De noche, en el
patio de mi hogar, con celular en mano, abro facebook y leo una
reflexión de un amigo de Valcheta que dice: “Quiero volver a
sonreír y ver rostros alegres por la calle. Quiero sentir olor a
asado los fines de semana en casas de los vecinos. Quiero sentir que
este país tiene futuro…” Este amigo, Yamil Mortada, refleja con
profunda sensibilidad las sensaciones que experimentamos quienes
queremos un país más justo.
De pronto, en el
silencio nocturno aparece volando un bicho ruidoso, que dicen que
aparece antes del agua; es un bicho helicóptero o libélula. Y
pensando en la idea del olor a asado que refleja mi amigo, junto al
insecto volador, me permito reseñar cuestiones que han dado vueltas
estos días, acerca de las teorías que acusan “golpismo” o “club
del helicóptero.”
El mandato del Poder
Ejecutivo (Presidente) en nuestra Constitución Nacional dura 4 años
con la posibilidad de reelección por un solo período (Art. 90 de la
CN).
Pero la propia Carta
Magna, suponiendo eventualidades que pueden ocurrir en la vida
democrática de la república, y también con nuestros
representantes, prevé mecanismos que son CONSTITUCIONALES, LEGÍTIMOS
e INSTITUCIONALES.
Así el Art. 88 dice
que: “…en caso de enfermedad, ausencia, muerte, renuncia o
destitución del Presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el
vicepresidente de la Nación.” Y agrega que en caso de destitución,
muerte, dimisión o inhabilidad del Presidente y vicepresidente, el
Congreso designará a un funcionario público para hacerse cargo de
la Presidencia, hasta que cese la inhabilidad o sea designado en
elecciones un nuevo mandatario.
Y cuando la Carta
Magna habla de destitución del Presidente, refiere al procedimiento
de juicio político, donde la Cámara de Diputados acusa y el Senado
juzga, siempre que se trate de “…mal desempeño o por delito en
el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes…”
Así tenemos, que
este especial proceso constitucional requiere que la Cámara de
Diputados forme acusación con una mayoría especial: 2/3 de sus
miembros presentes. Y luego el Senado garantizando el debido derecho
de defensa del acusado, podrá declarar su culpabilidad con
destitución, pero también con una mayoría especial: 2/3 de sus
miembros presentes (Arts. 53, 59 y 60).
Cabe recordar que el
Art. 36 incorporado al bloque constitucional en la reforma del año
1.994, determina que la Constitución mantendrá su imperio aun
cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el
orden institucional y el sistema democrático. Esta cláusula de
defensa de la democracia sanciona que los actos de levantamiento
serán insanablemente nulos, y sus autores o cómplices serán
considerados traidores a la patria con inhabilitación perpetua para
ocupar cargos públicos y demás penas que correspondan.
Desde el retorno de
la democracia en 1.983 y aun pasando por la hiperinflación de
Alfonsín y los dramáticos episodios de 2.001, nuestra
institucionalidad democrática ha podido superar dichas
circunstancias sin que se haya quebrado el orden constitucional.
Por eso, suponer que
el Presidente de la Nación, pueda cesar su mandato antes de tiempo,
no supone de ninguna manera tolerar una acusación de ser golpista o
destituyente, cuando, como ya se señaló, la propia Constitución
prevé hipótesis y supuestos personales o políticos que determinan
el cese anticipado del mandato mediante mecanismos institucionales,
democráticos y republicanos.
Que lindo que es el
olor a asado, que lindo que es el asado que invita a reunión, que
linda que es la argentinidad al palo.
La apertura de documentos de la Secretaría de Inteligencia del Estado vuelve a exponer el funcionamiento interno de uno de los organismos más oscuros del país. Infiltración, persecución ideológica y burocracia del espionaje: claves para entender el rol de la SIDE en la historia reciente.
Por Alcides Blanco para NLI
El origen de un aparato pensado para vigilar
La reciente desclasificación de archivos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), difundida a través del portal oficial del Estado argentino, reabre una discusión de fondo sobre el papel que jugó —y en muchos sentidos aún proyecta— el sistema de inteligencia en la vida política del país. Lejos de ser un simple organismo técnico, la SIDE fue, desde su consolidación en la segunda mitad del siglo XX, una herramienta central en la construcción de poder estatal, con capacidad para observar, registrar y clasificar a amplios sectores de la sociedad.
En sus orígenes, la inteligencia estatal se estructuró bajo la influencia de la llamada doctrina de la seguridad nacional, que redefinió el concepto de amenaza. El enemigo dejó de ser exclusivamente externo para convertirse en interno, una categoría amplia y difusa que incluía no solo a organizaciones armadas sino también a militantes políticos, sindicalistas, estudiantes, periodistas e incluso actores culturales. Este cambio no fue menor: implicó que el espionaje dejara de estar orientado a la defensa frente a potencias extranjeras para centrarse en el control de la propia población.
La lógica del enemigo interno y la obsesión anticomunista
Los documentos recientemente publicados confirman con crudeza una característica ya señalada por múltiples investigaciones: la obsesión anticomunista como motor del aparato de inteligencia. La SIDE construyó durante años un mapa ideológico del país en el que prácticamente cualquier actor con capacidad de incidencia podía ser catalogado como sospechoso.
