RE-PARAR LA VIOLENCIA: LA PROPUESTA DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE FEMICIDIOS
LAVACA.org es una cooperativa que propone generar herramientas, información, vínculos y saberes que potencien la autonomía de las personas y sus organizaciones sociales. Todos los meses desde el observatorio Lucia Perez, uno de sus espacios digitales donde por ejemplo crearon el primer padrón autogestivo y público de femicidios del país, comparten un resumen mensual del análisis de datos de la violencia patriarcal en Argentina.
Familiares de Víctimas de Femicidios, Transfemicidios y Desaparecidas realizaron una asamblea abierta en Plaza de Mayo el 3 J. Elaboraron un documento que las ubica en el lugar que no siempre se les reconoce: el de protagonistas cruciales frente a situaciones que involucran violencia patriarcal e injusticias de todo tipo por parte del Estado. ¿Qué significa el concepto de reparación? ¿Cuáles son los enfoques imprescindibles para actuar en estos tiempos? El documento, lo colectivo, y los derechos humanos.
Por Claudia Acuña.
Re-parar es un término que contiene el significado necesario para ampliar los márgenes de reflexión sobre las violencias, cuyas consecuencias ciegan y estrechan las posibilidades de creación de una justicia-justa.
Desborda el estrecho imaginario penal y abre el umbral que conduce a una experiencia concreta y posible, que ha nacido de la sociedad argentina y se ha convertido en modelo y programa de las instituciones globales.
Re-parar es, además, en su acepción callejera, otorgarle a ese verbo el aval de un prefijo que lo garantiza, refuerza y compromete.
Re-parar, tal como señala el profesor de Derecho Internacional Felipe Gómez Isa, “no es un fenómeno exclusivamente económico o material, sino que necesita un conjunto de medidas que tienden a modificar el imaginario político y social. En el fondo, se trata de un proceso político que busca un nuevo equilibrio en la sociedad en el que las víctimas sean reconocidas como tales y pasen a ocupar un papel central en el espacio político y social”.
Es este lugar el que exigen las Familias Víctimas de Femicidios, Transfemicidios y Desaparecidas en el documento que han elaborado tras la asamblea a cielo abierto que realizaron el 3 de junio en Plaza de Mayo, luego de escuchar, relato tras relato, los sufrimientos padecidos en su búsqueda de verdad y justicia.
Ese documento fue entregado en mano y a la semana siguiente al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, a la ministra de Mujeres y Diversidades de la Nación, Ayelén Mazzina, a la Banca de la Mujer del Senado y remitido al presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto con un pedido de audiencia.
El texto es en sí mismo elocuente y resume así todo aquello que merecería una larguísima y compleja reflexión sobre derechos humanos, violencias patriarcales, políticas de Estado y representaciones sociales.
Un texto para reflexionar
El documento dice textualmente:
“Nosotras, Familias Victimas de Femicidios, Transfemicidios y Desparecidas, reunidas el de 3 de junio de 2023 en la Plaza de Mayo, en una asamblea realizada a cielo abierto, escuchamos los testimonios de quienes sufren la violencia del Poder Judicial, la ineficacia del Poder Ejecutivo y el desprecio de quienes se autoperciben interlocutoras expertas. Analizamos luego lo común de cada experiencia en la búsqueda de verdad y justicia: lo narco, la policía, la fiscalía como trama de la impunidad. También sacamos cuentas: alcanzar una sentencia firme cuesta más de 25 años. Luego, pesamos nuestras cargas: el tiempo dedicado a golpear puertas, empujar causas; los daños que el maltrato y la impotencia cosechan en nuestra salud, los días de trabajo perdidos, las noches en vela, etc., etc. Todo lo cual nos llevó a comprender que es necesario lograr un cambio concreto y ya, para todas las familias y para que Nunca Más. Por todo esto decidimos concentrar nuestras exigencias en tres puntos:
1) Reparación a las familias víctimas de femicidios, transfemicidios y desaparecidas. La reparación económica de las víctimas constituye para Argentina una experiencia sobresaliente a nivel mundial. Hemos analizado este antecedente, tanto en el camino que requirió por parte de las víctimas para consagrar este derecho como en el modo en el que Estado lo implementó. El primer eslabón lo encontramos en el informe Nunca Más elaborado por la CONADEP donde recomendó: “Que se dicten las normas necesarias para que los familiares de las víctimas reciban asistencia económica: becas para estudio; asistencia social; puestos de trabajo”. Nutridas por esa experiencia y con la convicción de que las herramientas sociales creadas por el movimiento de derechos humanos nos han legado prácticas concretas para erradicar las violencias que sufrimos, consideramos que es necesario:
a) Desde el 1º de abril de 1996, fecha en la que el Senado y la Cámara de Diputados sancionaron con fuerza de ley N.º 24.632 la Convención de Belem Do Pará, las familias hemos sido víctimas del incumplimiento de esta norma y, por lo tanto, el Estado argentino debe admitir esa falta con una medida de reparación concreta, tal como está previsto en el artículo 7, inciso 6 de esa ley.
b) Debe sancionarse una ley de Reparación Integral a las familias víctimas de femicidios, transfemicidios y desaparecidas.
