PorMunicipalidad Villa Regina
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La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina informa que los días martes y jueves se brindarán clases de apoyo escolar de Ciencias Sociales y Literatura del nivel secundario en la Biblioteca Crecer Juntos de barrio Nuevo a cargo del profesor Federico Minor.
Para consultas de horarios, llamar al 2984 673690 o bien dirigirse a Santa Cruz 276.
El Gobierno se prepara para vender casi la mitad de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa que opera Atucha I, Atucha II y Embalse. El plan es desprenderse del 49% de las acciones, en un movimiento que promete cambiar el tablero energético y que ya está escrito en un decreto listo para salir del horno.
La jugada no es menor: NASA controla 1.763 MW de potencia instalada, lo que equivale al 4,1% de la capacidad bruta del país, y genera el 7,35% de la energía del SADI. Además, es una rara avis entre las estatales: fue superavitaria. En el primer trimestre declaró ganancias por $17.234 millones de pesos.
Previo a conocerse el decreto de privatización que reveló el sitio especializado Econojournal, el presidente del Plan Nuclear, Demián Reidel, había ejecutado una verdadera decapitación en la cúpula de la empresa. Se fueron el gerente de Compras, el Jurídico, el de Obras (UG) y el de Sistemas de Información. El operativo fue quirúrgico y brutal: “los fueron a buscar con escribano, los sacaron como perros de adentro de las oficinas”, relató un empleado.
En el sector lo leen como un movimiento preventivo. “Lo hizo para que no le obstruyan la caja”, deslizó un empresario energético. La señal es clara: despejar el terreno antes de que empiecen a llegar los dólares frescos. El anticipo de EconoJournal terminó de confirmar las sospechas. Según reveló el medio, el decreto prevé que el 44% de las acciones se licite en bloque a inversores nacionales o internacionales, mientras que el 5% restante se reserve a los trabajadores vía Programa de Propiedad Participada. Para eso, la CNEA y Enarsa deberán transferir primero sus acciones al Ministerio de Economía, que concentra el 79% restante.
En este nuevo esquema, los que quedan firmaron un pacto entre caballeros: Marcleo Famá, mano derecha de Reidel; Hernán Pantuso, el “supergerente 7”, con línea directa con Daniel Scioli; y Alejandro Sandá, un histórico de Atucha apodado “el gorila”. Según fuentes internas, sus sueldos rondan los 200 millones de pesos anuales. Pantuso es además el garante político de que Scioli tenga voz en el rediseño de la compañía.
Otra pieza clave es la cercanía de Reidel con Karina Milei. “Sin el aval de Karina no se mueve ni una silla”, graficó un dirigente oficialista. Esa cobertura le permite avanzar con despidos, reacomodar fichas y blindar las nuevas cajas sin que nadie le haga demasiadas preguntas.
El negocio tiene también un trasfondo geopolítico: en paralelo se firmó un acuerdo con Estados Unidos por el uranio argentino, con potencial para cambiar la matriz energética del país. Argentina tiene 34.000 toneladas de reservas y consume unas 220 toneladas anuales; el resto puede exportarse.
“Han pasado ocho meses desde el rimbombante anuncio del Plan Nuclear de Javier Milei, Damian Reidel y Rafael Grossi. El balance es lapidario: lejos de mostrar avances, lo único palpable es el vaciamiento del sector”, consideró a LPO Nicolas Malinovsky, especialista en energía nuclear.
“Entre los efectos más graves ya se cuentan la cancelación de proyectos estratégicos como el CAREM y las centrales nucleares IV y V, junto con el éxodo de trabajadores especializados que pone en jaque la continuidad misma de la actividad nuclear en el país”, completó el experto.
“Acá no se está haciendo una reestructuración administrativa, se está armando un negocio monumental”, disparó en off un alto ejecutivo del sector. En la City lo resumen con sorna: Reidel primero limpió el terreno, después alineó aliados y ahora se sienta a esperar los fondos que vienen del norte.
