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ACERCA DE ASADOS E INSECTOS VOLANDO CON ROCK DE LOS ´90

De noche, en el patio de mi hogar, con celular en mano, abro facebook y leo una reflexión de un amigo de Valcheta que dice: “Quiero volver a sonreír y ver rostros alegres por la calle. Quiero sentir olor a asado los fines de semana en casas de los vecinos. Quiero sentir que este país tiene futuro…” Este amigo, Yamil Mortada, refleja con profunda sensibilidad las sensaciones que experimentamos quienes queremos un país más justo.

De pronto, en el silencio nocturno aparece volando un bicho ruidoso, que dicen que aparece antes del agua; es un bicho helicóptero o libélula. Y pensando en la idea del olor a asado que refleja mi amigo, junto al insecto volador, me permito reseñar cuestiones que han dado vueltas estos días, acerca de las teorías que acusan “golpismo” o “club del helicóptero.”

El mandato del Poder Ejecutivo (Presidente) en nuestra Constitución Nacional dura 4 años con la posibilidad de reelección por un solo período (Art. 90 de la CN).

Pero la propia Carta Magna, suponiendo eventualidades que pueden ocurrir en la vida democrática de la república, y también con nuestros representantes, prevé mecanismos que son CONSTITUCIONALES, LEGÍTIMOS e INSTITUCIONALES.

Así el Art. 88 dice que: “…en caso de enfermedad, ausencia, muerte, renuncia o destitución del Presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación.” Y agrega que en caso de destitución, muerte, dimisión o inhabilidad del Presidente y vicepresidente, el Congreso designará a un funcionario público para hacerse cargo de la Presidencia, hasta que cese la inhabilidad o sea designado en elecciones un nuevo mandatario.

Y cuando la Carta Magna habla de destitución del Presidente, refiere al procedimiento de juicio político, donde la Cámara de Diputados acusa y el Senado juzga, siempre que se trate de “…mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes…”

Así tenemos, que este especial proceso constitucional requiere que la Cámara de Diputados forme acusación con una mayoría especial: 2/3 de sus miembros presentes. Y luego el Senado garantizando el debido derecho de defensa del acusado, podrá declarar su culpabilidad con destitución, pero también con una mayoría especial: 2/3 de sus miembros presentes (Arts. 53, 59 y 60).

Cabe recordar que el Art. 36 incorporado al bloque constitucional en la reforma del año 1.994, determina que la Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Esta cláusula de defensa de la democracia sanciona que los actos de levantamiento serán insanablemente nulos, y sus autores o cómplices serán considerados traidores a la patria con inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y demás penas que correspondan.

Desde el retorno de la democracia en 1.983 y aun pasando por la hiperinflación de Alfonsín y los dramáticos episodios de 2.001, nuestra institucionalidad democrática ha podido superar dichas circunstancias sin que se haya quebrado el orden constitucional.

Por eso, suponer que el Presidente de la Nación, pueda cesar su mandato antes de tiempo, no supone de ninguna manera tolerar una acusación de ser golpista o destituyente, cuando, como ya se señaló, la propia Constitución prevé hipótesis y supuestos personales o políticos que determinan el cese anticipado del mandato mediante mecanismos institucionales, democráticos y republicanos.

Que lindo que es el olor a asado, que lindo que es el asado que invita a reunión, que linda que es la argentinidad al palo.

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    Lo echaron del gobierno por ocultar propiedades… pero a otros no: el caso Frugoni vuelve a exponer la doble vara de Milei

     

    El desplazamiento de Carlos Frugoni, funcionario del Ministerio de Economía, por ocultar propiedades en Estados Unidos abre una pregunta incómoda que el oficialismo evita responder: ¿por qué a algunos los echan y a otros, con situaciones similares, los sostienen?

    Por Roque Pérez para NLI

    La salida de Frugoni se produjo luego de que se confirmara que tenía al menos siete u ocho inmuebles en Florida sin declarar ante los organismos argentinos, además de sociedades en el exterior utilizadas para adquirirlos. El caso no fue menor: se trata de un funcionario clave en el área de infraestructura, bajo la órbita directa del ministro Luis Caputo.

    El escándalo que terminó en despido

    La investigación periodística reveló que Frugoni omitió incluir en sus declaraciones juradas propiedades valuadas entre 140.000 y 310.000 dólares cada una, muchas de ellas adquiridas a través de firmas registradas en Delaware, una jurisdicción conocida por su opacidad.

    El propio funcionario terminó admitiendo la irregularidad. Reconoció que no había declarado esos bienes y aseguró que se trataba de un “error” que estaba intentando corregir.

    Pero el daño ya estaba hecho. La normativa argentina es clara: todo funcionario debe declarar la totalidad de su patrimonio, tanto en el país como en el exterior, y la omisión puede configurar delitos como enriquecimiento ilícito u omisión maliciosa.

