PorMunicipalidad Villa Regina
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La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina da a conocer el cronograma de recolección de residuos domiciliarios durante los próximos días:
*Jueves 23: Normal
*Viernes 24: Sólo durante la mañana
*Sábado 25: No habrá recolección
*Domingo 26: El servicio se prestará normalmente
El fiscal Gerardo Pollicita aguarda la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni para cotejar esos datos con los requerimientos de justificación patrimonial que ya solicitó a través de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).
Fuentes al tanto de la investigación comentaron a LPO que el fiscal «buscó hasta lo que Adorni gasta para el seguro del auto». La frase marca el grado de precisión que habría alcanzado en la pesquisa que le delegó el juez Ariel Lijo.
El magistrado se prepara por estas horas para viajar a París, a un encuentro organizado por el GAFI, junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El viaje en el que ambos van a coincidir alimentó la sospecha en tribunales acerca de un nuevo intento de acercamiento por parte del gobierno para frenar la investigación contra el jefe de Gabinete.
De hecho, LPO reveló que Karina Milei experimentaba un creciente malestar con el viceministro Santiago Viola, quien se quedó con el cargo de Sebastián Amerio con la promesa de aliviar las causas judiciales que atormentaban a la secretaria general de la Presidencia y su hermano, Javier Milei.
Cumbre de Karina y Menem tras la explosiva revelación del contratista de Adorni
En ese contexto, Lijo aceptó hablar con Mahiques pero le pidió que corran a Viola, a quien ya le dicen «Pitufo» en los pasillos judiciales. «Perfecto que nos vamos a juntar en París y que no viene Viola», habría dicho el magistrado.
Sin embargo, las especulaciones sobre una eventual pleitesía del juez con la Rosada por el caso Adorni parece improbable por la acumulación de documentación reunida por el fiscal. «Pollicita ya tramitó el requerimiento de justificación patrimonial y parece que Adorni está lleno de inconsistencias», graficaron a LPO.
Pollicita ya pidió requerimiento de justificación patrimonial y parece que Adorni está lleno de inconsistencias.
En rigor, la tarea del fiscal será determinar la sospecha sobre el delito de enriquecimiento ilícito y cuál es su magnitud comparando la información aportada como elemento de prueba por la DAFI y la declaración jurada del funcionario. La conclusión no es una interpretación del fiscal sino una ecuación de suma y resta para clarificar si existía un nivel de ingresos acorde a los gastos verificados.
Quienes conocen a Pollicita advierten que «está dispuesto a ir a fondo». LPO había publicado que Adorni había querido llegar a él a través de los oficios de Mahiques pero que, cuando el ministro lo contactó por teléfono para cumplirle ese favor al jefe de Gabinete, el fiscal cortó la comunicación abruptamente. «No le importa el gobierno ni Milei, Karina o Adorni», aseguran.
Partiendo de la creencia que todo está conectado, como si fuéramos una nube de energía conectando entre sí diferentes puntos , puedo decir que hoy -2018- ya estamos preparados para asimilar varios conceptos a la vez y entrelazarlos. Darles un significado en común, una compatibilidad. Ningún suceso es aislado, todos tienen un “código” y se…
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El relato triunfalista de la Casa Rosada empezó a chocar contra un dato que preocupa cada vez más al oficialismo: el desgaste social ya se traduce en números concretos. Una nueva encuesta nacional de la consultora CEOP Latam reveló que más del 62% de los argentinos asegura que no votaría una reelección de Milei, mientras que apenas un 29,9% afirma que volvería a acompañarlo en las urnas.
Por Roque Pérez para NLI
El dato golpea en un momento especialmente delicado para el Gobierno, atravesado por la caída del consumo, la recesión prolongada, los conflictos internos en La Libertad Avanza y una creciente pérdida de confianza pública. La encuesta además mostró un escenario que hace apenas meses parecía impensado para el oficialismo: el peronismo vuelve a aparecer competitivo como expresión política y económica frente al experimento libertario.
