Cuando el mate estuvo prohibido: la historia de la infusión que sobrevivió a reyes, virreyes y dictaduras culturales
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Cuando el mate estuvo prohibido: la historia de la infusión que sobrevivió a reyes, virreyes y dictaduras culturales

 

Hoy forma parte de la vida cotidiana de millones de argentinos y es uno de los símbolos más reconocidos de la identidad nacional. Sin embargo, hubo un tiempo en que tomar mate era considerado una mala costumbre, una práctica «viciosa» e incluso una amenaza para el orden social. La historia de la yerba mate es también la historia de un producto nacido de los pueblos originarios que resistió prohibiciones, intereses económicos y prejuicios hasta convertirse en uno de los rasgos culturales más fuertes del Río de la Plata.

Por Redacción de NLI

Pocas escenas representan tanto a la Argentina como un grupo de personas compartiendo un mate. Está presente en una reunión familiar, en una universidad, en una fábrica, en una oficina, en una plaza o en la cabina de un camión que atraviesa el país. Es un gesto cotidiano que parece haber existido desde siempre. Sin embargo, esa costumbre que hoy une generaciones y atraviesa todas las clases sociales estuvo a punto de desaparecer hace más de cuatro siglos. La Corona española, sectores de la Iglesia y distintos funcionarios coloniales intentaron prohibir su consumo convencidos de que se trataba de un hábito perjudicial que fomentaba la ociosidad y alteraba las costumbres de la población.

La historia del mate comienza mucho antes de la llegada de los europeos. Los pueblos guaraníes ya consumían las hojas de la Ilex paraguariensis, tanto por sus propiedades estimulantes como por el valor social que tenía compartir la bebida. Para esas comunidades, la yerba no era una mercancía sino un elemento integrado a la vida cotidiana, al intercambio y a las relaciones entre las personas. Fueron los propios conquistadores quienes, después de observar esa práctica con desconfianza, terminaron adoptándola hasta convertirla en un producto de enorme demanda en todo el Virreinato del Perú.

Lo que inicialmente había sido visto como una curiosidad indígena comenzó a expandirse con una velocidad inesperada. A comienzos del siglo XVII, el mate ya circulaba desde las actuales provincias del Litoral hasta el Alto Perú y Chile. Su consumo atravesaba sectores populares y también llegaba a las élites coloniales, lo que despertó preocupación entre autoridades civiles y religiosas que observaban con desconfianza cualquier costumbre nacida fuera de la cultura europea.

Una bebida perseguida por la Corona

Las primeras críticas contra el mate no tenían fundamentos científicos, sino morales y políticos. Algunos gobernadores afirmaban que provocaba «vicios», debilitaba el carácter y hacía perder tiempo a quienes debían trabajar. Desde sectores eclesiásticos también aparecieron cuestionamientos porque se trataba de una práctica asociada a pueblos originarios y porque las reuniones alrededor del mate escapaban al control de las autoridades.

Hubo gobernadores que impulsaron restricciones al comercio de yerba y documentos coloniales donde se proponía limitar su circulación. Las críticas eran tan insistentes que algunos cronistas de la época llegaron a describir el consumo de mate como una verdadera «enfermedad social». Paradójicamente, mientras aumentaban las prohibiciones, también crecía el número de personas que no concebían su vida cotidiana sin esa infusión.

La historia terminó demostrando que aquellas medidas tenían pocas posibilidades de éxito. La demanda continuó creciendo y la yerba mate se transformó rápidamente en uno de los productos más importantes del comercio regional.

Los jesuitas y el nacimiento de una economía

El gran cambio llegó cuando las reducciones jesuíticas lograron domesticar el cultivo de la yerba mate. Hasta entonces, gran parte de la producción dependía de la recolección silvestre, una tarea difícil y peligrosa. Los jesuitas desarrollaron técnicas de cultivo que permitieron organizar una producción más estable y con mayor calidad, impulsando un circuito económico que benefició a numerosas comunidades de la región.

Aquella experiencia convirtió a la yerba en uno de los productos más valiosos del nordeste sudamericano. La llamada «yerba de las misiones» adquirió prestigio en buena parte del territorio colonial y consolidó un mercado que sobrevivió incluso después de la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767.

