Los conocimientos adquiridos aparecen entonces, no tanto como instrumentos intelectuales al servicio del trabajo y del entendimiento, sino como armas; su totalidad no constituye un tesoro intelectual, una enciclopedia, más bien un arsenal, un depósito de municiones (de proyectiles inteligentes)
Peter Sloterdijk
Reseteados para aprender pero poco para desaprender… En consecuencia, podemos preguntarnos: ¿Qué nos imponen desde niños en las escuelas? ¿Qué saberes tenemos que tragar, digerir, metabolizar o reproducir? ¿Nos enseñan a desaprender? O ¿ Nos enseñan a temer que si no aprendemos lo que nos imponen nos castigan por burros? ¿El burro no aprende acaso?
Ahora, ¿qué tendríamos que desaprender? Parte del aprendizage se concreta ya desde una tierna edad por el acto de imitación. Por ende, estamos acostumbrados a repetir y a repetir…
Poner en cuestión lo que uno sabe, o cree saber es un trabajo de decodificación que nos trasciende. Nos trasciende inclusive como especie. La historia del ser humano nos muestra que el saber ha estado ligado al poder y sus más de mil facetas. Por cierto, lo que nuestros ancestros nos enseñaron viene de lo que a ellos les enseñaron, y así sucesivamente en movimientos retrospectivos. Haber aprendido eso que nuestros familiares nos inculcaron está intimamente relacionado con los afectos, la protección y la posibilidad de supervivencia. Entonces, ¿para qué cuestionar aquello que supuestamente nos permitió seguir viviendo? Registrar las propias equivocaciones, o la de los demás es una tarea ardua que pone en jaque nuestra propia identidad tanto individual como social…
El sistema reproductor social educativo se va modificando de acuerdo a las condiciones en donde uno viva; y para que este se perpetúe debe mantener las necesidades básicas satisfechas. Si dicho sistema se orienta aristocráticamente a premiar a los que mejor reproducen lo «aprendido», promoviendo la competencia, y no así la colaboración empática y concreativa, la educación continuará creando minorías que pondrán en cuestión la representación de la mayoría, tal cual ocurre con el sistema de votación «democrático».
Uno podría preguntarse además, ¿porqué la educación se ha orientado hacia la competencia, hacia el «ser competente»? Una de las razones nos la da la revolución industrial, esta nació de las minas de hierro británicas para la metalización de la sociedad, en donde los mineros fueron un ejército fantasma de exploradores-explotados (como dice Sloterdijk) que, no paraban de atacar la costra terrestre para «armar» a las naciones de artillería para la guerra…
Bien, pero la competencia hace a los juegos, al mercado, a la política y a las mismas relaciones humanas, ¿cómo desplazarla del lugar de privilegio en la que se ha posicionado? … Si pretendiésemos analizarla, ella surge del dualismo, o sea, del antagonismo entre lo bueno y lo malo, lo lindo y lo feo, lo alto y lo bajo, lo blanco y lo negro, etc… De la tensión entre los opuestos y la supuesta victoria o preponderancia de uno de ellos se desprende el valor y el poder. Valor y poder que la Ciencia, la Religión y los Estados han y siguen sacando su tajada.
No podemos culpabilizar a la revolución industrial de la manera de educar, pero sí es una vía de aproximación y orientación al fenómeno de la competencia. La industria permitió mejorar la calidad de vida de las personas, aunque contradictoriamente, ha forjado su desarrollo creando enemigos, bombas y asesinatos para mantenerse en pie. No tendríamos que enfocarla desde el dualismo, ni como mala ni como buena, ya que caeríamos en la dictadura del proletariado como resolución a la lucha de clases propuesta por Marx; o la demonización del libre mercado, siendo que este permite la llegada de alimentos u otros productos a los que menos tienen, así como también el hambre y la desigualdad.
Revisar las maneras de repetirnos, dialogar sobre la construcción de formas en donde uno desaprenda a competir y reaprenda a colaborar, y también a animarse a valorarse a sí mismo y a los demás comprensivamente y creativamente… Quizás nos brinden una apertura para replantear y desaprender modelos naturalizados e iterativos que hasta ahora no nos habíamos atrevido a poner en cuestión.
La ONG Amigos del Río con el apoyo de la municipalidad de Fernandez Oro lograron recuperar 48 hectáreas con acceso a 6 kilómetros de costa al río Negro que se encontraban usurpadas por empresas privadas que hace más de dos décadas se habían apropiado de tierras de dominio público. Un grupo de vecinos nucleados en…
En medio de un temblor institucional por las investigaciones patrimoniales al camarista Abel Sánchez Torres y a su pareja, la también camarista Graciela Montesi, el Senado confirmó que el 18 de agosto serán las audiencias previas a la designación de dos nuevos vocales federales que desembarcan. La fecha de la audiencia fue publicada este lunes en el Boletín Oficial.