Según el relevamiento, el gobernador bonaerense Axel Kicillof aparece incluso por encima de Milei en intención de voto, con un 30,3%, mientras que el Presidente no logra romper el techo del 30%. Más contundente todavía es el rechazo: seis de cada diez argentinos descartan volver a votar al líder libertario.
La encuesta también deja otra señal política importante. El modelo económico identificado con el peronismo-kirchnerismo alcanza un 46,5% de adhesión, mientras que el esquema mileista queda varios puntos atrás con 36,3%. En otras palabras: la sociedad empieza a separar el enojo con la “casta” del impacto concreto que las políticas económicas tienen sobre la vida cotidiana.
No se trata de un fenómeno aislado. Otro informe difundido en las últimas horas por la Universidad Torcuato Di Tella mostró que la confianza en el Gobierno cayó por quinto mes consecutivo y alcanzó uno de los peores registros desde que Milei asumió. El índice retrocedió 18,7% interanual y acumula una caída de casi 20% en lo que va del año.
El corazón del problema parece estar en la economía real. Mientras el Gobierno insiste con mostrar una desaceleración inflacionaria como gran logro político, la situación social sigue deteriorándose. El salario perdió capacidad de compra, el mercado interno continúa deprimido y miles de pequeños comercios, industrias y trabajadores informales sienten el impacto del ajuste.
La propia encuesta refleja ese malestar: un 60% considera que el país está peor que hace un año y más de la mitad cree que dentro de otro año la situación será todavía peor.
Ese deterioro erosiona uno de los principales activos que Milei supo construir durante 2024 y parte de 2025: la expectativa. Durante meses, buena parte de la sociedad toleró el ajuste bajo la promesa de una recuperación futura. Pero cuando la mejora no llega al bolsillo, la paciencia social empieza a agotarse.
Incluso dentro del universo opositor al peronismo aparecen señales de fragmentación. El PRO atraviesa tensiones internas, mientras sectores liberales empiezan a cuestionar el nivel de confrontación permanente impulsado desde la Casa Rosada. El abrazo reciente entre Milei y Jorge Macri durante el Tedeum del 25 de Mayo dejó en evidencia la necesidad oficialista de reconstruir alianzas políticas ante un escenario menos favorable.
Durante gran parte de 2024 y 2025, el oficialismo logró instalar la idea de que Milei conservaba un núcleo social sólido e inmune al desgaste. Sin embargo, los números empiezan a mostrar otra realidad: la imagen negativa supera el 60% en varios estudios y el rechazo a una eventual reelección se consolida.
La política argentina tiene una larga historia de gobiernos que parecían invulnerables hasta que el impacto económico llegó a la vida cotidiana. El problema para Milei es que su proyecto depende casi exclusivamente de sostener expectativas positivas mientras aplica un ajuste feroz. Cuando esas expectativas se rompen, el blindaje discursivo pierde eficacia.
Por ahora, el oficialismo conserva una base intensa de apoyo y una fuerte presencia digital. Pero las encuestas empiezan a mostrar que el rechazo social ya dejó de ser un fenómeno marginal. Y en política argentina, cuando el humor social cambia, suele hacerlo rápido.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa decidieron adherir al Régimen Simplificado de Ganancias mientras la Justicia investiga el crecimiento de su patrimonio. La decisión reavivó una contradicción política incómoda: el mismo gobierno que hizo de la honestidad una bandera impulsó un mecanismo que limita los controles fiscales y que ahora utiliza uno de sus principales funcionarios.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La construcción política de Milei se apoyó desde el primer día en una idea tan simple como efectiva: ellos eran distintos. Frente a una «casta» señalada como corrupta y privilegiada, La Libertad Avanza se presentó como la expresión de una nueva moral pública, donde la transparencia sería un valor irrenunciable y la ejemplaridad una obligación de cada funcionario.
