El intento de suicidio y el suicidio consumado son significativos problemas de salud a nivel mundial, siendo este último una de las causas más frecuentes de muerte en adolescentes y adultos jóvenes.
Hay varios factores que impiden su detección, y por ende, ejercer una adecuada prevención, estos son:
Estigma social y silencios.
Dificultad en la investigación de enfermedades concomitantes.
Lagunas de desconocimiento y orientación en el personal de salud.
Considerar al suicidio como un evento poco frecuente.
El intento de suicidio o el suicidio consumado son considerados en diversas culturas y sociedades (incluyendo la argentina) como un acto: vergonzoso, manipulatorio, débil y sin sentido. Estas consideraciones llevan a que esta problemática quede silenciada o marginalizada socialmente por el estigma que ella implica.
Veamos las diferencias entre aquello que es un mito, y aquello que es realidad:
Mito: El suicidio es un acto impulsivo. Realidad: Muchas personas que cometen suicidio han tenido pensamientos suicidas y han hablado antes con su entorno.
Mito: Las personas que cometen suicidio o lo intentan son débiles y saludables. Realidad: Muchas personas que cometen suicidio sufren de un padecimiento mental o este padecimiento no ha sido reconocido.
Mito: No se puede hacer nada por una persona que amenaza con suicidarse. Realidad: Gran parte de las personas con intento de suicidio sufren alteraciones mentales y responden efectivamente al tratamiento, reduciendo el riesgo.
Mito: Personas que intentan suicidarse quieren llamar la atención. Realidad: Alguien que está sufriendo y presenta ideas suicidas no quiere llamar la atención, necesita ayuda.
Mito: Una persona inteligente y exitosa nunca comete suicidio. Realidad: Cuidado, esta es una problemática que es silenciada por el individuo, la sociedad y la cultura.
Ante la nueva situación respecto al COVID-19 que implica el peligro de expansión de la nueva cepa denominada ‘Manaos’, el Comité de Crisis de Villa Regina recuerda que se encuentran en plena vigencia las normativas nacionales, provinciales y municipales que establecen las medidas preventivas sanitarias a adoptar por la población en general y los protocolos…
La pérdida de los salarios frente a la inflación hizo que 1,7 millones de personas cayeran en la pobreza durante el primer semestre de 2026. La combinación de baja de ingresos y aumento de la canasta básica provocó un incremento de la cantidad de pobres.
Los salarios que más crecieron en el último año fueron los informales. En promedio, un asalariado informal gana la mitad de lo que gana un asalariado formal.
Si se toman en cuenta las cuatro ramas que son las mayores empleadoras del país, comercio, construcción, industria y alojamiento y servicios de comidas, representan al 40 y el 45% de los ocupados con sueldos entre 680 y 825 mil pesos por mes.
Ese monto cubre apenas entre 49% y 59% de la Canasta Básica Total de un hogar tipo, y equivale a entre 51% y 60% de lo que gana un asalariado formal en la misma rama, que cubre entre 83% y 111% de esa canasta.
Los asalariados formales del sector privado cayeron 2,9%, mientras que en el sector público perdieron 2,6%, según calcularon Mariana Sosa, Eduardo Chávez Molina y José Rodríguez de la Fuente del Grupo de estudios sobre desigualdad y movilidad social de la UBA-IGG.
El sector privado no registrado, en cambio, los salarios subieron 19,5%, pero no alcanzaron para compensar el derrumbe públicos y formales.
La última medición del INDEC, del segundo semestre de 2025, había dado un 28,2% de pobres. El nuevo índice estaría entre el 31 y el 32%.
Según publicó Clarín, para Agustín Salvia, del Observatorio de la UCA, si actualizara la composición de las canastas en base a la Encuesta de Hogares 2017/18 (en lugar de la 2004/05 que se aplica actualmente), la pobreza treparía a 38 o 39%.
