ACERCA DE ASADOS E INSECTOS VOLANDO CON ROCK DE LOS ´90
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ACERCA DE ASADOS E INSECTOS VOLANDO CON ROCK DE LOS ´90

De noche, en el patio de mi hogar, con celular en mano, abro facebook y leo una reflexión de un amigo de Valcheta que dice: “Quiero volver a sonreír y ver rostros alegres por la calle. Quiero sentir olor a asado los fines de semana en casas de los vecinos. Quiero sentir que este país tiene futuro…” Este amigo, Yamil Mortada, refleja con profunda sensibilidad las sensaciones que experimentamos quienes queremos un país más justo.

De pronto, en el silencio nocturno aparece volando un bicho ruidoso, que dicen que aparece antes del agua; es un bicho helicóptero o libélula. Y pensando en la idea del olor a asado que refleja mi amigo, junto al insecto volador, me permito reseñar cuestiones que han dado vueltas estos días, acerca de las teorías que acusan “golpismo” o “club del helicóptero.”

El mandato del Poder Ejecutivo (Presidente) en nuestra Constitución Nacional dura 4 años con la posibilidad de reelección por un solo período (Art. 90 de la CN).

Pero la propia Carta Magna, suponiendo eventualidades que pueden ocurrir en la vida democrática de la república, y también con nuestros representantes, prevé mecanismos que son CONSTITUCIONALES, LEGÍTIMOS e INSTITUCIONALES.

Así el Art. 88 dice que: “…en caso de enfermedad, ausencia, muerte, renuncia o destitución del Presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación.” Y agrega que en caso de destitución, muerte, dimisión o inhabilidad del Presidente y vicepresidente, el Congreso designará a un funcionario público para hacerse cargo de la Presidencia, hasta que cese la inhabilidad o sea designado en elecciones un nuevo mandatario.

Y cuando la Carta Magna habla de destitución del Presidente, refiere al procedimiento de juicio político, donde la Cámara de Diputados acusa y el Senado juzga, siempre que se trate de “…mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes…”

Así tenemos, que este especial proceso constitucional requiere que la Cámara de Diputados forme acusación con una mayoría especial: 2/3 de sus miembros presentes. Y luego el Senado garantizando el debido derecho de defensa del acusado, podrá declarar su culpabilidad con destitución, pero también con una mayoría especial: 2/3 de sus miembros presentes (Arts. 53, 59 y 60).

Cabe recordar que el Art. 36 incorporado al bloque constitucional en la reforma del año 1.994, determina que la Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Esta cláusula de defensa de la democracia sanciona que los actos de levantamiento serán insanablemente nulos, y sus autores o cómplices serán considerados traidores a la patria con inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y demás penas que correspondan.

Desde el retorno de la democracia en 1.983 y aun pasando por la hiperinflación de Alfonsín y los dramáticos episodios de 2.001, nuestra institucionalidad democrática ha podido superar dichas circunstancias sin que se haya quebrado el orden constitucional.

Por eso, suponer que el Presidente de la Nación, pueda cesar su mandato antes de tiempo, no supone de ninguna manera tolerar una acusación de ser golpista o destituyente, cuando, como ya se señaló, la propia Constitución prevé hipótesis y supuestos personales o políticos que determinan el cese anticipado del mandato mediante mecanismos institucionales, democráticos y republicanos.

Que lindo que es el olor a asado, que lindo que es el asado que invita a reunión, que linda que es la argentinidad al palo.

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    Murió Alberto Iribarne, un hombre de Estado que atravesó décadas del peronismo

     

    La muerte de Alberto Iribarne cierra la trayectoria de un dirigente peronista que ocupó responsabilidades en distintos momentos de la democracia argentina: fue diputado nacional, convencional constituyente en 1994, ministro de Justicia durante el gobierno de Néstor Kirchner y embajador en Uruguay durante la presidencia de Alberto Fernández.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    La noticia de la muerte de Alberto Juan Bautista Iribarne atravesó este sábado al peronismo y a buena parte de la dirigencia política argentina. El exministro de Justicia y exembajador argentino falleció tras una extensa trayectoria vinculada a la función pública y a la vida interna del Partido Justicialista, en un recorrido que comenzó mucho antes de su llegada al gabinete de Néstor Kirchner y que continuó, con distintos roles, durante varios gobiernos de signo peronista. La familia comunicó su fallecimiento y eligió poner el acento no solamente en los cargos que ocupó, sino también en la dimensión personal de quien definieron como un hombre afectuoso, solidario y de profundas convicciones.

    Una trayectoria que atravesó distintas etapas del peronismo

    Iribarne nació en Buenos Aires en 1950, se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires y desde joven estuvo ligado al peronismo. Su carrera política y administrativa se desarrolló durante décadas y lo llevó a ocupar responsabilidades tanto partidarias como institucionales, incluyendo funciones durante las administraciones de Carlos Menem y Eduardo Duhalde, antes de convertirse en una figura relevante del gobierno de Néstor Kirchner. También tuvo una participación particularmente significativa en la vida constitucional argentina al integrar la Convención Constituyente de 1994, que produjo una de las reformas más importantes de la Constitución Nacional desde la recuperación democrática.

