En el marco de la campaña de forestación impulsada por la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina, se comenzó con la distribución de las estacas de sauce llorón y de podos de rosas a juntas vecinales e instituciones de la ciudad.
En la mañana de este jueves, el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros junto al Director del área Hugo Curzel procedieron a la entrega de los mismos en loteo de la Asociación Civil ‘Hogar’, ARA San Juan, El Frutillar, La Unión, Antártida, Tierra del Fuego, Businelli, Nuevo, Melipal, Don Bosco, 86 Viviendas.
En total se distribuyen más de 1000 plantas, entre sauce llorón y rosas.
El Gobierno publicó el Decreto 864/2025, donde define la “Política de Inteligencia Nacional”. Entre diagnósticos grandilocuentes, advertencias geopolíticas y un discurso de colapso institucional, Milei restituye la SIDE, concentra poder bajo la órbita presidencial y amplía la noción de amenaza. El resultado: un sistema de inteligencia más centralizado, con mayores atribuciones y con un marcado sesgo político.
La vuelta de la SIDE y el relato del derrumbe permanente
Entre referencias a los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel, la muerte del fiscal Nisman y el “deterioro acumulado de más de treinta años”, el Gobierno construye una narrativa destinada a justificar un viraje político profundo: la disolución de la AFI y el retorno pleno de la SIDE.
El Anexo I del decreto afirma que la Argentina vive bajo “un proceso de vulnerabilidad permanente”, producto de decisiones erradas y de un aparato estatal incapaz de anticipar amenazas. Esa lógica funciona como fundamento para concentrar el sistema de inteligencia en la órbita directa del Ejecutivo. Milei plantea que la única manera de “proteger la República” es recentralizar el espionaje.
El texto sostiene que la AFI creada en 2015 habría fracasado y que las intervenciones sucesivas entre 2019 y 2024 no revirtieron la crisis. Esa línea argumental habilita el rediseño completo del Sistema de Inteligencia Nacional, bajo un nuevo paraguas institucional: SIDE, SIA, ASN, AFC y DAI, una arquitectura verticalista donde cada agencia tiene funciones específicas, pero todas dependen del poder político central.
Un diagnóstico internacional que habilita un Estado de excepción permanente
El Anexo introduce un mapa global donde conviven potencias en pugna, guerras híbridas, ciberataques, operaciones de influencia y disputas informacionales. En ese contexto, la Argentina sería un país vulnerable, sin músculo institucional para enfrentar amenazas externas.
Bajo ese diagnóstico, la inteligencia pasa a ser un instrumento estratégico, no sólo para prevenir riesgos, sino para moldear la política interna y externa. El documento afirma que la “superioridad de la información” es condición para la soberanía y que la “batalla por la subjetividad” —es decir, la disputa por el sentido común— forma parte del conflicto global. Dicho en criollo: el Gobierno coloca a la comunicación, a los medios y a las redes como terreno de disputa estratégica, lo cual abre la puerta a interpretaciones peligrosamente amplias.
En un país con la historia argentina en materia de espionaje, la mención explícita a la “contra-influencia” y a la manipulación informativa como amenazas internas genera preocupación. Más aún cuando el organismo encargado de evaluar esas “influencias” es la SIDE, nuevamente bajo mando directo de la Casa Rosada.
Los intereses estratégicos: un listado amplio que incluye desde recursos hasta subjetividades
El Anexo fija cinco “intereses vitales” del Estado: soberanía, integridad territorial, seguridad de la población, sistema democrático y recursos naturales. Los objetivos parecen razonables, pero la definición de amenazas es tan amplia que abarca desde potencias extranjeras hasta operadores económicos, grupos criminales, actores tecnológicos, influencias regulatorias, presiones informacionales y hasta condicionamientos al desarrollo nacional.
En ese marco, el sistema de inteligencia queda habilitado para monitorear actores públicos y privados, movimientos geopolíticos, dinámicas económicas, operaciones digitales e incluso procesos culturales. Cuanto más abarcativa es la definición de amenaza, más discrecional es su aplicación.
El Anexo establece diez grandes líneas estratégicas: comunicación estratégica, contra-influencia, ciberseguridad, crimen organizado, defensa de recursos naturales, presencia extranjera en el Atlántico Sur, terrorismo y competencia tecnológica, entre otras. La mezcla de objetivos militares, económicos, comunicacionales y territoriales muestra un sistema de inteligencia que se proyecta sobre todos los planos de la vida nacional.
Una política de inteligencia que amplía poder sin ampliar controles
El texto habla de profesionalización, modernización y capacidades técnicas. Sin embargo, no menciona nuevos mecanismos de control civil, parlamentario o judicial, ni herramientas para limitar excesos. El rediseño institucional se construye desde arriba hacia abajo, no desde la transparencia hacia la eficiencia.