El próximo domingo 3 de octubre se corre la cuarta edición ‘Corrida Aniversario’ organizada por el Grupo Comahue, competencia a la cual acompaña la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina. Aún quedan cupos disponibles en las distintas categorías, para lo cual deberán completar el formulario de preinscripción en https://forms.gle/qwnLf4A35wAn7Fao7 Por otro lado,…
Como viene siendo una costumbre en la provincia, volvió a ganar Juntos Somos Rio Negro que tendrá su 4to mandato consecutivo, tercero del ahora senador Alberto Weretilneck. Un triunfo cantado si entendemos que el oficialismo llegaba a las elecciones con varios frentes de conflictos (caso docencia, salud y seguridad) pero sin oposición firme, y en…
Human Rights Watch se reunió con el Presidente Sebastián Piñera hoy 26 de noviembre para hacerle entrega de un informe que incluye evidencia sólida de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y transeúntes y recomendaciones orientadas a prevenir abusos de Carabineros y a fortalecer sus mecanismos de supervisión
El juez federal Ernesto Kreplak procesó a las ex funcionarias Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó en la causa que investiga más de 120 muertes por la administración hospitalaria de fentanilo contaminado producido en los laboratorios HLB y Ramallo, ante la presunta corrupción de las autoridades, que debían controlar los medicamentos.
El magistrado impuso una inhibición y embargo sobre los bienes de la directora de la Anmat y la ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) hasta cubrir 500 mil millones de pesos, y también dictó una serie de medidas que las imputadas deberán cumplir para permanecer en libertad, mientras avanza la investigación.
El escrito del juez encierra un párrafo muy significativo que podría significar la desafectación del ministro Mario Lugones de la causa. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», sostuvo Kreplak.
Salvo que ante la situación de ser las únicas condenadas, las funcionarias se declaren arrepentidas y avancen en declaraciones probatorias de la responsabilidad de Lugones en la decisión de no clausurar los laboratorios, el párrafo citado parece anticipar el curso de acción del juez en favor del ministro de Milei.
Para la investigación penal que lleva adelante Kreplak, Bisio y Mantecón Fumadó fueron «partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales». Es decir, sin su concurso que básicamente consistió en no clausurar los laboratorios pese a los informes y testimonios de inspectores que pedían tomar esa medida -hasta con argumentos dramáticos-, el fentanilo envenenado no hubiera llegado a la calle.
«A partir de las probanzas colectadas a lo largo de la pesquisa, es posible concluir que las imputadas Mantecón Fumadó y Bisio realizaron un aporte concreto y necesario a la lesión del bien jurídico salud pública protegido por los artículos. 200 y 201 bis CP así como al bien jurídico integridad personal resguardado por el delito de lesiones leves previsto por el art. 89 CP, a raíz de su decisión de no adoptar las medidas preventivas y correctivas oportunas y eficaces contempladas por la normativa aplicable ya explicadas», argumenó Kreplak en su resolución, a la que accedió LPO.
Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación.
El fallo si bien favorece a Lugones no termina de sacarlo de los hechos investigados. «A lo largo de la investigación llevada adelante, diversos elementos de convicción permiten poner en escena al Dr. Lugones», destacó Kreplak en el auto de procesamiento y señaló que en los testimonios de Mantecón y Bisio asoman coincidencias respecto del rol del ministro.
En efecto,, Bisio afirmó que «Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar».
Al ser indagada respecto de una reunión realizada en la sede de la Anmat el 14 de enero pasado, Bisio dijo: «Yo le avisé al Ministro, ‘van a venir, ¿qué hago?, ¿sigo con lo mismo?’, ‘sí, cerrá, cerrá’, me dijo». Ese testimonio puede favorecer al ministro.
Ese día, Bisio y Fumadó mantuvieron un encuentro con Ariel García Furfaro y otras dos personas de la empresa en «Avenida de Mayo», tal como se la denomina a la sede de la Anmat. Para esa fecha, Bisio y Fumadó contaban con un informe realizado por inspectoras de la Anmat en los últimos días de 2025. En el texto alertaban sobre la situación del laboratorio y recomendaban prohibir la producción y retirar del mercado las drogas elaboradas. Por alguna razón, el Ministerio de Salud desoyó esas advertencias y la tragedia se consumó. Hubo alertas institucionales que se eligió no escuchar.
