A través del programa ‘Empleo Joven’ coordinado por la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa Regina, jóvenes de entre 18 y 24 años tienen la posibilidad de acceder a puestos de trabajo reales y así desarrollar sus primeras prácticas en el mundo laboral.
En los últimos dos meses, 17 chicas y chicos se incorporaron al mencionado programa superando de esta manera los 150 en el último año.
El responsable de la Oficina de Empleo Darío Centeno manifestó que “desde que asumió la gestión del Intendente Orazi se activó esta herramienta que se ha constituido en la posibilidad para que los jóvenes de esta franja etárea puedan desarrollar sus primeras experiencias en el mercado laboral”.
Al respecto, Centeno agradeció la colaboración y predisposición de los comerciantes de distintos rubros de Villa Regina que hacen posible la implementación del programa.
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Sebastián Pareja se niega a cumplir una orden judicial que, desde noviembre, lo intima a presentar un plan para reflotar más de 30 mil obras paralizadas en barrios populares por el desfinanciamiento del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
Con el ajuste draconiano en la obra pública que dictó el gobierno de Javier Milei, casi 350 mil familias que esperaban por la finalización de obras de agua, cloacas, energía eléctrica y vivienda en sus barrios, se quedaron con las manos vacías.
Por eso, vecinos de 39 barrios populares presentaron mediante el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), una cautelar a la que hizo lugar el juez federal de Pehuajó, Héctor Heim, que le dio tres meses al Gobierno para hacer un plan alternativo que complete esas obras.
Sin respuestas, en febrero se intimó a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat, que no hizo acuse de recibo. Por eso, en abril se libró un segundo oficio, esta vez dirigido directo a la Subsecretaría de Integración Socio Urbana a cargo del armador de Karina Milei.
A finales de mayo el juez Heim suspendió la liquidación del FISU y le aplicó una multa de 200 mil por día a Pareja hasta que cumpla en presentar un plan alternativo para los barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares.
Pero el silencio se estiró y el 8 de mayo pasado Milei decretó la disolución del FISU, la transferencia de sus recursos al Tesoro Nacional y declarados como de “libre disponibilidad”. Eso fue tomado por el Cels como una evidencia de incumplimiento deliberado a la cautelar de noviembre.
El juez federal Héctor Heim.
Por eso, a finales de mayo el juez Heim suspendió la liquidación del FISU y le aplicó una multa de 200 mil por día a Pareja hasta que cumpla en presentar un plan alternativo para los barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
Contra la imposición de sanciones a Pareja, los abogados del Estado interpusieron un recurso que está en trámite. También, pidieron que se revoque la intimación a presentar un plan B para las obras y no consintieron la competencia del Juzgado.
En sus argumentos, los abogados del Ejecutivo rechazan que en una misma presentación se integren a 39 barrios: “Carecen de intereses individuales homogéneos”, dicen en alusión a barrios inscriptos en un mismo registro (Renabap) y con las mismas necesidad de obras.
En sus argumentos, los abogados del Ejecutivo rechazan que en una misma presentación se integren a 39 barrios. “Se trataría de un colectivo de 39 colectivos que carecen de intereses individuales homogéneos”, dicen en alusión a barrios inscriptos en un mismo registro y con las mismas necesidad de obras.
Y señalaron que no hay necesidad de presentar un plan alternativo porque ya avisaron que eso se hará “una vez cumplido y ejecutado el esquema de priorización, sujeto a la disponibilidad de recursos presupuestarios y en función de la situación económico-financiera existente en el país”.
En medio de todo eso, tanto el Cels como el defensor público oficial Pablo Lega le pidieron al magistrado que intime a Pareja frente al incumplimiento de la manda judicial. Al hacer lugar a ese pedido, el juez Heim libró otro oficio sobre el que acusó recibo el Gobierno el último viernes.
Ahora, le solicitó “en el plazo perentorio e improrrogable de 10 días” que indique, entre otras cosas, “si existe otra política pública destinada a garantizar el derecho a la integración socio urbana y derechos asociados ante el desfinanciamiento denunciado en esta causa”. Por lo pronto, Pareja se mantiene sin respuestas.
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