El derecho a la desconexión
Según estudios realizados por consultoras laborales alrededor del 40 por ciento de los argentinos tiene dificultades para desconectarse del trabajo fuera del horario laboral y casi un 80 por ciento dice estar estresado en su trabajo.
La Ley de Teletrabajo da una respuesta concreta: establece que el empleador no puede remitir comunicaciones fuera de la jornada laboral, que el trabajador tiene derecho a no contestar, regula la desconexión digital e incorpora el derecho a interrumpir la jornada de trabajo por tareas de cuidado. Este derecho alcanza —al menos hasta el 1 de enero de 2027, fecha en la cual quedará derogada por la Ley de Modernización Laboral— a quienes trabajan en relación de dependencia en establecimientos ajenos al empleador, mediante las tecnologías de la información y comunicación, con excepción de quienes lo hagan en forma esporádica u ocasional.
Europa reguló este derecho a través de la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital del año 2023, mediante el compromiso de “velar por que toda persona pueda desconectar y beneficiarse de salvaguardias para asegurar el equilibrio entre vida privada y vida laboral en un entorno digital”. En el caso español se encuentra regulado desde 2018 para trabajadores del sector público y privado el “derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar”.
Management algorítimico y gig economy
Ya son alrededor de un millón las personas que trabajan como repartidores o conductores de aplicaciones en Argentina según distintas estimaciones. Este crecimiento ocurre en paralelo con el aumento de la desocupación, según datos del INDEC, que aumentó al 7,5% a fines de 2025, el nivel más alto desde la pandemia, afectando a casi 1,7 millones de personas.
Las plataformas digitales de trabajo organizan, controlan y evalúan a sus trabajadores mediante sistemas de gestión algorítmica, tal como lo define la OIT. Los algoritmos miden la productividad, los tiempos de respuesta, la disponibilidad y las calificaciones de los clientes para asignar tareas, rutas y premios o castigos, con una opacidad que impide cuestionar sus decisiones. Quien rechaza pedidos, cancela tareas o se toma días de descanso ve caer su calificación, lo que se traduce en menos ofertas de trabajo, horarios menos rentables, zonas de reparto más alejadas e incluso la desactivación de su cuenta. El resultado es una disponibilidad perpetua: los trabajadores deben estar constantemente conectados y disponibles para no ser expulsados del sistema.
En nuestro país, la Ley de Modernización Laboral establece en su primer artículo que los prestadores independientes de plataformas tecnológicas se encuentran excluidos de la protección de la normativa laboral. También crea un régimen específico para regular sus condiciones de trabajo aunque no garantiza ningún derecho en particular. La norma, además de ir en sentido contrario a todas las regulaciones del mundo (una directiva del Parlamento Europeo establece la presunción de laboralidad en relaciones contractuales mediadas por plataformas), es tan burda que ni siquiera parece entender el sujeto que regula. Si se refiere a trabajadores independientes, entonces no alcanza a ninguno de los trabajadores de plataformas que pretende excluir, porque la totalidad de ellos se manejan bajo las directivas, organización y sanciones de la empresa para la que prestan tareas.
II. Frente no laboral: el extractivismo de la atención
Las plataformas digitales piensan sus interfaces para que sea difícil salir de ellas. Comprar un producto lleva a ver otros; terminar un video lleva a otro que empieza solo; cerrar una sesión requiere encontrar el botón gris entre opciones brillantes. Una arquitectura está diseñada para la permanencia. El promedio de exposición a pantallas en Argentina alcanza las 9 horas diarias. La cifra incluye navegación, redes sociales, streaming, compras y teletrabajo. También incluye el tiempo que se pierde antes de empezar a leer un libro.
