En el día internacional del Cabernet Sauvignon les traemos la reseña de Intimo de la bodega de Humberto Canale desde el paladar de Fabián Mitidieri
En esta oportunidad les acerco al Cabernet Sauvignon 2020 de Humberto Canale que es elaborado por Horacio Bibiloni y forma parte de la clásica cartera de los vinos «Intimo».
El viñedo es cosechado a mediados de Abril para luego pasar por una maceración prefermentativa en frío por 48 hs. El vino es elaborado en piletas de cemento de 9000 litros con una crianza durante 4 meses en toneles de 225 lts. de roble francés y americano. Finalmente es filtrado y embotellado para descansar 8 meses antes de su comercialización.
Bodega: Humberto Canale
Zona: Gral. Roca – Río Negro
Color: rojo granate de brillo medio y media intensidad.
Aroma: frutado de moras, especias y ají verde con toques de vainilla; muy buena integración de su alcohol. Volumen medio de aroma.
Sabor: sobrio y estructurado, con ataque semi dulce y media acidez. En la boca presenta buen equilibrio de tendencia centro – atrás, con sus taninos presentes y media sensación de astringencia al final de la cata. Su graduación alcohólica es de 13,8º; tiene cuerpo medio, elegante, y persistencia media.
Conclusión: Estructurado Cabernet patagónico desde Gral Roca (Río Negro) de aromas a moras, especias y ají verde con toques de vainilla. En la boca se comporta sobrio y con buen equilibrio. Cierra con cuerpo medio, elegante, y persistencia media.
La renuncia de Néstor Lamboglia a la presidencia del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad expuso el problema de fondo del organismo: fue creado para controlar a las empresas, pero nació sin poder real para hacerlo. A menos de un mes de haber asumido, Lamboglia dejó el cargo y será reemplazado por su vice, Vicente Serra, en medio de una interna por la puesta en marcha del ente que fusionó al Enre y el Enargas.
La salida se conoció este lunes y tomó por sorpresa al sector energético. Lamboglia había sido designado al frente del nuevo organismo el 12 de mayo. En el directorio quedaron Vicente Serra como vicepresidente y Marcelo Nachón, Griselda Lambertini y Héctor Falzone como vocales. Menos de tres semanas después, el presidente ya estaba afuera.
La explicación formal habla de una interna dentro del directorio. Según publicó el sitio especializado EconoJournal, Lamboglia mantenía una fuerte disputa con Marcelo Nachón, ex interventor del Enargas, por contratos, asesores, oficinas y el armado administrativo del nuevo organismo. La pelea venía desde antes de que el ente terminara de constituirse y se agravó con la convivencia de las dos estructuras.
El punto más sensible fue salarial. El Post Energético reveló que en el organismo se discutía una recomposición de hasta el 30 por ciento para parte del personal, sobre todo para achicar la diferencia entre trabajadores provenientes del ex ENRE y del ex Enargas. La propuesta incluía un concepto «puente» en los recibos de sueldo, remunerativo y bonificable.
Pero en el sector creen que esa pelea no alcanza para explicar la renuncia. «No tenía margen de movimiento», dijo a LPO una fuente que conoce la interna del organismo. La frase resume el problema. El ente debía regular gas y electricidad, pero las decisiones centrales ya estaban tomadas en otro lado. Lamboglia quedó sentado en una oficina con responsabilidad formal y escaso poder político.
La renuncia de Lamboglia deja al descubierto esa contradicción. El Gobierno dice que quiere ordenar el sistema energético, pero al mismo tiempo avanza con condonaciones, recortes de subsidios, cambios tarifarios y reacomodamientos empresarios sin darle al regulador un lugar real en la mesa. El ente queda para firmar, no para decidir.
La muestra más clara fue el proyecto que el Gobierno mandó al Congreso para condonar deudas de Edenor, Edesur y otras distribuidoras con Cammesa. LPO reveló que el monto alcanza los 1.842 millones de dólares. La iniciativa permite que las empresas descuenten de sus deudas los ingresos que dicen haber dejado de percibir por atrasos tarifarios. Diputados le dio media sanción al proyecto junto con el recorte del régimen de Zona Fría.
Según fuentes del sector, Lamboglia se enteró por los medios de los detalles de esa iniciativa. El presidente del organismo encargado de controlar a las distribuidoras eléctricas no participó de la letra fina de una norma que impacta de lleno sobre esas mismas empresas que debe regular. El mensaje interno fue evidente: el ente miraba desde afuera una decisión que debía tenerlo como actor central.
El mecanismo es simple. El Estado reconoce a las distribuidoras un crédito por ingresos supuestamente no percibidos. Luego, ese crédito se usa para compensar deudas con Cammesa. A cambio, las empresas deberían desistir de reclamos judiciales. En los papeles, el Gobierno lo presenta como una normalización del sistema. En los hechos, limpia balances privados con una decisión pública.
Esa discusión dejó a Lamboglia en una posición muy débil. El nuevo ente todavía no había terminado de ordenar oficinas, contratos y escalas salariales, pero el Gobierno ya avanzaba con una medida de alto impacto para las empresas reguladas. El organismo nació para poner reglas, pero el Ejecutivo ya negociaba las reglas por arriba del organismo.
