La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina informa que están abiertas las inscripciones para participar de la Bajada de Canoas Recreativa que unirá Huergo-Regina el domingo 28 de febrero.
La inscripción tiene un costo de $1000 e incluye traslado al Fortín Lagunita en Huergo, transporte de embarcaciones, desayuno, refrigerio, almuerzo y seguro.
Para informes e inscripción, comunicarse a la Dirección de Deportes en Avenida Colón 107 o al teléfono 2984-651398.
Informes secretos del Ministerio de Seguridad y del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos revelan una trama de narcotráfico, lavado de activos y financiamiento político en la Argentina. El empresario aeronáutico Federico “Fred” Machado, acusado en Texas por tráfico internacional de drogas, aparece vinculado con sociedades locales, vuelos sospechosos y el entorno del Grupo Socma.
Por Celina Fraticiangi para Noticias La Insuperable
Una red que volaba bajo el radar
Los documentos clasificados del Ministerio de Seguridad argentino, elaborados junto al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos y a los que accedió La Nación —según publicó la periodista Camila Dolabjian—, describen una red internacional que combina narcotráfico, lavado de dinero y vínculos con figuras políticas locales.
El protagonista de esa trama es Federico Andrés “Fred” Machado, empresario aeronáutico argentino acusado en Texas por lavado de activos y tráfico internacional de drogas. El informe norteamericano, fechado en 2021, advertía que el DHS había solicitado información a la Argentina “sobre el ciudadano Federico Andrés Machado por sus presuntas vinculaciones con una organización criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos”.
Del “Narco Jet” al financiamiento político
Machado, piloto y dueño de la empresa South Aviation, ya había sido mencionado en el histórico caso del “Narco Jet”: en 2010, uno de sus aviones alquilado a los hermanos Juliá fue interceptado en Barcelona con casi una tonelada de cocaína.
Pero el expediente norteamericano revela mucho más. El fiscal federal de Texas lo acusó formalmente el 24 de febrero de 2021 de “violar las reglamentaciones de aviación para poner en manos de narcotraficantes una cantidad indeterminada de aviones para el tráfico de cocaína”. En esa misma causa se detalla que Machado y sus socios habrían montado una estafa piramidal (esquema Ponzi) que les permitió lavar alrededor de 550 millones de dólares provenientes del narcotráfico.
Cuatro aviones, miles de kilos de cocaína
Los investigadores del DHS rastrearon al menos cuatro aeronaves vinculadas a Machado con registros adulterados. Entre 2018 y 2020, esas naves fueron interceptadas en Venezuela, México, Guatemala y Belice, transportando entre 1.200 y 2.300 kilos de cocaína cada una.
Uno de los episodios más oscuros se produjo en diciembre de 2019, en Petén, Guatemala, donde fue hallado un avión de Machado con 2.500 kilos de cocaína. Dos de los detenidos en ese operativo se fugaron tras obtener la libertad condicional, y poco después el juez que los había liberado fue asesinado por un sicario.
Vínculos con el macrismo y el negocio aéreo
Según los informes secretos citados por La Nación, Machado mantuvo estrechos lazos con el empresario argentino Sergio Daniel Mastropietro, ligado a la aviación comercial. Ambos fundaron en 2010 la sociedad SO VAIN S.A., dedicada al alquiler de aeronaves. Mastropietro es nada menos que presidente de Avian Líneas Aéreas, continuadora de MacAir Jet, empresa del Grupo Socma de la familia Macri.
El documento oficial destaca que “los ejecutivos de MacAir continuaron cumpliendo funciones en Avian” y recuerda que durante el gobierno de Mauricio Macri —entre 2015 y 2019— las empresas vinculadas a Socma fueron beneficiadas con la redistribución de los hangares de Aeroparque, en perjuicio de Aerolíneas Argentinas.
Machado y Mastropietro compartieron domicilio en la calle Juez Tedín 2860 de la Ciudad de Buenos Aires y varios vuelos privados: uno a Estados Unidos en 2016 y otro a Perú en 2019, junto a pasajeros de diversas nacionalidades. Para los investigadores, esa relación le habría permitido a Machado operar dentro del sistema aeronáutico argentino con respaldo local y acceso a infraestructura clave.
La pata política: aportes a Espert
Los documentos también mencionan un dato político explosivo: “De fuentes abiertas surge que Machado financió la campaña presidencial de José Luis Espert, aportando fondos y transporte en aviones para la campaña de las elecciones 2019”.
