El Intendente Marcelo Orazi firmó con la Secretaria de Seguridad y Justicia de Río Negro Betiana Minor un acuerdo de cooperación para implementar el dictado de talleres de sensibilización por parte del Programa de Mediación Comunitaria y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos mediante la Subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Comunitaria.
De esta manera, el Municipio y la Provincia acuerdan en colaborar institucionalmente en la construcción de una cultura de la no violencia y desarrollar estrategias educativas para lograr estándares de convivencia pacífica.
A partir de la firma del convenio se deberá coordinar el calendario para la realización de talleres, organizar el desarrollo de las jornadas de trabajo y convocar a responsables de instituciones para tratar temas inherentes al desarrollo del mismo.
Luego de más de 1 año de su aprobación la ley de cáñamo industrial y cannabis medicinal fue reglamentada. El documento fue publicado este lunes 7 de agosto en el Boletín Oficial. La reglamentación de la ley se logró luego de varios idas y vueltas sobre distintos puntos en lo que no se ponían de acuerdo con…
El CREAR pone en vigencia la asistencia económica a comerciantes y pymes de las localidades de Río Negro. «Programa Específico de Asistencia a Unidades Económicas por Emergencia Sanitaria COVID – 19», BENEFICIARIOS Y MONTOS Serán beneficiarios de este Programa los titulares (personas humanas) de las unidades económicas del sector privado con asiento en la provincia…
Ciclo de Videoconferencias Finanzas Inclusivas de Programa Punto Digital y FONCAP. 📌30/6 Finanzas Digitales📌7/7 Finanzas y Emprendimientos📌14/7 Pensar el Emprendimiento📌21/7 Análisis de Costos del Emprendiento📌28/7 Finanzas Mayores ¡Sumate!#InclusiónFinanciera Difunde esta nota
El Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Regina Guillermo Carricavur participó el miércoles del acto de asunción del arquitecto Pedro Molina como Director del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPLADE). En la oportunidad estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega, los concejales integrantes de la Comisión de Planificación…
COVID-19: EL RIESGO DE MORTALIDAD ES 10 VECES MAYOR EN PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN Los resultados de un estudio, que publicó la revista Scientific Reports, refuerzan las conclusiones de trabajos previos y aportan más pruebas que apoyan las demandas para vacunar prioritariamente a estas personas por ser más vulnerables «. Consideramos que las personas…
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, destruyó uno de los pilares del relato económico de Caputo y Milei. Un informe técnico del organismo monetario confirmó que desde que se instrumentó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) al cuarto trimestre de 2025 hubo egresos netos de inversión extranjera directa por USD 4.687 millones.
El régimen de beneficios impositivos para atraer inversiones de magnitud entró en vigencia el 8 de julio, pero según el informe sobre Inversión Extranjera Directa al 31 de diciembre de 2025 que publicó el Banco Central esta semana, por ahora no tuvo el efecto buscado.
El propio informe intenta justificar la salida neta de capitales bajo un signo positivo. Argumenta que muchas multinacionales aprovecharon las flexibilizaciones cambiarias y los incentivos exportadores para cancelar deuda comercial entre empresas vinculadas, reorganizar balances internos y retirar posiciones acumuladas durante los años anteriores.
El núcleo de ese movimiento estuvo en el complejo exportador. Según el informe, gran parte del desendeudamiento se explicó por la cancelación de adelantos de cobro de exportaciones vinculados al Decreto 682, que había reducido transitoriamente las retenciones para determinados sectores. La escena se parece bastante a una vieja postal argentina: el Estado necesita dólares urgentes, libera incentivos extraordinarios y el capital responde con movimientos financieros de corto plazo antes que con inversión productiva sostenida.
Cuando se observa el detalle del documento, el cuadro se vuelve todavía más evidente. La renta de capital de la inversión extranjera directa alcanzó los 1.436 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025. Dentro de ese total, la distribución de utilidades y dividendos sumó 1.194 millones, mientras que la reinversión quedó reducida apenas a 241 millones.
Ese número probablemente sea uno de los datos más relevantes del informe. Porque una cosa es obtener rentabilidad en la Argentina y otra muy distinta es decidir dejar esas ganancias dentro del país para ampliar plantas, incorporar tecnología o desarrollar proveedores locales. Eso es justamente lo que no aparece en los números del Banco Central.
La diferencia entre utilidades giradas y utilidades reinvertidas muestra una dinámica mucho más ligada a la extracción de renta que a la construcción de capacidad productiva. El capital entra, obtiene ganancias y luego vuelve a salir.
La gran diferencia entre utilidades giradas al exterior y utilidades reinvertidas en el país que descubre el informa del Banco Central muestra una dinámica mucho más ligada a la extracción de renta que a la construcción de capacidad productiva.