Según consta en el expediente, luego de hablar con el ministro Lugones las dos funcionarias ofrecen no avanzar contra los laboratorios a cambio que presenten un plan de acción para subsanar sus incumplimientos. Esa es la parte más delicada para Lugones de los testimonios.
Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar.
En el gobierno existe extrema preocupación por el caso. Temen que Lugones sea procesado porque hay varios testimonios que estaba al tanto de los hechos y tenía la última decisión. Incluso trascendió que su hijo, Rodrigo Lugones, le habría sugerido que renuncie a su cargo, decisión que el ministro rechazó.
En la Casa Rosada buscan culpar a los ex ministros de Salud del gobierno de Alberto Fernández -Carla Vizzoti y Ginés González García, ya fallecido- argumentando que tanto Bisio como Mantecón Fumadó ya eran funcionarias bajo se gestión. El problema es que los hechos ocurrieron durante la gestión de Lugones. Es un principio básico del derecho penal que no se puede juzgar a las personas por hechos que no cometieron.
De hecho, Cristina Kirchner está presa en la causa Vialidad porque era la responsable última de las objetadas concesiones de rutas realizadas bajo su gestión, aunque no firmó nada. El mismo criterio aplica en el caso de Lugones, pero más grave: según los testimonios de las funcionarias el ministro sí fue alertado sobre la gravedad de la situación.
El empresario García Furfaro.
Mantecón Fumadó declaró que antes de firmar la carta de advertencia dirigida a los laboratorios la consultó a Bisio. «Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. Le pedí a Agustina (Bisio) que consultara con el Ministro cómo quería manejar esta situación, en función de si se inhibe por carta de advertencia todo el laboratorio o si inhibían otras líneas productivas. Y el Ministro, después de unos días, informó a Agustina que contestó ‘vaya para adelante pero con cautela'».
Bisio contó además que en las reuniones de gabinete convocadas por Lugones intervenían activamente abogados penalistas.
El testimonio confirma que en marzo de 2025 Lugones ya estaba al tanto de los incumplimientos de HBL. La titular del Iname envió un informe sobre el laboratorio y en un chat, Bisio le consultó si ese informe era suficiente para cerrar las instalaciones. «Solo en dos palabras decime si esto da para cierre porque Mario pregunta. ¿Sólo eso o aún falta?», pregunta la titular de la Anmat.
Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. El ministro contestó que vayamos para adelante, pero con cautela.
A fines de marzo, Mantecón Fumadó mantiene otra reunión con Furfaro. Tras ese encuentro Bisio le pide información precisa sobre la situación del laboratorio: «¿Podrías mandarme para que le dé al Ministro cuál es la implicancia de esto? Traducción a la práctica. Ej: No puede vender más. Insistir o informarnos sobre el retiro de mercado».
Kreplak advierte en el auto de procesamiento d elas funcionarias la discrepancia entre la supuesta decisión política que bajaba del Ministerio con lo que efectivamente ocurría en la Anmat y el Iname. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», dice el juez en su resolución.
El magistrado destaca que distinta es la situación de Bisio, quien «tenía la responsabilidad máxima sobre el cumplimiento de los cometidos legales y reglamentarios de Anmat y sus órganos internos y, además, había sido investida políticamente como polea de transmisión de esas directrices políticas».
Según el juez el obrar de la funcionaria fue el contrario. A pesar de que tenía conocimiento de las irregularidades de los laboratorios y que habría recibido la decisión política de obrar, mantuvo una actitud pasiva y permisiva que culminó favoreciendo el accionar criminal de los laboratorios.
No sólo eso, sino que participó activamente en algunas de las acciones decisivas que permitieron al laboratorio continuar operando cuando lo correcto hubiese sido impedirlo.
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