    Esa trayectoria explica, en buena medida, el lugar que ocupó Iribarne dentro del universo político justicialista: no fue una figura construida alrededor de una única elección o de una coyuntura electoral, sino un dirigente formado en la administración pública y en las estructuras políticas del peronismo, con vínculos que atravesaron distintas generaciones y sectores internos. Su perfil estuvo más asociado a la construcción política y a la gestión que a la exposición permanente, una característica que varios de sus contemporáneos destacaron al recordarlo después de conocerse su muerte.

    Su llegada al Ministerio de Justicia se produjo en julio de 2005, después de la salida de Horacio Rosatti. El nombramiento quedó formalizado mediante el Decreto 905/2005, publicado en el Boletín Oficial, y convirtió a Iribarne en el tercer ministro que tuvo Néstor Kirchner en esa cartera durante su presidencia. Permaneció al frente del área hasta el final del mandato presidencial, en diciembre de 2007.

    Justicia, derechos humanos y la etapa de Néstor Kirchner

    El paso de Iribarne por el Ministerio de Justicia se produjo en una etapa particularmente significativa para la política argentina. El gobierno de Néstor Kirchner había colocado la cuestión de los derechos humanos y el juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado en un lugar central de su agenda, y durante la gestión de Iribarne continuaron desarrollándose políticas vinculadas con la protección de testigos y víctimas y con los procesos relacionados con las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura.

    La documentación oficial permite observar parte de esa orientación. En 2007, por ejemplo, una resolución firmada por Iribarne como ministro estableció medidas destinadas a fortalecer la protección de personas involucradas en procesos judiciales vinculados con graves violaciones a los derechos humanos y contempló la intervención de organismos de derechos humanos y de la Secretaría de Derechos Humanos para asistir a querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado.

    Su gestión también estuvo atravesada por discusiones sobre el funcionamiento de la Justicia y por proyectos destinados a modificar aspectos del sistema penal. En esos años se impulsaron debates sobre reformas procesales, tiempos de los procesos, situación de las víctimas y funcionamiento de los organismos judiciales, en un contexto en el que el gobierno kirchnerista buscaba dejar atrás buena parte de las características que habían marcado la relación entre el Poder Ejecutivo y la Justicia durante décadas anteriores.

    El propio Iribarne reivindicaría años después una característica que atribuía a la relación de Kirchner con el Poder Judicial. En 2013, ya alejado del Gobierno, sostuvo que el expresidente había sido respetuoso de la independencia judicial y marcó diferencias con otras discusiones posteriores sobre el funcionamiento de la Justicia.

    Después de abandonar el Ministerio de Justicia, Iribarne continuó vinculado a la política y a la actividad pública. Su nombre llegó incluso a ser considerado para la representación argentina ante la Santa Sede, aunque aquella designación finalmente no prosperó. Más de una década después, durante la presidencia de Alberto Fernández, regresó a la diplomacia y fue designado embajador argentino ante Uruguay, cargo que ejerció entre 2020 y 2023.

    La despedida de un dirigente de perfil bajo

    La noticia generó rápidamente mensajes de dirigentes peronistas que habían compartido con Iribarne diferentes etapas de su recorrido político. Agustín Rossi lo recordó como un defensor de la causa peronista, mientras que Aníbal Fernández expresó públicamente su pesar y lo despidió como amigo. Las palabras elegidas por ambos reflejaron una característica que aparece recurrentemente en las semblanzas publicadas tras su muerte: la de un dirigente que mantuvo una presencia política sostenida, pero sin convertir la exposición personal en el centro de su actividad.

    La familia, por su parte, decidió resumir su legado desde un lugar diferente al de los cargos ocupados. En el mensaje difundido tras su fallecimiento, sus hijas Florencia e Inés señalaron que Iribarne fue un “hombre afectuoso y solidario, de profundas convicciones” y que hizo del compromiso social y político una forma de vida y de servicio. También remarcaron que, más allá de los honores y las responsabilidades institucionales, permanecían su generosidad, su palabra, sus enseñanzas y la huella dejada en quienes compartieron su camino.

    La muerte de Alberto Iribarne deja así el registro de una generación de dirigentes que atravesó buena parte de la historia política argentina posterior a la recuperación democrática, desde la reorganización institucional de los años ochenta hasta la reforma constitucional de 1994, pasando por los gobiernos justicialistas de los noventa, la crisis de 2001 y la reconstrucción política iniciada en 2003. Su recorrido fue, en ese sentido, el de un hombre que hizo de la función pública una parte central de su vida y que permaneció ligado al peronismo aun cuando cambiaron los gobiernos, las alianzas y las internas del movimiento.

     

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