Con el paso del tiempo, el mate dejó de ser solamente una bebida para transformarse en un hábito cultural profundamente arraigado. A diferencia de otras infusiones, su consumo estaba asociado al encuentro, la conversación y la construcción de vínculos sociales. Compartir un mate implicaba compartir un tiempo, una ronda y una confianza.

De costumbre regional a símbolo nacional

Tras la independencia, el mate siguió acompañando la vida cotidiana de gauchos, trabajadores rurales, soldados y familias de todo el territorio. A medida que Argentina fue consolidando su identidad nacional durante el siglo XIX, la infusión comenzó a ocupar un lugar cada vez más importante en el imaginario colectivo. La literatura gauchesca, las pinturas costumbristas y más tarde el cine y la fotografía ayudaron a convertir al mate en uno de los emblemas culturales del país.

La inmigración europea, lejos de desplazar esa tradición, terminó incorporándola. Millones de italianos, españoles, sirios, libaneses y otros inmigrantes adoptaron el mate como parte de su nueva vida en la Argentina. De esa manera, una práctica nacida en los pueblos guaraníes terminó integrando una identidad nacional construida a partir de múltiples raíces culturales.

Ese recorrido también deja una enseñanza histórica. Muchas de las expresiones culturales que hoy parecen naturales fueron, en algún momento, objeto de discriminación o desprecio. La historia del mate demuestra que la identidad de un pueblo no surge de decretos ni de imposiciones oficiales, sino de prácticas que las propias comunidades sostienen y transmiten a lo largo del tiempo.

Una tradición que sigue generando debates

En los últimos años, la yerba mate volvió a ocupar un lugar en la discusión pública por razones económicas. La situación de los pequeños productores, el funcionamiento del mercado yerbatero y el papel del Estado en la regulación del sector fueron motivo de fuertes controversias, especialmente a partir de las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei sobre organismos vinculados a la actividad.

Detrás de esos debates no solamente está en juego el precio de un paquete de yerba. También aparece una vieja discusión argentina: si productos profundamente ligados a la cultura nacional deben quedar exclusivamente sometidos a las reglas del mercado o si el Estado tiene la responsabilidad de proteger a los pequeños productores frente a la concentración económica. La experiencia histórica muestra que, cuando desaparecen los mecanismos de regulación, quienes suelen quedar en desventaja son precisamente los actores más pequeños de la cadena productiva.

Cuatrocientos años después de que las autoridades coloniales intentaran erradicar el consumo de mate, la infusión sigue acompañando la vida cotidiana de millones de personas. Sobrevivió a prohibiciones, prejuicios y cambios políticos porque nunca fue solamente una bebida. Es una forma de encontrarse, de conversar y de compartir. Tal vez por eso el mate continúa siendo uno de los pocos símbolos capaces de atravesar diferencias sociales, generacionales e ideológicas, recordando que la identidad de un pueblo suele construirse alrededor de gestos sencillos que el tiempo termina convirtiendo en patrimonio común.

 

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  • Fuerte polémica en Zárate por el proyecto del intendente para recibir la basura de la región

     

    El intendente de Zárate, Marcelo Matzkin (PRO) busca habilitar el ingreso de basura de ciudades de la región para su tratamiento en un predio operado por un privado, iniciativa que disparó una creciente polémica con opositores y ambientalistas.

    Argumentando reducción de costos, en la comuna anunciaron que dejarán de disponer los residuos en San Nicolás para comenzar a tratarlos en el predio que en Zárate posee la firma Qualita S.A y que cuenta con autorización provincial. Cerca del municipio se habla de un ahorro de cerca de 200 millones por mes en traslado.

    Además, Matzkin impulsa una regionalización que incluye a Campana, Baradero y Exaltación de la Cruz. Atado a eso, la creación de una tasa que los distritos vecinos pagarían por disponer su basura en Zárate, lo que abriría una nueva boca de recaudación.

    Pero, para habilitar el ingreso de residuos de otras ciudades es necesario el aval del Concejo Deliberante, donde la oposición demora el tratamiento del proyecto, reclama de mínima una audiencia pública y lanza alertas por el impacto ambiental del tratamiento de la basura de la región.