Esa permanencia forzada se logra con herramientas de diseño. La legislación europea llama dark patterns (patrones oscuros) a las “prácticas que distorsionan o perjudican la capacidad del usuario para tomar una decisión autónoma”. Algunos ejemplos son el botón de rechazo de cookies en gris y en esquina inferior izquierda, mientras el de aceptar es rojo y ocupa el centro de la pantalla; el scroll infinito, que elimina los puntos de parada natural; la autorreproducción de videos que mantiene al usuario mirando contenido que no eligió; los mensajes del tipo “a otros usuarios también les gustó esto” después de una compra; los temporizadores que indican que una oferta expira en tres minutos; los contadores que exigen una apuesta inmediata para no perder la racha.
La Ley de Servicios Digitales (DSA) es la normativa marco en la UE. Allí prohíbe las interfaces engañosas o manipulativas. El reglamento está vigente desde febrero de 2024 y aplica a todas las plataformas que operan en territorio europeo, sin importar su lugar de establecimiento. En 2025, la Comisión inició procedimientos contra TikTok por “diseño adictivo” (addictive design). En febrero de 2026, notificó a Meta su conclusión preliminar de que el diseño de Facebook e Instagram violaba la DSA. Las multas previstas alcanzan hasta el 6% del ingreso global anual de la plataforma (un vuelto para los márgenes de ganancia que tienen).
La DSA, sin embargo, es insuficiente. El Parlamento Europeo y organizaciones de consumidores señalan que la norma tiene lagunas en materia de diseño adictivo, cancelación de suscripciones, transparencia en la personalización de precios y protección de menores frente a la gamificación. La Comisión Europea anunció la preparación de una nueva Ley de Equidad Digital (DFA), cuya propuesta se espera para el cuarto trimestre de 2026 y apunta a prohibir expresamente el diseño adictivo y a regular la personalización explotativa. La ley fue objeto de una consulta pública que recibió más de 5 mil respuestas. El 70 por ciento de los consultados apoyó reglas vinculantes sobre patrones oscuros y diseño adictivo.
En Argentina, los dark patterns no están explícitamente mencionados, definidos ni prohibidos por una ley específica. Sin embargo, el marco normativo vigente ofrece algunas herramientas para enfrentarlos, aunque sean indirectas. La Ley de Defensa del Consumidor establece principios que se pueden aplicar a los entornos digitales, como el deber de información clara y la prohibición de prácticas abusivas o engañosas. En el mismo sentido, la Ley de Protección de Datos Personales protege el consentimiento informado, un derecho que los patrones oscuros erosionan al manipular a los usuarios para que acepten condiciones de forma confusa. Pero la ausencia de una ley específica deja un vacío y vulnerabilidad ante estas prácticas de hackeo cerebral y químico que usan los sitios.
Plataformas de apuestas y contenido adulto
Las plataformas de apuestas online presentan la versión más agresiva de ese tipo de diseño. Utilizan sistemas de recompensa variable (ganancias intermitentes impredecibles), notificaciones de “ganancias ficticias” que simulan un premio cuando no lo hubo, contadores de tiempo inverso que presionan para la siguiente apuesta y efectos visuales propios de las máquinas tragamonedas (sonidos, luces, animaciones). Un estudio de la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea identificó estas prácticas como violaciones de la DSA cuando no van acompañadas de advertencias claras y mecanismos de límite de tiempo.
El diseño adictivo alcanza su expresión más concentrada en las plataformas de apuestas online. El tamaño de esa industria ayuda a entender por qué invierte tanto en retener usuarios. En 2025, las apuestas online facturaron 210.750 millones de dólares, con una proyección de 620.330 millones para 2035 (Expert Market Research). Es una industria comparable al PBI de países enteros y su motor es la extracción de atención.
En Argentina, las consecuencias ya son visibles. En 2025, el boletín oficial de Sedronar registró un aumento del 27 por ciento interanual en las consultas por juego compulsivo a la Línea 141, el nivel más alto desde que se empezó a medir. La Cámara de Diputados dio media sanción a fines de 2024 a un proyecto de prevención de ludopatía que restringía la publicidad y el acceso de menores, con 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones. El Senado nunca lo trató y la ley perdió estado parlamentario.