Si bien no existen imputaciones judiciales en la Argentina sobre ese financiamiento, la mención fue incorporada en los reportes como un indicio del alcance político y económico del empresario, que habría intentado insertarse en circuitos partidarios aprovechando su estructura aeronáutica y sus recursos financieros.
Argentina, terreno fértil
El Ministerio de Seguridad argentino advirtió en sus propias conclusiones que “independientemente de los delitos por los que Machado es acusado en Estados Unidos, resulta probable que haya cometido delitos en nuestro país”.
Los funcionarios subrayaron que, teniendo en cuenta el incremento de sus vuelos desde 2016 y sus vínculos con empresarios ligados al macrismo, el empresario pudo haber extendido sus operaciones ilegales dentro de la Argentina.
Las recomendaciones de los informes son contundentes: profundizar la investigación sobre Machado, sus vínculos personales y comerciales, coordinar con el DHS para ejecutar su captura internacional y analizar la responsabilidad de los organismos de control argentinos —ANAC, PSA, Aduana, UIF y ORSNA— que “debieron haber actuado”.
Más que un empresario: un engranaje
El caso Machado, que combina narcotráfico, lavado, política y negocios aeronáuticos, deja al descubierto una zona gris entre el dinero sucio y la política argentina, donde los mismos apellidos aparecen una y otra vez.
Mientras el empresario continúa prófugo y la justicia estadounidense busca su extradición, los documentos secretos filtrados exponen algo más profundo: la facilidad con la que las estructuras del poder económico y político local abren la puerta a operadores del crimen internacional.
En su primera presentación en Diputados tras ser electa senadora, Patricia Bullrich evitó dar respuestas sobre las relaciones entre el narcotraficante Fred Machado, el diputado Espert y aportantes de su propia campaña. En lugar de detallar el Presupuesto 2026, defendió su política de “orden” y anunció un nuevo Código Penal “no garantista”.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable
El debut legislativo de una ministra bajo la lupa
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se presentó este martes en la Cámara de Diputados para exponer sobre el Presupuesto 2026. Sin embargo, su debut como futura senadora estuvo lejos de centrarse en los números de su cartera. La funcionaria dedicó la mayor parte de su exposición a reafirmar su política represiva y a prometer que “se acabaron los piquetes”, en un discurso que buscó más impacto político que rendición de cuentas.
Con un oficialismo envalentonado tras las elecciones del 26 de octubre, La Libertad Avanza intenta ahora dilatar la discusión del Presupuesto para después del 10 de diciembre, cuando el nuevo Congreso —más favorable al gobierno— asuma sus bancas.
Pero lo que marcó la jornada fue otra cosa: Bullrich esquivó dar explicaciones sobre las relaciones entre el narcotráfico y miembros de su propio espacio político.
Fred Machado, Espert y una respuesta esquiva
El momento más tenso de la sesión llegó cuando el diputado del Frente de Izquierda, Christian Castillo, le preguntó directamente por el vínculo entre el diputado José Luis Espert y el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero.
Castillo recordó que Espert viajó 36 veces en aviones de Machado y recibió transferencias de sociedades vinculadas al acusado. También le señaló la relación de Alejandra Bada Vázquez, aportante a la campaña de Bullrich en 2023, con el mismo entramado.
La ministra evadió la pregunta y se limitó a afirmar que Machado “no tiene una causa en Argentina” y que “está preso para extradición”. Según su relato, “no es problema nuestro”, porque “los delitos fueron cometidos fuera del país”.
Una defensa que sonó más a descargo político que a respuesta institucional, y que dejó en evidencia el doble estándar del oficialismo: mientras se jactan de “orden y justicia”, guardan silencio ante las conexiones de sus propios cuadros con redes delictivas.
“El que las hace, las paga… si no es de mi partido”
La frase con la que Castillo resumió la situación resonó fuerte en el recinto: “Si es de su partido, las zafa, no las paga”. Y es que Bullrich tampoco respondió cuando se le repreguntó sobre los informes de inteligencia elaborados durante su gestión anterior que, según ella, “debían haber sido enviados a la Justicia Electoral”.
La ministra insistió en culpar al gobierno anterior y volvió a deslindarse: “Si había un delito, debían haber denunciado en ese momento”. En el mismo tono, negó los aportes de Bada Vázquez a su campaña, calificando todo de “un invento”.
Sin embargo, los registros de la Cámara Nacional Electoral muestran el nombre de la empresaria entre los aportantes, lo que deja en evidencia otra contradicción de la funcionaria.