También resulta revelador el mapa geográfico de las salidas de capital. Los principales egresos provinieron de Suiza, Reino Unido, Países Bajos y España. No es casual. Son jurisdicciones centrales dentro de las arquitecturas financieras globales utilizadas por holdings multinacionales, fondos y vehículos societarios para triangular inversiones y administrar flujos internacionales.
En paralelo, el gobierno prorrogó por un año adicional el plazo de adhesión al RIGI mediante el Decreto 105 publicado días atrás en el Boletín Oficial. El vencimiento original estaba previsto para julio de 2026 y ahora se extendió hasta julio de 2027. La decisión dejó una lectura política incómoda: si el régimen estuviera generando una llegada masiva e inmediata de inversiones, no habría necesidad de extender tan rápido los plazos originales.
A eso se sumó el anuncio del gobierno sobre el envío al Congreso de un nuevo proyecto denominado «Súper RIGI», que baja de 25 puntos a 10 el tributo de ganancias en caso de inversiones tecnológicas, una iniciativa anticipada en exclusiva por LPO.
El nombre sintetiza bastante bien la lógica que atraviesa buena parte de las reformas económicas argentinas: cada nueva versión necesita exhibirse más extrema.
El problema es que el RIGI no movió el amperímetro de la inversión agregada. Pese a los miles de millones comprometidos sobre el papel, el régimen todavía no generó un salto perceptible en la formación de capital del conjunto de la economía. Incluso sectores cercanos al pensamiento liberal empezaron a marcar esa limitación.
Si de promesas se trata, la minería se convirtió en el gran escaparate económico del gobierno. Caputo suele mostrar cifras cercanas a los USD 95.000 millones vinculados al RIGI y proyecta unos USD 140.000 millones futuros. Pero allí se mezclan proyectos presentados, anuncios preliminares, carpetas en evaluación e iniciativas no aprobadas.
Lo efectivamente aprobado hasta ahora representa algo más de 17.000 millones de dólares. Y aun esa cifra sigue siendo potencial. Porque aprobación no significa desembolso real. La inversión que efectivamente se movió fue muchísimo menor: en 2025 rondó los 1.388 millones de dólares y durante el primer trimestre de 2026 ingresaron aproximadamente 1.205 millones vinculados al régimen.
Un informe reciente de la Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) sostuvo que «la baja inversión no se origina en la falta de ahorro sino en la persistencia de un contexto adverso para la inversión». El documento plantea que crear un Súper RIGI sin resolver los problemas estructurales replica el mismo esquema en una escala todavía mayor.
El estudio agrega otro dato revelador. Mientras la inversión productiva sigue estancada, durante 2025 las personas destinaron el equivalente al 4,7% del PBI a comprar dólares para ahorro. El dinero existe, pero se fuga hacia la dolarización defensiva. «Que los ahorros se acumulen bajo el colchón en lugar de ser canalizados a expandir la capacidad de producción implica un drenaje permanente de recursos fuera del sistema», señala el informe.
La baja inversión no se origina en la falta de ahorro sino en la persistencia de un contexto adverso para la inversión. Que los ahorros se acumulen bajo el colchón en lugar de ser canalizados a expandir la capacidad de producción implica un drenaje permanente de recursos.
Idesa también cuestiona la proliferación de regímenes especiales. El RIGI, el RIMI incluido en la reforma laboral y ahora el proyectado Súper RIGI forman una superposición de excepciones que generan asimetrías entre empresas. Los proyectos que acceden a esos beneficios compiten con ventajas tributarias, cambiarias y regulatorias frente a quienes quedan afuera. «Son esquemas burocráticos y discrecionales que suman distorsiones» aclara.
El Súper RIGI expone además otro problema. El proyecto limita Ingresos Brutos al 0,5% y prohíbe tasas municipales sobre ventas para los emprendimientos incluidos en el régimen. Es decir: reconoce implícitamente que el esquema tributario general resulta inviable para invertir. El alivio fiscal existe, pero sólo para quienes logran ingresar al club de excepción. El resto de la economía sigue conviviendo con la asfixiante presión tributaria combinada de Nación, provincias y municipios.
Por eso el informe de IDESA propone otra lógica: avanzar hacia reglas generales para toda la economía en lugar de seguir acumulando privilegios sectoriales. Entre otras medidas, plantea crear un «Súper IVA» coordinado con las provincias que absorba Ingresos Brutos y tasas municipales sobre ventas para todos los sectores, no únicamente para proyectos seleccionados. Un proyecto que varios gobernadores aliados impulsaron en su momento, pero que la Casa Rosada eligió no tratar.
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