Las plataformas de contenido adulto, cómo OnlyFans, operan bajo la misma lógica de extracción. En 2025 procesó pagos por 7.200 millones de dólares, con ingresos netos anuales de alrededor de 1.600 millones, y cuenta con 4,6 millones de creadores en todo el mundo. Su arquitectura de retención es la misma que en el juego: notificaciones, renovación automática de suscripciones, sentido de exclusividad y urgencia. Pero hay un agravante: el tiempo que se pierde en estas plataformas no se recupera cerrando una ventana. La exposición compulsiva al juego o al contenido adulto deja secuelas: ansiedad, insomnio, deterioro de la concentración, culpa. Y esas secuelas no se resuelven solas. Requieren tiempo de tratamiento, de terapia, de reconstrucción de hábitos. Ese tiempo también es tiempo de vida que no nos pertenece del todo. Las personas quedan atrapadas en un doble trampa: primero la plataforma les ocupan horas con su diseño adictivo; después, las consecuencias les exigen más horas para salir. El algoritmo fue eficaz para enganchar, pero el costo de la reparación lo pagan únicamente los usuarios.
La Unión Europea es la única que reguló las plataformas de contenido adulto. Lo hizo con un plan de verificación de edad que permite acreditar la mayoría de edad sin almacenar datos biométricos para, al menos, proteger a los menores. Aquí la discusión ni siquiera empezó, ni siquiera en fase de proyecto. En todos los casos —apuestas, contenido adulto, redes sociales— la interfaz está programada para que al usuario le cueste salir. Y cuando lo logra, el daño ya está hecho. Ese daño se paga con más tiempo. Y ese tiempo, también, ocupa nuestra disponibilidad y de nuestros entornos.
Es fundamental garantizar que los espacios culturales sigan existiendo con los recursos que necesitan para un funcionamiento pleno. Bibliotecas populares, programas de fomento, ferias, políticas de adquisición estatal. Lo que se necesita, además de estas grandes iniciativas, es sostenerlas con presupuesto y voluntad política. En Argentina, la Ley de Fomento del Libro y la Lectura (2001) creó el Fondo Nacional del Libro, pero su financiamiento ha sido intermitente. La CONABIP, una red de bibliotecas populares que viene funcionando desde el siglo XIX, hoy depende de partidas que no siempre llegan. Sin recursos, los destinos son el descuido, el vaciamiento y la obsolescencia de sus objetivos iniciales.
Por eso, cuando se desfinancia una biblioteca popular o se degrada un organismo rector de políticas de industrias culturales, no es solo un ajuste administrativo. Es una decisión política sobre qué tipo de tiempo libre vale la pena proteger. Y sin ese andamiaje, la lectura queda librada a la capacidad de las personas de siempre esforzarse más o a la potencia de que plataforma logra imponerse con más fuerza. Dos espacios que, hoy, no están de su lado.
III. Frente no remunerado: el tiempo del cuidado
El tiempo también se pierde antes de llegar a la pantalla. El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado —limpiar, cocinar, lavar, ir al supermercado, acompañar al médico, organizar la logística familiar— consume horas diarias. No es trabajo asalariado. Pero ocupa el tiempo.
La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) del INDEC, relevada en 2021 con una muestra de 24.500 viviendas en todo el país y publicada en 2022, es la única fuente estadística que cuantifica esa ocupación. El 92 por ciento de las mujeres encuestadas realiza trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Las mujeres dedican en promedio 6 horas con 31 minutos diarios. Los varones, en cambio, dedican 3 horas con 40 minutos. La encuesta también mide el “tiempo libre”. Las mujeres disponen, en promedio, de 3,1 horas diarias de tiempo libre efectivo. Los varones, 4,6.