Un nuevo Código Penal, sin garantías
En otro tramo de su exposición, Bullrich anunció que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un nuevo Código Penal, con más de 900 artículos y penas más duras para múltiples delitos.
El texto, según adelantó, “no será garantista”, dejando clara la orientación punitiva del gobierno. Entre las modificaciones, mencionó la imprescriptibilidad de homicidios y abusos sexuales, la creación de figuras como la “porno venganza” y el endurecimiento de las sanciones por delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
Lo que no explicó fue cómo garantizará la transparencia en un gobierno que acumula denuncias de vínculos con financistas sospechados y empresarios investigados.
Presupuesto, postergaciones y blindaje político
La exposición de Bullrich fue más un acto de campaña que una rendición ante el Congreso. Con la discusión del Presupuesto 2026 todavía abierta, el oficialismo apuesta a postergar el dictamen hasta después del 10 de diciembre, cuando contará con una mayoría propia más cómoda.
La oposición, por su parte, busca mantener el calendario previsto y aprobar el dictamen el próximo martes 4 de noviembre.
Pero, mientras tanto, la ministra logró lo que parecía su verdadero objetivo: desviar la atención de los vínculos narcos dentro de su espacio político y vestir de “orden” lo que, en los hechos, es una gestión cada vez más opaca.
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En plena pelea salarial con los gremios del PAMI, una dirigente vinculada a Sebastián Pareja en Pilar, Daniela Barrionuevo, tramitó una recategorización que elevaría su salario un 60%, hasta los 4 millones de pesos. La maniobra desató indignación entre los trabajadores del organismo, que llevan 300 días sin paritarias y se preparan para una semana de protestas.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable
Un aumento “para brindar mejor atención”
Mientras los empleados del PAMI se preparan para una nueva semana de medidas de fuerza en rechazo a la paupérrima oferta salarial del Gobierno, una funcionaria libertaria de la obra social de los jubilados está tramitando una suba millonaria en su propio sueldo.
En la delegación local de Pilar, la dirigente Daniela Barrionuevo, referente de Sebastián Pareja en el distrito, presentó una solicitud de recategorización que elevaría su ingreso de 2,5 a 4 millones de pesos mensuales.
Según el documento de inicio del trámite revelado por el portal Pilar Político, Barrionuevo argumentó que el incremento —de un millón y medio de pesos— sería necesario “con el objetivo de brindar una atención más adecuada y eficiente” en la oficina de PAMI.
El contraste con los trabajadores
La solicitud de Barrionuevo implica un aumento del 60%, un contraste brutal con la propuesta oficial que el Gobierno de Milei presentó tras 300 días sin abrir paritarias: 1,2% para octubre, 0,8% para noviembre y 0,8% para diciembre. En total, menos del 1% mensual para el último trimestre del año.
Los gremios que representan a los trabajadores del PAMI rechazaron de plano la oferta y anunciaron asambleas, cese de actividades y movilizaciones a lo largo de la próxima semana, calificando la propuesta como “totalmente insuficiente e irrisoria”.
Internas libertarias en Pilar
Dentro del entramado libertario en el distrito de Pilar, Barrionuevo aparece como el brazo ejecutor de Pareja, uno de los operadores más influyentes del espacio oficialista en la provincia de Buenos Aires.
Su nombre también suena fuerte en la interna local: fue cuestionada por sectores del propio oficialismo por impulsar la candidatura en primer lugar de Andrés Genna, desplazando a la concejal Solana Marchesán al segundo puesto en la lista.
Consultada por Pilar a Diario sobre el pedido de aumento, la funcionaria se limitó a decir que “no estaba enterada”, antes de cortar la comunicación.
Campaña con fondos del PAMI
El caso de Barrionuevo no es aislado. La polémica se suma a una serie de denuncias que involucran a jefes locales del PAMI en distintos puntos del Conurbano bonaerense, acusados de utilizar recursos del organismo para actividades proselitistas.
Según trascendió, bajo el pretexto de “acciones territoriales” de la obra social, varios de estos funcionarios usaron la estructura y los fondos del PAMI para hacer campaña política en favor del espacio libertario, que responde al titular nacional del organismo, Esteban Leguizamo.
Mientras el Gobierno nacional ofrece aumentos que no llegan al 1% mensual a los trabajadores que sostienen la atención diaria de millones de jubilados, algunos de sus propios funcionarios intentan cuadruplicar sus sueldos. Una postal perfecta de la doble vara libertaria: ajuste para abajo, privilegios para arriba.
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