Javier Milei vetará este jueves la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en una humillación feroz contra los gobernadores aliados que fueron horas antes a la Rosada a mostrarse con el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán.
El ministro recién ascendido debutó con la peor noticia para los mandatarios: Milei no cedió y firmará el veto que buscaron evitar con la foto que se sacaron este jueves Rogelio Frigerio -redactor del proyecto-, Leandro Zdero y Alfredo Cornejo.
Les prometieron incluir los ATN en la ley de Presupuesto junto con la ley de Combustibles.
LPO explicó que los ministros iban a la Rosada justamente para buscar que Milei no vete una ley que ellos consideran que no afecta las arcas nacionales.
“Es una ley que no tiene impacto fiscal. Representa 0.05% del PBI para el 2025 y 0.15% para el 2026. Nada, no afecta el superávit fiscal”, sostienen en off los gobernadores.
“El Gobierno está usando esos fondos que pertenecen a las provincias para su ejercicio fiscal. Por eso no quieren negociar”, agregaron.
“Una La Libertad Avanza debilitada, favorece a Provincias Unidas. Por la crisis que creó al asumir el propio Milei una derrota de una elección en la que no estaba en juego su modelo, se potenció el malestar económico y la caída de las expectativas. El escenario de 10 puntos nacionales de Provincias Unidas, aparece como posible”.
Esa es la síntesis del análisis que hacen cerca del gobernador Martín Llaryora respecto del resultado electoral en la provincias de Buenos Aires y de la estrategia “errática” que eligió el Gobierno nacional para afrontarlo: “Cuando un gobierno acepta que se equivocó, pierde el poder. Y eso hizo Milei: asumir como propia una derrota municipal”, agregan.
Con la mente en octubre, en El Panal dicen que el “camino es lineal” y sin demasiados secretos: que Juan Schiaretti y los candidatos de los gobernadores de Provincias Unidas (PU) ganen la elección y plantear a la sociedad argentina “un modelo alternativo distinto al de Milei que abandona a la gente y al stalinismo de Kicillof”, una jugada que tiene como objetivo que PU logre 10 puntos nacionales que “hoy están más cerca que el viernes”.
Luego, desde diciembre, “seguir mostrando coherencia en un bloque homogéneo y coherente con ese modelo productivo”; lograr que los gobernadores de PU sea reelegidos en el primer semestre del año y llegar a la elección de octubre de 2027 con “fuerza para disputar” la elección nacional con Kicillof-Massa o con Milei, si La Libertad Avanza logra atravesar la crisis desatada el domingo.
Para garantizar el triunfo de Schiaretti, que hoy sigue en zona gris por la potencia de la marca LLA en Córdoba, en el Gobierno cordobés admiten que deben restarle al menos 4 puntos a Natalia de la Sota. “De los 11 puntos que hoy tiene Natalia, 4 son nuestros y el resto del kirchnerismo. Los militantes del peronismo cordobés tienen el desafío de hacer conocer a nuestros afiliados que ella se fue del PJ. Pero la campaña de PU es contra el modelo de Milei”, agregan.
Los estrategas analizan que el PJ -columna de PU en Córdoba- tiene tres herramientas para darle un triunfo a Schiaretti: “El mejor candidato, un proyecto nuevo para la política nacional y el aparato político más importante de los últimos tiempos”, esto último por la sumatoria de la confluencia de intendentes peronistas y radicales en PU.
Desde la semana que viene, Schiaretti y los gobernadores de PU tomarán vuelo con despliegue en medios de Buenos Aires para “repetir” que un “modelo de ajuste sostenible no cierra sin un programa productivo”.
Un giro de dinero del Bank of America por u$s200.000 demuestran la conexión entre el diputado de la Libertad Avanza y el narcotraficante Fred Machado.
