Hasta el próximo jueves 29, se llevan adelante en Villa Regina las capacitaciones en el marco de la segunda edición de Maratón Cultural, un programa de fortalecimiento y acompañamiento al sector cultural que lleva adelante la Secretaría de Estado de Cultura de Río Negro.
Las mismas están destinadas a hacedores culturales del Alto Valle Este y forman parte de la primera etapa del programa. Luego continuará con el Festival de Arte de manera presencial en el Cine Teatro Círculo Italiano el viernes 30 de abril y el sábado 1 y domingo 2 de mayo. En todos los casos la función será a las 19 horas con entrada gratuita respetando el aforo del lugar en cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes.
Las capacitaciones son totalmente gratuitas y se basan fundamentalmente en producción de espectáculos y materia impositiva, con el objetivo de otorgar a los hacedores culturales la posibilidad de autogestionarse y conocer las herramientas impositivas que permitan jerarquizar su trabajo.
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El gobierno libertario anunció una “reforma general del régimen laboral” que busca desregular el trabajo, debilitar los convenios colectivos y permitir contratos en dólares. Pero detrás del discurso de “previsibilidad” para las pymes se esconde el verdadero motor del plan: las exigencias de Estados Unidos a cambio del swap de 20 mil millones de dólares.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable
La visita de Milei a la planta de Siderar en San Nicolás fue el escenario elegido para relanzar una vieja receta neoliberal con nuevo envase. En nombre de la “modernización”, el mandatario anunció que impulsará una reforma profunda del mundo laboral, orientada —según dijo— a “dar previsibilidad a las empresas e incentivar la contratación formal”. Pero el trasfondo es otro: cumplir con las condiciones impuestas por Estados Unidos para sostener el flujo financiero del swap firmado ayer.
El propio secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, había celebrado el acuerdo con Buenos Aires y dejado entrever que el apoyo de Washington estaría vinculado a “avances en materia de reformas estructurales” y a “mejoras en el clima de inversión”. Traducido al lenguaje llano: mayor apertura, menos derechos laborales y más poder para las corporaciones.
Mientras el gobierno presenta la reforma como un beneficio para las pymes, el verdadero beneficiario será el gran capital. La flexibilización laboral no genera empleo genuino; lo abarata. Milei repite que “los trabajadores también necesitan la reforma porque cuando hay más demanda de empleo, el salario sube”, una afirmación que ignora deliberadamente que los salarios en Argentina caen no por falta de oferta laboral, sino por políticas que debilitan el poder de negociación colectiva.
El texto del proyecto, según adelantó el propio Milei, incluirá nuevas negociaciones colectivas “adecuadas a la realidad productiva”, lo que en los hechos implica romper los convenios históricos que sostienen los derechos conquistados desde el primer peronismo. Aquellos acuerdos que garantizan estabilidad, licencias, aguinaldo y protección frente al despido podrán ser reemplazados por contratos “modernos”, es decir, más precarios.
Otro punto central será la posibilidad de fijar salarios en cualquier moneda, incluso en dólares. El gobierno lo vende como “libertad contractual”, pero detrás de esa idea se esconde la desvinculación del salario respecto al costo de vida local. En un país con inflación estructural, los sueldos podrían quedar atados a la especulación cambiaria y perder aún más poder adquisitivo.
También se incorporará el llamado “banco de horas”, que permite alterar las jornadas según las necesidades de la empresa, sin pago de horas extras ni compensación justa. En otras palabras, más trabajo por el mismo salario o menos, dependiendo de la conveniencia patronal.
Para Milei, la reforma busca eliminar la “nefastas industria del juicio” y “dar previsibilidad” a los empleadores. En realidad, pretende vaciar de contenido al fuero laboral y reducir la capacidad de los jueces para proteger a los trabajadores frente a despidos o abusos. El problema no son los juicios, sino las empresas que incumplen la ley; pero el oficialismo elige atacar a las víctimas, no a los responsables.
El vínculo entre esta ofensiva laboral y las condiciones impuestas por Washington es evidente. El swap de 20 mil millones de dólares anunciado la semana pasada no es un gesto altruista: es una herramienta de control económico y político. Estados Unidos busca garantizar que la Argentina avance hacia una economía más “flexible” y previsible para los inversores, aun a costa de destruir la red de derechos laborales construida en más de siete décadas.
En ese contexto, la reforma laboral se convierte en moneda de cambio. Milei ofrece la estabilidad laboral de millones de argentinos a cambio de un respaldo financiero que, lejos de beneficiar a los trabajadores, reforzará la dependencia y la desigualdad.
Mientras el gobierno promete “libertad”, los trabajadores enfrentan el riesgo de perder lo más valioso que conquistaron: la dignidad del trabajo protegido, el salario justo y la fuerza colectiva de la negociación sindical. Detrás del discurso de la eficiencia y la previsibilidad se esconde una vieja historia de entrega, escrita en dólares y firmada bajo presión extranjera.
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