    En ese contexto, el Gobierno decidió avanzar con su salida. Una decisión que, en apariencia, busca mostrar firmeza frente a la corrupción.

    La incómoda comparación con Adorni

    Sin embargo, el caso abre una contradicción evidente. Porque mientras Frugoni fue eyectado, Manuel Adorni sigue en su cargo pese a estar bajo cuestionamientos patrimoniales y judiciales similares, tal como ya trascendió en distintas investigaciones públicas.

    La comparación no es menor: ambos casos giran en torno a inconsistencias en declaraciones juradas, patrimonio no declarado o bajo sospecha, y posibles irregularidades en el manejo de bienes.

    Entonces, la pregunta es inevitable:
    ¿por qué a Frugoni sí y a Adorni no?

    Discrecionalidad, relato y costo político

    La respuesta parece menos jurídica que política. Frugoni era un funcionario técnico, prescindible dentro del esquema de poder. Adorni, en cambio, es una figura central en la comunicación del gobierno de Milei, con exposición mediática diaria y rol estratégico en la construcción del relato oficial.

    En otras palabras, no todos los funcionarios valen lo mismo dentro del dispositivo político.

    El gobierno intenta instalar una narrativa de “tolerancia cero” frente a irregularidades, pero los hechos muestran otra cosa: la vara cambia según el peso político del implicado.

    Un problema más profundo

    El caso Frugoni no es un hecho aislado. Se inscribe en una serie de episodios que golpean el discurso de transparencia de la actual gestión, especialmente en áreas sensibles como la obra pública y la administración de recursos.

    La utilización de sociedades en el exterior, la omisión de bienes y las inconsistencias patrimoniales no son meros tecnicismos: son señales de posibles circuitos de opacidad que contradicen el discurso anticasta.

    Y cuando la reacción del Estado es selectiva, el problema se agrava.

    La pregunta que queda abierta

    El desplazamiento de Frugoni podría haber sido un gesto de institucionalidad. Pero pierde fuerza cuando no se aplica el mismo criterio a todos.

    Porque en política, tan importante como sancionar es hacerlo sin discrecionalidad.
    Y hoy, la sensación que queda es otra:
    no hay una política anticorrupción, sino una administración del costo político de cada escándalo.

     

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  • La industria pesquera denuncia una crisis «insostenible» y le exige medidas «urgentes» al Gobierno

     

    La crisis de largo aliento que azota a la industria pesquera llegó a su pico máximo con la suba de los combustibles desatada con la guerra en medio oriente.

    Por eso, en Mar del Plata el sector salió a denunciar un escenario «terminal» y reclamaron ser recibidos por Javier Milei y Toto Caputo. «La crisis actual es insostenible y requiere medidas inmediatas», alertaron.

    Tras una reunión entre miembros de la flota fresquera y plantas de procesamiento, las cámaras y armadores independientes salieron con un mensaje conjunto en el que plantearon una «situación dramática» que exige medidas «urgentes».

    «Sin respuestas el escenario es terminal», advirtieron en la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera de Mar del Plata.

    Los pedidos de audiencia al presidente, el ministro de Economía y al Consejo Federal Pesquero (CFP) buscan llevar el reclamo de eliminación del IVA en la primera venta de pescado fresco destinado a procesamiento y exportación.

    A la crisis preexistente del sector,  se suma el costo del gasoil y la falta de financiamiento (con exigencias de pago a 15 días e interés del 10%), algo que paraliza la flota y compromete la continuidad operativa.

    También, la devolución inmediata del IVA retenido a quienes exportan materia prima, punto central en una actividad netamente exportadora. Esos retrasos golpean de lleno a aquellas empresas sin la espalda suficiente para sostener la actividad.

    Como contó LPO, la crisis del sector es producto de una combinación de factores que van desde el costo de los insumos y el fuerte incremento en materia de Derechos Únicos de Extracción (DUE) hasta la decisión del gobierno de Milei de no incluir al sector en la reducción temporal de retenciones que sí abarcó al agro.

    Ahora, se suma el costo del gasoil y la falta de financiamiento (con exigencias de pago a 15 días e interés del 10%), algo que paraliza la flota y compromete la continuidad operativa.

    En ese contexto, las cámaras también reclaman la derogación urgente de una disposición que definieron «ridícula» y que obliga a llevar dos patrones en embarcaciones costeras, algo que -acusan- «mantiene a gran parte de la flota detenida en el muelle».

    También, reclamaron la «revisión de sanciones irrisorias derivadas de una norma que impone límites antinaturales a la actividad».

    «No toleraremos que se nos intente disciplinar con multas extemporáneas y absurdas, basadas en una normativa ilógica y que ya deberían estar condonadas», avisaron.

    En lo que representa un frente de conflicto abierto por salarios, las cámaras señalaron a los gremios que «no existe margen para nuevos aumentos salariales». En tanto, a los proveedores de insumos y servicios les pidieron «evitar incrementos que agraven el quebranto».

