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No se instalarán radares sin homologar

El proyecto de ordenanza del Ejecutivo Municipal que establece la colocación de radares para el control de velocidad en el ejido de Villa Regina tuvo tratamiento y aprobación en el Concejo Deliberante.

La iniciativa adhiere a la Ley Nacional 23.363 que en el artículo 4 inciso ñ) establece la homologación y remite a la Ley Nacional 25.650 donde se expresa claramente la prohibición de utilizar radares de control sin homologar.

Además se aclara que la contratación de cualquier empresa que quiera ser concesionaria de este servicio deberá contar con la aprobación de los 2/3 del Concejo Deliberante.

En caso de multas por ingesta de alcohol positiva, no se otorgará el beneficio de reducir la multa un 50%.

La iniciativa del Ejecutivo apunta a que el dinero que se recaude en concepto de multas por infracciones de tránsito quede en las arcas municipales para ser destinado pura y exclusivamente a los distintos programas de capacitación, prevención y educación vial de la Dirección de Tránsito Municipal.

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  • Llaryora festeja la llegada de Santilli y negocian eliminar las PASO

     

    Natalia de la Sota ya no disimula su malestar con Martín Llaryora. La posibilidad de confrontarlo abiertamente empieza a tomar forma, movilizada por el acuerdo cada vez más evidente entre el gobernador cordobés y la Casa Rosada. Más ahora que el jefe de Gabinete es Diego Santilli, con una larga amistad desde hace más de un cuarto de siglo, cuando los dos se formaban en el «orteguismo», el efímero plan de Ramón Ortega para ser presidente.   

    En el Frente Renovador también empieza a instalarse una idea similar a la que leuda en el campamento delasotista: marcarle la cancha a Llaryora, sobre todo para dejarlo expuesto cuando el gobernador mediterráneo «sea útil» con la intención del Gobierno nacional de suspender/eliminar las Paso. Una jugada de Llaryora en contra del peronismo nacional sería el punto de no retorno. 

    En este sentido, Tania Kishakevich, la jefa del Frente Renovador en Córdoba, señaló: «El gobernador debe decidir si quiere priorizar los intereses de Córdoba por encima de cualquier alineamiento automático con la Nación y de cualquier especulación electoral». En el delasotismo, el análisis es similar: «Llaryora es el que se alejó del peronismo». 

    Una encuesta de Carlos Sichhar durante el mes de junio, de 1070 casos, encargada por el propio Gobierno, dice que Llaryora no logró acumular más allá de su núcleo duro: 34,5%, es decir 8% menos que en junio de 2023. Los números demuestran que una ruptura del peronismo podría complicar al gobernador. 

    Llaryora confía en que la oposición no logrará ponerse de acuerdo el año que viene. Algo similar sospecha Luis Juez. Aunque el jefe del Frente Cívico sostiene su acuerdo con La Libertad Avanza, también recuerda que el PRO de Mauricio Macri nunca quiso destronar al peronismo cordobés. La pertenencia de Santilli al PRO y la amistad con Llaryora potencian la hipótesis de una oposición nuevamente fragmentada en 2027

    «Presiento que la oposición va a ir dividida en tres; y en ese punto, a los tres les va a convenir que la única reelección posible la gane Lleryora», dice un ministro, ya en plena guerra psicológica a dos bandas: con la oposición y con el polo De la Sota-Massa. Siembra que en ese escenario hipotético, el sello del PJ que tendrá Llaryora será suficiente para retener el núcleo duro y, con él, lograr la reelección.   

    La llegada de Santilli al poder le da a Llaryora otra expectativa respecto de la llegada de fondos nacionales y de la autorización para la toma de préstamos, dos puntales para remontar una gestión que viene atravesada por la crisis de las cuentas de la Municipalidad, una situación en la que LLaryora tiene su cuota parte de responsabilidad por haber pateado el pago de la deuda en dólares que tomó el radical Ramón Mestre. El pago de esa deuda externa acorrala a Daniel Passerni. 

    «La política es importante, pero la gestión será la clave: si la gestión está aprobada, el votante pendular acompañará», es la estrategia de El Panal con estas encuestas sobre la mesa: una diferencia mínima y condicionada a la división opositora.   