El punto más problemático no es la creación de nuevas áreas especializadas —algo que otros países también hacen—, sino que la estructura queda totalmente centralizada en la SIDE bajo mando presidencial directo, en un gobierno que ha dado señales de intolerancia ante voces críticas, universidades, sindicatos y organizaciones sociales.
En ese marco, la noción de “influencia” o “manipulación informacional” como amenaza estratégica puede convertirse en un arma política, sobre todo cuando el texto asocia la disputa comunicacional con la seguridad nacional.
Más poder para la Casa Rosada, menos controles democráticos
El Anexo I del Decreto 864/2025 no es un documento técnico inocente: es la hoja de ruta de un sistema de inteligencia que vuelve a concentrarse, que opera sobre una definición amplísima de amenaza y que se apoya en un relato de crisis permanente para justificar un poder estatal extraordinario.
Mientras Milei dice defender la “libertad”, la reconstrucción de la SIDE bajo su autoridad directa consolida un modelo donde la inteligencia vuelve a ser un instrumento político. En tiempos de ajuste, conflictividad social y persecución a organizaciones populares, ese rediseño no es menor: se convierte en una pieza clave del proyecto de disciplinamiento.
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El gobierno de Javier Milei sintió como nunca el cachetazo que le dio la Cámara de Diputados con el rechazo del Capítulo XI del Presupuesto, que entre otros puntos establecía el recorte de fondos a las universidades y discapacidad, y ya empezaron los pases de facturas internos por el fracaso de los acuerdos con los gobernadores aliados.
Fuentes de la Casa Rosada consultadas por LPO fueron terminantes: «el Presupuesto así como está no nos sirve, busca forzar el déficit fiscal». En el aire queda la duda de si Milei vetará el Presupuesto en caso de que el Senado lo apruebe tal cual lo mandó Diputados. Aunque suene extraño que un gobierno rechace su propio proyecto, la posibilidad de un veto no está para nada descartada.
Los primeros apuntados internamente son Martín y Lule Menem, a los que cuestionan porque se le escaparon los votos de los diputados que responden a los gobernadores a los que en la previa la Rosada intentó seducir con el envío de ATN, cargos en la AGN o el envío de proyectos como la derogación de la Ley de Glaciares.
Pero a la hora de los votos, los tres diputados Raúl Jalil y los dos de Osvaldo Jaldo se acoplaron al peronismo y Provincias Unidas para rechazar el capítulo. En tanto, Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua repartieron respaldos y rechazos entre sus siete legisladores de Innovación Federal.
En la Rosada dicen que Menem manejó mal los acuerdos con esos gobernadores y también con el neuquino Rolo Figueroa que mandó a votar en contra a Karina Maureira. También se cayeron algunos radicales como el correntino Diógenes González, que votó en contra; el chaqueño Osvaldo Cipolini y el enterriano Darío Schneider, que se abstuvieron.
El Presupuesto así como está no nos sirve, quieren forzar al Presidente a gobernar con déficit.
La duda que quedó en el aire en Diputados es por qué Menem avanzó con la votación de los auditores de la AGN que eran parte de un acuerdo con el grupo de los gobernadores peronistas Sáenz, Jalil y Jaldo, cuando ya ese grupo le había fallado en la votación en particular del Presupueso y pudo haber dado por terminada la sesión. El riojano detonó la relación con el PRO, los radicales y Provincias Unidas para premiar a unos aliados que no le habían cumplido totalmente.
En la previa, el tucumano Jaldo y los diputados catamarqueños habían avisado que no avalarían el recorte de fondos a las universidades y discapacidad; mientras que muchos radicales incluso los aliados a la Rosada estaban alertando que no podían acompañar ese artículo. Los libertarios apostaron al vericueto de atar esos temas a los fondos del Garrahan y las cajas previsionales para complicar a los diputados en duda y se terminaron chocando contra la pared.
En un sector del oficialismo dicen que el manejo de las alianzas fue tan malo que al final de la sesión los supuestos aliados hicieron caer el capítulo de la polémica y Menem rompió la relación con el PRO, que siempre le cumplió. Además, en la previa la Rosada ninguneó a Provincias Unidas y no abrió una negociación con ellos hasta último momento que los necesitó para el quórum. Los diputados de ese bloque cumplieron dando quórum, votando en general la norma y absteniéndose en el capítulo XI.
Otro de los apuntados en la interna oficial es Luis «Toto» Caputo, señalado como el ideólogo del Capítulo XI. En el oficialismo dicen que nadie del ala política se animó a decirle que no a Toto, pese a que era clara la posibilidad de perder. Como viene contando LPO, el ministro de Economía está empoderado y es el único funcionario que se mueve sin necesitar pedirle permiso a Karina Milei.
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