Así, serán designados en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba el abogado radical Facundo Cortés Olmedo y la funcionaria judicial Soledad Mancini, quienes ocuparán las vacantes clave que dejaron el fallecido Luis Rueda y el renunciado Ignacio Vélez Funes. Por distintas cuestiones, ambos tienen el aval de los primos Martín y «Lule» Menem.
El trasfondo es un toma y daca en el que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, actúa como el gran armador de la cartografía judicial del oficialismo. En ese contexto, cobran incidencia los Menem.
El futuro vocal será Facundo Cortés Olmedo, ex funcionario municipal de Ramón Mestre, ex presidente del Congreso Provincial de la UCR y un destacado abogado particular, es primo hermano del diputado nacional libertario Gonzalo Roca, mano derecha de Gabriel Bornoroni, con línea directa con los primos Menem y, por ende, con Karina Milei.
La otra vocal será Soledad Mancini, actual secretaria del Juzgado Federal N° 2, quien para quedarse con la terna contó con el aval de José Fabián Asís, vocal del Tribunal Oral Federal N° 2 y riojano como los Menem. Sin embargo, pesa más en Asís su interna con Sánchez Torres y Montesi, por lo que la nueva configuración de la Cámara Federal de Apelaciones ya es una victoria simbólica para él.
De hecho, meses atrás, el propio Asís había dejado asentada la queja por la «mayoría automática» que ejercían Sánchez Torres y Montesi para votar fallos a favor de empresas por delitos tributarios, calificando la situación de insostenible.
En una resolución, Asís señaló: Asís: «(La pareja) no sólo dificulta la toma de decisiones inherentes a cuestiones de Superintendencia de la Cámara, que consideramos no son de menor importancia. (…). A ello se agrega una cuestión de mayor valía, como lo son los planteos jurisdiccionales que podrían realizarse en relación con la imparcialidad (…), ya que «su participación jugará en el caso como mayoría automática».
En ese sentido, hay que destacar que a llegada de los nuevos camaristas ocurre en el momento de mayor fragilidad institucional de la Cámara Federal cordobesa. La cúpula del tribunal cruje bajo el peso de una investigación criminal que salpica a su presidente, Abel Sánchez Torres, y a su pareja, la camarista Graciela Montesi.
Los fiscales federales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedian los investigan bajo la sospecha de que habrían articulado maniobras para reorganizar las salas de la Cámara y votar «a dúo» en causas de altísimo impacto económico.
En ese orden, la lupa del Ministerio Público no sólo está puesta sobre la presunta manipulación de expedientes, sino también sobre el patrimonio y los bienes de la pareja.
En los pasillos de los Tribunales Federales el escándalo sumó un capítulo explosivo en las últimas horas: un viaje de la pareja a Punta del Este quedó bajo la mira de los investigadores, lo que profundizó la crisis por presunto enriquecimiento y falta de imparcialidad.
Vivimos hace años en una era en donde los silencios de la «información oficial» se camuflan con una contrainformación informada. Desde WikiLeaks hasta Snowden, desde desconocidos hackeos hasta mecanismos de contrainteligencia, estos y algunos más se configuran como las fuentes de evidencia de una realidad que no está al alcance de todos… Sin embargo, los…
Sol Bayer es la artista elegida por la dirección de Cultura de Villa Regina para realizar el primero de una serie de murales en distintos puntos de la ciudad. Agradecida por la invitación, Sol nos cuenta que »hay que embellecer la ciudad con más arte!» Hace aproximadamente 8 años que Sol vino desde Centenario a…
Por razones epidemiológicas y de protección de la salud colectiva, el Ministerio de Salud de Río Negro resolvió hoy prorrogar el cordón sanitario en Choele Choel, a partir de las 8 del día 29 de abril y hasta las 24 horas del 6 de mayo. Se trata de una medida preventiva, excepcional y temporaria, que…
Milei presentó sus nuevas reformas estructurales como el punto final de “91 años de saqueo” y responsabilizó al Banco Central y a la política por todos los males económicos argentinos. Pero detrás de las cifras impactantes, las acusaciones contra dirigentes y las promesas de refundación aparecen datos discutibles, interpretaciones históricas parciales y debates constitucionales sobre el alcance del proyecto libertario.
Por Tomás Palazzo para NLI
La política del número gigante: cuando una cifra busca reemplazar un debate histórico
Milei volvió a construir uno de sus discursos centrales alrededor de una idea repetida desde el inicio de su gobierno: que la Argentina no atraviesa solamente una crisis económica, sino el resultado de décadas de un supuesto mecanismo de saqueo impulsado por la política a través del Estado. En cadena nacional, el Presidente presentó sus nuevas reformas estructurales y eligió como eje una cifra de enorme impacto: una inflación acumulada desde la creación del Banco Central de 12.819.532.788.614.400.000%, un número de 20 dígitos que utilizó como prueba de lo que definió como “la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política”.