Por eso la decisión de Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti de adherir al Régimen Simplificado de Ganancias trasciende ampliamente una cuestión tributaria. Ocurre en medio de una investigación judicial sobre el origen y la evolución de su patrimonio y pone en evidencia una paradoja política difícil de explicar: el principal vocero de la honestidad oficial eligió una herramienta que reduce la capacidad del Estado para revisar patrimonios anteriores.
La contradicción es todavía más llamativa porque el mecanismo utilizado por Adorni no proviene de una gestión anterior ni de una legislación heredada.
Fue este mismo Gobierno el que promovió un amplio esquema de regularización fiscal destinado a captar dólares no declarados y reducir controles sobre los contribuyentes. La iniciativa fue defendida públicamente por el oficialismo y tuvo entre sus principales impulsores al diputado José Luis Espert, quien sostuvo que era necesario abandonar la lógica de persecución fiscal para incentivar el ingreso de capitales al circuito formal.
El nuevo Régimen Simplificado de Ganancias incorporó además un beneficio central: el denominado «tapón fiscal», que limita las facultades de ARCA para revisar determinados períodos fiscales de quienes adhieran al sistema.
En otras palabras, el Gobierno creó un instrumento pensado para brindar mayor seguridad fiscal a los contribuyentes y uno de los primeros dirigentes de máxima relevancia en aprovecharlo es justamente el jefe de Gabinete, mientras debe responder ante la Justicia por la evolución de su patrimonio.
La causa judicial analiza operaciones inmobiliarias, movimientos bancarios, viajes y gastos que podrían no guardar relación con los ingresos declarados por Adorni y su núcleo familiar.
Entre los elementos bajo análisis aparecen compras de inmuebles, vacaciones internacionales y diversas erogaciones realizadas en dólares cuya trazabilidad intenta reconstruir la Justicia. El expediente todavía no tiene una conclusión y rige plenamente el principio de inocencia, por lo que no existe ninguna imputación firme ni condena contra el funcionario.
Sin embargo, la utilización del nuevo régimen tributario agrega un componente político imposible de ignorar: aunque la adhesión sea completamente legal, el mensaje público resulta difícil de conciliar con el discurso oficial de transparencia absoluta y superioridad moral.
Durante meses el oficialismo construyó buena parte de su legitimidad sobre la idea de que no todos los políticos eran iguales. Se cuestionaron patrimonios, declaraciones juradas, privilegios y mecanismos de regularización utilizados por otros dirigentes.
Ahora la escena es distinta. El mismo Gobierno que promovió un régimen pensado para facilitar la regularización patrimonial y reducir controles ve cómo ese beneficio es utilizado por su propio jefe de Gabinete, precisamente cuando la Justicia intenta determinar el origen de parte de su fortuna.
No se trata solamente de una discusión tributaria ni de una controversia jurídica. Se trata de una cuestión de coherencia política. Cuando una administración convierte la moralidad en su principal activo, cualquier excepción deja de ser un trámite administrativo para transformarse en una prueba sobre la consistencia de su propio relato.
El gobierno consiguió este miércoles darle media sanción a la ley que modifica el régimen se Zonas Frías para subsidiar a los hogares alcanzados por la norma vigente desde 2021, en el consumo de gas. Con 132 votos por la afirmativa, 105 por la negativa y las abstenciones de los tres catamarqueños de Raúl Jalil y el lilito Maximiliano Ferraro, el oficialismo aprobó su iniciativa cerca de las 22, después de casi 12 horas de sesión.
Al igual que con el quórum, los libertarios contaron con el respaldo del PRO, la UCR, el MID, los sanjuaninos de Marcelo Orrego, los tucumanos de Osvaldo Jaldo y casi todos los representantes de Innovación Federal, la bancada que responde a Carlos Rovira y Gustavo Sáenz. Para obtener ese apoyo, Diego Santilli gastó los teléfonos de los gobernadores en la previa de la sesión prometiendo un alivio para las tarifas eléctricas bajo la forma de un canje de «zona cálida por zona fría».