    Respecto de qué hará Llaryora al momento de que se debate la eliminación de las Paso, históricamente el peronismo de Córdoba rechazó ese mecanismo de selección de candidatos. Sería una explicación lógica, aunque probablemente inaceptable para el peronismo bonaerense. 

     

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    LLAMADO URGENTE A UNA REFORMA POLICIAL

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    De los dólares al banquillo: la Justicia cita a indagatoria a Espert

     

    La causa por los 200 mil dólares transferidos por el empresario aeronáutico Federico “Fred” Machado sumó un nuevo capítulo y golpea de lleno a uno de los principales referentes del oficialismo. La Justicia federal avanzó con la citación a indagatoria de José Luis Espert, investigado por presunto lavado de activos tras recibir fondos cuyo origen es cuestionado por la fiscalía.

    Por Ramiro C. Ferrante para NLI

    La situación judicial de José Luis Espert se complicó de manera significativa. El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, impulsó formalmente su declaración indagatoria en el marco de una investigación por presunto lavado de activos vinculada a una transferencia de 200.000 dólares proveniente de una estructura empresarial ligada a Federico “Fred” Machado, empresario que en Estados Unidos admitió delitos de fraude y lavado de dinero y que además estuvo investigado por narcotráfico.

    La medida judicial representa un salto cualitativo en una causa que desde hace meses genera preocupación en el oficialismo. Según la investigación, los fondos recibidos por Espert habrían sido utilizados posteriormente para la adquisición de bienes de alto valor, entre ellos vehículos de lujo y participaciones inmobiliarias, movimientos patrimoniales que la fiscalía considera incompatibles con la explicación brindada por el dirigente libertario.

    La fiscalía pone en duda la versión de Espert

    El núcleo de la defensa de Espert se apoyó en la existencia de un supuesto contrato de consultoría para una empresa minera radicada en Guatemala. De acuerdo con esa versión, los 200 mil dólares habrían sido el adelanto de honorarios profesionales por tareas privadas realizadas para Machado.

    Sin embargo, el fiscal Domínguez concluyó que la documentación presentada para justificar la transferencia presenta inconsistencias y sostuvo que el contrato utilizado como respaldo sería falso o, como mínimo, insuficiente para acreditar la legitimidad de la operación. La acusación sostiene que no existe evidencia económica consistente que respalde la prestación de los servicios declarados.

    El expediente además investiga la participación de terceros vinculados a la operatoria financiera y alcanza a la firma Varianza S.A. y a un contador relacionado con los movimientos bajo análisis.

    Un problema político para Milei

    La causa judicial trasciende la situación personal de Espert porque afecta a una de las figuras más identificadas con Milei. El economista se transformó en uno de los principales voceros de las políticas de ajuste, desregulación y reducción del Estado impulsadas por el gobierno nacional.

    La investigación también reaviva interrogantes sobre la relación entre sectores del oficialismo y empresarios que acumularon fortunas en actividades bajo sospecha. La denuncia original sostiene que Machado no sólo mantuvo vínculos económicos con Espert sino que también le brindó apoyo logístico en etapas anteriores de su carrera política.

    El avance de la fiscalía ocurre además en un contexto especialmente delicado para el gobierno, golpeado por distintas controversias judiciales y por cuestionamientos sobre la transparencia de algunos de sus dirigentes más cercanos.

    El dinero que nunca dejó de generar preguntas

    La existencia de la transferencia dejó de ser materia de discusión hace tiempo. El propio Espert terminó reconociendo que recibió los 200 mil dólares. Lo que permanece bajo investigación es si esos fondos tuvieron un origen lícito y si fueron correctamente declarados ante los organismos correspondientes.

    Para la fiscalía, las respuestas aportadas hasta el momento no alcanzan. Por eso solicitó la indagatoria y mantiene bajo observación el recorrido del dinero, las compras realizadas posteriormente y la documentación presentada para justificar la operación.

    La citación a indagatoria no implica una condena, pero sí coloca a Espert en una situación procesal compleja. A partir de ahora deberá responder formalmente ante la Justicia sobre una transferencia que pasó de ser presentada como una simple consultoría privada a convertirse en uno de los expedientes más incómodos para el universo político de Milei.

     

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