    Frente a eso, Matzkin avanzó esta semana con un decreto que autoriza al municipio a la descarga y disposición final de los residuos en el predio de Qualita ubicado sobre el kilómetro 83.5 de la Ruta Nacional 9.

     A nadie le gusta la basura pero la generamos todos los días. Si aplicáramos el criterio de no regionalización, ¿donde hubiese llevado Zárate los residuos estos 2 años y medio? Entiendo que vivimos en momentos de alto personalismo. Pero nadie se salva solo 

    También habilitó que se traten ahí los residuos de Campana, algo para lo que no necesita aprobación del Concejo, ya que existe un convenio preexistente avalado por ordenanza.

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    Por el tema, Matzkin se comunicó este miércoles con el diputado axelista Diego Nanni, que dejó la intendencia de Exaltación de la Cruz para asumir en la Legislatura, pero que mantiene el control político de ese distrito.

     Una decisión que puede comprometer el futuro ambiental de Zárate durante décadas debe tomarse con toda la información sobre la mesa, con transparencia y con fundamentos técnicos 

    «Me ratificó su pedido que hace ya muchos años viene realizando, incluso ante la Provincia, de poder disponer los residuos domiciliarios de forma regional en el predio de Qualita», dijo Matzkin en X sobre su charla con Nanni.

    Ante eso, el intendente apuntó al Concejo: «Le manifesté mi voluntad de así hacerlo pero que esa aceptación no depende de mí sino del HCD de Zárate».

    Matzkin defendió la regionalización de la disposición de residuos como «un concepto que la propia Ley impone a los municipios».

    «A nadie le gusta la basura pero la generamos todos los días. Disponerla de forma adecuada es una obligación de todos. Si aplicáramos el criterio de no regionalización, ¿donde hubiese llevado Zárate los residuos estos 2 años y medio? Entiendo que vivimos en momentos de alto personalismo. Pero nadie se salva solo», sostuvo el intendente PRO.

    La iniciativa plantea resistencia en la oposición, incluso de concejales filo libertarios, como Lautaro Fenestraz.

    Zárate deja de enviar sus residuos a San Nicolás. Con esa medida, cerca del municipio hablan de un ahorro de 200 millones por mes.

    «Una decisión que puede comprometer el futuro ambiental de Zárate durante décadas debe tomarse con toda la información sobre la mesa, con transparencia y con fundamentos técnicos. Los vecinos merecen respuestas claras. No relatos», dijo Fenestraz, que reclama una audiencia pública.

    En el bloque peronista también piden abrir la discusión a los vecinos pero por lo pronto prefieren no hacer manifestaciones públicas sobre el tema. Fuentes cercanas a esa bancada consultadas por LPO plantearon reparos en términos de impacto ambiental.

    «El tema es, cuando dejás entrar residuos de afuera, te quita la vida útil del predio. Si Zárate tira solo, dura 50 años, si viene de otros distritos puede durar 15. No es un tema menor»; señalaron.

     

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  • ¿Cómo enfrentar el “contragolpe cultural”?

     

    Así como las afirmaciones terraplanistas no modifican el hecho de que la Tierra sea redonda, así como los movimientos antivacunas no cambian la naturaleza contagiosa del Covid, el conservadurismo cultural, expresado hoy por fuerzas como las que lideran Javier Milei y Donald Trump, no modifica esta realidad: las sociedades humanas son constitutivamente diversas, heterogéneas y desiguales; en todas las comunidades humanas, pero aun más en aquellas donde existen el dinero y el Estado, hay multiplicidades y hay disparidades.

    Qué hacer con esta diversidad es un debate que viene concentrando la mayor parte de la historia ideológica, filosófica y política, y que por supuesto no está saldado. Dentro de estas controversias, uno de los capítulos centrales es el concepto de libertad, que ha sido utilizado por la extrema derecha como una de sus banderas. Para los conservadores, hoy llamados libertarios, la libertad se basa en la idea de que somos todos iguales: un rico y un pobre son consecuencia del modo distinto en que cada uno usó sus posibilidades. En esta mirada, la desigualdad fáctica es una consecuencia de una igualdad ontológica. Para las corrientes conservadoras, la libertad agiganta desigualdades. El rol del Estado, además de garantizar seguridad y justicia, debe ser restringir la diversidad: el Estado, que no debería cobrar impuestos, sí debe decretar que hay dos géneros, que la familia debe estar constituida de cierta manera y que las mujeres no pueden disponer de sus cuerpos.