Como sucede siempre con las «cifras de Milei», el número presentado como una prueba definitiva de “91 años de saqueo” no fue acompañado por una metodología detallada, una fuente estadística oficial o un documento técnico que permita reconstruir cómo se llegó exactamente a esa cifra de 20 dígitos. Si bien es posible calcular una inflación acumulada durante largos períodos mediante índices históricos, la magnitud exhibida por Milei requiere explicaciones sobre qué series fueron utilizadas, cómo se empalmaron los distintos períodos, qué criterios se aplicaron ante los cambios de medición y cómo se ponderaron etapas con monedas diferentes. Sin ese respaldo documental verificable, el número funciona principalmente como una herramienta retórica de alto impacto más que como un dato económico presentado con el rigor necesario para un debate público de semejante trascendencia.
La magnitud del fantasioso número solo está dada para generar un efecto político inmediato: transmite una sensación de desastre absoluto y permite instalar una idea sencilla de comprender para una sociedad golpeada por décadas de inflación. Sin embargo, transformar casi un siglo de historia económica argentina en una única explicación basada exclusivamente en la emisión monetaria implica dejar afuera una enorme cantidad de factores que también formaron parte de las crisis nacionales.
La inflación argentina fue atravesada por múltiples procesos: endeudamientos externos, crisis internacionales, cambios abruptos de modelo económico, golpes de Estado, pérdida de reservas, fuga de capitales, problemas estructurales de producción, restricciones externas y disputas distributivas. Reducir todo ese recorrido histórico a una sola causa permite construir un relato político potente, pero simplifica una realidad económica mucho más compleja.
La idea de que la inflación es siempre y exclusivamente un fenómeno monetario pertenece a una corriente económica determinada, el monetarismo, pero no representa una verdad indiscutida dentro de la economía. Existen distintas escuelas que analizan el fenómeno inflacionario incorporando también factores productivos, cambiarios, sociales y externos.
El discurso presidencial, sin embargo, se apoyó en una premisa diferente: la necesidad de identificar un responsable claro. En esa construcción, el Banco Central dejó de aparecer como una herramienta de política económica y pasó a ser presentado como el origen del deterioro argentino.
El Banco Central como enemigo: la reforma que busca separar la moneda de la política
Uno de los anuncios más importantes de Milei fue una nueva reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para prohibir cualquier mecanismo de financiamiento al Estado. Según el Presidente, la emisión monetaria para cubrir déficit constituye una “falsificación de dinero” y llegó incluso a afirmar que quienes participaron de esos procesos podrían formar parte de una asociación ilícita integrada por funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores y autoridades del organismo monetario.
La afirmación abre un debate jurídico de enorme profundidad. La emisión monetaria no es considerada falsificación de moneda en el ordenamiento legal argentino: es una facultad estatal ejercida por una institución pública creada por ley. Se puede discutir si una política económica fue correcta, si generó inflación o si produjo consecuencias negativas, pero equiparar una decisión de política monetaria tomada dentro del marco institucional con un delito penal implica solo un desconocimiento o provocación de esas a las que nos tiene acostumbrado el presidente.
La Constitución Nacional establece que el Congreso tiene atribuciones en materia monetaria y financiera, mientras que el Banco Central funciona como una entidad con autonomía dentro del sistema institucional argentino. El debate sobre esa autonomía existe en distintos países: cuánto debe protegerse a una autoridad monetaria de las presiones políticas y cuánto control democrático debe mantenerse sobre una institución clave.
La reforma propuesta por Milei busca aumentar las barreras para remover al presidente y al directorio del Banco Central, exigiendo mayorías especiales en ambas cámaras del Congreso. Para el oficialismo, esto evitaría que los gobiernos presionen para financiar sus déficits mediante emisión. Para sus críticos, podría crear una institución con un nivel de blindaje difícil de compatibilizar con el principio democrático de control sobre los organismos públicos.
Convertibilidad, reservas y Cristina Kirchner: una historia económica reconstruida desde la mirada libertaria
Durante su exposición, Milei también apuntó contra la salida de la convertibilidad y sostuvo que abandonar la paridad entre peso y dólar significó que miles de millones de dólares “pasaran a manos de los políticos”. Según su interpretación, los recursos respaldatorios de aquella etapa pertenecían a los argentinos y fueron utilizados por la dirigencia.