Por Tomás Palazzo para Noticias La Insuperable
El libro contable del Bank of America dejó expuesta una transferencia internacional por 200.000 dólares destinada al diputado y candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, vinculada directamente a la red empresarial de Federico “Fred” Machado, acusado en Estados Unidos de fraude, narcotráfico y lavado de dinero.
La documentación, publicada por La Nación a partir de registros oficiales de la justicia norteamericana, fue incorporada como evidencia en el juicio celebrado en Texas contra Debra Mercer-Erwin, socia de Machado, condenada en 2023. El dato coincide con lo revelado por Juan Grabois, quien días atrás utilizó parte de esos documentos para denunciar a Espert en la justicia federal de San Isidro.
El giro corresponde al 22 de enero de 2020, antes de que se conociera públicamente que Machado era buscado por la justicia de Estados Unidos. La planilla del BoA detalla que los fondos pasaron por OKX (plataforma de criptomonedas), Cash Pro, Citibank y Morgan Stanley, hasta llegar a la orden final de acreditarlos a nombre de Espert.
El documento incluye el código N28FM, matrícula del avión privado que Machado le prestó a Espert durante su campaña presidencial de 2019. El economista había reconocido públicamente haber usado esa aeronave y una camioneta blindada del empresario, pero ayer se negó a confirmar o desmentir la transferencia que, de ser real, nunca fue declarada ante la justicia electoral ni ante la AFIP.
El material bancario se incorporó al expediente criminal “USA v. Mercer-Erwin et al.” (4:20-cr-00212-ALM-BD), bajo la órbita del juez federal Amos Mazzant. La evidencia figura como la pieza “45a”, aceptada en el juicio pese a la objeción de la defensa y subida en febrero de 2025 al sistema oficial PACER, de acceso público en Estados Unidos.
La fiscalía norteamericana, liderada por Ernest González, demostró que el entramado incluía compra y venta de aviones y helicópteros mediante sociedades fantasma, fideicomisos y cuentas “escrow”. Por esas vías, millones de dólares del narcotráfico fueron blanqueados.
En ese contexto, la transferencia a Espert aparece no como parte de un negocio aeronáutico, sino como un giro directo a su nombre, registrado como válido y ejecutado en su totalidad. Según testificó Jeffrey Jackson, experto del BoA, la entidad mantiene estos registros como práctica regular y con validez probatoria.
Mercer-Erwin, su hija, Machado y otros cinco acusados fueron imputados por un gran jurado en 2020. Sin embargo, las pruebas confirmaron que siguieron operando hasta septiembre de ese año, ocho meses después de la transferencia destinada a Espert.
El caso se había iniciado en 2019, cuando un informe de la cadena WFAA de Dallas descubrió que en el diminuto pueblo de Onalaska, Texas, con menos de 3.000 habitantes, había más de mil aviones registrados, muchos más que en ciudades como Seattle o Nueva York. La investigación destapó el uso de fideicomisos para ocultar la identidad de los dueños de aeronaves, utilizadas luego para introducir cocaína a Estados Unidos.
Machado fue detenido en abril de 2021 en Neuquén y desde entonces espera resolución sobre su extradición. En 2022 el juez federal Gustavo Villanueva declaró procedente el pedido, ratificado luego por el procurador Eduardo Casal. Sin embargo, en agosto de 2025 la Corte Suprema devolvió el expediente al juzgado neuquino para evaluar un escrito de la defensa.
La estrategia dilatoria beneficia al empresario, cuyo abogado en la Argentina es Francisco Oneto, actual representante legal de Milei.
Pese a la contundencia de los documentos, Espert optó por el silencio. Consultado nuevamente por La Nación, no respondió. Mientras tanto, la evidencia sigue sumándose: el giro por 200.000 dólares, registrado con todos los protocolos bancarios, lo señala directamente como beneficiario de dinero proveniente de la red de Machado, hoy acusado de narcotráfico internacional.
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