2) Transformación del Poder Judicial: Mucho se ha hablado de la reforma del Poder Judicial, sin dar un solo paso concreto. Es necesario y urgente, entonces, hacer algo ya. Hay tanto para modificar, tanto para crear y tanto para reflexionar que toda medida concreta resulta chiquita, frente a lo monstruoso de la realidad. Pero las familias sabemos que las cosas llevan tiempo, paciencia, compromiso y un plan de acción puntual, que nos permita medir la diferencia que hay entre lo que nos proponemos y finalmente alcanzamos. En base a este aprendizaje, que nos ha permitido vencer barreras y lograr avances que parecían imposibles, consideramos que es necesario:
a) Crear una mesa de trabajo con eje central en la tarea de las fiscalías, en las que estén involucradas las Procuradurías y las familias.
b) Crear un Observatorio de las Fiscalías de Género a cargo de las universidades nacionales de cada localidad, que dediquen cátedras especializadas al seguimiento e informe de la labor fiscal en causas relacionadas con violencias de género, que sean de acceso público, libre y gratuito.
3) Que el Estado se haga cargo de:
a) los costos de querellas: en tanto logremos que las fiscalías trabajen cada causa en equipo con las familias, es necesario que el Estado tenga un programa para financiar querellas particulares y a los profesionales que eso requiere -letrados y peritos- porque se trata de honorarios absolutamente imposibles de asumir por las familias.
b) los pases libres de transporte de las familias, sean terrestres o aéreos, ya que debemos trasladarnos constantemente cientos de kilómetros para seguir las causas judiciales, entre otras tareas del reclamo de justicia que afrontamos con nuestros bolsillos.
Ninguno de estos costos representan una cifra importante para el Poder Ejecutivo: comparen, por ejemplo, lo que han aportado para que el 3 de junio se baile frente al Congreso y lo que significa que el lunes 5 le respondan a los hijos que dejó huérfanos el femicidio de la periodista correntina Griselda Blanco que no hay fondos para los gastos de su abogada.
Estos son nuestros tres pedidos. Ahora están en sus manos”.
Re- parar significa, entonces, que la categoría “víctima”, a través de la cual el Poder Judicial reconoce los derechos de quienes sufren violencias, se transforme a partir de ahora en protagonista central de los procesos de cambio que requiere el actual procedimiento estatal de justicia. Así lo destacaba el 14 de julio de 2022 en la Asamblea General de la ONU el argentino Fabián Salvioli, Relator Especial para la Promoción de la Verdad, Justicia y Garantías de No Repetición:
“En el pasado, las víctimas han sido consideradas principalmente de forma pasiva, como suministradoras de pruebas o declaraciones en los procesos de búsqueda de la verdad o como receptoras de reparaciones. Sin embargo, la lucha de las víctimas por la justicia consiste en llegar a tener una capacidad de acción para superar el victimismo y prevenir la violencia. Por lo tanto, la vía para salir de la violencia solo puede concebirse conjuntamente con las víctimas, que tienen la clave del camino para el cambio y, por consiguiente, para un enfoque de la justicia centrado en las personas”.
Condiciones de reparación
Re-parar requiere de un primer paso indispensable e ineludible: quien hizo daño debe aceptar la responsabilidad de sus acciones y este reconocimiento no se limita sólo a la admisión de que se ha violado la ley, sino a que con esa violencia se ha herido a la víctima, a su familia, a su comunidad y a toda la sociedad.
Esta es la premisa de la que parte la llamada “justicia reparativa” cuyo primer congreso se realizó en la Universidad Nacional de Lanús entre el 8 y 10 de junio pasado, impulsado por las Defensorías del Pueblo de Buenos Aires, Santa Fe y Chaco, entre otros organismos. En sus conclusiones señala la segunda condición que construye el punto de partida hacia la construcción de otros paradigmas judiciales:
“El punitivismo, a lo largo de la historia, ha demostrado su fracaso y en esta cuestión, las víctimas deben ser escuchadas. Especialmente, por respeto a su propio dolor”.
El tercero lo define el académico colombiano Pablo de Greiff en su trabajo Justicia y Reparaciones:
“El Estado no puede sencillamente desconocer los reclamos de las víctimas con el argumento de que no hay recursos suficientes o alegando, sencillamente, que no hay manera de superar los problemas porque esto equivaldría a reconocer que no está en condiciones de sostener un régimen de justicia”.
Re-parar significa, entonces, la aceptación del daño infligido, el respeto a las víctimas y la asunción de la responsabilidad de garantizar el funcionamiento pleno del orden jurídico: tres condiciones indispensables, mínimas, urgentes que debe asumir el Estado para comenzar a construir otra justicia.
Las Familias Víctimas de Femicidios, Transfemicidios y Desaparecidas marcan una fecha en el calendario para señalar así desde cuándo la sociedad argentina soporta el daño que le ha infligido el Estado: 1º de abril de 1996. Es el día en que Argentina se comprometió a que “toda mujer tiene derecho a vivir una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”. Y a “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”.