    Desde una mirada democrática y progresista que asume que las sociedades son por naturaleza diversas, en cambio, la igualdad es algo a construir. Pero esa perspectiva hoy está a la defensiva. A través de una serie de subterfugios de ingenieros del caos, la posición histórica que conjuga liberalismo cultural, pluralismo político y justicia social ha sido estigmatizada como “woke” o “progresista”. La expresión “woke” surgió en Estados Unidos, un territorio de alta intensidad en la batalla cultural, en referencia a “despertar” (awake) ante la discriminación (“despierto” en el sentido de “concientizado”); pero hoy se usa de modo despectivo, que es la connotación que le dio Milei en su discurso en Davos. Como si las personas que descienden de esclavos o de pueblos originarios, como si las mujeres, que hasta hace setenta años no podían votar, hoy, justamente porque se reconocieron algunas de esas desigualdades, contaran con privilegios.

    La derecha conservadora está presente en distintas corrientes políticas, del mismo modo que la corriente que defiende las diversidades está presente –aunque no de modo uniforme– en partidos distintos. En Argentina, el peronismo, el radicalismo, el socialismo y la izquierda cuentan entre sus integrantes con personas que defienden este punto de vista. Se trata de una corriente que busca principalmente dos metas: que las personas y los grupos sean cada vez más libres, y que esa libertad se sostenga en formas igualitarias que la hagan real y no puramente declarativa o formal. Es una corriente de opinión que pone en escena grandes tradiciones culturales de la modernidad, heredadas de la Revolución Francesa y la Estadounidense, y que no tiene una única posición en materia de desarrollo económico, justicia distributiva o lucha por la igualdad. Ese “progresismo” no está en contra de ninguna religión, pero sí lucha por una separación completa de cualquier religión y del Estado. Ninguna ley puede sustentarse en creencias religiosas. Pero sí debe haber leyes que, por motivos universalistas, exijan el respeto de todas las religiones. Esta perspectiva, sometida hoy a una fuerte ofensiva, merece una reflexión autocrítica.

    Acerca de la autocrítica

    La hegemonía cultural de la extrema derecha impacta en el campo progresista. ¿Los movimientos por la libertad de las diversidades se “pasaron de rosca”? La ofensiva cultural de Milei y las derechas extremas, la derrota electoral del peronismo y los niveles de inflación y pobreza que dejó el gobierno de Alberto Fernández han planteado ese debate. ¿Hay una incidencia de la lucha por las diversidades en el oscurantismo que estamos viviendo hoy? ¿No habremos ido demasiado lejos? ¿Se puede seguir sosteniendo la defensa del colectivo LGTBQi+ en el contexto actual?

    Los procesos sociales y políticos siempre son imperfectos. Conocer esas imperfecciones, practicar la autorreflexión, es clave para mejorarlos. Por otro lado, se trata de movimientos profundos y de larga duración. En Argentina, por ejemplo, el movimiento masivo de mujeres de los últimos años comenzó en 2015 con el “Ni Una Menos”, una gigantesca movilización contra la violencia de género. ¿Frenar el reclamo contra los asesinatos de mujeres hubiera sido “menos radicalizado”? Y hoy, ¿qué está más vigente? ¿El reclamo de que no mueran más mujeres por el hecho de ser mujeres o la propuesta oficial de retirar del Código Penal el agravante por femicidio?

    La autocrítica no equivale a autoflagelación; debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican. Entre las múltiples causas que produjeron esta nueva etapa histórica global de las derechas extremas están, en efecto, los profundos déficits de la izquierda, la centroizquierda y los partidos tradicionales. Pero no coincido con quienes, subidos a la marea reaccionaria, afirman que la culpa es del progresismo, de un supuesto “wokismo” o de una “excesiva” ampliación de derechos civiles. Ese argumento puede terminar en diputados que voten con Milei regresiones culturales o puede llevar a un catolicismo de gobierno en contra de la libertad de las personas y los grupos. Empieza cuestionando el DNI no binario y termina aboliendo el divorcio.