Pero la historia de la convertibilidad es bastante más compleja. El régimen instaurado en 1991 consiguió durante varios años estabilizar la inflación, pero también generó problemas de competitividad, dependencia del endeudamiento externo y una economía condicionada por la necesidad permanente de conseguir dólares. La crisis de 2001 no fue consecuencia de una sola decisión política, sino el resultado de múltiples desequilibrios acumulados durante años.
Algo similar ocurre con la utilización de reservas del Banco Central durante el gobierno de Cristina Kirchner para el pago de deuda mediante el denominado Fondo del Bicentenario. Milei definió esa operación como un “robo”, aunque fue una decisión adoptada mediante mecanismos institucionales y debatida públicamente en el Congreso, la Justicia y el ámbito económico.
La utilización de términos como “saqueo”, “estafa” o “robo” permite construir una narrativa de ruptura moral con el pasado, pero también corre el riesgo de reemplazar el análisis histórico por una disputa política basada en acusaciones absolutas.
El “grillete fiscal” y el debate sobre los límites constitucionales del ajuste permanente
Otro de los anuncios más polémicos fue la creación de una regla fiscal permanente que impediría sostener presupuestos deficitarios y establecería un mecanismo automático de ajuste denominado por el Gobierno como “grillete fiscal”. Según «explicó» Milei, si las cuentas públicas permanecieran desequilibradas durante un período determinado, el Congreso tendría un plazo para corregir la situación. De no hacerlo, se activaría un “shutdown” que implicaría la paralización de actividades consideradas no esenciales, congelamiento de nuevas contrataciones y suspensión de determinados gastos.
El Presidente aseguró que quedarían exceptuadas áreas como jubilaciones, pensiones, salud, seguridad, defensa y servicios esenciales. Sin embargo, la propuesta abre una discusión institucional sobre el rol del Congreso y la división de poderes. La Constitución Nacional establece que el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de aprobar el presupuesto y definir las prioridades del gasto público. Una norma que establezca mecanismos automáticos de limitación sobre futuras decisiones parlamentarias podría generar un debate sobre hasta dónde puede una mayoría política actual condicionar las facultades de gobiernos y congresos futuros.
El problema no es solamente económico. También es institucional: una democracia no solamente define cuánto gasta el Estado, sino quién tiene la autoridad para decidir cómo se utilizan los recursos públicos.
Más libertad financiera y menos controles: la apuesta de Milei para transformar la economía
El paquete anunciado por el Presidente también incluye reformas del mercado de capitales y del sistema de seguros. El argumento oficial sostiene que Argentina tiene un sistema financiero reducido porque durante décadas los ciudadanos perdieron confianza y retiraron sus ahorros del circuito formal. Milei plantea que una mayor liberalización permitirá que el ahorro privado se transforme en inversión productiva, créditos, maquinaria y empleo. Desde esa perspectiva, el problema central sería la excesiva regulación estatal que impide que el capital fluya hacia quienes quieren producir.
Sin embargo, la experiencia internacional muestra que los mercados financieros requieren reglas claras y organismos de control fuertes. La historia económica mundial cuenta con numerosos ejemplos donde procesos de desregulación sin supervisión suficiente terminaron generando crisis que luego fueron absorbidas por los Estados y por la sociedad.
El debate estará en encontrar el equilibrio entre eliminar trabas burocráticas y mantener herramientas que eviten abusos, fraudes y riesgos sistémicos.
La construcción de una nueva verdad política: entre la economía y la batalla cultural
El discurso presidencial no fue solamente una presentación de reformas económicas. Fue también una construcción política. Milei buscó instalar una interpretación histórica donde la Argentina habría sido víctima durante casi un siglo de una clase dirigente que utilizó la inflación, el déficit y el Banco Central como mecanismos de apropiación.
En esa lógica, las reformas anunciadas aparecen como una ruptura definitiva con el pasado y como el inicio de una nueva etapa nacional. La discusión, entonces, no pasa únicamente por si una medida económica puede funcionar o no, sino por el modo en que se construye el consenso para aplicarla.
La época de la posverdad no implica simplemente la existencia de datos falsos. También refiere a un escenario donde los hechos son seleccionados, jerarquizados y narrados desde identidades políticas fuertes, donde una explicación sencilla puede imponerse sobre una realidad mucho más compleja.
Milei presentó su proyecto como el final de “91 años de decadencia”. Sus defensores sostienen que se trata de una transformación necesaria para recuperar estabilidad y crecimiento. Sus críticos advierten que detrás de esa promesa existe una concentración de poder económico e institucional que puede modificar profundamente la relación entre Estado, mercado y democracia.
El desafío argentino no será solamente discutir cuánto emite el Banco Central, cuánto gasta el Estado o cómo se organiza el mercado financiero. También será debatir qué límites tiene una reforma estructural, qué lugar ocupa la política en una democracia y si una sociedad puede construir su futuro sobre una única interpretación del pasado.
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