Ese trabajo no remunerado tiene valor económico. La Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación publicó en 2022 el informe “Aportes para la valorización del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en la Argentina”. La metodología tomó las horas declaradas en la ENUT y las valorizó a precios de mercado de servicios equivalentes (servicio doméstico remunerado, cuidado de niños, cuidado de adultos mayores). El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa el 15,9 por ciento del PBI. En comparación, la industria manufacturera aporta el 13,2 y el comercio el 13 por ciento. El sector más grande de la economía argentina no paga salarios, no tiene registro, no cotiza jubilación. Cada hora que las mujeres destinan a cuidar es una hora que no está disponible para leer, estudiar o descansar.
La brecha salarial de género es otro factor. La Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género estimó que la brecha salarial promedio es del 27,7 por ciento a desventaja de las mujeres. A menor ingreso, menor capacidad de externalizar el cuidado. El que puede tiene opción de pagar una niñera, una empleada doméstica, una guardería. El que no puede, cuida muchas veces
Volver a la lectura
La caída de la lectura de libros no es un problema de falta de hábito. Es un síntoma. Leer un libro de 250 páginas a un ritmo usual de lectura (una persona promedio lee entre 200 y 250 palabras por minuto) lleva aproximadamente entre 5 y 6 horas. Eso es menos del tiempo que un argentino promedio pasa en pantallas en un solo día. Es menos que las 6 horas y media diarias que una mujer destina a tareas de cuidado no remunerado. Es menos de lo que se pierde en scroll infinito, en notificaciones, en la dificultad de cerrar una sesión porque el botón está en gris. El tiempo para leer existe. Lo que no existe es el tiempo continuo, ininterrumpido, sin interpelaciones.
El problema no se resuelve con autocontrol, apagando el celular una hora antes de dormir. La desconexión individual no cambia la estructura de la jornada laboral, no redistribuye el trabajo de cuidado ni regula los algoritmos. La respuesta es política. Significa negociar en los convenios colectivos el derecho a la desconexión, al igual que se negocia el salario. Significa regular por ley los patrones oscuros y el diseño adictivo, como ya se hizo en la UE. Significa implementar un sistema nacional de cuidados con financiamiento autónomo, como el de Uruguay. El movimiento político sindical y organizado tiene que incorporar estos temas a su agenda.
Ahora bien, dentro del panorama un tanto aciago de estadísticas que señalan una retracción en la lectura, aparece un dato alentador: el repunte de ventas en ciertos sectores que se vio en la Feria del Libro. En un mundo saturado, con estímulos fugaces, la fila para comprar un libro es una fila para comprar tiempo, silencio y profundidad. Lo que este fenómeno pone de manifiesto es que no hay una crisis de deseo, sino una crisis de condiciones. Aparentemente, no hace falta convencer a nadie sobre la importancia o el placer de leer; lo que hace falta es proteger la base material y temporal de permitirlo. Como dijo Milena Busquets hace un tiempo, leer no es sexy, es importante. Y ahora también es, quizás, urgente, para que no caiga como un hermoso animal en extinción cuando la necesitamos más que nunca, cada vez en más manos y en más agendas.En un mundo que diseña cada segundo para ser capturado, monetizado o interrumpido, esa es una forma de insolencia. La lectura no va a salvar al mundo. Pero defender el tiempo para leer es defender la posibilidad de un tiempo que no sea sólo pensado en términos de utilidad, función y productividad. Un tiempo que no implique siempre estar fragmentado, siempre en varios lugares a la vez, entre lo físico y lo virtual, constantemente liminal e interrumpible. En su reflexión sobre inteligencia artificial e inteligencia humana, el papa Francisco señaló que “cultivar aquellos aspectos de la vida humana que van más allá del cálculo es de crucial importancia para preservar una auténtica humanidad, una que parece habitar en medio de la civilización tecnológica, casi imperceptiblemente, como la niebla que se filtra bajo una puerta cerrada”.
Donald Trump llegó a Beijing para realizar una visita de Estado a China. Invitado por Xi Jinping, Trump permanecerá en China del 13 al 15 de mayo en lo que será la primera visita de un presidente estadounidense a China en cerca de nueve años y la segunda realizada por Trump al país desde noviembre de 2017.