    La producción pesquera se derrumbó un 83% y el sector se hunde en una crisis sin precedentes 

    «La pesca no pide subsidios, pide reglas claras, alivio impositivo y condiciones para trabajar», señalaron.

    En este contexto crítico, este miércoles en el Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape) celebraron el fallo de la justicia laboral que hizo lugar a la cautelar pedida por el gremio que conduce Pablo Trueba contra artículos neurálgicos de la reforma laboral.

    Así, hasta que no se resuelva de fondo, que será en la Corte, al Simape y sus afiliados no se le podrá aplicar la reforma laboral, por lo que no están limitados al derecho de huelga, quedan cubiertos por la vieja ley de contrato de trabajo y los convenios del sector no pierden retroactividad cuando se vencen. 

     

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  • Recambio del controlador semafórico en Avenida Rivadavia y Ruta Nacional N°22

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  • La ley de zonas frías limpia el balance de las elécticas y podría dispararse la acción de Edenor y Edesur

     

    La votación sobre el régimen de Zona Fría incluyó un articulado que busca compensa las deudas que las compañías eléctricas arrastran con la mayorista Cammesa, desde la época en la que las tarifas estaban congeladas. El avance de este mecanismo podría disparar las cotizaciones de Edenor y Edesur, las dos eléctricas que cotizan en la Bolsa.

    La compensación es una idea de la secretaria de Energía, Martía Tettamanti, que entiende que los años de tarifas congeladas son un «activo regulatorio» de las distribuidoras que no tenían otra alternativa que dejar de pagarle a Cammesa, para no quebrar. «Las eléctricas no iba a pagar esa deuda y el Gobiero no se la iba a pagar, pero hacer esta compensación es importante porque le mejora el balance en los libros y ahora las compañías valen mucho más, si algún grupo las quiere comprar», explicó a LPO un directivo del sector.

    El corazón de la discusión está en el artículo 4 del proyecto 03/PE-2026 enviado por Javier Milei bajo el título «Autosuficiencia económico financiera del Mercado Eléctrico Mayorista». Detrás del lenguaje técnico, la iniciativa habilita al Estado a reconocerles a las distribuidoras eléctricas «ingresos no percibidos» durante los años de congelamiento tarifario entre 2002 y 2015.

    La idea es sencilla pero su implementación no tanto. La idea es que el Estado calculará cuánto dinero habrían dejado de ganar las empresas durante los años de tarifas pisadas y luego utilizaría ese monto para compensar las deudas que mantienen con Cammesa por compra de energía. Pero todavía no hay acuerdo sobre las cifras.

    El gobierno le quiere perdonar USD 1.842 millones de deuda con Cammesa a las eléctricas

    Según los balances de las propias compañías, Edenor mantiene una deuda con Cammesa de 395.698 millones de pesos al 31 de marzo de 2026. Pero la empresa reclama un «activo regulatorio» de 3,65 billones de pesos a valores de septiembre de 2024, presentado en la Revisión Quinquenal Tarifaria 2025. Es decir: el reclamo empresario supera más de diez veces la deuda que mantiene con Cammesa.

    Para el mercado esto es potencialmente enorme. Si el Estado reconoce aunque sea parte de esos activos regulatorios, Edenor y eventualmente Edesur mejoran fuertemente patrimonio y resultados. Eso después se traduce en valuación bursátil.

    Por eso, durante el tratamiento de la ley la oposición cuestionó que el articulado deja abierta una zona gris: qué ocurre con el excedente entre el «activo regulatorio» y la deuda con Cammesa. En efecto, el texto establece que el eventual crédito se utilizará «hasta el límite» de las obligaciones con Cammesa. Pero no aclara qué pasa con el saldo restante.

    Como sea, un operador del mercado que sigue de cerca a las energéticas explicó a LPO que la lectura en la City es muy clara: «Si el Gobierno termina validando la compensación, las distribuidoras podrían mostrar una mejora patrimonial muy importante en sus balances y esto debería empujar las acciones», afirmó.

    La secretaria de Energía, María Tettamanti.

    «Para el mercado esto es potencialmente enorme. Si el Estado reconoce aunque sea parte de esos activos regulatorios, Edenor y eventualmente Edesur mejoran fuertemente patrimonio y resultados», explicó.

    «El mercado interpreta que el Gobierno está dispuesto a ordenarles los balances a las distribuidoras y eso normalmente termina impactando en la cotización de las acciones», agregó.

    El proyecto también establece que las sumas resultantes quedarían exentas del Impuesto a las Ganancias para las distribuidoras y transportistas eléctricas de jurisdicción federal.

    Por eso, los críticos sostienen que el Gobierno está construyendo un privilegio fiscal y regulatorio para las distribuidoras, pero lo cierto es que en la City entienden que la combinación de reorganización tarifaria y compensación de deudas,  no sólo limpia el balance de las empresas, si no que además las deja en condiciones objetivas para que mejore de manera importante su cotización bursátil.

     

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