    Pero entonces, ¿cuáles son esos errores de la izquierda? Si hubiera que elegir uno, diría lo siguiente: mientras las vocaciones igualitarias y de justicia social se tornaban cada vez más difíciles de lograr, en gran parte por no tener una alternativa concreta al capitalismo neoliberal, la izquierda avanzó con leyes y políticas tendientes a garantizar derechos civiles. Dependiendo de los países, se avanzó en materia de identidad de género, aborto, discriminación positiva, educación sexual, matrimonio igualitario, derechos de los pueblos originarios y los migrantes. Cuantas más dificultades aparecían en materia económica y social, cuanto más complicado se hacía sostener el horizonte de movilidad social, más se acentuaron estos derechos como compensación.

    La autocrítica no equivale a autoflagelación: debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican.

    Ese fue el gran problema. Las libertades civiles no pueden compensar el fracaso económico o social. Si son las únicas banderas que se agitan cuando se desfinancia el Estado de Bienestar, se retiran regulaciones públicas o se producen escaladas inflacionarias, como en el caso argentino, se corre el riesgo de que las fuerzas democráticas queden reducidas y debilitadas. Los límites para corregir o superar el neoliberalismo los terminan pagando los avances en materia de diversidad o pluralismo.

    Mi primera tesis es que, frente a quienes creen que la ampliación de libertades favoreció a la derecha extrema, creo que su causa es el fracaso económico.

    En segundo lugar, la cuestión de los particularismos. Mientras Martin Luther King buscó cambios que mejoraran la desigualdad estructural de la sociedad norteamericana, muchas políticas de la identidad del siglo XXI se concentraron en derechos particulares. Y es difícil pedirles algo más que simpatía pasiva o inactividad a quienes no están directamente involucrados en la conquista de un derecho. Esto no implica que movimientos como “Ni Una Menos”, “Black Lives Matter” o la “Marcha anti-fascista” de febrero de 2025 no hayan sido señales contundentes en la dirección correcta, sino simplemente llamar la atención sobre cuál puede ser el alcance de esas convocatorias.

    Algo similar ocurre con el “lenguaje inclusivo”. Se trata de un cambio cultural crucial, que busca ampliar libertades e incluir diversidades. Pero debe expandirse a partir de la posibilidad, no como imposición. Los mayores fracasos del cambio cultural ocurrieron cuando se pretendió imponer a través de prescripciones. El liberalismo cultural busca ampliar, no restringir, las posibilidades de las personas.

    El caso de las cuotas

    Muchas veces, en lugar de luchar por cambiar una legislación, una política o un presupuesto, las reivindicaciones progresistas se enfocaron en personas concretas: los varones blancos, incluyendo casos de punitivismo extra-judicial, como escraches a adolescentes, altamente polémicos. En aquellos casos, hubo voces feministas potentes que alertaron que el feminismo no surgió para cambiar al dueño del poder del patriarcado, sino para modificar un tipo de poder y de dominación. El punitivismo y la cultura de la cancelación fueron algunos de los errores más graves. Pero no es verdad que sean inherentes a los reclamos por la diversidad y la libertad: fueron casos minoritarios en causas justas.

    Detrás de este tipo de cuestiones aparece un problema que vale la pena debatir a futuro: la tensión entre lo particular y lo universal. Si cada uno de los grupos discriminados reclamara sólo para sí mismo, si todo se tradujera en una simple cuota por grupo, a largo plazo se terminarían socavando algunos de los consensos culturales necesarios para mantener las políticas de acción afirmativa. Un ejemplo es el de las universidades. En la mayoría de los países del mundo existe un sistema de examen de ingreso a la universidad y cupos por carrera. Al observar las universidades se hacía evidente que la abrumadora mayoría de los alumnos eran varones blancos. Eso llevó a reclamar políticas de cuotas raciales, étnicas y nacionales, como las que se terminaron concretando en Estados Unidos y Brasil. Este sistema garantizaba una mayor presencia de diversidades, restando lugares a los blancos. Pero, ¿qué quedaba, por ejemplo, para los blancos pobres? ¿Quién se preocupó de su situación? En muchos casos fueron los grandes olvidados, lo que contribuyó a que volcaran su respaldo a fuerzas políticas conservadoras que dicen defenderlos. ¿Qué hubiera ocurrido si se hubiera incluido una cuota general para los estudiantes de colegios públicos de bajos recursos en el ingreso a la universidad? Mientras en un terreno puramente cultural la especificidad por grupo es adecuada, en cuotas vinculadas a desigualdades puede no producir las consecuencias buscadas.