El líder republicano llega al gigante asiático en medio de las tensiones por los aranceles y el enojo de Pekín por la venta de armas de Estados Unidos a Taiwan, además de la crisis en Medio Oriente producto de la guerra con Irán.
La agencia oficial china Xinhua, publicó una suerte de comunicado que dice que «los dos líderes sostendrán un intercambio de opiniones en profundidad sobre temas importantes relativos a las relaciones bilaterales, así como a la paz y el desarrollo mundiales».
En otro texto, Xinhua afirma que «la visita de Estado a China del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, constituye una oportunidad para ambos países de explorar la construcción de una relación estratégica, constructiva y estable».
El Estado chino habla de «una revisión de los nexos bilaterales, que se han mantenido generalmente estables a pesar de altibajos, demuestra que la diplomacia entre jefes de Estado ha servido siempre como el «ancla» de la relación, desempeñando un papel irremplazable de guía estratégica y proporcionando importantes salvaguardias estratégicas para la mejora y el desarrollo de los lazos bilaterales».
La visita de Estado a China del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, constituye una oportunidad para ambos países de explorar la construcción de una relación estratégica, constructiva y estable
«Durante más de un año, el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente Trump han mantenido una comunicación adecuada, incluyendo múltiples llamadas telefónicas y un exitoso encuentro en Busan, República de Corea, trazando la dirección y el curso de las relaciones bilaterales», agrega.
La agencia remrca que «desde la reunión de Busan, en octubre del año pasado, las relaciones entre China y Estados Unidos se han mantenido en general estables y con un impulso positivo, lo que constituye una evolución ampliamente bien recibida por ambos países y la comunidad internacional».
Como ha señalado Xi, continúa, «el diálogo es mejor que la confrontación. Ambas partes deben adoptar una visión amplia y reconocer el beneficio a largo plazo de la cooperación. Al mismo tiempo, el mundo enfrenta actualmente muchos desafíos complejos. China y Estados Unidos pueden asumir conjuntamente sus responsabilidades como grandes países».
El diálogo es mejor que la confrontación. Ambas partes deben adoptar una visión amplia y reconocer el beneficio a largo plazo de la cooperación. Al mismo tiempo, el mundo enfrenta actualmente muchos desafíos complejos. China y Estados Unidos pueden asumir conjuntamente sus responsabilidades como grandes países
En otro tramo, el texto sostiene que «tanto China como Estados Unidos tienen este año importantes puntos en sus agendas. China ha iniciado su período del XV Plan Quinquenal (2026-2030) y Estados Unidos celebrará el 250º aniversario de su independencia. China acogerá la Reunión de Líderes Económicos de APEC y Estados Unidos albergará la Cumbre del G20».
«China, como el mayor país en desarrollo del mundo, y Estados Unidos, como la mayor nación desarrollada, se benefician ambos de la cooperación y pierden con la confrontación. Esto es un sentido común probado y comprobado. En un mundo sacudido por cambios y caos interconectados, una relación estable entre China y Estados Unidos resulta más crucial que nunca para proporcionar la estabilidad que el planeta necesita urgentemente», añade.
Por último, el gobierno chino enfatiza que «el desarrollo estable, sano y sostenible de las relaciones entre China y Estados Unidos exige que ambas partes trabajen en la misma dirección con espíritu de igualdad, respeto y beneficio mutuo, fortalezcan el diálogo y la comunicación, gestionen adecuadamente sus diferencias y amplíen la cooperación práctica».
«Se espera que la venidera diplomacia entre jefes de Estado conduzca hacia adelante de manera estable la gran nave de las relaciones China-EEUU a través de vientos y mareas, para que ambos países puedan llevar a cabo juntos más iniciativas importantes y positivas y puedan proporcionar más estabilidad y certeza a un mundo volátil», concluye.
Entre la comitiva que acompaña a Donald Trump esta Elon Musk, el CEO de Tesla que busca abrir negocios de autos eléctricos en el gigante asiático. Uno de los objetivos de este viaje de alto nivel es acordar con China la apertura de empresas estadounidenses.