La electricidad tiene además su propia interna. El área quedó bajo la influencia de Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica. LPO viene contando su cercanía con los hermanos Neuss, que aceleraron su expansión en el sistema eléctrico desde la llegada de Milei al poder y fueron por activos clave como Transener y Transnoa.
Ese vínculo es decisivo para entender la renuncia. Si el área eléctrica está políticamente intervenida por Sanfilippo y por empresarios con intereses directos en generación transporte y distribución, el margen del regulador queda reducido. No se trata sólo de una interna administrativa. Se trata de quién manda sobre los negocios que el ente debería controlar.
En gas ocurre algo parecido, donde los empresarios del sector tienen fuerte incidencia en las políticas del gobierno.
La fusión del ENRE y el Enargas fue presentada como una reforma de eficiencia. Menos organismos, menos burocracia, más coordinación. Pero el resultado, por ahora, muestra otra cosa: un regulador más grande en el organigrama y más chico en la práctica.
La renuncia de Lamboglia deja al descubierto esa contradicción. El Gobierno dice que quiere ordenar el sistema energético, pero al mismo tiempo avanza con condonaciones, recortes de subsidios, cambios tarifarios y reacomodamientos empresarios sin darle al regulador un lugar real en la mesa. El ente queda para firmar, no para decidir.
Serra asumirá con el mismo problema. Si las decisiones de fondo pasan por los grupos que operan en electricidad y gas, el nuevo ente tendrá una función limitada. Un poder condicionado que se extiende a la Secretaria de Energía, que también perdió capacidad de regulación. No define precios, no ordena inversiones y no arbitra entre jugadores.
«En definitiva, esa es la idea del gobierno de Milei, que el mercado funcione solo», resumió a LPO una fuente del sector.
Las Fuerzas Armadas atraviesan una situación crítica que combina la falta de cobertura por la crisis de la obra social, el ajuste salvaje que se oficializó con el último decreto del Gobierno para el Presupuesto, y los bajos salarios.
Este último ítem ha sido motivo de análisis tras un informe
interno
que revela que, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, los haberes del personal militar registraron una suba acumulada del 139,03%, muy por debajo del avance del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que alcanzó el 219,14% en el mismo período. Es decir, una caída del 80 por ciento.
El informe también muestra que el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 189,91%, mientras que vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles trepó un 417,41%, convirtiéndose en el componente de mayor presión sobre el poder adquisitivo de los uniformados.
Los datos reflejan una marcada pérdida del salario real del personal militar frente al costo de vida. Mientras en diciembre de 2023 los haberes partían de una base de 100 puntos -igual que el resto de los indicadores-, para marzo de 2026 alcanzaron 239,03 puntos. En contraste, el IPC llegó a 319,14 puntos; alimentos y bebidas no alcohólicas, a 289,91; y vivienda y servicios básicos, a 517,41 puntos.
El informe también muestra que el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 189,91%, mientras que vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles trepó un 417,41%, convirtiéndose en el componente de mayor presión sobre el poder adquisitivo de los uniformados
La mayor brecha se observa en el rubro de servicios esenciales. El costo de vivienda, agua, electricidad y gas más que quintuplicó su valor inicial, mientras que los ingresos militares apenas lograron duplicarse. Esta diferencia impacta de manera directa en la capacidad de sostener gastos fijos del hogar y en el acceso a bienes básicos. En alimentos, aunque la suba fue menor que en servicios, también superó ampliamente la recomposición salarial.
El exministro de Defensa Luis Petri
El índice pasó de 100 a 289,91 puntos, casi 51 puntos por encima de los haberes militares. Una fuente militar que sigue de cerca todo este proceso explicó a LPO que «este desfasaje profundiza el deterioro del poder adquisitivo y genera una situación de creciente vulnerabilidad económica en sectores de ingresos fijos, especialmente entre retirados y personal en actividad con menores escalas salariales».
Este desfasaje profundiza el deterioro del poder adquisitivo y genera una situación de creciente vulnerabilidad económica en sectores de ingresos fijos, especialmente entre retirados y personal en actividad con menores escalas salariales
«La comparación deja en evidencia que, pese a los incrementos otorgados en el período, la actualización de haberes no logró acompañar el ritmo de la inflación general ni el fuerte encarecimiento de los servicios básicos, consolidando una pérdida sostenida del ingreso real», agregó.
La situación salarial también aumenta el malestar con el ministro Carlos Presti que no pudo dar respuestas a las demandas de sus compañeros de armas desde que llegó al ministerio. Fuentes militares consultadas por LPO hablan de «desazón general» y afirman que «el 99 por ciento de las Fuerzas Armadas no tiene un concepto de Presti peor que el de Petri pero sí considera que no es la voz de las FFAA en el gobierno sino que es el gobierno de uniforme dando ordenes directamente».
La crisis salarial en las Fuerzas Armadas es un problema de arrastre. Durante el gobierno de Alberto Fernandez, con Sergio Massa en Economía y Jorge Taiana en Defensa, se empezó un plan de jerarquización de los haberes para que el personal militar cobre igual que las fuerzas de seguridad. Eso fue interrumpido tras la asunción de Javier Milei y la situación se agravó a punto tal que muchos militares activos tiene que buscar otro trabajo para sobrevivir.
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