    En un mundo dominado por la incertidumbre económica, en el que se achican los recursos públicos, muchos países optaron por un modelo de cuotas para asegurar la presencia de los grupos discriminados no sólo en el acceso a la universidad sino también al empleo público –y en ocasiones al empleo privado–. Esto implica que los logros de la ampliación hacia los sectores discriminados se hicieron sobre la base de una reducción relevante de la participación de los sectores anteriormente privilegiados. Y esta estrategia, correcta desde un punto de vista filosófico, se topa con un problema político. Las personas de carne y hueso que se ven afectadas, que no logran ingresar a la universidad o no consiguen empleo, se van pasando en masa al ejército del “contragolpe cultural”, esperando el surgimiento de un Trump, un Milei o cualquier otro líder que proponga revertir la situación.

    Se trata de un error recurrente del progresismo: no percibir el dolor de las víctimas de sus políticas, y no elaborar una respuesta. Mi punto es sencillo: si se presuponen las restricciones económicas, como de hecho las aceptaron la mayoría de las fuerzas de centroizquierda en Europa y América, que los perdedores de la discriminación positiva pasen al otro lado es inexorable. Pero si se cuestiona un modelo que reduce los impuestos a la riqueza y desfinancia al Estado, y se usa ese dinero para ampliar el acceso a la universidad y el empleo, logrando mejorar la diversidad sin afectar drásticamente los espacios previos, la base política de la derecha extrema quedará reducida. Es cierto que esto no es posible para los varones privilegiados, que inexorablemente se verán afectados: será necesario pensar una política cultural específica para ellos.

    La defensa de la libertad

    Estamos ante un feroz ajuste a las libertades y es urgente emprender una fuerte defensa de políticas por la libertad basada en igualdades. La libertad, convertida en el eslogan hueco de la extrema derecha, no puede ser resignada por las fuerzas democráticas y progresistas. El principio básico de la lucha por la libertad es maravilloso: que las personas y los grupos puedan autorrealizarse en todas las dimensiones de la vida. Esto incluye su identidad de género, étnica, nacional, local, religiosa, así como su libertad de expresión, en la familia, en el trabajo…

    Esas libertades tienen un requisito: un piso de igualdad, porque quien sufre desnutrición no puede ser libre, quien no puede acceder a la escuela no puede ser libre. Una comunidad libre es aquella que garantiza un piso de igualdad para todos sus miembros.

    Los libertarios conservadores de la extrema derecha afirman que ser iguales es que cada uno se las arregle como pueda. Es una propaganda basada en la negación de la historia tal como sucedió. Los esclavos existieron hasta el siglo XIX bajo el imperio de la ley, y los afrodescendientes continúan siendo discriminados en prácticamente todos los países de América y Europa hasta hoy. La conquista colonial existió. El patriarcado y la desigualdad de géneros existieron… y todavía existen. En muchos países las mujeres votan recién desde hace algunas décadas. Y en la mayoría de los países europeos y americanos jamás hubo una presidenta o una primera ministra mujer. El capitalismo, por su parte, tiene mecanismos poderosos para reproducir la desigualdad de clases entre generaciones: a través de la herencia y también de la “herencia de clase”. La mayoría de los hijos de personas pobres son pobres. La movilidad social ascendente está en crisis en la mayoría de los países, y los mecanismos sociales que la hacían posible se están debilitando a un ritmo vertiginoso. Los libertarios conservadores quieren liquidar esos mecanismos, del mismo modo que se proponen atacar las leyes que tienden a asegurar libertades vinculadas a la diversidad y la disidencia. Esto implicará también contrarrestar su ofensiva individualista poniendo en valor la solidaridad, lo común y lo público. Enfrentar políticamente aquel proyecto exige autorreflexión y determinación.

     

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