Lo que emerge de estos archivos no es solo la vigilancia sobre organizaciones específicas, sino una lógica mucho más amplia de control social sistemático, donde universidades, sindicatos, medios de comunicación y espacios culturales eran objeto de seguimiento permanente. En ese esquema, la producción de inteligencia no se limitaba a recolectar información, sino que implicaba clasificar, jerarquizar y construir perfiles ideológicos, en una dinámica que preparaba el terreno para la represión.
La amplitud del concepto de “subversión” resulta clave para comprender la magnitud del fenómeno: no se trataba únicamente de combatir a grupos armados, sino de disciplinar a toda una sociedad a partir de la sospecha.
La SIDE durante la dictadura: engranaje del terrorismo de Estado
Durante la última dictadura cívico-militar iniciada en 1976, la SIDE se consolidó como un actor central dentro del aparato represivo. Su función no fue secundaria ni meramente administrativa, sino estratégica: producir la información que permitía identificar objetivos, planificar operativos y coordinar acciones entre distintas fuerzas.
Antes del golpe del 24 de marzo de 1976, el organismo empezó a adecuarse a las tareas clandestinas que se extenderían a gran escala. El 30 de diciembre de 1975, el vicealmirante Aldo Alberto Peyronel –al frente de la SIDE– firmó la resolución secreta 835. Allí disponía que el 1 de febrero de 1976 comenzaría el encubrimiento del personal: toda autoridad debía firmar con nombre de encubrimiento y todos los agentes civiles debían ser mencionados por su nombre de encubrimiento. Quedaba excluido el personal en actividad de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad.
Las investigaciones del Centro de Estudios Legales y Sociales han demostrado que la inteligencia estatal fue un componente estructural del terrorismo de Estado. La SIDE operaba como un nodo que concentraba datos provenientes de distintas agencias y los redistribuía en función de las necesidades represivas, en un circuito donde la información podía convertirse rápidamente en persecución, secuestro o desaparición.
En ese contexto, la inteligencia no era un paso previo aislado, sino una parte constitutiva del sistema represivo. Sin esa producción sistemática de información, el despliegue de la maquinaria clandestina hubiera sido, en términos operativos, mucho más limitado.
La burocracia del espionaje: cómo funcionaba el control cotidiano
Uno de los aspectos más reveladores de los documentos desclasificados es la dimensión burocrática del espionaje. Lejos de las imágenes espectaculares asociadas al mundo de la inteligencia, lo que aparece es una trama de informes, fichas, seguimientos y registros que dan cuenta de una práctica sostenida en el tiempo.
La SIDE funcionaba a partir de una lógica de acumulación constante de información, alimentada por redes de informantes y por la infiltración en distintos ámbitos sociales. Cada dato, por mínimo que fuera, podía integrarse en un sistema mayor de clasificación, donde las personas eran evaluadas en función de sus vínculos, ideas y actividades.
Este carácter burocrático no le quitaba peligrosidad al sistema; por el contrario, lo hacía más eficaz. La repetición, la sistematicidad y la persistencia en el registro permitían construir perfiles detallados que luego podían ser utilizados por las fuerzas represivas. La inteligencia, en ese sentido, era tanto un archivo como una herramienta activa de persecución.
La larga lucha por abrir los archivos
La publicación de estos documentos es también el resultado de una disputa histórica. Desde el retorno de la democracia, los organismos de derechos humanos reclamaron insistentemente el acceso a los archivos de inteligencia, entendiendo que allí se encontraba una parte esencial de la verdad sobre lo ocurrido durante la dictadura.
Durante décadas, ese acceso fue parcial o directamente negado. Si bien hubo avances, como la desclasificación de documentos militares o la incorporación de archivos provenientes del exterior, los archivos de la SIDE permanecieron como uno de los núcleos más cerrados del Estado.
La apertura actual, aunque significativa, llega entonces como parte de un proceso largo y todavía incompleto. La ausencia de nombres propios en los documentos difundidos y la publicación fragmentaria plantean interrogantes sobre la profundidad real de la desclasificación y sobre cuánto material continúa sin ver la luz.
Memoria, verdad y los límites de la desclasificación
La importancia de estos archivos excede el interés histórico. Su apertura tiene implicancias directas en el proceso de memoria, verdad y justicia, ya que pueden aportar elementos para reconstruir el funcionamiento del aparato represivo y, eventualmente, contribuir a causas judiciales.
Sin embargo, la desclasificación por sí sola no garantiza esos resultados. Los documentos requieren un trabajo de análisis, contextualización y cruce con otras fuentes para transformarse en evidencia útil. De lo contrario, corren el riesgo de quedar atrapados en su propio lenguaje técnico, inaccesibles para la sociedad y limitados en su impacto.
En ese sentido, la discusión no es solo qué se publica, sino cómo se publica y para qué.
Un pasado que sigue interpelando al presente
A casi cincuenta años del golpe de Estado, la apertura de los archivos de la SIDE vuelve a mostrar que el pasado no está cerrado. La historia del espionaje en la Argentina no es simplemente un capítulo archivado, sino una dimensión activa en la comprensión del presente.
La SIDE, como institución, encarna esa continuidad entre secreto, poder y política. Sus archivos, aún incompletos, permiten vislumbrar apenas una parte de su funcionamiento, pero alcanzan para confirmar algo fundamental: que el espionaje interno y la persecución ideológica no fueron desviaciones aisladas, sino prácticas estructurales del Estado.
Lo que queda por delante es, quizás, lo más importante. Porque en esos documentos que todavía no se conocen, en esos nombres que aún no aparecen y en esas historias que siguen sin reconstruirse, se juega una parte decisiva de la memoria colectiva argentina.
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