Durante el debate, los libertarios acusaron al peronismo de hacer «populismo tarifario» y se jactaron de proponer una iniciativa que busca reparar ese problema. El mendocino Facundo Correa Llano, miembro informante del oficialismo, dijo que «la política argentina se construyó sobre subsidios indiscriminados, sobre distorsiones, sobre privilegios», y agregó: «eso nos llevó a confundir lo que es la sensibilidad social con desorden, subsidios con privilegios, y política energética con populismo tarifario».
En su intervención, no mencionó que la mutilación de las zonas frías estaba contemplada en el capítulo 11 del proyecto de presupuesto que la oposición abortó con la media sanción de la Cámara Baja, en diciembre del año pasado, un golpe a la trampa que había montado Luis Toto Caputo para profundizar el ajuste. De hecho, Correa Llano reivindicó «el camino basado en el equilibrio fiscal, en la inversión privada, en reglas claras, en un sistema energético sostenible y en subsidios focalizados».
La cordobesa Laura Rodríguez Machado, que saltó en 2025 del PRO a LLA, presumió que el gobierno está «desarmando una bomba que dejó el kirchnerismo». «Estamos en contra de darle subsidios a quienes no lo necesitan», dijo, y concluyó: «nosotros cuidamos la plata de los argentinos asignándola a los recursos de quienes realmente la necesitan».
Horas más tarde le respondería la diputada Carolina Basualdo, también oriunda de Córdoba pero integrada al interbloque de Provincias Unidas. «Tomo la palabra en nombre de las 688 mil familias cordobesas a las que les quitan los subsidios», anunció antes de criticar que «la política energética de la Nación no puede diseñarse desde un escritorio en Buenos Aires».
Basualdo coincidió con el salteño Bernardo Biella en su preocupación sobre el destino del 7,5 por ciento de la factura que todos los consumidores pagan para la constitución del Fondo Fiduciario que financia los subsidios. «Los cordobeses vamos a seguir aportando», dijo con orgullo la diputada de Martín Llaryora.
Biella, por su parte, se preguntó si el dinero tributado sería imputado al pago de obras, como debería suceder con el impuesto a los combustibles, o jubilaciones. Miembro del bloque Innovación Federal, que responde a Gustavo Sáenz, el legislador había dicho antes de dar quórum que votaría contra la ley porque «en Salta hace más frío que en Mendoza».
Sobre el debate acerca del financiamiento del Fondo Fiduciario que sostiene los subsidios, el ex diputado y director del Instituto Consenso Federal, Alejandro «Topo» Rodrígez, recordó que «presentó superávit en 2021, 2022 y 2023, pero apenas asumió Javier Milei entró en déficit». Según sus cálculos, en 2021 hubo un superávit de 16 mil millones de pesos; en 2022, fue de 7697 millones de pesos; y en 2023, alcanzó 39 mil millones de pesos de balance positivo, mientras que en 2024 cayó en un déficit de 54 mil millones de pesos.
El impacto de la reforma impulsada por la Casa Rosada afecta a 1,2 millones de hogares en la Provincia de Buenos Aires. Como hay 6 millones en total en ese distrito, el impacto se produce sobre el 20 por ciento de las familias. A nivel nacional, casi 4 millones de hogares serían alcanzados por el recorte.
La camporista Paula Penacca salió al cruce también de los colegas suyos que criticaban la política de subsidios de los gobiernos kirchneristas. «Desde que asumió Javier Milei, el aumento de tarifas fue de 980 por ciento mientras que la inflación fue del 240 por ciento», graficó.
Quizá como advertencia, el rionegrino Miguel Pichetto evocó: «allá por el 2000, el gobierno de Fernando De La Rúa tomó una medida igual con el subsidio del combustible».