El 1º de abril de 1996 es también el fatídico día en que el policía Víctor Leonardo Sánchez mató con su arma reglamentaria a su pareja Jésica Leticia Sapura, crimen por el que fue condenado a 5 años de prisión en un juicio abreviado.
Re-parar, finalmente, significa eso: Nunca Más.
3J y después: voces para entender una realidad
Marisa, mamá de Luna Ortiz: Los Nunca Más
Estamos logrando que los familiares seamos un actor político. Nos une algo bien firme y concreto: ir por un Nunca Más al maltrato, a la revictimización de nuestras hijas y de nosotros mismos. Hay algunos que quieren quebrarnos por conveniencias políticas. No solamente somos familiares víctimas de femicidios, sino también de muchas desaparecidas. Sabemos que las campañas políticas salen muchas veces de un montón de negociados que hay por debajo con las diferentes mafias territoriales que nosotros denunciamos, y eso a muchos no les conviene.
Marta, mamá de Lucía Pérez: Quiénes somos
Somos familias organizadas a partir de un delito que se comete con las vidas de nuestras hijas. Asumimos este rol porque no nos queda otra. Yo no quise estar en este lugar. Pero tuvimos que tomar las riendas de lo que nos pasa porque no hay un Estado presente, ni hay nadie que haga las cosas como nosotros creemos. ¿Por qué? Porque conocemos las causas, sabemos lo que pasó. Y sabemos todo lo que se esconde detrás de esto. Por eso somos las personas más autorizadas para defender la causa de las muertes de nuestras hijas. Pero ese lugar lo tuvimos que tomar, porque si no, te dejan relegado. Dicen: “las familias no entienden, no saben, están perdidas”. Esa es la mirada del otro lado. Se creen que el saber lo tiene la persona que es abogada, o la académica. Pero no entienden: nosotros aprendimos desde el sufrimiento. El dolor es el que nos enseña. Yo nunca pensé que no iba a tener a Lucía. Ella podría haber estudiado, tener una carrera, una vida, y la arrebataron. Ese dolor desgarrador es lo que nos hace decir basta. Esto nunca más. Entonces nos plantamos, salimos a luchar por nuestros derechos y el de tantas chicas y mujeres a las que nadie defiende cuando son de los barrios y de los territorios, como si valieran menos. Por lo menos hemos logrado que nos escuchen. De aquí en más lo que queremos es: estar juntos, pensar, hablar, hacer. Desde ese lugar es donde podemos y somos. Y desde ese dolor es que pudimos poner en marcha una lucha que no existía.
Alfredo, papá se Carla Soggiu: El gobierno a escondidas
En el gobierno nacional están mirándose el ombligo, y tienen cajas que no quieren tocar. Gastan mal, y no quieren escuchar. Hicieron un ministerio, y teníamos esperanza de tener un aliado, que nos brinden herramientas, acompañamiento. Pero fueron años de caminar a ciegas. Hace falta un compromiso que no tuvieron nunca. Tuvimos que juntarnos en la Plaza durante años, presentando cartas una vez por mes, para que nos reciban en la Casa Rosada, cuando debería haber sido instantáneo, para brindarnos soluciones o contención al menos. Pero jugaron a las escondidas. Fueron tres años pidiendo una audiencia. Y cuando fuimos no hablamos nosotros, pudimos hablar muy poco. Estas artimañas no las tienen que hacer con gente como nosotros. Tienen que estar al servicio de la gente, no operando. Pero la lucha no la vamos a terminar. Ya nos quitaron a nuestras hijas. ¿Qué más nos van a sacar? Y encima se va sumando más gente, porque lamentablemente esto sigue pasando todo el tiempo.
Daniel, papá de Cecilia Basaldua: Reforma estatal
Las familias tenemos claro que hoy termina imponiéndose el único poder que no se elige: el judicial. Me doy cuenta ahora, porque me tocó padecerlo. Estaría buena una reforma en todos lados. El poder lo deberíamos tener quienes votamos, para que la gente elija tanto a los jueces como a los políticos.
Mónica, mamá de Araceli Fulles: La justicia al revés
Hay que empezar por la justicia, y por las investigaciones policiales. Porque para la policía siempre pasa lo mismo: primero, la culpa la tiene la víctima. Después, los familiares. En nuestro caso primero dijeron de todo de Araceli, y después fuimos investigados nosotros. Y mientras tanto, gracias a eso, los delincuentes que mataron a mi hija tuvieron tiempo de escaparse. Por esas cosas es que queremos cambiar toda esta realidad que nadie quiere cambiar.
Gustavo, papá de Natalia Melmann: el mensaje
La condena es un antecedente social muy importante: la idea de que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Ese fue siempre el mensaje que nos dieron las Madres de Plaza de Mayo. Y sirve para toda la sociedad. Las familias ya lo entendimos: nunca vamos a abandonar.
Fuente: Observatorio Lucia Perez
