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Durante febrero, podés adherir al pago anual de tasas

La Municipalidad de Villa Regina recuerda que los contribuyentes reginenses pueden optar durante febrero por el pago anual de tasas por servicios retributivos y aprovechar el descuento que en este caso es del 20%.

Recordemos que este mecanismo se puso en marcha el 23 de diciembre pasado y, desde la Secretaría de Economía y Finanzas, se destaca la respuesta obtenida durante el primer mes.

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  • La fiscalía rechazó una cautelar contra la Hidrovía que buscaba suspender la privatización

     

    La fiscalía rechazó el pedido de medida cautelar presentado por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad que pretendía suspender de manera inmediata el avance de la licitación de la Vía Navegable Troncal, el plan del gobierno nacional para privatizar el dragado y señalización de la Hidrovía.

    La organización, representada por Jonatan Baldiviezo, había solicitado que se ordene a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación frenar todo acto de avance, consolidación o ejecución de la Licitación Pública Nacional e Internacional N°1/2025, justo antes de la apertura de las ofertas económicas prevista para este martes.

    El pedido estaba basado en el informe elaborado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), donde se advertían presuntas irregularidades en el procedimiento licitatorio, entre ellas deficiencias ambientales, restricciones a oferentes, cuestionamientos sobre la audiencia pública y problemas en distintas cláusulas del pliego.

    Sin embargo, el fiscal explicó que el expediente actual «se ciñe» a investigar una posible deuda de la ex Administración General de Puertos con la empresa Compañía Sudamericana de Dragados y un supuesto direccionamiento vinculado a una licitación anterior, correspondiente al año 2024.

      El fiscal explicó que el expediente actual «se ciñe» a investigar una posible deuda de la ex Administración General de Puertos con la empresa Compañía Sudamericana de Dragados y un supuesto direccionamiento vinculado a una licitación anterior, correspondiente al año 2024 

    Por ese motivo, consideró que el informe de la PIA sobre la licitación 2025 «no encuentra correspondencia con la investigación que aquí se lleva adelante» en relación a esta compulsa y remarcó que ese no es donde debe discutirse el planteo de la ONG.

    Además, el fiscal cuestionó la fuerte repercusión mediática que tuvo el informe de la PIA. «Tampoco resulta comprensible la inusitada difusión y trascendencia que los medios periodísticos otorgaron al mencionado informe», sostuvo en el dictamen refiriendo a una nota publicada por La Nación el 15 de mayo. Según indicó, el documento todavía no había sido incorporado al sistema informático cuando comenzó a circular públicamente.

    El Ministerio Público también concluyó que no estaban acreditados los requisitos legales necesarios para frenar el proceso licitatorio mediante una cautelar contra el Estado. En ese sentido, afirmó que no se logró demostrar ni la «verosimilitud del derecho invocado» ni la existencia de una «manifiesta arbitrariedad» por parte de la administración pública.

    Tampoco consideró probado un «peligro concreto, actual e inminente» que justificara suspender la licitación antes de una sentencia definitiva.

    En el dictamen (ver abajo) también se recordó que la misma organización ya había impulsado una acción similar en los tribunales federales de Santa Fe, donde también fueron rechazadas medidas cautelares para intentar detener el proceso de privatización de la Hidrovía.

     

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  • Llaryora le intervino la gestión al nuevo procurador porque dijo que no se puede ganar la batalla contra el narco

     

     El flamante fiscal General de Córdoba, Carlos Lezcano, dijo en una reunión reservada que «la batalla contra el narcotráfico sabemos que no la vamos a ganar, pero la tenemos que dar de todas maneras». Aunque la frase no quedó registrada, importantes funcionarios del Gobierno provincial la confirmaron a LPO y señalaron que Martín Llaryora fue puesto al tanto de inmediato.

    Es que Lezcano la pronunció en el lanzamiento de la Mesa Provincial de Análisis de Narcocriminalidad, un mega organismo consultivo que coordina el Ministerio de Justicia, pero del que participan desde la DAIA hasta la Universidad Nacional de Córdoba.

    Por ser fiscal General, Lezcano comanda la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), un grupo de elite creado por José Manuel de la Sota e integrado por policías y ex militares que tiene un presupuesto anual de 38 mil millones de pesos (con 80 millones de pesos de gastos reservados).

    El fuero especial antinarco es una de las grandes apuestas de Llaryora: creó nuevas fiscalías en todo el territorio y desplegó nuevas delegaciones de la FPA en el interior provincial. «Menos mal que cuando Lezcano dijo esa barbaridad no estaba el gobernador; no sé cómo hubiera terminado esa reunión», dijo uno de los testigos directos de la polémica frase del flamante jefe de los fiscales cordobeses.

    Menos mal que cuando Lezcano dijo esa barbaridad no estaba el gobernador; no sé cómo hubiera terminado esa reunión

    Como sea, Llaryora movió las fichas y cercó a Lezcano: primero, bloqueó la mayoría de las designaciones que quería hacer para conformar su equipo de trabajo. Así, colocó al dirigente del PJ Capital Justo Casado en la dirección general del Ministerio Público Fiscal y al histórico técnico Julio Comello en la dirección de Administración de la Fiscalía General. Además de los fondos para el funcionamiento de la fuerza antinarco, el Ministerio Público Fiscal tiene un presupuesto de 704.500 millones de pesos.

    «Lo designaron fiscal general por descarte, hizo todo mal y quedó rodeado: duró dos semanas en el ejercicio real del poder», dijo un fiscal que lee la política tribunalicia. El fiscal General tiene un mandato de cinco años (y puede continuar otro período igual), por lo que uno de sus principales desafíos es sostener la voz de mando hasta el final. Sobre todo porque sus fiscales generales adjuntos son vitalicios.

    En este caso, Lezcano está rodeado de leones que responden a distintas tribus del peronismo. Héctor David fue ministro de José Manuel de la Sota; José Gómez Demmel representa al schiarettismo puro y Alejandro Pérez Moreno es parte del entramado de abogados de confianza de Martín Llaryora.

    Como contó LPO, Lezcano fue militante del PJ y llegó a montar un estudio jurídico con Luis Juez, cuando el ahora libertario era líder de la JP Capital. Aunque se distanciaron en 2003, cuando Juez decidió enfrentar al delasotismo y Lezcano llegó sorpresivamente a ser juez de Control, los puentes entre ambos se mantuvieron. El caso emblemático fue el de Walter Montenegro, que integró el gabinete de Juez en la Municipalidad de Córdoba y a quien Lezcano quiso ubicar como mano derecha en la Fiscalía General. A él también lo bloqueó Llaryora.

    El fiscal que analiza los movimientos en el serpentario judicial recurre a la metáfora maradoniana: «Se les ‘escapó la tortura'», dice respecto del flojo análisis de CV que se hizo en el Gobierno provincial al momento de impulsar a Lezcano.

     

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